MONTEVIDEO.- El presidente uruguayo José Mujica se apresta a promulgar en las próximas horas una ley que implementa un nuevo impuesto al campo, que tiene por objeto castigar la concentración de tierras y que genera rechazo de las entidades agropecuarias.
El proyecto de ley que crea el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) se discutía anoche en el Senado, pero se demoró porque el debate sobre despenalización del aborto llevó más de doce horas.
La senadora Lucía Topolansky, esposa de Mujica, dijo a La Nacion que la decisión de la bancada oficialista era terminar el tratamiento parlamentario en estas horas, para que Mujica pueda promulgar la ley antes de fin de año.
El texto establece que el impuesto sea ascendente según la extensión de cada campo y fija un piso imponible en el caso de propietarios de más de 2000 hectáreas, las que se miden con un índice local sobre productividad de la tierra. El índice Coneat surgió de la Comisión Nacional de Estudio Agronómico de la Tierra, que mide -parcialmente- la capacidad de producción.
En la escala más baja, de 2000 a 5000 hectáreas, el productor pagará un impuesto en pesos uruguayos actualizados por inflación, que hoy equivale a 7,75 dólares por hectárea. La segunda escala va para las extensiones de tierra de entre 5000 y 10.000 hectáreas, que pagan unos 11,60 dólares por hectárea, mientras que los campos más grandes pagan 15,65 dólares por hectárea.
Según los cálculos oficiales, el nuevo impuesto afectará a menos de 1500 de los más de 50.000 productores que hay en el país. El gobierno estima que el impuesto permitirá recaudar unos US$ 60 millones anuales y el destino de esos fondos es el de obras de acceso o de vías rurales en los departamentos del interior del país.
La Asociación Rural del Uruguay (ARU), la Federación Rural y otras entidades criticaron el impuesto por considerar que se cambian las reglas de juego pese a que el presidente Mujica se había comprometido a no hacerlo el verano pasado.
Los legisladores de la oposición utilizaron los argumentos del propio vicepresidente de la República, Danilo Astori, que había sido el que más críticas había expuesto al proyecto. Astori, que además preside el Parlamento uruguayo, aseguró que el impuesto conseguirá un efecto contrario al buscado y que conspira contra el clima de negocios y las inversiones. Pero tras una negociación interna, dijo que acompañaba el proyecto por lealtad partidaria e institucional.
La discusión provocó una tensión en el gobierno, ya que el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y el de Ganadería, Tabaré Aguerre, también discrepaban con el texto y lo consideraban negativo para el país.
En los fundamentos del impuesto, Mujica indicó que «la valorización de la tierra en Uruguay no se ha reflejado fiscalmente» y además ha provocado el desplazamiento de pequeños productores»..
El proyecto de ley que crea el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) se discutía anoche en el Senado, pero se demoró porque el debate sobre despenalización del aborto llevó más de doce horas.
La senadora Lucía Topolansky, esposa de Mujica, dijo a La Nacion que la decisión de la bancada oficialista era terminar el tratamiento parlamentario en estas horas, para que Mujica pueda promulgar la ley antes de fin de año.
El texto establece que el impuesto sea ascendente según la extensión de cada campo y fija un piso imponible en el caso de propietarios de más de 2000 hectáreas, las que se miden con un índice local sobre productividad de la tierra. El índice Coneat surgió de la Comisión Nacional de Estudio Agronómico de la Tierra, que mide -parcialmente- la capacidad de producción.
En la escala más baja, de 2000 a 5000 hectáreas, el productor pagará un impuesto en pesos uruguayos actualizados por inflación, que hoy equivale a 7,75 dólares por hectárea. La segunda escala va para las extensiones de tierra de entre 5000 y 10.000 hectáreas, que pagan unos 11,60 dólares por hectárea, mientras que los campos más grandes pagan 15,65 dólares por hectárea.
Según los cálculos oficiales, el nuevo impuesto afectará a menos de 1500 de los más de 50.000 productores que hay en el país. El gobierno estima que el impuesto permitirá recaudar unos US$ 60 millones anuales y el destino de esos fondos es el de obras de acceso o de vías rurales en los departamentos del interior del país.
La Asociación Rural del Uruguay (ARU), la Federación Rural y otras entidades criticaron el impuesto por considerar que se cambian las reglas de juego pese a que el presidente Mujica se había comprometido a no hacerlo el verano pasado.
Los legisladores de la oposición utilizaron los argumentos del propio vicepresidente de la República, Danilo Astori, que había sido el que más críticas había expuesto al proyecto. Astori, que además preside el Parlamento uruguayo, aseguró que el impuesto conseguirá un efecto contrario al buscado y que conspira contra el clima de negocios y las inversiones. Pero tras una negociación interna, dijo que acompañaba el proyecto por lealtad partidaria e institucional.
La discusión provocó una tensión en el gobierno, ya que el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y el de Ganadería, Tabaré Aguerre, también discrepaban con el texto y lo consideraban negativo para el país.
En los fundamentos del impuesto, Mujica indicó que «la valorización de la tierra en Uruguay no se ha reflejado fiscalmente» y además ha provocado el desplazamiento de pequeños productores»..
