Cada 24 de marzo, cuando se recuerda el Golpe de Estado de 1976, reaparece la controversia a propósito de la política de derechos humanos llevada adelante en la era Kirchner. Básicamente porque mucha gente considera con razón que ha existido estos años una mirada extremadamente sesgada del Gobierno sobre los trágicos años 70: sólo se persiguen los delitos aberrantes cometidos por los militares, en tanto se justifica y por momentos se enaltecen las acciones terroristas que causaron muchas víctimas perpetradas por las organizaciones políticas armadas de entonces, ERP, Montoneros y demás.
Pero aún en medio de este debate, y fuera de las posiciones extremas por derecha y por izquierda sobre la violencia de los 70 en la Argentina, parece existir hoy, a 40 años del regreso de la Democracia, un consenso mayoritario en el país que rechaza la idea de los Golpes de Estado, mucho menos aceptaría convivir con el terrorismo de Estado o la violencia política ejercida desde el Estado contra individuos particulares. La reacción masiva de la sociedad que se movilizó tras la muerte del fiscal Alberto Nisman tiene algo que ver con ese sentido de preservación.
Es notable cómo la noción del Estado, asociado a la violencia de los 70, genera en la mayoría de la sociedad un categórico y saludable rechazo. Un repudio que, en cambio, no aparece tan mayoritario a la hora de hablar del Estado, por ejemplo, en el manejo de la economía. Parece más aceptable el Rol del Estado para regular el comportamiento de las personas cuando compran o venden.
No se asocia en términos mayoritarios al Estado regulador con el Estado represor, aunque estos años el creciente abuso de Estado para imponer el modelo adquirió contra empresas y particulares figuras nunca antes verificadas en períodos democráticos. Las presiones de Guillermo Moreno, la manipulación de las estadísticas, las regulaciones en el comercio exterior prohibiendo exportar e importar, la persecución impositiva y cambiaria a personas y empresas con el control de cambios y el cepo, resultan algunos ejemplos bien conocidos.
No aparece tan clara en la sociedad, o al menos en los medios cuando se debaten los temas económicos y sociales, el daño que representa el Estado en la Argentina en términos de la vida cotidiana. ¿Quién genera la inflación?, ¿Quién emite moneda sin respaldo y devalúa todos los días aunque no lo reconozca? ¿Quién despilfarra el gasto público y somete a las personas y a las empresas a una presión impositiva ya ridícula, al punto que cada vez más trabajadores son obligados a pagar impuesto a las ganancias? Todo eso es el Estado en la Argentina. También la crisis energética, el estado de los servicios públicos, las escuelas y los hospitales. El reparto inútil de subsidios a los ricos y la clase media, el abandono de las rutas, el abuso de la cadena nacional, la publicidad oficial para extorsionar a los dueños de los medios y torcer las líneas editoriales críticas. Todo eso es el abuso del Estado, con el cuento de que debe existir un rol regulador del Estado cada vez mayor para proteger a los débiles.
Se podrá argumentar que debería existir un Estado bueno, bien administrado, con funcionarios honestos. Puede ser. Pero por ahora no se ha verificado que esto sea posible en la Argentina. Cada vez que aumentamos el rol del Estado en la vida de todos, al país le fue peor. El estatismo en la era Kirchner, que comenzó con Néstor y se profundizó con Cristina no sacó al país de la pobreza ni mucho menos. La actual Presidenta recibió en 2008 unos 8 millones de pobres y posiblemente entregue el mandato con casi el doble de personas y familias en esa condición.
Por no mencionar el abuso del Estado a la hora de contratar bienes y servicios. O el descontrol al que se ha llegado en el Estado con los servicios de inteligencia. Una suerte de Estado paralelo, ilegal, y con licencia para gastar y matar sin rendir cuentas a nadie.
Pero a este Estado regulador devenido en trucho y mafioso no se lo cuestiona tanto. Los candidatos a suceder a Cristina no se animan a enfrentarla en esa lidia. Algunos supuestamente opositores anuncian incluso la intención de seguir estatizando. Y se esfuerzan por evitar que se los asocie con la idea de un ajuste que afecte precisamente los privilegios de este Estado intocable.
Tal vez el amor por el Estado regulador esté más en los medios que en la calle. La gente, como en la mayoría de los países del mundo, suele estar más a la derecha que los medios. Parece hoy con voluntad de cambio, al menos según las encuestas y cómo votó en las últimas elecciones de 2013. No es para menos. Hace décadas que los argentinos son sometidos al llamado Rol del Estado. Está presente todos los días. Presente en la inflación y ausente en la seguridad.
Pero aún en medio de este debate, y fuera de las posiciones extremas por derecha y por izquierda sobre la violencia de los 70 en la Argentina, parece existir hoy, a 40 años del regreso de la Democracia, un consenso mayoritario en el país que rechaza la idea de los Golpes de Estado, mucho menos aceptaría convivir con el terrorismo de Estado o la violencia política ejercida desde el Estado contra individuos particulares. La reacción masiva de la sociedad que se movilizó tras la muerte del fiscal Alberto Nisman tiene algo que ver con ese sentido de preservación.
Es notable cómo la noción del Estado, asociado a la violencia de los 70, genera en la mayoría de la sociedad un categórico y saludable rechazo. Un repudio que, en cambio, no aparece tan mayoritario a la hora de hablar del Estado, por ejemplo, en el manejo de la economía. Parece más aceptable el Rol del Estado para regular el comportamiento de las personas cuando compran o venden.
No se asocia en términos mayoritarios al Estado regulador con el Estado represor, aunque estos años el creciente abuso de Estado para imponer el modelo adquirió contra empresas y particulares figuras nunca antes verificadas en períodos democráticos. Las presiones de Guillermo Moreno, la manipulación de las estadísticas, las regulaciones en el comercio exterior prohibiendo exportar e importar, la persecución impositiva y cambiaria a personas y empresas con el control de cambios y el cepo, resultan algunos ejemplos bien conocidos.
No aparece tan clara en la sociedad, o al menos en los medios cuando se debaten los temas económicos y sociales, el daño que representa el Estado en la Argentina en términos de la vida cotidiana. ¿Quién genera la inflación?, ¿Quién emite moneda sin respaldo y devalúa todos los días aunque no lo reconozca? ¿Quién despilfarra el gasto público y somete a las personas y a las empresas a una presión impositiva ya ridícula, al punto que cada vez más trabajadores son obligados a pagar impuesto a las ganancias? Todo eso es el Estado en la Argentina. También la crisis energética, el estado de los servicios públicos, las escuelas y los hospitales. El reparto inútil de subsidios a los ricos y la clase media, el abandono de las rutas, el abuso de la cadena nacional, la publicidad oficial para extorsionar a los dueños de los medios y torcer las líneas editoriales críticas. Todo eso es el abuso del Estado, con el cuento de que debe existir un rol regulador del Estado cada vez mayor para proteger a los débiles.
Se podrá argumentar que debería existir un Estado bueno, bien administrado, con funcionarios honestos. Puede ser. Pero por ahora no se ha verificado que esto sea posible en la Argentina. Cada vez que aumentamos el rol del Estado en la vida de todos, al país le fue peor. El estatismo en la era Kirchner, que comenzó con Néstor y se profundizó con Cristina no sacó al país de la pobreza ni mucho menos. La actual Presidenta recibió en 2008 unos 8 millones de pobres y posiblemente entregue el mandato con casi el doble de personas y familias en esa condición.
Por no mencionar el abuso del Estado a la hora de contratar bienes y servicios. O el descontrol al que se ha llegado en el Estado con los servicios de inteligencia. Una suerte de Estado paralelo, ilegal, y con licencia para gastar y matar sin rendir cuentas a nadie.
Pero a este Estado regulador devenido en trucho y mafioso no se lo cuestiona tanto. Los candidatos a suceder a Cristina no se animan a enfrentarla en esa lidia. Algunos supuestamente opositores anuncian incluso la intención de seguir estatizando. Y se esfuerzan por evitar que se los asocie con la idea de un ajuste que afecte precisamente los privilegios de este Estado intocable.
Tal vez el amor por el Estado regulador esté más en los medios que en la calle. La gente, como en la mayoría de los países del mundo, suele estar más a la derecha que los medios. Parece hoy con voluntad de cambio, al menos según las encuestas y cómo votó en las últimas elecciones de 2013. No es para menos. Hace décadas que los argentinos son sometidos al llamado Rol del Estado. Está presente todos los días. Presente en la inflación y ausente en la seguridad.
