El funcionario polemiza con sectores de la oposición y la Justicia que cuestionan decisiones pasadas y presentes de la Anses. Advierte sobre la existencia de intereses particulares que afectarían al conjunto de los jubilados. Promete seguir cumpliendo los fallos judiciales, pero pide que todos cuiden el erario.
La política en materia de jubilaciones muestra cambios profundos en los últimos años. Se eliminaron las AFJP, los haberes registran un proceso de recomposición que aún debe continuar, se aprobó por ley que todos los jubilados y pensionados tienen derecho a dos aumentos por año (subas que superan el 170 por ciento desde 2009 a la fecha, muy por arriba de la inflación de las consultoras privadas y de las mejoras salariales de la mayoría de los gremios), los beneficiarios de la Anses pueden obtener créditos a tasas y plazos accesibles, la cobertura previsional creció del 55 al 95 por ciento, los ahorros acumulados se usan para obras de infraestructura y planes de vivienda y la tasa de sustitución de los nuevos jubilados ronda el 75 por ciento. Sin embargo, la Anses se encuentra en el ojo de la tormenta, con duras críticas de sectores de la oposición y la Justicia. Diego Bossio, titular del organismo, polemiza con ellos en esta entrevista exclusiva con Página/12.
Sectores de la oposición y de la Justicia cuestionan que la Anses destine parte de su presupuesto al pago de la Asignación Universal por Hijo o al plan de computadoras para estudiantes. Dicen que ese dinero debería ir a los jubilados. ¿Cuál es su visión?
El sistema de seguridad social tiene dos fuentes de financiamiento. El 55 por ciento de los recursos son aportes y contribuciones de los trabajadores formales y las empresas. El 45 por ciento restante surge de la recaudación de impuestos nacionales. Parte de los ingresos por IVA, Ganancias, por el impuesto a los cigarrillos y a los combustibles, entre otros, se derivan a la Anses. Por lo cual, cualquier persona que va a un supermercado y compra algo está aportando al sistema de seguridad social. Es natural que eso genere derechos. Los trabajadores informales y los desocupados también aportan a la seguridad social de ese modo.
La oposición afirma que es la plata de los jubilados.
No, es la plata de los trabajadores y del conjunto de los argentinos que financian a la seguridad social. La Anses tiene que cumplir con todos. Pagamos jubilaciones y pensiones, que han sido multiplicadas y aumentadas: casi se duplicó la cantidad de beneficiarios que había en 2003. Pagamos las asignaciones familiares de los trabajadores formales, y recientemente incluimos a 253 mil trabajadores al régimen. Pagamos la Asignación Universal por Hijo, que es un nuevo derecho, que corresponde por lo que decía antes, porque aportan, y además es una medida de justicia social. En cuanto a las netbooks para estudiantes, el plan se financia con fondos del Tesoro. La Anses lo administra, pero no pone la plata. Y las pensiones no contributivas hace muchísimos años que las financia la seguridad social, como marca la ley. Estamos pagando lo que dice la ley y lo que efectivamente está preparado en términos tributarios.
Otro reclamo repetido es que se utilice parte de los ahorros acumulados en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para aumentar las jubilaciones.
Pero es imposible. El fondo es un stock, un ahorro. Asignarlo a un gasto corriente, a un flujo, lo agotaría en poco tiempo y después no habría recursos para responder a los compromisos asumidos. El fondo no está preparado para eso, ni aquí ni en ningún país del mundo. Todos los sistemas de reparto tienen un fondo para responder a una eventualidad, para garantizar el pago de prestaciones en circunstancias complicadas. El fondo sirve para evitar que se bajen las jubilaciones un 13 por ciento como en 2001 si hay una situación de crisis. El otro gran objetivo es utilizar ese ahorro para financiar actividades que generen trabajo. Con más trabajo hay más aportes, más contribuciones, más consumo, más pago de impuestos y, en definitiva, mejoras para la seguridad social.
Se le reprocha a la Anses que apele las sentencias judiciales en favor de los jubilados.
Todos los abogados del Estado tienen la obligación de apelar, y es lógico. Es una forma de resguardar el patrimonio público y evitar la corrupción. Si el Estado dejara pasar las cosas sería una locura. Hay doctrina internacional en la materia. Lo hemos estudiado en América latina y es en todos lados igual. Incluso en Ecuador el juez tiene la obligación de avisarle al funcionario público superior si un subordinado no apeló, y se suspenden los plazos procesales. Es una forma de evitar abusos, si no, la simple connivencia entre un abogado y un empleado de la Anses haría estragos. Hay un caso reciente en el organismo que tuvimos que echar a un empleado porque dejaba correr los tiempos procesales. No contestó veinte demandas, doce de un mismo abogado, y el Estado quedaba desguarnecido. Eso ocurre habiendo fuertes controles, es fácil imaginar qué pasaría si tuviéramos una política débil en este sentido. E insisto, la resolución 955 nos obliga a apelar.
El Estado llegó a un acuerdo de solución amistosa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que lo compromete a limitar las apelaciones.
El acuerdo nos compromete a no apelar el fallo Badaro puro, y es lo que hacemos. No apelamos fallos de primera instancia fundados en la doctrina Badaro de la Corte Suprema. Apelamos cuando el fallo no es puro. Es decir, cuando cambian las condiciones que impuso la Corte. Hay muchas sentencias que aplican Badaro con condimentos. Por ejemplo, extienden el alcance de Badaro de 2002 a 2009, cuando la Corte limitó taxativamente el plazo de 2002 a 2006. También cambian los parámetros del fallo, dictan reglas que no son las que puso la Corte. Eso nos obliga a apelar, por lo que explicaba antes. Si lo dejáramos pasar, cada juez haría cualquier cosa. Lo que vemos es que hay muchos jueces que tienen vocación legislativa. Pero no es su función. Si quieren legislar, si quieren gobernar, que se presenten a elecciones. Además, respecto del acuerdo en la OEA, es en respuesta a una presentación de 1995, contra la ley de Solidaridad Previsional de Cavallo. La distancia entre ese momento y la actualidad en materia previsional es sideral. Aumentamos las jubilaciones, llevamos la cobertura al 95 por ciento, se aprobaron por ley dos aumentos obligatorios al año. No tiene nada que ver un momento con otro.
¿Y por qué crece la litigiosidad previsional?
No, la litigiosidad previsional está bajando, y va a seguir bajando porque desde que se aprobó la ley de movilidad el sistema está ordenado. Los nuevos jubilados están cobrando con una tasa de sustitución promedio del 75 por ciento. La litigiosidad es el arrastre del colapso en que habían dejado al país y al sistema de jubilaciones. Además, contabilizan cualquier cosa. El fuero de la Seguridad Social también trata demandas por obras sociales, por accidentes del trabajo, por las ART, pero cuentan todo junto y dicen que son reclamos previsionales.
¿La Anses demora el pago de sentencias?
No, todo lo contrario. Lo que pasa es que algunos medios desinforman. La Anses cumple el pago de sentencias y lo va a seguir haciendo. Se lo dije a la Corte Suprema en la última reunión. El mes pasado pagamos 4200 sentencias, en diciembre vamos a pagar 650 millones de pesos, un record total. Los empleados del área de legales trabajaron este sábado y domingo para sacar sentencias. Tomamos cien empleados para apurar las liquidaciones. Hemos reconfigurado el área, pusimos más recursos, más tecnología. Hay voluntad y capacidad para hacer frente a las sentencias. En segundo punto, las sentencias son de carácter particular, no general. Nosotros en términos particulares pagamos y nunca hubo otro gobierno que pagara tantas sentencias como nosotros, y en efectivo, que es otro cambio radical. Pero de fondo hay un tema, que es el cuestionamiento de un poder del Estado, la Justicia, hacia el Poder Ejecutivo. Los cuestionamientos son por decisiones que se tomaron oportunamente, que fueron decisiones con criterio de equidad, de distribución, de justicia social, que es haber aumentado más la mínima que el resto de las jubilaciones. Hay que ponerse en el 2003, ponerse en los zapatos de ese momento: un país que estaba devastado, un presidente que ganaba con el 22 por ciento de los votos, y que tenía que dar respuestas. Entonces aumentó la mínima más que el resto de las jubilaciones. Fue una situación de reparación. Después hubo un segundo proceso, que fue el plan de inclusión jubilatoria: el Estado reivindicó la situación de millones de compatriotas que habían trabajado, pero no tenían aportes porque estuvieron en la informalidad o porque hubo 25 por ciento de desempleo en la Argentina hace diez años. Esas dos decisiones implican que el Estado tenga que contar con más recursos. Y tenemos los recursos para pagar en tiempo y forma. Ahora, si la Justicia cuestiona esas decisiones, diciendo que estuvo mal no haberle aumentado al resto de los jubilados, que son quienes ganaban más de mil pesos entre 2002 y 2006, y eso se quiere universalizar… Bueno, ahí hay un problema, porque no se pregunta si esa medida es consistente en el tiempo, si se puede pagar siempre. Porque la clave está en pagar hoy y siempre las jubilaciones y las pensiones. Cuando uno gobierna asigna prioridades, y las prioridades fueron los que menos tenían y los que no estaban incluidos. Corresponde a la sociedad argentina hacerse cargo de eso a través de un criterio de solidaridad. Y lo que dice la norma es que todos los poderes del Estado somos responsables del cuidado del erario, todos somos responsables de las cuentas fiscales. Esto significa que a la hora de tomar decisiones no sólo deben tenerse en cuenta las cuestiones particulares, sino fundamentalmente las cuestiones del colectivo. No puede haber desprecio de nadie por el cuidado de la cosa pública. Nosotros estamos orgullosos de una política previsional que vuelve a normalizarse. Vamos a seguir pagando sentencias como corresponde. Ahora bien, no desconocemos que detrás de esto hay intereses, hay maniobras que abusan sobre los jubilados, hay intereses en favor de determinados privilegios, y cierto accionar de la Justicia que no entiende que tiene que ser imparcial y dictar justicia y no actuar en favor de determinados intereses.
¿Qué intereses?
Antes hablábamos de la plata de los jubilados, que en realidad es la plata de los argentinos que sustenta el sistema de seguridad social. A mí me gustaría que haya autocrítica en este sentido, porque hace cinco años nadie hablaba de la plata de los jubilados. Por qué, porque invertían en las acciones del Grupo Clarín. Esa fue una de las peores inversiones que han tenido los trabajadores. Las AFJP hace cuatro años desembolsaron 750 millones de pesos y hoy esas acciones valen 230 millones. Si se hubiera hecho un plazo fijo, que es la inversión más conservadora, hoy tendríamos 1200 millones. Hay intereses y a partir de esos intereses hay desinformación. No recuerdo un gerente de las AFJP yendo al Congreso a explicar dónde iba la plata de los jubilados. Nadie les pedía explicaciones a las AFJP. Como hubo un cambio de paradigma, y como se ha demostrado que se puede, eso genera resistencias.
La Anses denunció a jueces por fallos injustificables, que derivaron en sanciones de la propia Corte Suprema.
Hace poco hubo un congreso de abogados previsionalistas en el interior del país. El eje central fue que se les termina el negocio previsional y que tienen que encontrar la veta para volverle a hacer juicios al Estado. La Argentina viene de una crisis notable, del infierno al purgatorio, empezamos a normalizar y a resolver los problemas. Hay un proceso de menos a más donde las cosas se van corrigiendo. Lo previo fue reconstruir un Estado que estaba destruido. Ahora bien, nosotros a lo que apostamos es a que esto sea constante en el tiempo. Tenemos que pagar las jubilaciones hoy y siempre.
¿El Gobierno estudia ampliar los plazos de la moratoria o algún proyecto de jubilación anticipada?
Todavía hoy gran parte de los nuevos jubilados, casi el 50 por ciento, siguen siendo a través de la moratoria. Evidentemente el transcurso del tiempo atenta contra la posibilidad de utilizar esa herramienta, pero hoy sigue siendo un porcentaje importante y no está en estudio hacer cambios.
EL ESTADO INVERTIRA 25 MIL MILLONES EN CREDITOS PARA VIVIENDA
¿Cuál es el monto actual del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)?
231.500 millones de pesos. Cuando las AFJP nos traspasaron los recursos, el 5 de diciembre de 2008, eran 80.200 millones de pesos. Eso es lo que habían conseguido acumular después de catorce años de administrar los ahorros de los argentinos. Es decir, que en cuatro años casi triplicamos esa cifra, con administración estatal. Eso demuestra que el Estado sí puede gestionar con eficiencia. Evidentemente había mucha comisión de las AFJP y mucho negocio asociado a sectores que no tenían puesta la mira en el trabajo sino en un negocio especulativo. La gran metamorfosis del Fondo tiene que ver con dónde invertimos los recursos. Nosotros lo hacemos en lo que se llama Inciso Q.
Inversiones productivas e infraestructura…
Son las inversiones que no necesitan de la nota de las calificadoras de riesgo y están asociadas a infraestructura, a desarrollo. Tienen un impacto en materia de generación de trabajo presente y futuro, por lo que significa la infraestructura y el desarrollo. Pasamos del 2,2 por ciento del fondo que destinaban las AFJP a ese rubro en diciembre de 2008 a 14,4 por ciento ahora. De 1800 millones a 33.300 millones de pesos. Ese es el gran cambio. En cuanto al financiamiento al sector público, se mantuvo más o menos igual: pasó del 59,5 al 60,8 por ciento. Es importante entender que en todos los países del mundo hay un gran porcentaje de financiamiento de los fondos soberanos de pensiones al sector público. El promedio es 65 por ciento. Nosotros estamos algo por debajo, y hay países que destinan el ciento por ciento a títulos públicos, como Estados Unidos, Japón y España.
¿Cuál es la proyección del FGS para 2013?
Estimamos que llegará a 281.000 millones, con un aumento de 19,3 por ciento interanual.
En la semana se publicó que la Anses asistió al Tesoro con 4500 millones de pesos. ¿Es así?
No, en ese tema hay una gran confusión mediática. El dueño del FGS es el Estado nacional. Es como si usted fuera dueño de una casa y la tuviera alquilada. Las rentas de esa propiedad son suyas y las registra en su contabilidad. Bueno, las rentas del FGS contablemente las registra el Estado nacional. Pero nosotros no transferimos la plata. Si el FGS recibe 15 mil millones de pesos por año por intereses de sus inversiones, alguien los tiene que contabilizar, y los contabiliza el Estado nacional como rentas de la propiedad. Pero el dinero nunca se transfiere.
¿Habrá un aumento de las inversiones productivas en 2013?
Este año y el próximo nuestro principal objetivo será volcar la máxima cantidad de recursos en Pro.Cre.Ar. Tenemos proyectados desembolsos por 25 mil millones de pesos hasta fines de 2013. Es un programa central para el Gobierno. Ya hay 11 mil carpetas ingresadas con el proyecto armado y listas para salir. Estamos escriturando a razón de 120, 130 por día. Ya van 2500 escrituras. Hay otras 40 mil familias que están armando las carpetas para ingresarlas al banco. Eso es para quienes tienen terreno. Por otro lado está la línea para las familias sin terreno. Ya hemos llamado a licitación en 45 predios en casi todas las provincias, por 7000 millones de pesos. Son 16 mil viviendas. El proceso de obra lleva entre un año y 18 meses, y después se concede el crédito hipotecario.
¿El FGS invertirá en YPF?
Lo estamos haciendo, vamos a llegar a inversiones por 6000 o 7000 millones de pesos este año. Es una muy buena inversión en una empresa estratégica.
Algunos sectores plantean que debería utilizarse una porción del FGS para universalizar el alcance del fallo Badaro.
Es lo mismo que decía antes: utilizar el fondo para pagar un gasto corriente significaría su disolución y la no posibilidad de asumir los nuevos compromisos en el tiempo. Tenemos un flujo de recursos que nos permite hacer frente a las obligaciones de la seguridad social, y lo estamos haciendo en tiempo y forma. En diciembre vamos a pagar 27.800 millones de pesos a casi doce millones de argentinos en materia de derechos de la seguridad social.
DEBATE POR LA SUBA DE HABERES DE SEPTIEMBRE
Un sector de la oposición denunció que el aumento de jubilaciones de septiembre estuvo mal calculado, que la suba debió ser del 14 por ciento en lugar del 11.
Desde marzo de 2009 a la fecha, el índice de movilidad se calcula de la misma manera, con la intervención de las mismas áreas de la Anses y con los índices definitivos que los distintos organismos nos comunican. Ese fue el caso de septiembre pasado. La Anses usó los índices definitorios, no provisorios, y eso contestamos a todos los que nos pidieron informes. Es una nueva mentira de quienes están buscando excusas para hacerle juicio al Estado.
La oposición se queja de que la Anses no fue al Congreso a explicar cómo se calculó el aumento.
Fuimos cientos de veces al Congreso. La oposición toma los argumentos inexactos y poco rigurosos de algunos especialistas que desconocen la manera de calcular el índice. Y segundo, el índice lo tiene que calcular la Anses, no Clarín o los abogados previsionalistas. Y la Anses lo calcula de manera perfecta. Lo que quieren es deslegitimar nuestro accionar, cuando el aumento para los jubilados de este año fue del 31,05 por ciento, por arriba de cualquier otra variable.
La Corte Suprema falló contra la Anses en su disputa con el juez Luis Herrero. ¿Se va a acatar el fallo?
Vamos a cumplir el fallo de la Corte como lo hacemos con todos los fallos. Lo que advertimos es que no podemos ejercer nuestro legítimo derecho de defensa. Dentro de ese derecho está la posibilidad de recusar sin causa. El juez Herrero ha tenido animosidad permanente hacia el organismo. Los jueces deben ser imparciales, nosotros lo hemos denunciado ante el Consejo de la Magistratura no sólo por sus dichos sino por su accionar. Vamos a cumplir el fallo como lo hicimos siempre.
La política en materia de jubilaciones muestra cambios profundos en los últimos años. Se eliminaron las AFJP, los haberes registran un proceso de recomposición que aún debe continuar, se aprobó por ley que todos los jubilados y pensionados tienen derecho a dos aumentos por año (subas que superan el 170 por ciento desde 2009 a la fecha, muy por arriba de la inflación de las consultoras privadas y de las mejoras salariales de la mayoría de los gremios), los beneficiarios de la Anses pueden obtener créditos a tasas y plazos accesibles, la cobertura previsional creció del 55 al 95 por ciento, los ahorros acumulados se usan para obras de infraestructura y planes de vivienda y la tasa de sustitución de los nuevos jubilados ronda el 75 por ciento. Sin embargo, la Anses se encuentra en el ojo de la tormenta, con duras críticas de sectores de la oposición y la Justicia. Diego Bossio, titular del organismo, polemiza con ellos en esta entrevista exclusiva con Página/12.
Sectores de la oposición y de la Justicia cuestionan que la Anses destine parte de su presupuesto al pago de la Asignación Universal por Hijo o al plan de computadoras para estudiantes. Dicen que ese dinero debería ir a los jubilados. ¿Cuál es su visión?
El sistema de seguridad social tiene dos fuentes de financiamiento. El 55 por ciento de los recursos son aportes y contribuciones de los trabajadores formales y las empresas. El 45 por ciento restante surge de la recaudación de impuestos nacionales. Parte de los ingresos por IVA, Ganancias, por el impuesto a los cigarrillos y a los combustibles, entre otros, se derivan a la Anses. Por lo cual, cualquier persona que va a un supermercado y compra algo está aportando al sistema de seguridad social. Es natural que eso genere derechos. Los trabajadores informales y los desocupados también aportan a la seguridad social de ese modo.
La oposición afirma que es la plata de los jubilados.
No, es la plata de los trabajadores y del conjunto de los argentinos que financian a la seguridad social. La Anses tiene que cumplir con todos. Pagamos jubilaciones y pensiones, que han sido multiplicadas y aumentadas: casi se duplicó la cantidad de beneficiarios que había en 2003. Pagamos las asignaciones familiares de los trabajadores formales, y recientemente incluimos a 253 mil trabajadores al régimen. Pagamos la Asignación Universal por Hijo, que es un nuevo derecho, que corresponde por lo que decía antes, porque aportan, y además es una medida de justicia social. En cuanto a las netbooks para estudiantes, el plan se financia con fondos del Tesoro. La Anses lo administra, pero no pone la plata. Y las pensiones no contributivas hace muchísimos años que las financia la seguridad social, como marca la ley. Estamos pagando lo que dice la ley y lo que efectivamente está preparado en términos tributarios.
Otro reclamo repetido es que se utilice parte de los ahorros acumulados en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para aumentar las jubilaciones.
Pero es imposible. El fondo es un stock, un ahorro. Asignarlo a un gasto corriente, a un flujo, lo agotaría en poco tiempo y después no habría recursos para responder a los compromisos asumidos. El fondo no está preparado para eso, ni aquí ni en ningún país del mundo. Todos los sistemas de reparto tienen un fondo para responder a una eventualidad, para garantizar el pago de prestaciones en circunstancias complicadas. El fondo sirve para evitar que se bajen las jubilaciones un 13 por ciento como en 2001 si hay una situación de crisis. El otro gran objetivo es utilizar ese ahorro para financiar actividades que generen trabajo. Con más trabajo hay más aportes, más contribuciones, más consumo, más pago de impuestos y, en definitiva, mejoras para la seguridad social.
Se le reprocha a la Anses que apele las sentencias judiciales en favor de los jubilados.
Todos los abogados del Estado tienen la obligación de apelar, y es lógico. Es una forma de resguardar el patrimonio público y evitar la corrupción. Si el Estado dejara pasar las cosas sería una locura. Hay doctrina internacional en la materia. Lo hemos estudiado en América latina y es en todos lados igual. Incluso en Ecuador el juez tiene la obligación de avisarle al funcionario público superior si un subordinado no apeló, y se suspenden los plazos procesales. Es una forma de evitar abusos, si no, la simple connivencia entre un abogado y un empleado de la Anses haría estragos. Hay un caso reciente en el organismo que tuvimos que echar a un empleado porque dejaba correr los tiempos procesales. No contestó veinte demandas, doce de un mismo abogado, y el Estado quedaba desguarnecido. Eso ocurre habiendo fuertes controles, es fácil imaginar qué pasaría si tuviéramos una política débil en este sentido. E insisto, la resolución 955 nos obliga a apelar.
El Estado llegó a un acuerdo de solución amistosa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que lo compromete a limitar las apelaciones.
El acuerdo nos compromete a no apelar el fallo Badaro puro, y es lo que hacemos. No apelamos fallos de primera instancia fundados en la doctrina Badaro de la Corte Suprema. Apelamos cuando el fallo no es puro. Es decir, cuando cambian las condiciones que impuso la Corte. Hay muchas sentencias que aplican Badaro con condimentos. Por ejemplo, extienden el alcance de Badaro de 2002 a 2009, cuando la Corte limitó taxativamente el plazo de 2002 a 2006. También cambian los parámetros del fallo, dictan reglas que no son las que puso la Corte. Eso nos obliga a apelar, por lo que explicaba antes. Si lo dejáramos pasar, cada juez haría cualquier cosa. Lo que vemos es que hay muchos jueces que tienen vocación legislativa. Pero no es su función. Si quieren legislar, si quieren gobernar, que se presenten a elecciones. Además, respecto del acuerdo en la OEA, es en respuesta a una presentación de 1995, contra la ley de Solidaridad Previsional de Cavallo. La distancia entre ese momento y la actualidad en materia previsional es sideral. Aumentamos las jubilaciones, llevamos la cobertura al 95 por ciento, se aprobaron por ley dos aumentos obligatorios al año. No tiene nada que ver un momento con otro.
¿Y por qué crece la litigiosidad previsional?
No, la litigiosidad previsional está bajando, y va a seguir bajando porque desde que se aprobó la ley de movilidad el sistema está ordenado. Los nuevos jubilados están cobrando con una tasa de sustitución promedio del 75 por ciento. La litigiosidad es el arrastre del colapso en que habían dejado al país y al sistema de jubilaciones. Además, contabilizan cualquier cosa. El fuero de la Seguridad Social también trata demandas por obras sociales, por accidentes del trabajo, por las ART, pero cuentan todo junto y dicen que son reclamos previsionales.
¿La Anses demora el pago de sentencias?
No, todo lo contrario. Lo que pasa es que algunos medios desinforman. La Anses cumple el pago de sentencias y lo va a seguir haciendo. Se lo dije a la Corte Suprema en la última reunión. El mes pasado pagamos 4200 sentencias, en diciembre vamos a pagar 650 millones de pesos, un record total. Los empleados del área de legales trabajaron este sábado y domingo para sacar sentencias. Tomamos cien empleados para apurar las liquidaciones. Hemos reconfigurado el área, pusimos más recursos, más tecnología. Hay voluntad y capacidad para hacer frente a las sentencias. En segundo punto, las sentencias son de carácter particular, no general. Nosotros en términos particulares pagamos y nunca hubo otro gobierno que pagara tantas sentencias como nosotros, y en efectivo, que es otro cambio radical. Pero de fondo hay un tema, que es el cuestionamiento de un poder del Estado, la Justicia, hacia el Poder Ejecutivo. Los cuestionamientos son por decisiones que se tomaron oportunamente, que fueron decisiones con criterio de equidad, de distribución, de justicia social, que es haber aumentado más la mínima que el resto de las jubilaciones. Hay que ponerse en el 2003, ponerse en los zapatos de ese momento: un país que estaba devastado, un presidente que ganaba con el 22 por ciento de los votos, y que tenía que dar respuestas. Entonces aumentó la mínima más que el resto de las jubilaciones. Fue una situación de reparación. Después hubo un segundo proceso, que fue el plan de inclusión jubilatoria: el Estado reivindicó la situación de millones de compatriotas que habían trabajado, pero no tenían aportes porque estuvieron en la informalidad o porque hubo 25 por ciento de desempleo en la Argentina hace diez años. Esas dos decisiones implican que el Estado tenga que contar con más recursos. Y tenemos los recursos para pagar en tiempo y forma. Ahora, si la Justicia cuestiona esas decisiones, diciendo que estuvo mal no haberle aumentado al resto de los jubilados, que son quienes ganaban más de mil pesos entre 2002 y 2006, y eso se quiere universalizar… Bueno, ahí hay un problema, porque no se pregunta si esa medida es consistente en el tiempo, si se puede pagar siempre. Porque la clave está en pagar hoy y siempre las jubilaciones y las pensiones. Cuando uno gobierna asigna prioridades, y las prioridades fueron los que menos tenían y los que no estaban incluidos. Corresponde a la sociedad argentina hacerse cargo de eso a través de un criterio de solidaridad. Y lo que dice la norma es que todos los poderes del Estado somos responsables del cuidado del erario, todos somos responsables de las cuentas fiscales. Esto significa que a la hora de tomar decisiones no sólo deben tenerse en cuenta las cuestiones particulares, sino fundamentalmente las cuestiones del colectivo. No puede haber desprecio de nadie por el cuidado de la cosa pública. Nosotros estamos orgullosos de una política previsional que vuelve a normalizarse. Vamos a seguir pagando sentencias como corresponde. Ahora bien, no desconocemos que detrás de esto hay intereses, hay maniobras que abusan sobre los jubilados, hay intereses en favor de determinados privilegios, y cierto accionar de la Justicia que no entiende que tiene que ser imparcial y dictar justicia y no actuar en favor de determinados intereses.
¿Qué intereses?
Antes hablábamos de la plata de los jubilados, que en realidad es la plata de los argentinos que sustenta el sistema de seguridad social. A mí me gustaría que haya autocrítica en este sentido, porque hace cinco años nadie hablaba de la plata de los jubilados. Por qué, porque invertían en las acciones del Grupo Clarín. Esa fue una de las peores inversiones que han tenido los trabajadores. Las AFJP hace cuatro años desembolsaron 750 millones de pesos y hoy esas acciones valen 230 millones. Si se hubiera hecho un plazo fijo, que es la inversión más conservadora, hoy tendríamos 1200 millones. Hay intereses y a partir de esos intereses hay desinformación. No recuerdo un gerente de las AFJP yendo al Congreso a explicar dónde iba la plata de los jubilados. Nadie les pedía explicaciones a las AFJP. Como hubo un cambio de paradigma, y como se ha demostrado que se puede, eso genera resistencias.
La Anses denunció a jueces por fallos injustificables, que derivaron en sanciones de la propia Corte Suprema.
Hace poco hubo un congreso de abogados previsionalistas en el interior del país. El eje central fue que se les termina el negocio previsional y que tienen que encontrar la veta para volverle a hacer juicios al Estado. La Argentina viene de una crisis notable, del infierno al purgatorio, empezamos a normalizar y a resolver los problemas. Hay un proceso de menos a más donde las cosas se van corrigiendo. Lo previo fue reconstruir un Estado que estaba destruido. Ahora bien, nosotros a lo que apostamos es a que esto sea constante en el tiempo. Tenemos que pagar las jubilaciones hoy y siempre.
¿El Gobierno estudia ampliar los plazos de la moratoria o algún proyecto de jubilación anticipada?
Todavía hoy gran parte de los nuevos jubilados, casi el 50 por ciento, siguen siendo a través de la moratoria. Evidentemente el transcurso del tiempo atenta contra la posibilidad de utilizar esa herramienta, pero hoy sigue siendo un porcentaje importante y no está en estudio hacer cambios.
EL ESTADO INVERTIRA 25 MIL MILLONES EN CREDITOS PARA VIVIENDA
¿Cuál es el monto actual del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)?
231.500 millones de pesos. Cuando las AFJP nos traspasaron los recursos, el 5 de diciembre de 2008, eran 80.200 millones de pesos. Eso es lo que habían conseguido acumular después de catorce años de administrar los ahorros de los argentinos. Es decir, que en cuatro años casi triplicamos esa cifra, con administración estatal. Eso demuestra que el Estado sí puede gestionar con eficiencia. Evidentemente había mucha comisión de las AFJP y mucho negocio asociado a sectores que no tenían puesta la mira en el trabajo sino en un negocio especulativo. La gran metamorfosis del Fondo tiene que ver con dónde invertimos los recursos. Nosotros lo hacemos en lo que se llama Inciso Q.
Inversiones productivas e infraestructura…
Son las inversiones que no necesitan de la nota de las calificadoras de riesgo y están asociadas a infraestructura, a desarrollo. Tienen un impacto en materia de generación de trabajo presente y futuro, por lo que significa la infraestructura y el desarrollo. Pasamos del 2,2 por ciento del fondo que destinaban las AFJP a ese rubro en diciembre de 2008 a 14,4 por ciento ahora. De 1800 millones a 33.300 millones de pesos. Ese es el gran cambio. En cuanto al financiamiento al sector público, se mantuvo más o menos igual: pasó del 59,5 al 60,8 por ciento. Es importante entender que en todos los países del mundo hay un gran porcentaje de financiamiento de los fondos soberanos de pensiones al sector público. El promedio es 65 por ciento. Nosotros estamos algo por debajo, y hay países que destinan el ciento por ciento a títulos públicos, como Estados Unidos, Japón y España.
¿Cuál es la proyección del FGS para 2013?
Estimamos que llegará a 281.000 millones, con un aumento de 19,3 por ciento interanual.
En la semana se publicó que la Anses asistió al Tesoro con 4500 millones de pesos. ¿Es así?
No, en ese tema hay una gran confusión mediática. El dueño del FGS es el Estado nacional. Es como si usted fuera dueño de una casa y la tuviera alquilada. Las rentas de esa propiedad son suyas y las registra en su contabilidad. Bueno, las rentas del FGS contablemente las registra el Estado nacional. Pero nosotros no transferimos la plata. Si el FGS recibe 15 mil millones de pesos por año por intereses de sus inversiones, alguien los tiene que contabilizar, y los contabiliza el Estado nacional como rentas de la propiedad. Pero el dinero nunca se transfiere.
¿Habrá un aumento de las inversiones productivas en 2013?
Este año y el próximo nuestro principal objetivo será volcar la máxima cantidad de recursos en Pro.Cre.Ar. Tenemos proyectados desembolsos por 25 mil millones de pesos hasta fines de 2013. Es un programa central para el Gobierno. Ya hay 11 mil carpetas ingresadas con el proyecto armado y listas para salir. Estamos escriturando a razón de 120, 130 por día. Ya van 2500 escrituras. Hay otras 40 mil familias que están armando las carpetas para ingresarlas al banco. Eso es para quienes tienen terreno. Por otro lado está la línea para las familias sin terreno. Ya hemos llamado a licitación en 45 predios en casi todas las provincias, por 7000 millones de pesos. Son 16 mil viviendas. El proceso de obra lleva entre un año y 18 meses, y después se concede el crédito hipotecario.
¿El FGS invertirá en YPF?
Lo estamos haciendo, vamos a llegar a inversiones por 6000 o 7000 millones de pesos este año. Es una muy buena inversión en una empresa estratégica.
Algunos sectores plantean que debería utilizarse una porción del FGS para universalizar el alcance del fallo Badaro.
Es lo mismo que decía antes: utilizar el fondo para pagar un gasto corriente significaría su disolución y la no posibilidad de asumir los nuevos compromisos en el tiempo. Tenemos un flujo de recursos que nos permite hacer frente a las obligaciones de la seguridad social, y lo estamos haciendo en tiempo y forma. En diciembre vamos a pagar 27.800 millones de pesos a casi doce millones de argentinos en materia de derechos de la seguridad social.
DEBATE POR LA SUBA DE HABERES DE SEPTIEMBRE
Un sector de la oposición denunció que el aumento de jubilaciones de septiembre estuvo mal calculado, que la suba debió ser del 14 por ciento en lugar del 11.
Desde marzo de 2009 a la fecha, el índice de movilidad se calcula de la misma manera, con la intervención de las mismas áreas de la Anses y con los índices definitivos que los distintos organismos nos comunican. Ese fue el caso de septiembre pasado. La Anses usó los índices definitorios, no provisorios, y eso contestamos a todos los que nos pidieron informes. Es una nueva mentira de quienes están buscando excusas para hacerle juicio al Estado.
La oposición se queja de que la Anses no fue al Congreso a explicar cómo se calculó el aumento.
Fuimos cientos de veces al Congreso. La oposición toma los argumentos inexactos y poco rigurosos de algunos especialistas que desconocen la manera de calcular el índice. Y segundo, el índice lo tiene que calcular la Anses, no Clarín o los abogados previsionalistas. Y la Anses lo calcula de manera perfecta. Lo que quieren es deslegitimar nuestro accionar, cuando el aumento para los jubilados de este año fue del 31,05 por ciento, por arriba de cualquier otra variable.
La Corte Suprema falló contra la Anses en su disputa con el juez Luis Herrero. ¿Se va a acatar el fallo?
Vamos a cumplir el fallo de la Corte como lo hacemos con todos los fallos. Lo que advertimos es que no podemos ejercer nuestro legítimo derecho de defensa. Dentro de ese derecho está la posibilidad de recusar sin causa. El juez Herrero ha tenido animosidad permanente hacia el organismo. Los jueces deben ser imparciales, nosotros lo hemos denunciado ante el Consejo de la Magistratura no sólo por sus dichos sino por su accionar. Vamos a cumplir el fallo como lo hicimos siempre.
