Cristina Kirchner parece dispuesta a profundizar el estatismo económico como respuesta a las dificultades que se precipitan con el default, al fracasar en lo inmediato el plan para financiar con nueva deuda la transición política y el aumento permanente del gasto público. Está en peligro la fórmula con la que la Presidenta supone que la recordarán bien sus gobernados cuando se vea obligada a dejar el poder.
Las cuentas del default en lo inmediato se presentan a la vista: claramente habrá menos dólares disponibles. Y eso determina menos actividad, porque para reactivar hay que importar. El economista Carlos Melconian estima que el proceso recesivo es irreversible. La inflación, por la emisión monetaria que tiende a espiralizarse y se agrava con el default, seguirá comiendo el poder adquisitivo de los salarios, En esas circunstancias, no hay forma de recuperar el consumo popular que ya viene en franca caída desde el segundo trimestre. Todo con menos crédito disponible, dólar y precios más altos, y golpeando el empleo por la recesión sostenida.
La respuesta del Gobierno a las nuevas dificultades hielan la sangre entre empresarios y banqueros: más pesos a la calle, más subsidios, impresión de moneda sin respaldo, súper emisión monetaria, tasas negativas, y una serie de iniciativas políticas para promover leyes que permitan a los funcionarios perseguir a las empresas y a la actividad privada, todo con el objeto de planificar desde el Estado la redistribución de la riqueza y los márgenes de ganancia que a cada sector debe tocarle, según la lógica arbitraria del Gobierno. Un experimento neo keynesiano para un país ya agobiado con la inflación en 40% anual y un déficit que ya supera 5 puntos de producto. Más aún, con proyectos para sovietizar el manejo económico que difícilmente convoquen a la inversión.
Todos los economistas del país, desde la heterodoxia de Aldo Ferrer hasta la ortodoxia de Daniel Artana, coinciden en pronosticar severas turbulencias si el Gobierno insiste en ese camino. Observan a coro que con el actual desequilibrio fiscal, con el gasto público indexado por salarios y subsidios crecientes, si todavía el Gobierno se dispone a cebar más la inflación y el dólar con emisión de pesos y tasas negativas, es obvio que se agravará la inflación, el atraso cambiario y la parálisis económica. Y por supuesto que todo será peor si la respuesta política del Gobierno es más represión de precios con persecución a empresas y personas.
Un modelo de control estatal que sigue acercándose a regímenes deprimentes que han fracasado en todo el mundo, que Cristina y una minoría de economistas y seguidores con ideas muy poco actualizadas busca imponerle a la sociedad argentina que ha rechazado esa opción. No luce muy equilibrado para una Jefa de Estado en el final de su mandato y luego de haber perdido las elecciones el año pasado. A pesar de que 7 de cada 10 argentinos votaron en contra de la inflación, el cepo y el modelo estatista de Cristina y Axel Kicillof; la Presidenta gobierna como si no fuera a irse nunca. Insiste y promete profundizar la dosis, aún contra la voluntad popular.
De hecho las últimas encuestas revelan que cada vez hay menos apoyo a la aventura de Cristina contra los fondos buitre, si esto alarga el default y las penurias económicas. Y el funcionario que más influye hoy en las decisiones presidenciales, Axel Kicillof, es quien aparece, medido por su gestión y resultados, con peor imagen en todos los sondeos. Resultó bastante pobre, por cierto, la convocatoria al Luna Park que lanzó el cristinismo ultra para celebrar la malvinización contra los buitres y presentar a Kicillof como el candidato más puro para representar al oficialismo el año próximo. Ni se presentó el Ministro, y la noche de La Cámpora terminó muy deslucida, con figuras en el escenario que no parecen las más apropiadas para sumar votos en una elección. Se abrió Daniel Scioli, tampoco estuvieron los intendentes del peronismo y hasta se ausentaron los movimientos sociales kirchneristas que no quieren una radicalización del gobierno y el gabinete contra el peronismo
Aún así juega libre todavía la Presidenta. El peronismo la seguirá acompañando hasta la puerta del cementerio y la oposición no junta voluntades para frenar esta nueva aventura. Como quienes le ganaron las elecciones el año pasado ya están peleando por anticipado su sucesión, no logran ni siquiera acordar una estrategia común frente al escándalo político que supone la figura de Amado Boudou en la vice-presidencia. Mucho menos una propuesta unificada para evitar el default, más bien opiniones encontradas entre ellos y sus economistas respecto de lo que había que hacer. Tampoco está claro que la oposición pueda lograr frenar en el Congreso las leyes que el oficialismo quiere votar para profundizar el control de precios y la persecución a comercios y empresas. Por eso desde las centrales empresarias se anunció que la pelea terminará en la Justicia, ya que se denuncian como inconstitucionales varios aspectos de la iniciativa oficial. Sobre todo el hecho de que los funcionarios que apliquen las sanciones contra las empresas podrán hacerlo sin que medie la intervención de un juez. Nunca visto, al menos en democracia.
Las cuentas del default en lo inmediato se presentan a la vista: claramente habrá menos dólares disponibles. Y eso determina menos actividad, porque para reactivar hay que importar. El economista Carlos Melconian estima que el proceso recesivo es irreversible. La inflación, por la emisión monetaria que tiende a espiralizarse y se agrava con el default, seguirá comiendo el poder adquisitivo de los salarios, En esas circunstancias, no hay forma de recuperar el consumo popular que ya viene en franca caída desde el segundo trimestre. Todo con menos crédito disponible, dólar y precios más altos, y golpeando el empleo por la recesión sostenida.
La respuesta del Gobierno a las nuevas dificultades hielan la sangre entre empresarios y banqueros: más pesos a la calle, más subsidios, impresión de moneda sin respaldo, súper emisión monetaria, tasas negativas, y una serie de iniciativas políticas para promover leyes que permitan a los funcionarios perseguir a las empresas y a la actividad privada, todo con el objeto de planificar desde el Estado la redistribución de la riqueza y los márgenes de ganancia que a cada sector debe tocarle, según la lógica arbitraria del Gobierno. Un experimento neo keynesiano para un país ya agobiado con la inflación en 40% anual y un déficit que ya supera 5 puntos de producto. Más aún, con proyectos para sovietizar el manejo económico que difícilmente convoquen a la inversión.
Todos los economistas del país, desde la heterodoxia de Aldo Ferrer hasta la ortodoxia de Daniel Artana, coinciden en pronosticar severas turbulencias si el Gobierno insiste en ese camino. Observan a coro que con el actual desequilibrio fiscal, con el gasto público indexado por salarios y subsidios crecientes, si todavía el Gobierno se dispone a cebar más la inflación y el dólar con emisión de pesos y tasas negativas, es obvio que se agravará la inflación, el atraso cambiario y la parálisis económica. Y por supuesto que todo será peor si la respuesta política del Gobierno es más represión de precios con persecución a empresas y personas.
Un modelo de control estatal que sigue acercándose a regímenes deprimentes que han fracasado en todo el mundo, que Cristina y una minoría de economistas y seguidores con ideas muy poco actualizadas busca imponerle a la sociedad argentina que ha rechazado esa opción. No luce muy equilibrado para una Jefa de Estado en el final de su mandato y luego de haber perdido las elecciones el año pasado. A pesar de que 7 de cada 10 argentinos votaron en contra de la inflación, el cepo y el modelo estatista de Cristina y Axel Kicillof; la Presidenta gobierna como si no fuera a irse nunca. Insiste y promete profundizar la dosis, aún contra la voluntad popular.
De hecho las últimas encuestas revelan que cada vez hay menos apoyo a la aventura de Cristina contra los fondos buitre, si esto alarga el default y las penurias económicas. Y el funcionario que más influye hoy en las decisiones presidenciales, Axel Kicillof, es quien aparece, medido por su gestión y resultados, con peor imagen en todos los sondeos. Resultó bastante pobre, por cierto, la convocatoria al Luna Park que lanzó el cristinismo ultra para celebrar la malvinización contra los buitres y presentar a Kicillof como el candidato más puro para representar al oficialismo el año próximo. Ni se presentó el Ministro, y la noche de La Cámpora terminó muy deslucida, con figuras en el escenario que no parecen las más apropiadas para sumar votos en una elección. Se abrió Daniel Scioli, tampoco estuvieron los intendentes del peronismo y hasta se ausentaron los movimientos sociales kirchneristas que no quieren una radicalización del gobierno y el gabinete contra el peronismo
Aún así juega libre todavía la Presidenta. El peronismo la seguirá acompañando hasta la puerta del cementerio y la oposición no junta voluntades para frenar esta nueva aventura. Como quienes le ganaron las elecciones el año pasado ya están peleando por anticipado su sucesión, no logran ni siquiera acordar una estrategia común frente al escándalo político que supone la figura de Amado Boudou en la vice-presidencia. Mucho menos una propuesta unificada para evitar el default, más bien opiniones encontradas entre ellos y sus economistas respecto de lo que había que hacer. Tampoco está claro que la oposición pueda lograr frenar en el Congreso las leyes que el oficialismo quiere votar para profundizar el control de precios y la persecución a comercios y empresas. Por eso desde las centrales empresarias se anunció que la pelea terminará en la Justicia, ya que se denuncian como inconstitucionales varios aspectos de la iniciativa oficial. Sobre todo el hecho de que los funcionarios que apliquen las sanciones contra las empresas podrán hacerlo sin que medie la intervención de un juez. Nunca visto, al menos en democracia.
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