Respecto del Censo 2001, la cobertura de salud aumentó un 20 por ciento: pasó del 52 por ciento al 63,9. De quienes cuentan con cobertura, casi el 90 por ciento tiene obra social. Más del 85 por ciento de los adultos mayores cobran jubilación o pensión.
La proporción de la población argentina que cuenta con cobertura de salud aumentó más del 20 por ciento en los últimos diez años, y lo mismo sucedió con la cantidad de adultos mayores que tienen acceso a jubilación o la pensión. Así lo indican los nuevos datos definitivos del censo de población realizado el año pasado. De acuerdo con el censo de 2001, la población con cobertura sanitaria por obras sociales, prepagos u otros planes no llegaba al 52 por ciento. El año pasado se acercaba al 64 por ciento. En este marco, y con respecto a los prepagos, el Censo 2010 diferenció por primera vez entre quienes pagan directamente su cuota y quienes tienen la prepaga por derivación del descuento de obra social. Esto permitió establecer que, de las personas con cobertura de salud, casi el 90 por ciento cuenta con obra social, directamente o por prepagos derivados. En cuanto a las jubilaciones y pensiones, más del 85 por ciento de los adultos mayores tiene acceso a estos beneficios, contra el 70,2 que lo obtenía en 2001: el informe del Indec vincula este avance con las políticas públicas y las leyes implementadas entre los años 2005 y 2006, que incluyeron la jubilación para todos.
En rigor, la cobertura estatal de la salud en la Argentina rige para los ciudadanos en general, a través de los hospitales públicos empezó por advertir Roxana Cuevas, coordinadora de Diseño Conceptual del Censo 2010-. En cuanto al 63,9 por ciento que declara tener cobertura de salud, incluye varias categorías: además de los planes estatales de salud, que se desarrollaron en estos últimos 10 años, esta cobertura abarca: las obras sociales, incluido PAMI; las prepagas a través de obras sociales y las prepagas voluntariamente contratadas. En el censo 2001, si alguien le decía al censista que tenía una prepaga, no se le preguntaba si era por pago directo o por derivación de sus aportes de obra social. Ahora sí, y resulta que, sumado el 73 por ciento que tiene obra social directa y el 16 por ciento que tiene prepaga a través de obra social, el 89 por ciento de la población con cobertura de salud tiene obra social.
Esta precisión es importante destacó la funcionaria porque indica si la cobertura en salud proviene de que la persona ponga plata por su cuenta o es por descuento de su empleo: y, en este caso, da cuenta de un empleo en blanco, de la persona misma o de un familiar directo, por intermedio del cual la persona accede a la cobertura de salud. Es un dato fuerte en términos de que hace al estado de salud de la población y a la ejecución de políticas públicas que lo han hecho posible.
El total de los que tienen cobertura en salud desvinculada del sistema de obras sociales se completa con los que tienen prepaga a través de contratación voluntaria, que conforman el ocho por ciento, y los que reciben planes estatales, que llegan al tres por ciento.
También en jubilaciones y pensiones, en comparación con el censo de 2001, se observa un fuerte crecimiento de esta población: los jubilados y pensionados llegan al 93 por ciento de los mayores de 65 años; en 2001 la proporción era del 70,2 por ciento. En todas las provincias argentinas, más del 85 por ciento de la población mayor de 65 años percibe este beneficio, con excepción de Tierra del Fuego, que presenta un régimen de jubilación diferencial al del resto de las jurisdicciones argentinas. En esta provincia es mayor la proporción de gente que deja de trabajar tiempo después de cumplidos los 65, lo cual lleva a que la proporción de mayores de esa edad con acceso al beneficio no supere el 75 por ciento.
El informe observa que en 18 provincias, más del 90 por ciento de la población mayor de 65 años está jubilada. La proporción más elevada se encuentra en La Pampa, con el 95,5 por ciento. Este significativo incremento de las personas jubiladas se explica a partir de las políticas públicas y las leyes implementadas entre los años 2005 y 2006.
Cuevas destacó que en la Argentina hay seis millones de personas que reciben jubilación o pensión; de ellos, 1.300.000 reciben pensiones no contributivas asistenciables o graciables. Las pensiones asistenciales cubren a tres grandes grupos poblacionales: las personas con más de siete hijos; las personas con discapacidad; y los adultos mayores que no tienen ninguna jubilación o pensión de otro orden. En cuanto a las pensiones graciables, son otorgadas por el Poder Legislativo. El censo de 2001 todavía no diferenciaba entre distintos tipos de jubilación y pensión. Es importante haberlo hecho porque da cuenta de la inmensa masa de población necesitada que el Estado acude a subsidiar, puntualizó la funcionaria.
El censo también estableció que un 12 por ciento del total de la población manifiesta tener dificultades o limitaciones permanentes (físicas y/o mentales), que incluyen dificultades visuales, auditivas, cognitivas y motoras para agarrar objetos y para movilizarse). Este porcentaje incluye a las que son efectivamente discapacitadas, pero la determinación de la cantidad de personas con discapacidad se efectuará en verdad mediante la Segunda Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad, que se efectuará entre 2012 y 2013, puntualizó Cuevas.
La proporción de la población argentina que cuenta con cobertura de salud aumentó más del 20 por ciento en los últimos diez años, y lo mismo sucedió con la cantidad de adultos mayores que tienen acceso a jubilación o la pensión. Así lo indican los nuevos datos definitivos del censo de población realizado el año pasado. De acuerdo con el censo de 2001, la población con cobertura sanitaria por obras sociales, prepagos u otros planes no llegaba al 52 por ciento. El año pasado se acercaba al 64 por ciento. En este marco, y con respecto a los prepagos, el Censo 2010 diferenció por primera vez entre quienes pagan directamente su cuota y quienes tienen la prepaga por derivación del descuento de obra social. Esto permitió establecer que, de las personas con cobertura de salud, casi el 90 por ciento cuenta con obra social, directamente o por prepagos derivados. En cuanto a las jubilaciones y pensiones, más del 85 por ciento de los adultos mayores tiene acceso a estos beneficios, contra el 70,2 que lo obtenía en 2001: el informe del Indec vincula este avance con las políticas públicas y las leyes implementadas entre los años 2005 y 2006, que incluyeron la jubilación para todos.
En rigor, la cobertura estatal de la salud en la Argentina rige para los ciudadanos en general, a través de los hospitales públicos empezó por advertir Roxana Cuevas, coordinadora de Diseño Conceptual del Censo 2010-. En cuanto al 63,9 por ciento que declara tener cobertura de salud, incluye varias categorías: además de los planes estatales de salud, que se desarrollaron en estos últimos 10 años, esta cobertura abarca: las obras sociales, incluido PAMI; las prepagas a través de obras sociales y las prepagas voluntariamente contratadas. En el censo 2001, si alguien le decía al censista que tenía una prepaga, no se le preguntaba si era por pago directo o por derivación de sus aportes de obra social. Ahora sí, y resulta que, sumado el 73 por ciento que tiene obra social directa y el 16 por ciento que tiene prepaga a través de obra social, el 89 por ciento de la población con cobertura de salud tiene obra social.
Esta precisión es importante destacó la funcionaria porque indica si la cobertura en salud proviene de que la persona ponga plata por su cuenta o es por descuento de su empleo: y, en este caso, da cuenta de un empleo en blanco, de la persona misma o de un familiar directo, por intermedio del cual la persona accede a la cobertura de salud. Es un dato fuerte en términos de que hace al estado de salud de la población y a la ejecución de políticas públicas que lo han hecho posible.
El total de los que tienen cobertura en salud desvinculada del sistema de obras sociales se completa con los que tienen prepaga a través de contratación voluntaria, que conforman el ocho por ciento, y los que reciben planes estatales, que llegan al tres por ciento.
También en jubilaciones y pensiones, en comparación con el censo de 2001, se observa un fuerte crecimiento de esta población: los jubilados y pensionados llegan al 93 por ciento de los mayores de 65 años; en 2001 la proporción era del 70,2 por ciento. En todas las provincias argentinas, más del 85 por ciento de la población mayor de 65 años percibe este beneficio, con excepción de Tierra del Fuego, que presenta un régimen de jubilación diferencial al del resto de las jurisdicciones argentinas. En esta provincia es mayor la proporción de gente que deja de trabajar tiempo después de cumplidos los 65, lo cual lleva a que la proporción de mayores de esa edad con acceso al beneficio no supere el 75 por ciento.
El informe observa que en 18 provincias, más del 90 por ciento de la población mayor de 65 años está jubilada. La proporción más elevada se encuentra en La Pampa, con el 95,5 por ciento. Este significativo incremento de las personas jubiladas se explica a partir de las políticas públicas y las leyes implementadas entre los años 2005 y 2006.
Cuevas destacó que en la Argentina hay seis millones de personas que reciben jubilación o pensión; de ellos, 1.300.000 reciben pensiones no contributivas asistenciables o graciables. Las pensiones asistenciales cubren a tres grandes grupos poblacionales: las personas con más de siete hijos; las personas con discapacidad; y los adultos mayores que no tienen ninguna jubilación o pensión de otro orden. En cuanto a las pensiones graciables, son otorgadas por el Poder Legislativo. El censo de 2001 todavía no diferenciaba entre distintos tipos de jubilación y pensión. Es importante haberlo hecho porque da cuenta de la inmensa masa de población necesitada que el Estado acude a subsidiar, puntualizó la funcionaria.
El censo también estableció que un 12 por ciento del total de la población manifiesta tener dificultades o limitaciones permanentes (físicas y/o mentales), que incluyen dificultades visuales, auditivas, cognitivas y motoras para agarrar objetos y para movilizarse). Este porcentaje incluye a las que son efectivamente discapacitadas, pero la determinación de la cantidad de personas con discapacidad se efectuará en verdad mediante la Segunda Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad, que se efectuará entre 2012 y 2013, puntualizó Cuevas.
