Con argumentos progresistas y el temor a alguna complicación en un mundo más volátil, el Gobierno buscará moderar la inflación tras las elecciones con una suba salarial más moderada en 2012.
Ese será el pilar de la política para frenar la suba de precios ; no habrá «plan antiinflacionario» explícito ni políticas fiscales o monetarias convencionales.
Poco se espera en términos de mejora de la credibilidad de las estadísticas oficiales, que hoy volverán a ser cuestionadas duramente por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington.
Pocos esperan una política monetaria clásica de suba de tasas agresiva, más allá de la registrada en las últimas semanas. «Pero si se modera la suba del gasto, se moderará la demanda de dinero», indicó un economista cercano al Gobierno.
En el BCRA aclaran que esta inflación no es por exceso de demanda y juran que la suba de tasas es transitoria. En cambio, admitieron que la suba internacional de alimentos seguirá incidiendo en el IPC.
En cambio, calificadas fuentes oficiales aseguraron a LA NACION que la intención es plantear una moderación en la suba de los salarios para los convenios colectivos, luego de la recomposición de los últimos años. «La Presidenta ya lo dijo: hay que ser responsables, y eso incluye entender que ahora hay que poner más el acento en la recomposición de los ingresos de los trabajadores más postergados», indicó una fuente que no puede ser sospechada de comulgar con el pensamiento ortodoxo.
Este deseo se enmarca en la idea de que la puja distributiva «se ha suavizado» luego de aumentos salariales que, en promedio, se ubicaron por encima del 30% , pese a que el Gobierno había arrancado el año pensando en un 20%. Para 2012 se empieza con el mismo empuje, aunque habrá que ver cuál es la respuesta de la CGT una vez que la presidenta Cristina Kirchner comience su segundo período, en diciembre próximo. «Hay un sector formal que ya está protegido, por lo que hay que mejorar la situación de los más postergados», sostuvo el funcionario.
En el entorno del ministro de Economía, Amado Boudou, aunque Feletti haya negado que se vayan a usar instrumentos convencionales de política antiinflacionaria, la idea es mejorar las expectativas para la inversión con una contención de la suba del gasto público y que esto derive en una reducción de la suba de los precios. En concreto, la idea es congelar al menos la suba del stock de los subsidios fiscales a las tarifas públicas que benefician a los sectores de clase media y alta desde la devaluación de 2002. Cálculos del estudio Bein indican que los subsidios al transporte y a la energía este año rondarán los $ 78.000 millones, equivalente a 4% del PBI y a 14% del gasto público.
El impacto inflacionario de una suba de las tarifas como la que quieren algunos integrantes del equipo económico sería compensado con una licuación del gasto en el presupuesto 2012, agregaron los analistas de esa consultora. «Seguimos considerando que el Gobierno va a intentar avanzar por el camino de la moderación [esto es, una paritaria en torno al 18%]», sostuvo en un informe.
De hecho, en el proyecto de presupuesto 2012 enviado la semana pasada al Congreso se proyecta un alza del gasto primario del 18,3%. Allí se señala además que las negociaciones colectivas se harán «en un contexto dirigido a obtener la sustentabilidad fiscal».
También Héctor Valle, presidente de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), dijo a LA NACION que «si se piensa con la hipótesis de un escenario estable, es posible que se busque bajar los subsidios a las tarifas y la pauta salarial». Valle subrayó que hay otro factor que presionará a la suba de la inflación: «Hay un aumento del precio internacional de bienes en los cuales la Argentina es muy demandante y tiene déficit, como en el sector energético. Ese aumento incide mucho en los costos de la industria, más que el costo salarial, en el mediano plazo, y además no hay soluciones inmediatas, más allá de promover la inversión, aunque por ahora no se ven grandes proyectos».
De inmediato, agregó que el Gobierno también debería replantear la poca credibilidad de las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). «Es inevitable porque las convenciones de trabajo le pasaron por el costado, y, además, hay otras cifras del Indec, como la variación de precios implícitos o la canasta básica, que están en un 18 por ciento, mucho más cerca de las cifras privadas y las de las provincias», agregó.
Inflación: la premisa del Gobierno es que, si se modera la suba del gasto, se moderará la demanda de dinero. El objetivo es mejorar las expectativas para la inversión con una contención de gasto público, y que esto, al expandir la oferta, derive en una baja de precios.
Subsidios: para este tema, uno de los que más preocupan en la Casa Rosada, la propuesta es congelar por lo menos el aumento del stock de los aportes fiscales al sector energético que benefician a los sectores de las clases media y alta desde 2002.
Monto monstruoso: cálculos privados indican que los subsidios al transporte y a la energía rondarán este año los 78.000 millones de pesos, el equivalente al 4% del PBI y al 14% del gasto público.
Efecto no deseado: a su vez, el impacto inflacionario de una eventual suba de las tarifas sería compensado con una licuación del gasto en el presupuesto 2012..
Ese será el pilar de la política para frenar la suba de precios ; no habrá «plan antiinflacionario» explícito ni políticas fiscales o monetarias convencionales.
Poco se espera en términos de mejora de la credibilidad de las estadísticas oficiales, que hoy volverán a ser cuestionadas duramente por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington.
Pocos esperan una política monetaria clásica de suba de tasas agresiva, más allá de la registrada en las últimas semanas. «Pero si se modera la suba del gasto, se moderará la demanda de dinero», indicó un economista cercano al Gobierno.
En el BCRA aclaran que esta inflación no es por exceso de demanda y juran que la suba de tasas es transitoria. En cambio, admitieron que la suba internacional de alimentos seguirá incidiendo en el IPC.
En cambio, calificadas fuentes oficiales aseguraron a LA NACION que la intención es plantear una moderación en la suba de los salarios para los convenios colectivos, luego de la recomposición de los últimos años. «La Presidenta ya lo dijo: hay que ser responsables, y eso incluye entender que ahora hay que poner más el acento en la recomposición de los ingresos de los trabajadores más postergados», indicó una fuente que no puede ser sospechada de comulgar con el pensamiento ortodoxo.
Este deseo se enmarca en la idea de que la puja distributiva «se ha suavizado» luego de aumentos salariales que, en promedio, se ubicaron por encima del 30% , pese a que el Gobierno había arrancado el año pensando en un 20%. Para 2012 se empieza con el mismo empuje, aunque habrá que ver cuál es la respuesta de la CGT una vez que la presidenta Cristina Kirchner comience su segundo período, en diciembre próximo. «Hay un sector formal que ya está protegido, por lo que hay que mejorar la situación de los más postergados», sostuvo el funcionario.
En el entorno del ministro de Economía, Amado Boudou, aunque Feletti haya negado que se vayan a usar instrumentos convencionales de política antiinflacionaria, la idea es mejorar las expectativas para la inversión con una contención de la suba del gasto público y que esto derive en una reducción de la suba de los precios. En concreto, la idea es congelar al menos la suba del stock de los subsidios fiscales a las tarifas públicas que benefician a los sectores de clase media y alta desde la devaluación de 2002. Cálculos del estudio Bein indican que los subsidios al transporte y a la energía este año rondarán los $ 78.000 millones, equivalente a 4% del PBI y a 14% del gasto público.
El impacto inflacionario de una suba de las tarifas como la que quieren algunos integrantes del equipo económico sería compensado con una licuación del gasto en el presupuesto 2012, agregaron los analistas de esa consultora. «Seguimos considerando que el Gobierno va a intentar avanzar por el camino de la moderación [esto es, una paritaria en torno al 18%]», sostuvo en un informe.
De hecho, en el proyecto de presupuesto 2012 enviado la semana pasada al Congreso se proyecta un alza del gasto primario del 18,3%. Allí se señala además que las negociaciones colectivas se harán «en un contexto dirigido a obtener la sustentabilidad fiscal».
También Héctor Valle, presidente de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), dijo a LA NACION que «si se piensa con la hipótesis de un escenario estable, es posible que se busque bajar los subsidios a las tarifas y la pauta salarial». Valle subrayó que hay otro factor que presionará a la suba de la inflación: «Hay un aumento del precio internacional de bienes en los cuales la Argentina es muy demandante y tiene déficit, como en el sector energético. Ese aumento incide mucho en los costos de la industria, más que el costo salarial, en el mediano plazo, y además no hay soluciones inmediatas, más allá de promover la inversión, aunque por ahora no se ven grandes proyectos».
De inmediato, agregó que el Gobierno también debería replantear la poca credibilidad de las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). «Es inevitable porque las convenciones de trabajo le pasaron por el costado, y, además, hay otras cifras del Indec, como la variación de precios implícitos o la canasta básica, que están en un 18 por ciento, mucho más cerca de las cifras privadas y las de las provincias», agregó.
Inflación: la premisa del Gobierno es que, si se modera la suba del gasto, se moderará la demanda de dinero. El objetivo es mejorar las expectativas para la inversión con una contención de gasto público, y que esto, al expandir la oferta, derive en una baja de precios.
Subsidios: para este tema, uno de los que más preocupan en la Casa Rosada, la propuesta es congelar por lo menos el aumento del stock de los aportes fiscales al sector energético que benefician a los sectores de las clases media y alta desde 2002.
Monto monstruoso: cálculos privados indican que los subsidios al transporte y a la energía rondarán este año los 78.000 millones de pesos, el equivalente al 4% del PBI y al 14% del gasto público.
Efecto no deseado: a su vez, el impacto inflacionario de una eventual suba de las tarifas sería compensado con una licuación del gasto en el presupuesto 2012..
