La administración de Cambiemos ha desplegado una política de acercamiento a Estados Unidos que transitó dos etapas: una primera, bajo la gestión de la canciller Susana Malcorra, con señales nítidas de aproximación, cautelosa y sin sobreactuación y una segunda, desde mediados de 2017, que he llamado unilateralismo periférico concesivo; es decir, hacer concesiones al poderoso para salvaguardar los intereses propios. Si la primera etapa tuvo tintes pragmáticos, la actual es más ideológica.
Un modo de analizar la política exterior de un gobierno consiste en evaluar sus votaciones y pronunciamientos y revisar los datos y acciones.
Por ejemplo, anualmente el Departamento de Estado publica un informe sobre votaciones en la ONU señalando las coincidencias de los países con Washington, tanto en términos del total de resoluciones como de las que Estados Unidos considera las más importantes.
El ministro argentino de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie (Erica Canepa/Bloomberg).
En 2016 (gobierno Obama), Argentina coincidió con Estados Unidos en 52,6% de las votaciones, igual que Chile; Uruguay en 52,1% y Brasil en 56,5%. En 2017 (gobierno Trump), la Argentina coincidió con Estados Unidos en 59%, Uruguay en 47% y Brasil y Chile en 44%.
Una fuente adicional para ponderar las relaciones bilaterales es examinar los comunicados de la Cancillería. En el último año, el Ministerio se manifestó enfáticamente y deploró el gravísimo deterioro en Venezuela, las pruebas misilísticas y nucleares de Corea del Norte, los atentados terroristas en Estados Unidos, Europa, Asia y África, la tragedia humanitaria en Siria y el uso de armas químicas.
Sin embargo, salvo por una comunicación que lamenta el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París y otra que se preocupa por la construcción del muro con México, no hubo desaprobación o crítica al abandono unilateral del compromiso del P5 + 1 con Irán, al lanzamiento de la “madre de todas las bombas” en Afganistán, al traslado de su embajada a Jerusalén en medio de exacerbadas tensiones en Medio Oriente, a la reversión del proceso de normalización con Cuba, a Arabia Saudita -receptor de un masivo suministro de armas de Estados Unidos-, que ha aplicado una política brutal en Yemen; al mayor debilitamiento de la ONU impulsado por Washington y a la detención del programa de refugio para menores centroamericanos, entre otros.
La intención parece ser no irritar a Estados Unidos, a pesar de que muchas de sus acciones riñen con el derecho internacional, la estabilidad mundial y los vínculos interamericanos.
La Argentina continúa con serias dificultades de acceso al mercado estadounidense. En el primer trimestre de 2017 el déficit comercial del país fue de US$ 1.113 millones y para el mismo período en 2018 fue de US$ 1.064: prácticamente ninguna variación.
El Ejecutivo conoció el año pasado la dureza de Washington, que aumentó los aranceles para el biodiesel, y debió aceptar que en 2018 se le aplicaran cuotas a la venta de acero y aluminio: 180.000 toneladas para el acero (en 2017 la Argentina le exportó a Estados Unidos 200.000 toneladas) y 180.000 toneladas para el aluminio (en 2017 las exportaciones llegaron a 260.000 toneladas).
El Ministerio de Seguridad procuró la presencia de más funcionarios de la DEA y aumentó la colaboración con el FBI en lo que hace al desarrollo de “centros de fusión de inteligencia”.
La mayor y estrecha colaboración bilateral no impidió que en el informe del Departamento de Estado de 2018 en materia anti-narcóticos se subrayaran las deficiencias de la Justicia, en el campo del control del lavado de activos y en el uso de jurisdicciones off-shore para actividades criminales.
Al parecer el nuevo embajador estadounidense, Edward Prado, está interesado en “fortalecer la confianza de la gente” en la justicia argentina; algo poco usual que convendrá seguir en detalle.
Edward Prado, embajador de Estados Unidos en la Argentina.
En el ámbito militar ha habido un intento de mejorar los lazos. En marzo de 2018 el Comandante de la Cuarta Flota (creada en 1942, disuelta en 1950 y restablecida en 2008), Sean Buck, visitó Puerto Belgrano, en el marco de lo que se conoce como Maritime Staff Talks y en el que, de acuerdo con el comunicado del Comando Sur, se trató el “respaldo a la estrategia naval global de Estados Unidos”.
Sin embargo, y como señalaron Benjamin Gedan y Kathy Lui en una nota reciente del Argentine Project del Wilson Center, ubicado en Washington, “por el momento, la Argentina carece de las capacidades para proteger sus fronteras y mucho menos resumir su contribución a la seguridad global”.
La eventual intensa relación militar no subsana los severos problemas internos que enfrenta el país en el terreno de su política de defensa y respecto a las fuerzas armadas.
Habrá que ver qué sucede con las relaciones argentino-estadounidenses después del acuerdo con el FMI: sería disfuncional para la Argentina hacer concesiones políticas en temas estratégicos. La debilidad coyuntural no debería conducir a cesiones de impacto estructural negativo para los intereses nacionales.
* Juan Gabriel Tokatlian es profesor plenario Universidad Torcuato Di Tella
Un modo de analizar la política exterior de un gobierno consiste en evaluar sus votaciones y pronunciamientos y revisar los datos y acciones.
Por ejemplo, anualmente el Departamento de Estado publica un informe sobre votaciones en la ONU señalando las coincidencias de los países con Washington, tanto en términos del total de resoluciones como de las que Estados Unidos considera las más importantes.
El ministro argentino de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie (Erica Canepa/Bloomberg).
En 2016 (gobierno Obama), Argentina coincidió con Estados Unidos en 52,6% de las votaciones, igual que Chile; Uruguay en 52,1% y Brasil en 56,5%. En 2017 (gobierno Trump), la Argentina coincidió con Estados Unidos en 59%, Uruguay en 47% y Brasil y Chile en 44%.
Una fuente adicional para ponderar las relaciones bilaterales es examinar los comunicados de la Cancillería. En el último año, el Ministerio se manifestó enfáticamente y deploró el gravísimo deterioro en Venezuela, las pruebas misilísticas y nucleares de Corea del Norte, los atentados terroristas en Estados Unidos, Europa, Asia y África, la tragedia humanitaria en Siria y el uso de armas químicas.
Sin embargo, salvo por una comunicación que lamenta el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París y otra que se preocupa por la construcción del muro con México, no hubo desaprobación o crítica al abandono unilateral del compromiso del P5 + 1 con Irán, al lanzamiento de la “madre de todas las bombas” en Afganistán, al traslado de su embajada a Jerusalén en medio de exacerbadas tensiones en Medio Oriente, a la reversión del proceso de normalización con Cuba, a Arabia Saudita -receptor de un masivo suministro de armas de Estados Unidos-, que ha aplicado una política brutal en Yemen; al mayor debilitamiento de la ONU impulsado por Washington y a la detención del programa de refugio para menores centroamericanos, entre otros.
La intención parece ser no irritar a Estados Unidos, a pesar de que muchas de sus acciones riñen con el derecho internacional, la estabilidad mundial y los vínculos interamericanos.
La Argentina continúa con serias dificultades de acceso al mercado estadounidense. En el primer trimestre de 2017 el déficit comercial del país fue de US$ 1.113 millones y para el mismo período en 2018 fue de US$ 1.064: prácticamente ninguna variación.
El Ejecutivo conoció el año pasado la dureza de Washington, que aumentó los aranceles para el biodiesel, y debió aceptar que en 2018 se le aplicaran cuotas a la venta de acero y aluminio: 180.000 toneladas para el acero (en 2017 la Argentina le exportó a Estados Unidos 200.000 toneladas) y 180.000 toneladas para el aluminio (en 2017 las exportaciones llegaron a 260.000 toneladas).
El Ministerio de Seguridad procuró la presencia de más funcionarios de la DEA y aumentó la colaboración con el FBI en lo que hace al desarrollo de “centros de fusión de inteligencia”.
La mayor y estrecha colaboración bilateral no impidió que en el informe del Departamento de Estado de 2018 en materia anti-narcóticos se subrayaran las deficiencias de la Justicia, en el campo del control del lavado de activos y en el uso de jurisdicciones off-shore para actividades criminales.
Al parecer el nuevo embajador estadounidense, Edward Prado, está interesado en “fortalecer la confianza de la gente” en la justicia argentina; algo poco usual que convendrá seguir en detalle.
Edward Prado, embajador de Estados Unidos en la Argentina.
En el ámbito militar ha habido un intento de mejorar los lazos. En marzo de 2018 el Comandante de la Cuarta Flota (creada en 1942, disuelta en 1950 y restablecida en 2008), Sean Buck, visitó Puerto Belgrano, en el marco de lo que se conoce como Maritime Staff Talks y en el que, de acuerdo con el comunicado del Comando Sur, se trató el “respaldo a la estrategia naval global de Estados Unidos”.
Sin embargo, y como señalaron Benjamin Gedan y Kathy Lui en una nota reciente del Argentine Project del Wilson Center, ubicado en Washington, “por el momento, la Argentina carece de las capacidades para proteger sus fronteras y mucho menos resumir su contribución a la seguridad global”.
La eventual intensa relación militar no subsana los severos problemas internos que enfrenta el país en el terreno de su política de defensa y respecto a las fuerzas armadas.
Habrá que ver qué sucede con las relaciones argentino-estadounidenses después del acuerdo con el FMI: sería disfuncional para la Argentina hacer concesiones políticas en temas estratégicos. La debilidad coyuntural no debería conducir a cesiones de impacto estructural negativo para los intereses nacionales.
* Juan Gabriel Tokatlian es profesor plenario Universidad Torcuato Di Tella
