Casi jugando a las escondidas, el Gobierno denunció ayer el tratado con España que evitaba la doble imposición tributaria, por lo que las empresas de ese país radicadas en la Argentina deberán empezar a pagar los impuestos a las ganancias y a los bienes personales que antes no abonaban. En la página 49 del Boletín Oficial, se publicó esta decisión por una breve disposición firmada por la Directora de Tratados Internacionales de la Cancillería, Liliana Roche.
Tanto la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como el Ministerio de Economía, que estaban a cargo de la renegociación de estos convenios, habían jurado a LA NACION hace diez días -cuando se denunció un convenio similar con Chile por considerar que daba lugar a maniobras de elusión fiscal- que el tratado con España no se denunciaría.
Sin embargo, la carta que apareció ayer tiene la misma fecha que la que denunció el tratado con Chile: el 29 de junio; un día después, el Gobierno ya no tenía margen de darlo por caído por lo menos hasta mediados de 2013, por lo que fuentes oficiales y del sector privado admitieron su sorpresa y desconcierto ante la decisión publicada ayer. «Se tomó al más alto nivel», se limitó a precisar una fuente participante de las negociaciones, en un eufemismo referido a la presidenta Cristina Kirchner.
La renuncia implica que si no hay un nuevo convenio antes del 31 de diciembre de este año, las empresas españolas, que tienen inversiones por más de US$ 35.000 millones en la Argentina, perderán el beneficio que gozaban de no pagar bienes personales y de abonar una alícuota reducida en ganancias para el pago de dividendos, regalías e intereses, entre otros conceptos.
Aunque todas las empresas ibéricas se verán perjudicadas por esta ruptura del convenio, la acción del organismo que conduce Ricardo Echegaray apunta en particular a las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE), sociedades que se arman en España para operar en otros países, pero que no tributan en ningún territorio.
Al respecto, una fuente oficial que participa de las negociaciones indicó a LA NACION: «Mientras España no acepte que las ETVE son una forma de perjudicar a la Argentina no habrá nuevo acuerdo; la idea es favorecer a sociedades que estén ligadas a inversiones reales». Una fuente del sector privado con acceso a las negociaciones indicó que si España no fue notificada en tiempo y forma, podría presentar una demanda internacional por esta cuestión. Otra representativa fuente de las empresas de ese país expresó que esperan (y ruegan) que haya un acuerdo antes de fin de año.
El tributarista Lucio Giaimo de KMPG explicó que el efecto automático del fin del tratado es que «las empresas argentinas cuyos accionistas son españoles pasarán a pagar bienes personales»; si bien este impuesto grava a las personas, en el caso de los directivos de las sociedades, el impuesto lo paga al fisco primero la empresa, y luego, según el acuerdo particular que tenga, se le retiene el dinero al ejecutivo. La segunda pérdida es que las empresas pasarán a pagar una tasa que ronda el 12% en ganancias al 35%, como el resto de las sociedades.
Giaimo coincidió en que tanto las sociedades plataforma como las ETVE «en muchos casos se arman sólo como holdings a los efectos de aprovechar una ventaja fiscal», pero opinó que el Gobierno podría haber solucionado estos abusos «con inspecciones fiscales».
Previamente, el Gobierno denunció acuerdos similares con Austria y Suiza, mientras promueve otros que le brinden más información sobre los contribuyentes argentinos en el exterior, como el rubricado con Uruguay..
Tanto la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como el Ministerio de Economía, que estaban a cargo de la renegociación de estos convenios, habían jurado a LA NACION hace diez días -cuando se denunció un convenio similar con Chile por considerar que daba lugar a maniobras de elusión fiscal- que el tratado con España no se denunciaría.
Sin embargo, la carta que apareció ayer tiene la misma fecha que la que denunció el tratado con Chile: el 29 de junio; un día después, el Gobierno ya no tenía margen de darlo por caído por lo menos hasta mediados de 2013, por lo que fuentes oficiales y del sector privado admitieron su sorpresa y desconcierto ante la decisión publicada ayer. «Se tomó al más alto nivel», se limitó a precisar una fuente participante de las negociaciones, en un eufemismo referido a la presidenta Cristina Kirchner.
La renuncia implica que si no hay un nuevo convenio antes del 31 de diciembre de este año, las empresas españolas, que tienen inversiones por más de US$ 35.000 millones en la Argentina, perderán el beneficio que gozaban de no pagar bienes personales y de abonar una alícuota reducida en ganancias para el pago de dividendos, regalías e intereses, entre otros conceptos.
Aunque todas las empresas ibéricas se verán perjudicadas por esta ruptura del convenio, la acción del organismo que conduce Ricardo Echegaray apunta en particular a las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE), sociedades que se arman en España para operar en otros países, pero que no tributan en ningún territorio.
Al respecto, una fuente oficial que participa de las negociaciones indicó a LA NACION: «Mientras España no acepte que las ETVE son una forma de perjudicar a la Argentina no habrá nuevo acuerdo; la idea es favorecer a sociedades que estén ligadas a inversiones reales». Una fuente del sector privado con acceso a las negociaciones indicó que si España no fue notificada en tiempo y forma, podría presentar una demanda internacional por esta cuestión. Otra representativa fuente de las empresas de ese país expresó que esperan (y ruegan) que haya un acuerdo antes de fin de año.
El tributarista Lucio Giaimo de KMPG explicó que el efecto automático del fin del tratado es que «las empresas argentinas cuyos accionistas son españoles pasarán a pagar bienes personales»; si bien este impuesto grava a las personas, en el caso de los directivos de las sociedades, el impuesto lo paga al fisco primero la empresa, y luego, según el acuerdo particular que tenga, se le retiene el dinero al ejecutivo. La segunda pérdida es que las empresas pasarán a pagar una tasa que ronda el 12% en ganancias al 35%, como el resto de las sociedades.
Giaimo coincidió en que tanto las sociedades plataforma como las ETVE «en muchos casos se arman sólo como holdings a los efectos de aprovechar una ventaja fiscal», pero opinó que el Gobierno podría haber solucionado estos abusos «con inspecciones fiscales».
Previamente, el Gobierno denunció acuerdos similares con Austria y Suiza, mientras promueve otros que le brinden más información sobre los contribuyentes argentinos en el exterior, como el rubricado con Uruguay..
