LA PLATA.- Con cautela y cierto temor, distintos countries y clubes de campo bonaerenses preparan, en silencio, estrategias para contener el avance de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Sucede que desde la semana pasada el organismo oficial decidió enviar formularios para conocer información sensible sobre las condiciones de vida de los habitantes de cada uno de esos barrios cerrados.
Un vocero de la Federación Argentina de Clubes de Campo afirmó a LA NACION que por el momento no habrá un pronunciamiento oficial sobre el tema. «Se analiza la situación, con abogados y especialistas en la materia, para poder tomar una medida que apoye a los habitantes de los clubes y frene la recurrente embestida contra nuestro sector», dijo la fuente.
En distintos barrios cerrados de la zona sur del conurbano, las administraciones optaron por derivar la consulta de los miembros a un estudio jurídico. Tal es el caso del Country Abril, situado en el kilómetro 34 de la autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura del distrito de Berazategui, que puso a disposición de sus socios un buffet de abogados para evacuar las dudas que puedan surgir de los formularios de la AFIP.
«Desde la administración del country se cumple con lo que pide la AFIP: se informa sobre el pago de expensas y nuevas construcciones. Los cuestionarios son documentos destinados a cada propietario. Nosotros no tenemos injerencia en ese tema, lo descentralizamos a un estudio jurídico especialista en la materia para que los socios evacuen sus dudas allí. De todas maneras, de la gente que reside aquí muchos son abogados o están en contacto con profesionales del sector», explicó un vocero del Country Abril, cuya identidad pidió que sea mantenida en reserva por temor a represalias.
Esa cautela se repitió en otros barrios cerrados de las zonas norte y sur del conurbano, donde ante la consulta de LA NACION muchos argumentaron que aún no se habían interiorizado en el tema. Otros, como por ejemplo el country AREA 60, situado en el kilómetro 64 de la ruta 2, a la altura del partido de Brandsen, en un principio se interesaron por opinar, pero luego parecieron cambiar de opinión y ante las recurrentes llamadas de LA NACION argumentaron que no podían responder porque estaban en reunión.
La polémica medida de la AFIP también caló hondo en algunos legisladores y políticos que salieron a recomendar que los habitantes de los barrios cerrados no completen los formularios del organismo oficial.
En su cuestionario la AFIP indaga en la intimidad de los habitantes de los countries: además de las preguntas sobre propiedad del inmueble y cantidad de personas que viven en cada casa, se suman tipo de vínculo del propietario, si tiene personal doméstico, a qué tipo de colegio envía a sus hijos y cuánto le cuesta la cuota, en el caso de que sea una institución privada. Si viajó al exterior recientemente y si posee obras de arte, entre otros datos personales.
Por eso, el diputado nacional por el Frente Peronista Eduardo Amadeo instó ayer a no contestar la encuesta. No se puede «seguir aceptando la intromisión del organismos en la vida privada», dijo el legislador.
En tanto, la diputada Patricia Bullrich, presidenta del bloque Unión Por Todos, criticó los cuestionarios del organismo oficial. «Es ilegal lo que hace la AFIP, transformándose con estas acciones en una especie de policía secreta. El Gobierno, por medio de este organismo, quiere apretar a un sector con mecanismos arbitrarios, convirtiéndose en un ente de control y no de recaudación», disparó.
Pese a la indignación que parece generar la medida de la AFIP en políticos y ciudadanos, la resistencia a completar los cuestionarios podría ocasionar sanciones económicas. Sucede que la ley 11.683 de procedimiento tributario especifica en sus artículos 38 y 39 que aquellas personas que se resistan a completar los formularios tributarios pueden ser pasibles de sufrir multas de entre 150 y 2500 pesos..
Un vocero de la Federación Argentina de Clubes de Campo afirmó a LA NACION que por el momento no habrá un pronunciamiento oficial sobre el tema. «Se analiza la situación, con abogados y especialistas en la materia, para poder tomar una medida que apoye a los habitantes de los clubes y frene la recurrente embestida contra nuestro sector», dijo la fuente.
En distintos barrios cerrados de la zona sur del conurbano, las administraciones optaron por derivar la consulta de los miembros a un estudio jurídico. Tal es el caso del Country Abril, situado en el kilómetro 34 de la autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura del distrito de Berazategui, que puso a disposición de sus socios un buffet de abogados para evacuar las dudas que puedan surgir de los formularios de la AFIP.
«Desde la administración del country se cumple con lo que pide la AFIP: se informa sobre el pago de expensas y nuevas construcciones. Los cuestionarios son documentos destinados a cada propietario. Nosotros no tenemos injerencia en ese tema, lo descentralizamos a un estudio jurídico especialista en la materia para que los socios evacuen sus dudas allí. De todas maneras, de la gente que reside aquí muchos son abogados o están en contacto con profesionales del sector», explicó un vocero del Country Abril, cuya identidad pidió que sea mantenida en reserva por temor a represalias.
Esa cautela se repitió en otros barrios cerrados de las zonas norte y sur del conurbano, donde ante la consulta de LA NACION muchos argumentaron que aún no se habían interiorizado en el tema. Otros, como por ejemplo el country AREA 60, situado en el kilómetro 64 de la ruta 2, a la altura del partido de Brandsen, en un principio se interesaron por opinar, pero luego parecieron cambiar de opinión y ante las recurrentes llamadas de LA NACION argumentaron que no podían responder porque estaban en reunión.
La polémica medida de la AFIP también caló hondo en algunos legisladores y políticos que salieron a recomendar que los habitantes de los barrios cerrados no completen los formularios del organismo oficial.
En su cuestionario la AFIP indaga en la intimidad de los habitantes de los countries: además de las preguntas sobre propiedad del inmueble y cantidad de personas que viven en cada casa, se suman tipo de vínculo del propietario, si tiene personal doméstico, a qué tipo de colegio envía a sus hijos y cuánto le cuesta la cuota, en el caso de que sea una institución privada. Si viajó al exterior recientemente y si posee obras de arte, entre otros datos personales.
Por eso, el diputado nacional por el Frente Peronista Eduardo Amadeo instó ayer a no contestar la encuesta. No se puede «seguir aceptando la intromisión del organismos en la vida privada», dijo el legislador.
En tanto, la diputada Patricia Bullrich, presidenta del bloque Unión Por Todos, criticó los cuestionarios del organismo oficial. «Es ilegal lo que hace la AFIP, transformándose con estas acciones en una especie de policía secreta. El Gobierno, por medio de este organismo, quiere apretar a un sector con mecanismos arbitrarios, convirtiéndose en un ente de control y no de recaudación», disparó.
Pese a la indignación que parece generar la medida de la AFIP en políticos y ciudadanos, la resistencia a completar los cuestionarios podría ocasionar sanciones económicas. Sucede que la ley 11.683 de procedimiento tributario especifica en sus artículos 38 y 39 que aquellas personas que se resistan a completar los formularios tributarios pueden ser pasibles de sufrir multas de entre 150 y 2500 pesos..
