29 de Octubre de 2014
A propósito de la nueva ley de hidrocarburos
La superación de la falsa y dañina dicotomía entre Nación y provincias en pleno siglo XXI, fortalece el interés popular y consolida la República.
En 1927, el proyecto de ley de nacionalización del petróleo solicitado por Yrigoyen a Enrique Mosconi recibió media sanción en Diputados. La revolucionaria legislación se proponía, bajo la autoridad de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, terminar con el frente común entre las petroleras extranjeras y el conservadurismo provincial que impedía (o retrasaba) la exploración, explotación, industrialización y comercialización de los hidrocarburos en función del interés nacional. En pocas palabras, la flamante norma resumía la lógica aspiración de otorgar al sector hidrocarburífero un funcionamiento genuinamente federal, esto es, uno en el que la Nación y las provincias interactúen como un todo, ninguna por encima de la otra, promoviendo a la empresa estatal y poniendo coto a los intereses foráneos. Sin embargo, el unitarismo de provincia pudo más. La presión del frente entre multinacionales petroleras y las clases dominantes provinciales desembocaron en el fracaso de la iniciativa en el Senado. Entre los argumentos opositores, además de las consabidas zonceras del Estado ineficiente y mal administrador, los legisladores provinciales esgrimieron el del federalismo, pero un federalismo entendido como un modelo de gestión y explotación de los recursos provinciales al estilo unitario más que verdaderamente federal. Es decir, no como los caudillos del siglo XIX y las masas que los acompañaban proponían aplicar a los recursos y las riquezas generadas en suelo patrio, sino como Rivadavia, Mitre y Tejedor –entre otros– terminaron imponiendo al país profundo y autóctono, ciertamente a fuerza de sangre, fusilamientos y empréstitos británicos. Decían las voces unitarias de entonces, que la Aduana, la renta derivada del intercambio comercial, así como la elaboración y objetivos de sus normativas regulatorias (proteccionismo o apertura, por ejemplo) debían quedar en manos de los porteños por el sólo hecho de estar geográficamente emplazada la puerta de ingreso fluvial y administrativa en la ciudad de Buenos Aires y su provincia homónima. Claro que quedar en manos porteñas significaba, además de la burguesía comercial de la ciudad metrópolis, depender en última instancia de las burguesías manufactureras de las metrópolis europeas. El programa de Rivadavia –llevado a sus últimas consecuencias por Sarmiento, Mitre y los representantes de la Argentina del Centenario– convirtió a las Provincias Unidas en patio trasero europeo y a las provincias argentinas en patio trasero de Buenos Aires (luego la Pampa Húmeda). Si la Argentina del Centenario con el descubrimiento del petróleo en 1907 padeció la zoncera del Agua (ver notas de este autor al respecto), la Argentina del Bicentenario con una de las principales reservas de hidrocarburos del mundo padece la zoncera del federalismo (unitarismo de provincia). Una nueva ley que viene a fusionar al Estado Nacional con las provincias petroleras, y a ambos con la YPF renacionalizada, constituye la clave para asegurar un futuro energético y económico promisorio, reduciendo el margen de maniobra de las tradicionales e históricas maquinaciones separatistas impuestas por el capitalismo extranjero que intentó e intentará dividir para negociar y negociar para acaparar nuestros recursos, con la intención –redundancia disculpada– de pretender convertirnos en patio trasero… una vez más.
LA PESADILLA DE UN ESTADO NACIONAL PETROLERO. Las críticas esgrimidas por el conservadurismo argentino contra la ley de nacionalización petrolera de Yrigoyen, y las críticas del mismo sector contra la nueva ley de hidrocarburos casi 80 años después son esencialmente idénticas. Los días 23 y 24 de septiembre del corriente se realizaron en el Senado de la Nación dos seminarios opositores que pasaron relativamente desapercibidos. Ambos estuvieron dirigidos a analizar críticamente la reforma a la ley de hidrocarburos propuesta por el oficialismo. Abordaremos el primero, titulado «Petróleo, Competencia Federal». El evento contó con las adhesiones especiales del bloque de diputados del Frente Renovador (mención especial a Sergio Massa), del bloque PRO-Unión por Entre Ríos (De Angeli) y del Partido Santa Fe Federal (Reutemann). El acto fue presidido por Juan Carlos Romero y Antonio Cassia del SUPeH, y contó con la participación estelar de Daniel Montamat. El ex gobernador de Salta, luego de repasar los puntos claves de la norma expresó: «Esta ley primero convierte en simbólica las expresiones de la Constitución y su artículo 124 cuando dice que los recursos originarios les pertenecen a las provincias». Reivindica la Ley Corta de 2007 pero se queja de que «a partir de allí, con los decretos, la forma en la que se estatizó YPF y se fue convocando forzadamente a las provincias» todo se vino a pique. Brinda como ejemplos «el discurso del presidente de YPF que fue el primero en retar a los gobernadores por la forma de querer manejar autónomamente los recursos… Y ahora esta ley… que convierte a la Argentina en una sola jurisdicción, un solo Emirato. Como ir a negociar a Dubái: un solo Dubái, un solo gobierno, un solo contrato. La diversidad federal, geográfica y geológica se pierde». Nótese, en primer lugar, cómo Romero se coloca inconscientemente del lado de las empresas. Dice: «Ir a negociar a Dubái.» En segundo lugar y justamente por el punto de vista que asume, lógicamente que un solo gobierno (el Estado nacional) –histórica y primordial pesadilla de las multinacionales petroleras– transmuta también en pesadilla para Romero y el unitarismo de provincia. Acto seguido y al igual que los gobernadores y senadores que, aliados con la Standard Oil, rechazaban a la YPF de Mosconi, ataca a la empresa renacionalizada: «Galuccio va a salir a decir: todo para la Nación, nada para las provincias. Conclusión: el petróleo se va a extraer donde sea más conveniente y no donde las provincias puedan tener una herramienta de desarrollo (¡sic!)».
¡LÍMITE A LA YPF NACIONAL! Daniel Montamat cerró el panel del seminario del 23. Luego de oponerse a una YPF «fofa, llena de derechos aquí y allá que va a tratar de negociar con el que pueda pero sin capacidad de desarrollar esas áreas», advirtió: «Si va a seguir acaparando vamos a terminar con los monopolios débiles, que después no nos sirven. Entonces algún tipo de límite hay que poner». ¡Hay que poner límite a YPF empresa nacional, señores senadores! Luego afirmó: «El poder originario concedente provincial se fue, queda diluido. Este es el caballo de Troya al artículo 124 de la Constitución reformada:… creo que este proyecto invade jurisdicción provincial consagrada por la Constitución». Cabría preguntarse por qué el máximo exponente del neoliberalismo energético defiende el unitarismo de provincia. ¿Acaso por su apego a la Constitución reformada? ¿O será porque la provincialización del recurso (cualquier recurso) es la base para que el capitalismo multinacional imponga sus condiciones ilimitadamente? Acá, como en Medio Oriente, como en la Italia de Enrico Mattei, como en cualquier país latinoamericano no hay peor enemigo para el interés foráneo imperialista que la combinación entre una empresa petrolera nacional, eficiente y pujante como lo es YPF (con alta participación provincial), con una normativa unificada que coloque al Estado nacional como protagonista del sector.
FEDERALISMO EN TIEMPOS DEL BICENTENARIO. Las luchas por una distribución equitativa –entre todos los argentinos y todas las provincias– de los recursos devenidos del comercio exterior a través del control de la Aduana y de las políticas, leyes y designios que regían su funcionamiento, fueron la razón fundamental de nuestras guerras civiles durante el siglo XIX y, con ellas, de las intervenciones extranjeras interesadas en controlar desde afuera el comercio del Plata. En la Argentina del Bicentenario, la cuestión federal no ha sido zanjada aún, ni política ni cultural ni constitucionalmente. No obstante, avances como el registrado en la nueva legislación hidrocarburífera marca un hito en la consolidación de la República Argentina verdadera y efectivamente federal, donde los recursos estratégicos y las decisiones políticas y técnicas que sobre ellos inciden emanan de las 23 provincias que nos constituyen y dan identidad y justificación como Nación. No otra cosa es un Estado Nacional verdadero (en función de un país y no de una semicolonia): 23 provincias (y 24 jurisdicciones) unidas en pos de un objetivo común. Las voces del conservadurismo doméstico opuestas a la nueva ley de hidrocarburos –como la de Romero, Montamat y la del ex gobernador Jorge Sobisch (afirmó por estos días que de aprobarse la ley habrá que «ir a mendigar nuestras propias riquezas a la sede de YPF en Puerto Madero»)– dicen que esta ley beneficia a YPF en detrimento de las restantes operadoras y de las provincias. Que beneficia a YPF es muy cierto, y eso es muy positivo (¡los mitristas olvidan que las provincias están en YPF!); lo otro es la posición lisa y llana de lobbistas estancados en el tiempo de las guerras civiles y el enfrentamiento entre el mitrismo y el país autóctono, verdaderamente federal, popular y latinoamericanista.
¡Dejen de atentar contra la empresa y luchen como Néstor Kirchner para tener más peso en el directorio de YPF si quieren más poder en las decisiones! (Santa Cruz llegó a tener el 4% del paquete accionario; apuntaba al 5% porque eso le hubiera dado el derecho a sentar un director propio en el directorio). La superación de la falsa y dañina dicotomía entre Nación y provincias en pleno siglo XXI –que por sobre cualquier análisis técnico resulta lo más trascendental de la nueva ley– fortalece el interés popular y consolida la República en calidad de Nación. -<dl
