EL PAIS › NOTICIAS DE LA CACERIA JUDICIAL, LA FUGA DE DIVISAS Y LA ESTANFLACION
Aprendices de brujo
La tómbola de Comodoro Py es el instrumento para atribuir los efectos de la política económica a quienes “se robaron todo” y no les dejaron más alternativa. El contador Morales y su esquema binario hicieron escuela. Rosatti y Lorenzetti se disputan la suerte del doctor Glock. Gustavo Arribas en la investigación sobre fuga de divisas, con papá Macrì y tío Blanco Villegas. Casi 50.000 millones de dólares de nueva deuda externa. La lluvia al revés y una inundación que no saben como controlar.
El fuero federal solía actuar como un ámbito de contención y atenuación de los conflictos políticos, hasta que liderado por Ricardo Lorenzetti se convirtió en un acelerador y agravante. Avalado por el Papa Francisco, infundió esa lógica suicida a la corporación judicial a través de unos pocos delegados, entre ellos el presidente de la Cámara Federal de Comodoro Py, Martín Irurzun. A ellos se suman quienes orbitaron durante años en torno de los servicios nacionales e internacionales de Inteligencia, con los privilegios funcionales y económicos que ello supone, ávidos de venganza por el poder de tropelía perdido. También hay espontáneos con sus propias aspiraciones, varios con tantos cadáveres en el ropero que necesitan desviar la curiosidad en otra dirección y también algún tonto que no tiene mejor idea que mandar la policía para detener a una Madre de Plaza de Mayo un jueves a la hora del comienzo de la ronda. Estaba dispuesto a llevarla de las pestañas para que ejerciera su derecho de defensa. Si durante el menemismo la justicia se utilizó para amparar a los propios (con algunas notables excepciones como Domingo Cavallo y Adolfo Scilingo), en los últimos años se constituyó en una temible arma ofensiva. Y nunca hay que subestimar las guerras de bandas que disputan parcelas de poder a dentelladas. Como en un burdel de novela negra cada cual tiene su periodista o senador protegido o protector ya que pocos se aventuran en ese mar infestado de tiburones sin un papito que lo cuide. El paradigma de esta especie es el juez Claudio Glock, un grupo de tareas en sí mismo, ahora empeñado en la devastación de la ex presidente CFK, a quien investiga en tres causas distintas. Con el record de revocatorias y apercibimientos por parte de la Cámara, Glock desdeña las formalidades y avanza sobre expedientes de otros juzgados, por distintos métodos. Su violación de los derechos y garantías de los justiciables es tan frecuente, que la misma Cámara que se cansó de sancionarlo rechazó una recusación de Cristina porque esas arbitrariedades eran tan habituales que no podían considerarse como un sesgo especial en contra de ella. El viernes, Glock se apoderó de la causa en la que su colega Daniel Rafecas desestimó la denuncia del ex fiscal general Natalio Alberto Nisman contra CFK y su ex ministro Héctor Timerman. Glock tratará ahora de imputarla por traición a la patria, un desatino sólo imaginable en un clima de linchamiento estimulado desde el poder. Juegan con frenesí a esa ruleta rusa jueces y fiscales temerosos de su estabilidad, que internalizaron la lógica binaria del gobernador jujeño Gerardo Morales, para quien el mundo se divide entre acusadores y acusados, y donde a cada uno se le informa que tiene libertad para elegir entre esas opciones. La traición a la patria está definida en el artículo 119 de la Constitución y consiste “únicamente en tomar las armas” contra ella, o en unirse a sus enemigos prestándoles ayuda y socorro”, cosa que reitera el Título IX del Código Penal. Para que esto sea posible se requiere la existencia de un estado de guerra con una Nación extranjera, lo cual no es asimilable con un acto terrorista cometido por nacionales de otro país, en caso de que esa hipótesis se probara. Que Glock instruya una causa vinculada con la destrucción del edificio de la DAIA es una aberración, dado que ya fue separado de la investigación por el encubrimiento del atentado (ante la recusación del comisario Juan José Ribelli) por su relación con el ex ministro Carlos Corach, quien fue su primer papito, el que hizo juez a Glock. Lo que nadie recuerda es que además fue sometido a juicio político por denuncia de Horacio Rosatti, entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos de Néstor Kirchner, quien había reconocido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la responsabilidad del Estado por no haber prevenido ni esclarecido el atentado a la DAIA, y asumido el compromiso de que se investigara el encubrimiento y se adecentaran los servicios de Inteligencia. El nombre de Corach fue suficiente para que Miguel Pichetto (viejo operador de José Luis Manzano) desestimara ese juicio político contra el compañero Glock. Contó para ello con la adhesión de su colega Nicolás Fernández. Glock respondió citando a indagatoria a Rosatti por la situación en las cárceles que había denunciado el CELS. Rosatti lo recusó, la Cámara apartó del caso a Glock y el ya ex ministro promovió por segunda vez su juicio político con idéntico fracaso. En su denuncia dijo que Glock lo tenía “como rehén”, tal como hoy intenta hacer con CFK.
Lo que son las vueltas de la vida:
– Jefe del bloque opoficialista de Senadores, Pichetto acaba de defender la postulación de dos personas tan vidriosas como Gustavo Arribas y Silvia Madjalani para encabezar la agencia federal de Inteligencia, pese a la fundada impugnación de un grupo de organizaciones interesadas en el control político de ese submundo. Arribas ya anunció el archivo de aquel compromiso ante la CIDH de transparencia de fondos y procedimientos, que volverán a ser secretos de Estado. Se entiende: con 5,5 millones de dólares es uno de los mencionados en el informe de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados sobre Fuga de Divisas de la Argentina durante el año 2001. Otros integrantes de la lista son Franco Macrì y Jorge Blanco Villegas, el padre y el tío, quienes junto con el actual presidente formaban la cúpula de SOCMA, que quiere decir Sociedades Macrì.
– Ribelli es uno de los abogados de Ibar Pérez Corradi, quien negoció con un sector del gobierno acusar a Aníbal Fernández y con otro extender la sospecha a Ernesto Sanz, a quien la escudería Stiuso (y muy en especial Darío Richarte, asociado de Daniel Angelici) no le perdonan haber expectorado en juicio político a su obediente juez Federico Faggionato Márquez.
– Nicolás Fernández es el operador todo terreno de Lorenzetti, y
– desde el mes pasado Rosatti integra la Corte Suprema de Justicia y de su acto de asunción proscribió a la caterva de jueces federales que forman el séquito del Ihering de Rafaela. Allí Rosatti disputará la suerte de Glock con el Don que lo cobija, el recién casado Lorenzetti, quien medita disfrutar de su fortuna y de su dicha nupcial en otras playas.
Estos señores de la justicia no son los únicos aprendices de brujo. También quienes manejan la economía se comportan como el ratón Mickey en la “Fantasía” de Walt Disney, cuando provoca una inundación que luego no sabe cómo contener. En los primeros seis meses del año la fuga de capitales rozó los 6.000 millones de dólares, la inversión se redujo más del 4 por ciento y el endeudamiento externo creció en forma vertiginosa en 47.000 millones de dólares. En eso consistió la lluvia de dólares pronosticada por la capitulación ante los fondos buitre, subestimando la crítica situación externa y la importancia del consumo para sostener el nivel de actividad. No es ése el único indicador que contraría las expectativas oficiales, o al menos las declaraciones de sus funcionarios, porque siempre queda la duda sobre la índole de esos anuncios: ¿creen lo que dicen y sus expectativas son trituradas por la realidad, con lo que muestran un grado de incompetencia sólo comparable con el de la Primera Alianza, o sólo lanzan globos de colores para distraer la atención mientras se ponen en práctica las medidas redistributivas más drásticas? En realidad, ambas hipótesis no son excluyentes, ya que la incompetencia orientada por un propósito perverso puede conducir a un círculo vicioso descendente del que resulte difícil salir. Este aluvión de dólares al revés y la paralela caída no sólo de la inversión sino también de los demás factores de la demanda global, el consumo y las exportaciones, y con ellos de la producción, del empleo y del salario, no son fáciles de contener. Durante casi diez años, Roberto Lavagna vaticinó que se produciría la temida estanflación, híbrido de estancamiento con inflación. Ahora que el año terminará con una caída del PIB de por lo menos dos puntos y una inflación de casi 50 el ex candidato presidencial de la UCR guarda silencio.
Este cuadro de situación es el tema del vigésimo informe de coyuntura del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), creado por Eduardo Basualdo para la CTA. La evolución económica del primer semestre indica que el objetivo central del gobierno consistió en lograr una drástica modificación a favor del capital en la relación con el trabajo, mientras “las diversas e importantes promesas incumplidas más que errores fueron, y en muchos casos lo siguen siendo, afirmaciones dirigidas a asegurar la viabilidad social y política de ese objetivo primordial”, sostiene. La devaluación, la quita de retenciones y el tarifazo en los servicios públicos provocaron el nivel de inflación anualizado más significativo desde las hiperinflaciones de 1989 y 1990, superior a todos los convenios colectivos que firmaron los sindicatos, de modo que el salario real de los trabajadores registrados del sector privado cayó el 12 por ciento, impacto que fue aún mayor en los ingresos de los asalariados no registrados.
Otro trabajo, éste del Centro de Economía Política (CEPA), estima que las transferencias a favor de los exportadores agropecuarios, mineros e industriales equivalen al total de los subsidios al consumo de gas, que el gobierno intenta compensar con el tarifazo, detenido por la resistencia social y el pantano de los tribunales. El gobierno no supo preverlo pese a que lo mismo le sucedió hace cuatro años a su antecesor, aunque la magnitud de los aumentos era diez veces menor. Satisfecho con haber aportado a la lingüística el descubrimiento de que gauchada deriva de gaucho, el presidente Maurizio Macrì hizo público en la Sociedad Rural que se identifica con su familia materna, los hacendados bonaerenses Blanco Villegas, antes que con su padre, el ladrillero calabrés que emigró hace 70 años. “El campo es mucho más que lo que puede producir, es más que los impuestos que puede pagar, es nuestra historia y emblema”, dijo allí. También asestó a la audiencia otra rústica metáfora: “Trabajamos en el Gobierno para que el campo sienta que se le ha sacado la pata de encima y ahora se le está tendiendo la mano”. Para calcular la dimensión de la gauchada, los investigadores del CEPA establecieron el costo de las retenciones en el primer semestre, sobre el monto de las exportaciones efectivamente realizadas. En los primeros tres meses, el Poder Ejecutivo firmó los decretos 133/2015, 160/2015 y 349/2016 que quitaron y redujeron retenciones a la exportación de productos primarios, manufacturas de origen agropecuario (MOA), productos industriales y al sector minero. Esto implicó una modificación sustancial de la estructura impositiva del comercio exterior. Sólo el 1 por ciento de las exportaciones estaba exento del pago de derechos mientras hoy no pagan derechos el 65 por ciento de los dólares exportados (ver cuadro).
Esa transferencia a los exportadores ascendió a 33.843 millones de pesos, que es el 5 por ciento de la recaudación pública del primer semestre de 2016 (708 mil millones, según información de la Secretaría de Hacienda). El 72 por ciento de ese monto que el Estado resignó fue en beneficio del sector agropecuario, el 15 por ciento de la industria y el 13 por ciento de la minería. Pese a ello, en el primer semestre de 2016 las exportaciones se contrajeron un 2,6 por ciento respecto al mismo período de 2015. Según los datos de la AFIP, en los primeros cinco meses de este año, el peso de los impuestos regresivos creció del 54,8 al 56,9 por ciento del total, mientras el de los impuestos progresivos cayó, del 45,2 al 43,1 por ciento de la recaudación. Con tres puntos más de IVA y 6 menos de retenciones, la estructura impositiva argentina se aleja cada vez más de la equidad, justo cuando el jefe de gabinete Marcos Peña Braun anuncia una reforma integral que con toda probabilidad incrementará este sesgo antipopular. “Lo mejor está por venir”, celebró el presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, quien reclama “una presión fiscal acorde con las capacidades de la actividad y con su necesidad de instrumentos que le permitan ser cada día más eficiente”. Es decir, nueva devaluación y eliminación del 30 por ciento de retenciones a la soja que aún se cobran.
CIFRA describe varios dilemas que asedian al gobierno: reducir la inflación en el mediano plazo prolongando el período recesivo, o estimular la demanda a través de la expansión del gasto público; mantener tasas de interés elevadas en el mercado local para controlar la fuga de capitales o reducirlas para reactivar la economía, pero a costa de la paridad cambiaria; volver a devaluar para recuperar el atraso provocado por la inflación o aferrarse a ese ancla a riesgo de un deterioro adicional de las exportaciones. Las dudas entre alternativas tan opuestas inquietan al pensamiento neoliberal ortodoxo, que ha comenzado a lanzar sobre la política actual el anatema de “populismo conservador”. Todo esto sin hablar de las elecciones primarias que ocurrirán dentro de apenas un año, en las que el gobierno se juega su futuro, entre los fantasmas de Menem y De la Rúa, y cuya boleta convencional o electrónica no es compatible con el famoso Excel de Aranguren.
Aprendices de brujo
La tómbola de Comodoro Py es el instrumento para atribuir los efectos de la política económica a quienes “se robaron todo” y no les dejaron más alternativa. El contador Morales y su esquema binario hicieron escuela. Rosatti y Lorenzetti se disputan la suerte del doctor Glock. Gustavo Arribas en la investigación sobre fuga de divisas, con papá Macrì y tío Blanco Villegas. Casi 50.000 millones de dólares de nueva deuda externa. La lluvia al revés y una inundación que no saben como controlar.
El fuero federal solía actuar como un ámbito de contención y atenuación de los conflictos políticos, hasta que liderado por Ricardo Lorenzetti se convirtió en un acelerador y agravante. Avalado por el Papa Francisco, infundió esa lógica suicida a la corporación judicial a través de unos pocos delegados, entre ellos el presidente de la Cámara Federal de Comodoro Py, Martín Irurzun. A ellos se suman quienes orbitaron durante años en torno de los servicios nacionales e internacionales de Inteligencia, con los privilegios funcionales y económicos que ello supone, ávidos de venganza por el poder de tropelía perdido. También hay espontáneos con sus propias aspiraciones, varios con tantos cadáveres en el ropero que necesitan desviar la curiosidad en otra dirección y también algún tonto que no tiene mejor idea que mandar la policía para detener a una Madre de Plaza de Mayo un jueves a la hora del comienzo de la ronda. Estaba dispuesto a llevarla de las pestañas para que ejerciera su derecho de defensa. Si durante el menemismo la justicia se utilizó para amparar a los propios (con algunas notables excepciones como Domingo Cavallo y Adolfo Scilingo), en los últimos años se constituyó en una temible arma ofensiva. Y nunca hay que subestimar las guerras de bandas que disputan parcelas de poder a dentelladas. Como en un burdel de novela negra cada cual tiene su periodista o senador protegido o protector ya que pocos se aventuran en ese mar infestado de tiburones sin un papito que lo cuide. El paradigma de esta especie es el juez Claudio Glock, un grupo de tareas en sí mismo, ahora empeñado en la devastación de la ex presidente CFK, a quien investiga en tres causas distintas. Con el record de revocatorias y apercibimientos por parte de la Cámara, Glock desdeña las formalidades y avanza sobre expedientes de otros juzgados, por distintos métodos. Su violación de los derechos y garantías de los justiciables es tan frecuente, que la misma Cámara que se cansó de sancionarlo rechazó una recusación de Cristina porque esas arbitrariedades eran tan habituales que no podían considerarse como un sesgo especial en contra de ella. El viernes, Glock se apoderó de la causa en la que su colega Daniel Rafecas desestimó la denuncia del ex fiscal general Natalio Alberto Nisman contra CFK y su ex ministro Héctor Timerman. Glock tratará ahora de imputarla por traición a la patria, un desatino sólo imaginable en un clima de linchamiento estimulado desde el poder. Juegan con frenesí a esa ruleta rusa jueces y fiscales temerosos de su estabilidad, que internalizaron la lógica binaria del gobernador jujeño Gerardo Morales, para quien el mundo se divide entre acusadores y acusados, y donde a cada uno se le informa que tiene libertad para elegir entre esas opciones. La traición a la patria está definida en el artículo 119 de la Constitución y consiste “únicamente en tomar las armas” contra ella, o en unirse a sus enemigos prestándoles ayuda y socorro”, cosa que reitera el Título IX del Código Penal. Para que esto sea posible se requiere la existencia de un estado de guerra con una Nación extranjera, lo cual no es asimilable con un acto terrorista cometido por nacionales de otro país, en caso de que esa hipótesis se probara. Que Glock instruya una causa vinculada con la destrucción del edificio de la DAIA es una aberración, dado que ya fue separado de la investigación por el encubrimiento del atentado (ante la recusación del comisario Juan José Ribelli) por su relación con el ex ministro Carlos Corach, quien fue su primer papito, el que hizo juez a Glock. Lo que nadie recuerda es que además fue sometido a juicio político por denuncia de Horacio Rosatti, entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos de Néstor Kirchner, quien había reconocido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la responsabilidad del Estado por no haber prevenido ni esclarecido el atentado a la DAIA, y asumido el compromiso de que se investigara el encubrimiento y se adecentaran los servicios de Inteligencia. El nombre de Corach fue suficiente para que Miguel Pichetto (viejo operador de José Luis Manzano) desestimara ese juicio político contra el compañero Glock. Contó para ello con la adhesión de su colega Nicolás Fernández. Glock respondió citando a indagatoria a Rosatti por la situación en las cárceles que había denunciado el CELS. Rosatti lo recusó, la Cámara apartó del caso a Glock y el ya ex ministro promovió por segunda vez su juicio político con idéntico fracaso. En su denuncia dijo que Glock lo tenía “como rehén”, tal como hoy intenta hacer con CFK.
Lo que son las vueltas de la vida:
– Jefe del bloque opoficialista de Senadores, Pichetto acaba de defender la postulación de dos personas tan vidriosas como Gustavo Arribas y Silvia Madjalani para encabezar la agencia federal de Inteligencia, pese a la fundada impugnación de un grupo de organizaciones interesadas en el control político de ese submundo. Arribas ya anunció el archivo de aquel compromiso ante la CIDH de transparencia de fondos y procedimientos, que volverán a ser secretos de Estado. Se entiende: con 5,5 millones de dólares es uno de los mencionados en el informe de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados sobre Fuga de Divisas de la Argentina durante el año 2001. Otros integrantes de la lista son Franco Macrì y Jorge Blanco Villegas, el padre y el tío, quienes junto con el actual presidente formaban la cúpula de SOCMA, que quiere decir Sociedades Macrì.
– Ribelli es uno de los abogados de Ibar Pérez Corradi, quien negoció con un sector del gobierno acusar a Aníbal Fernández y con otro extender la sospecha a Ernesto Sanz, a quien la escudería Stiuso (y muy en especial Darío Richarte, asociado de Daniel Angelici) no le perdonan haber expectorado en juicio político a su obediente juez Federico Faggionato Márquez.
– Nicolás Fernández es el operador todo terreno de Lorenzetti, y
– desde el mes pasado Rosatti integra la Corte Suprema de Justicia y de su acto de asunción proscribió a la caterva de jueces federales que forman el séquito del Ihering de Rafaela. Allí Rosatti disputará la suerte de Glock con el Don que lo cobija, el recién casado Lorenzetti, quien medita disfrutar de su fortuna y de su dicha nupcial en otras playas.
Estos señores de la justicia no son los únicos aprendices de brujo. También quienes manejan la economía se comportan como el ratón Mickey en la “Fantasía” de Walt Disney, cuando provoca una inundación que luego no sabe cómo contener. En los primeros seis meses del año la fuga de capitales rozó los 6.000 millones de dólares, la inversión se redujo más del 4 por ciento y el endeudamiento externo creció en forma vertiginosa en 47.000 millones de dólares. En eso consistió la lluvia de dólares pronosticada por la capitulación ante los fondos buitre, subestimando la crítica situación externa y la importancia del consumo para sostener el nivel de actividad. No es ése el único indicador que contraría las expectativas oficiales, o al menos las declaraciones de sus funcionarios, porque siempre queda la duda sobre la índole de esos anuncios: ¿creen lo que dicen y sus expectativas son trituradas por la realidad, con lo que muestran un grado de incompetencia sólo comparable con el de la Primera Alianza, o sólo lanzan globos de colores para distraer la atención mientras se ponen en práctica las medidas redistributivas más drásticas? En realidad, ambas hipótesis no son excluyentes, ya que la incompetencia orientada por un propósito perverso puede conducir a un círculo vicioso descendente del que resulte difícil salir. Este aluvión de dólares al revés y la paralela caída no sólo de la inversión sino también de los demás factores de la demanda global, el consumo y las exportaciones, y con ellos de la producción, del empleo y del salario, no son fáciles de contener. Durante casi diez años, Roberto Lavagna vaticinó que se produciría la temida estanflación, híbrido de estancamiento con inflación. Ahora que el año terminará con una caída del PIB de por lo menos dos puntos y una inflación de casi 50 el ex candidato presidencial de la UCR guarda silencio.
Este cuadro de situación es el tema del vigésimo informe de coyuntura del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), creado por Eduardo Basualdo para la CTA. La evolución económica del primer semestre indica que el objetivo central del gobierno consistió en lograr una drástica modificación a favor del capital en la relación con el trabajo, mientras “las diversas e importantes promesas incumplidas más que errores fueron, y en muchos casos lo siguen siendo, afirmaciones dirigidas a asegurar la viabilidad social y política de ese objetivo primordial”, sostiene. La devaluación, la quita de retenciones y el tarifazo en los servicios públicos provocaron el nivel de inflación anualizado más significativo desde las hiperinflaciones de 1989 y 1990, superior a todos los convenios colectivos que firmaron los sindicatos, de modo que el salario real de los trabajadores registrados del sector privado cayó el 12 por ciento, impacto que fue aún mayor en los ingresos de los asalariados no registrados.
Otro trabajo, éste del Centro de Economía Política (CEPA), estima que las transferencias a favor de los exportadores agropecuarios, mineros e industriales equivalen al total de los subsidios al consumo de gas, que el gobierno intenta compensar con el tarifazo, detenido por la resistencia social y el pantano de los tribunales. El gobierno no supo preverlo pese a que lo mismo le sucedió hace cuatro años a su antecesor, aunque la magnitud de los aumentos era diez veces menor. Satisfecho con haber aportado a la lingüística el descubrimiento de que gauchada deriva de gaucho, el presidente Maurizio Macrì hizo público en la Sociedad Rural que se identifica con su familia materna, los hacendados bonaerenses Blanco Villegas, antes que con su padre, el ladrillero calabrés que emigró hace 70 años. “El campo es mucho más que lo que puede producir, es más que los impuestos que puede pagar, es nuestra historia y emblema”, dijo allí. También asestó a la audiencia otra rústica metáfora: “Trabajamos en el Gobierno para que el campo sienta que se le ha sacado la pata de encima y ahora se le está tendiendo la mano”. Para calcular la dimensión de la gauchada, los investigadores del CEPA establecieron el costo de las retenciones en el primer semestre, sobre el monto de las exportaciones efectivamente realizadas. En los primeros tres meses, el Poder Ejecutivo firmó los decretos 133/2015, 160/2015 y 349/2016 que quitaron y redujeron retenciones a la exportación de productos primarios, manufacturas de origen agropecuario (MOA), productos industriales y al sector minero. Esto implicó una modificación sustancial de la estructura impositiva del comercio exterior. Sólo el 1 por ciento de las exportaciones estaba exento del pago de derechos mientras hoy no pagan derechos el 65 por ciento de los dólares exportados (ver cuadro).
Esa transferencia a los exportadores ascendió a 33.843 millones de pesos, que es el 5 por ciento de la recaudación pública del primer semestre de 2016 (708 mil millones, según información de la Secretaría de Hacienda). El 72 por ciento de ese monto que el Estado resignó fue en beneficio del sector agropecuario, el 15 por ciento de la industria y el 13 por ciento de la minería. Pese a ello, en el primer semestre de 2016 las exportaciones se contrajeron un 2,6 por ciento respecto al mismo período de 2015. Según los datos de la AFIP, en los primeros cinco meses de este año, el peso de los impuestos regresivos creció del 54,8 al 56,9 por ciento del total, mientras el de los impuestos progresivos cayó, del 45,2 al 43,1 por ciento de la recaudación. Con tres puntos más de IVA y 6 menos de retenciones, la estructura impositiva argentina se aleja cada vez más de la equidad, justo cuando el jefe de gabinete Marcos Peña Braun anuncia una reforma integral que con toda probabilidad incrementará este sesgo antipopular. “Lo mejor está por venir”, celebró el presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, quien reclama “una presión fiscal acorde con las capacidades de la actividad y con su necesidad de instrumentos que le permitan ser cada día más eficiente”. Es decir, nueva devaluación y eliminación del 30 por ciento de retenciones a la soja que aún se cobran.
CIFRA describe varios dilemas que asedian al gobierno: reducir la inflación en el mediano plazo prolongando el período recesivo, o estimular la demanda a través de la expansión del gasto público; mantener tasas de interés elevadas en el mercado local para controlar la fuga de capitales o reducirlas para reactivar la economía, pero a costa de la paridad cambiaria; volver a devaluar para recuperar el atraso provocado por la inflación o aferrarse a ese ancla a riesgo de un deterioro adicional de las exportaciones. Las dudas entre alternativas tan opuestas inquietan al pensamiento neoliberal ortodoxo, que ha comenzado a lanzar sobre la política actual el anatema de “populismo conservador”. Todo esto sin hablar de las elecciones primarias que ocurrirán dentro de apenas un año, en las que el gobierno se juega su futuro, entre los fantasmas de Menem y De la Rúa, y cuya boleta convencional o electrónica no es compatible con el famoso Excel de Aranguren.
