La seguridad social podría verse perjudicada en un monto que oscila entre los 170 mil y 220 mil millones de pesos anuales por las modificaciones que propuso el Gobierno al Fondo del Conurbano. La compensación ofrecida no sería tal, asegura un estudio.
La preocupación del gobierno nacional por la situación fiscal de la provincia de Buenos Aires explica el creciente interés por eliminar el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense, y por crear un nuevo mecanismo de distribución de recursos que le resuelva el problema a María Eugenia Vidal. La pregunta es quién pagará por la diferencia, y un informe elaborado por el Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala intenta darle respuesta. “Por como está definido el esquema de distribución actual, los potenciales perjudicados son el gobierno nacional, los otros 23 gobiernos provinciales y la Anses”, señala el documento y lo justifica de la siguiente forma.
Un nuevo marco
El organismo de estudios perteneciente a la Germán Abdala refiere que “las nuevas negociaciones tienen como trasfondo una realidad provincial muy diversa, en la que se advierte una tendencia en los últimos años al deterioro de las finanzas públicas subnacionales. En este contexto, se destacan los casos de Jujuy y Santa Cruz, con un déficit primario en 2016 equivalente a más del 20 por ciento de sus ingresos, y los de Chaco, Chubut, Misiones y Río Negro, con un déficit superior al 10 por ciento de sus ingresos. Si bien de menor magnitud, también sobresalen por su relevancia política el caso de Buenos Aires y CABA, también con déficit primario de 6 y 3 por ciento, respectivamente. En cambio, otras diez jurisdicciones presentan un resultado primario positivo o equilibrado”.
Recuerda, como antecedente del actual marco de negociación, que “el fallo de la Corte Suprema a fines de 2015 generó un primer hito en estas tensiones, pues al forzar la restitución a las provincias del 15 por ciento de la masa coparticipable que se venía destinando a Anses, obligó al gobierno nacional a rediscutir las relaciones fiscales entre los diferentes niveles de gobierno. Un segundo punto surgió con el interés de la provincia de Buenos Aires por poner sobre la mesa el tema del Fondo del Conurbano Bonaerense, del cual según proyecciones para 2018 le llegaría a la provincia solo el uno por ciento, mientras el resto se distribuye entre las otras jurisdicciones provinciales”.
“La solución a la que parece haberse arribado se presentó como una fórmula mágica en la que nadie parece perder”, apunta el informe de ITE. “De acuerdo con el gobierno nacional, en esta propuesta se redefine la distribución de lo recaudado por el impuesto a las ganancias, favoreciendo a todas las provincias y devolviendo buena parte del Fondo del Conurbano a la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, producto de pasar a la masa coparticipable los diversos fondos, parte de esa recaudación quedaría en poder del gobierno nacional. Es por ello que se propuso un esquema en el cual sería el propio gobierno quien se compromete a compensar a cada provincia de forma tal que no se vea perjudicada por el cambio”. En esa redistribución, la provincia de Buenos Aires recibiría 20 mil millones de pesos adicionales, según la versión que se dio el jueves al término de la reunión con los gobernadores, o 40 mil millones de pesos, conforme a la versión que ayer hizo correr el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza (ver aparte).
Perjuicio para Anses
“Todos estos cambios –continúa el informe– tienen por resultado que la principal transferencia de recursos se producirá por parte de la Anses, que llegaría a perder alrededor de 67,8 mil millones de pesos en 2018. Esto se produce debido a que el organismo dejaría de percibir el 20 por ciento de lo recaudado por ganancias (128,3 mil millones), pero ganaría el 30 por ciento del impuesto al cheque (60,5 mil millones). Por lo tanto, a este resultado se llega aun si consideramos que parte del acuerdo es que el impuesto al cheque pase a ser distribuido en su totalidad hacia este organismo (junto con el proyecto de Presupuesto 2018 se incorporó una propuesta de distribuir a favor de Anses el 70 por ciento que actualmente va hacia el Tesoro, mientras que el restante 30 por ciento va a la masa coparticipable)”.
“Sin embargo –agrega el documento de ITE–, un punto parece haber sido pasado por alto en esta discusión, y tiene que ver con una de las propuestas de la reforma tributaria que está próxima a discutirse: en el paquete de cambios que el gobierno nacional busca impulsar se encuentra la virtual eliminación del impuesto al cheque, al dar la posibilidad de considerarlo de forma plena como un “pago a cuenta” del impuesto a las ganancias (…). De esta manera, en los hechos sólo una minoría de las personas terminará por enfrentar la carga de este impuesto (monotributistas principalmente)”.
“Las consecuencias de estos cambios sobre la Anses, y sobre la sostenibilidad de la seguridad social parecen muy preocupantes. En cada uno de los escenarios de pago a cuenta de ganancias, el desfinanciamiento a la Anses se ubica entre los 169 mil millones de pesos (si el 50 por ciento del impuesto al cheque se tomara como pago a cuenta de Ganancias) y los 219 mil millones en 2018 (si se tomara como pago a cuenta el 75 por ciento). A esa suma se le debería sumar, eventualmente, la pérdida de recaudación por los cambios en aportes y contribuciones. El importante déficit que estas medidas podrían implicar, conforman un terreno propicio para reformas previsionales regresivas”.
“Es en este contexto que el gobierno buscará avanzar con la modificación de la ley de movilidad, buscando un ahorro que compense parcialmente esta pérdida de recursos, y promoverá nuevos cambios que impliquen mayores pérdidas de derechos para los futuros jubilados y para los diversos sectores que son beneficiados del entramado de políticas del sistema de protección social argentino”.
La preocupación del gobierno nacional por la situación fiscal de la provincia de Buenos Aires explica el creciente interés por eliminar el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense, y por crear un nuevo mecanismo de distribución de recursos que le resuelva el problema a María Eugenia Vidal. La pregunta es quién pagará por la diferencia, y un informe elaborado por el Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala intenta darle respuesta. “Por como está definido el esquema de distribución actual, los potenciales perjudicados son el gobierno nacional, los otros 23 gobiernos provinciales y la Anses”, señala el documento y lo justifica de la siguiente forma.
Un nuevo marco
El organismo de estudios perteneciente a la Germán Abdala refiere que “las nuevas negociaciones tienen como trasfondo una realidad provincial muy diversa, en la que se advierte una tendencia en los últimos años al deterioro de las finanzas públicas subnacionales. En este contexto, se destacan los casos de Jujuy y Santa Cruz, con un déficit primario en 2016 equivalente a más del 20 por ciento de sus ingresos, y los de Chaco, Chubut, Misiones y Río Negro, con un déficit superior al 10 por ciento de sus ingresos. Si bien de menor magnitud, también sobresalen por su relevancia política el caso de Buenos Aires y CABA, también con déficit primario de 6 y 3 por ciento, respectivamente. En cambio, otras diez jurisdicciones presentan un resultado primario positivo o equilibrado”.
Recuerda, como antecedente del actual marco de negociación, que “el fallo de la Corte Suprema a fines de 2015 generó un primer hito en estas tensiones, pues al forzar la restitución a las provincias del 15 por ciento de la masa coparticipable que se venía destinando a Anses, obligó al gobierno nacional a rediscutir las relaciones fiscales entre los diferentes niveles de gobierno. Un segundo punto surgió con el interés de la provincia de Buenos Aires por poner sobre la mesa el tema del Fondo del Conurbano Bonaerense, del cual según proyecciones para 2018 le llegaría a la provincia solo el uno por ciento, mientras el resto se distribuye entre las otras jurisdicciones provinciales”.
“La solución a la que parece haberse arribado se presentó como una fórmula mágica en la que nadie parece perder”, apunta el informe de ITE. “De acuerdo con el gobierno nacional, en esta propuesta se redefine la distribución de lo recaudado por el impuesto a las ganancias, favoreciendo a todas las provincias y devolviendo buena parte del Fondo del Conurbano a la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, producto de pasar a la masa coparticipable los diversos fondos, parte de esa recaudación quedaría en poder del gobierno nacional. Es por ello que se propuso un esquema en el cual sería el propio gobierno quien se compromete a compensar a cada provincia de forma tal que no se vea perjudicada por el cambio”. En esa redistribución, la provincia de Buenos Aires recibiría 20 mil millones de pesos adicionales, según la versión que se dio el jueves al término de la reunión con los gobernadores, o 40 mil millones de pesos, conforme a la versión que ayer hizo correr el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza (ver aparte).
Perjuicio para Anses
“Todos estos cambios –continúa el informe– tienen por resultado que la principal transferencia de recursos se producirá por parte de la Anses, que llegaría a perder alrededor de 67,8 mil millones de pesos en 2018. Esto se produce debido a que el organismo dejaría de percibir el 20 por ciento de lo recaudado por ganancias (128,3 mil millones), pero ganaría el 30 por ciento del impuesto al cheque (60,5 mil millones). Por lo tanto, a este resultado se llega aun si consideramos que parte del acuerdo es que el impuesto al cheque pase a ser distribuido en su totalidad hacia este organismo (junto con el proyecto de Presupuesto 2018 se incorporó una propuesta de distribuir a favor de Anses el 70 por ciento que actualmente va hacia el Tesoro, mientras que el restante 30 por ciento va a la masa coparticipable)”.
“Sin embargo –agrega el documento de ITE–, un punto parece haber sido pasado por alto en esta discusión, y tiene que ver con una de las propuestas de la reforma tributaria que está próxima a discutirse: en el paquete de cambios que el gobierno nacional busca impulsar se encuentra la virtual eliminación del impuesto al cheque, al dar la posibilidad de considerarlo de forma plena como un “pago a cuenta” del impuesto a las ganancias (…). De esta manera, en los hechos sólo una minoría de las personas terminará por enfrentar la carga de este impuesto (monotributistas principalmente)”.
“Las consecuencias de estos cambios sobre la Anses, y sobre la sostenibilidad de la seguridad social parecen muy preocupantes. En cada uno de los escenarios de pago a cuenta de ganancias, el desfinanciamiento a la Anses se ubica entre los 169 mil millones de pesos (si el 50 por ciento del impuesto al cheque se tomara como pago a cuenta de Ganancias) y los 219 mil millones en 2018 (si se tomara como pago a cuenta el 75 por ciento). A esa suma se le debería sumar, eventualmente, la pérdida de recaudación por los cambios en aportes y contribuciones. El importante déficit que estas medidas podrían implicar, conforman un terreno propicio para reformas previsionales regresivas”.
“Es en este contexto que el gobierno buscará avanzar con la modificación de la ley de movilidad, buscando un ahorro que compense parcialmente esta pérdida de recursos, y promoverá nuevos cambios que impliquen mayores pérdidas de derechos para los futuros jubilados y para los diversos sectores que son beneficiados del entramado de políticas del sistema de protección social argentino”.
