El debate sobre la despenalización de drogas no contempla dimensiones que hay que tener en cuenta para no quedar limitados a tecnicismos que se alejan del drama que viven miles de familias: en este momento un adicto es abandonado por el Estado que le niega la posibilidad de un tratamiento para poder salvar su vida.
El Parlamento debe escuchar los dramáticos relatos de quienes mueren o están presos a causa de la droga sin que sus familias puedan hacer nada por evitarlo. Hay que ir a escuchar estas historias a los barrios, donde las drogas y en especial el paco, están destruyendo generaciones.
La CC-ARI presentó un proyecto de ley en el que da una respuesta integral: un Programa Nacional de prevención y asistencia de las adicciones; lucha contra el narcotráfico; despenalización del consumo como principio de reserva del individuo; medidas curativas para los adictos que resultan sometidos a proceso penal ; la creación de un tipo penal específico que castigue a quien desvíe precursores químicos a la producción de estupefacientes y el agravamiento de penas para el narcotráfico.
Lo hacemos en atención al alcance completo que tiene el exhorto de la Corte. El agravamiento de las penas previsto para jefes, financistas y organizadores de los carteles de la droga, si bien no resulta suficiente como política criminal de lucha contra el narcotráfico, pues debe ir aunado una estrategia de combate y prevención por parte de los órganos estatales competentes ; debe incorporarse para jerarquizar la importancia del bien jurídico protegido.
Se debe aplicar la mayor pena dentro de los parámetros constitucionales llevando al jefe de una organización a cadena perpetua.
Es obvio que nadie puede castigar con una pena criminal al que tiene dosis para consumo personal porque eso sería penar a un enfermo, pero es imprescindible que la autoridad judicial ordene la internación en los casos graves, aunque no haya delito, cuando la persona pueda dañarse a sí mismo o a terceros.
También lo debe poder hacer a pedido de sus familiares o convivientes.
Se trata de salvar vidas, no de abandonarlas ni condenarlas.
Hasta que sea creado un fuero especial, mantenemos en cabeza del Juez el control del tratamiento en los casos en que a pesar de haberse cumplido el tiempo de la pena persistiera ese peligro. El tratamiento debería continuar en establecimientos especializados fuera de las unidades penitenciarias.
Es esencial escuchar y dar participación activa a familiares y afectos del paciente. Incluso darle la facultad al Juez de disponer de oficio el tratamiento cuando las circunstancias médicas establecidas por dictamen pericial así lo requieran.
Eliminar el contralor judicial implicaría dejar en el abandono al enfermo dado las deficiencias en el área de salud que pretendemos disminuir con el Programa . Hay jueces que creen que esto es una cuestión académica cuando se trata del problema más grave de la Nación: el narcotráfico y los adictos que genera.
Banalizar el debate sin tener en cuenta el enorme crecimiento del narcotráfico y de las adicciones a drogas más dañinas es dejar desamparadas a miles de personas que están reclamando vivir.
El Parlamento debe escuchar los dramáticos relatos de quienes mueren o están presos a causa de la droga sin que sus familias puedan hacer nada por evitarlo. Hay que ir a escuchar estas historias a los barrios, donde las drogas y en especial el paco, están destruyendo generaciones.
La CC-ARI presentó un proyecto de ley en el que da una respuesta integral: un Programa Nacional de prevención y asistencia de las adicciones; lucha contra el narcotráfico; despenalización del consumo como principio de reserva del individuo; medidas curativas para los adictos que resultan sometidos a proceso penal ; la creación de un tipo penal específico que castigue a quien desvíe precursores químicos a la producción de estupefacientes y el agravamiento de penas para el narcotráfico.
Lo hacemos en atención al alcance completo que tiene el exhorto de la Corte. El agravamiento de las penas previsto para jefes, financistas y organizadores de los carteles de la droga, si bien no resulta suficiente como política criminal de lucha contra el narcotráfico, pues debe ir aunado una estrategia de combate y prevención por parte de los órganos estatales competentes ; debe incorporarse para jerarquizar la importancia del bien jurídico protegido.
Se debe aplicar la mayor pena dentro de los parámetros constitucionales llevando al jefe de una organización a cadena perpetua.
Es obvio que nadie puede castigar con una pena criminal al que tiene dosis para consumo personal porque eso sería penar a un enfermo, pero es imprescindible que la autoridad judicial ordene la internación en los casos graves, aunque no haya delito, cuando la persona pueda dañarse a sí mismo o a terceros.
También lo debe poder hacer a pedido de sus familiares o convivientes.
Se trata de salvar vidas, no de abandonarlas ni condenarlas.
Hasta que sea creado un fuero especial, mantenemos en cabeza del Juez el control del tratamiento en los casos en que a pesar de haberse cumplido el tiempo de la pena persistiera ese peligro. El tratamiento debería continuar en establecimientos especializados fuera de las unidades penitenciarias.
Es esencial escuchar y dar participación activa a familiares y afectos del paciente. Incluso darle la facultad al Juez de disponer de oficio el tratamiento cuando las circunstancias médicas establecidas por dictamen pericial así lo requieran.
Eliminar el contralor judicial implicaría dejar en el abandono al enfermo dado las deficiencias en el área de salud que pretendemos disminuir con el Programa . Hay jueces que creen que esto es una cuestión académica cuando se trata del problema más grave de la Nación: el narcotráfico y los adictos que genera.
Banalizar el debate sin tener en cuenta el enorme crecimiento del narcotráfico y de las adicciones a drogas más dañinas es dejar desamparadas a miles de personas que están reclamando vivir.
