El Colegio Único de Corredores Inmobiliarios porteño (Cucicba), el ente que regula la actividad del sector dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autorizó a las inmobiliarias a duplicar la comisión que se les cobra a los inquilinos.
Según el articulo 17 de la Ley 2340, las inmobiliarias solo pueden cobrar de comisión el 4,15 por ciento del valor total del contrato de locación. No obstante, muchas se quedan con un monto similar al costo de uno, dos o tres meses de alquiler de forma ilegal.
Ahora el Cucicba invalidó el tope vigente en su resolución número trescientos cincuenta: “Los Corredores Inmobiliarios podrán fijar por contrato escrito celebrado con sus comitentes o con quienes resulten cocontratantes, el monto de sus honorarios y de los gastos, debiendo observar los usos, prácticas y costumbres imperantes, así como los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres”, establece el artículo uno de la misma.
“Lo que el Colegio recomienda es un honorario de entre uno y dos meses, en línea con los usos y las costumbres. Pero las partes ahora pueden negociar y firmar que sea sólo medio mes o que sean tres o cuatro. Rige la oferta y la demanda”, afirmó el presidente de Cucicba, Héctor D’Odorico en declaraciones al diario Clarín.
Desde el sector inmobiliario justifican la resolución al sostener que la norma porteña con respecto al tope máximo quedó anulada cuando entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que en su artículo 1.255 establece que “las leyes arancelarias no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el precio de las obras o de los servicios”.
La norma generó polémica en algunos sectores que consideran que con esta medida se persigue legalizar la estafa que cometían varias inmobiliarias de cobrar una suma superior a la autorizada por la ley 2340.
De hecho, en octubre pasado la Justicia porteña ordenó al Cucicba que cumpliera con la ley de acceso a la información pública para identificar a las inmobiliarias que cobraban más comisión que la permitida. El juez Marcelo López Alfonsín hizo lugar a una acción de amparo impulsada por el legislador porteño Fernando Muñoz, para regular el ejercicio del corretaje inmobiliario en la ciudad.
Según el articulo 17 de la Ley 2340, las inmobiliarias solo pueden cobrar de comisión el 4,15 por ciento del valor total del contrato de locación. No obstante, muchas se quedan con un monto similar al costo de uno, dos o tres meses de alquiler de forma ilegal.
Ahora el Cucicba invalidó el tope vigente en su resolución número trescientos cincuenta: “Los Corredores Inmobiliarios podrán fijar por contrato escrito celebrado con sus comitentes o con quienes resulten cocontratantes, el monto de sus honorarios y de los gastos, debiendo observar los usos, prácticas y costumbres imperantes, así como los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres”, establece el artículo uno de la misma.
“Lo que el Colegio recomienda es un honorario de entre uno y dos meses, en línea con los usos y las costumbres. Pero las partes ahora pueden negociar y firmar que sea sólo medio mes o que sean tres o cuatro. Rige la oferta y la demanda”, afirmó el presidente de Cucicba, Héctor D’Odorico en declaraciones al diario Clarín.
Desde el sector inmobiliario justifican la resolución al sostener que la norma porteña con respecto al tope máximo quedó anulada cuando entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que en su artículo 1.255 establece que “las leyes arancelarias no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el precio de las obras o de los servicios”.
La norma generó polémica en algunos sectores que consideran que con esta medida se persigue legalizar la estafa que cometían varias inmobiliarias de cobrar una suma superior a la autorizada por la ley 2340.
De hecho, en octubre pasado la Justicia porteña ordenó al Cucicba que cumpliera con la ley de acceso a la información pública para identificar a las inmobiliarias que cobraban más comisión que la permitida. El juez Marcelo López Alfonsín hizo lugar a una acción de amparo impulsada por el legislador porteño Fernando Muñoz, para regular el ejercicio del corretaje inmobiliario en la ciudad.
