Durante el largo fin de semana siguió girando la danza de candidatos para dirigir la nueva YPF. Las miradas se centraron en Miguel Gallucio, un ingeniero de 44 años egresado del ITBA, que trabaja en Londres para Schlumberger, la principal competidora de Halliburton en la prestación de servicios petroleros.
Gallucio ya se habría entrevistado con Cristina Kirchner y habría aceptado el cargo. En estas horas está formando el equipo que lo acompañaría en su gestión.
El postulante trabajó en la YPF de José Estenssoro y después se trasladó a Houston y a Londres. Contratado por Schlumberger, inauguró en esa compañía una sección de exploración de hidrocarburos. Se trata de un técnico especializado en lo que pretende fomentar la Presidenta: contratos de joint ventures con grandes productoras. Es el modelo que Gallucio desarrolló en México, donde asoció a Schlumberger con la monopólica Pemex. Gallucio está en Buenos Aires desde hace una semana.
Una de las incógnitas sobre el nuevo CEO de YPF es si podrá cubrir con alguien de confianza varias direcciones decisivas, sobre todo la de Exploración y Producción, hoy a cargo de Exequiel Espinosa, el presidente de Enarsa. En estas horas en el seno del poder se libra una durísima batalla por estas posiciones.
La autonomía de Gallucio estará relativizada por un directorio muy politizado. Pero en la intimidad de Olivos circula un comentario que jamás la Presidenta repetirá en público: «Con la profesionalización de YPF ella quiere corregir, en alguna medida, los defectos que encuentra en Aerolíneas».
La permanencia de Julio De Vido y Axel Kicillof al frente de la empresa no puede prolongarse. Como detectó el diputado de Pro Pablo Tonelli, esos funcionarios estarían violando la ley de ética pública, que prohíbe que alguien ejerza una función que a la vez debe controlar. La restricción penaliza también a los beneficiarios de decisiones adoptadas en ese marco irregular.
Si no fuera por la emoción de unos doscientos diputados, se diría que la estatización de YPF avanzaba ayer en el Congreso como un trámite de rutina. La adrenalina de Cristina Kirchner bulle por otros motivos. Pretende revelar el nombre del nuevo presidente de la petrolera la semana próxima y exhibir el primer convenio con alguna gran operadora. Tiene razón: el aspecto de la captura de las acciones de Repsol debe ser, cuanto antes, corregido.
La Presidenta pretende anunciar algún acuerdo de explotación con alguna petrolera relevante. De Vido anda detrás de una gran empresa norteamericana. En el gabinete insisten en que Barack Obama interesó a la Presidenta en las compañías de su país. Pero las autoridades de los Estados Unidos aseguran que «en la entrevista de Cartagena no hubo una sola palabra sobre energía, y en la anterior, de Cannes, la que sacó el tema fue Cristina».
El ministro de Planificación está realizando una ronda muy variada de consultas. Ya habló con representantes de las estadounidenses Exxon, Chevron y Connoco Phillips, con los de la alemana E.ON y la noruega Statoil.
Chevron fue la que menos reparos presentó para sellar un acuerdo. No debería sorprender. Cuando en febrero de 2007, en nombre de la soberanía energética venezolana, Hugo Chávez estatizó las explotaciones de la Faja del Orinoco, Exxon y Connoco Phillips abandonaron el país, pero Chevron permaneció. La decisión fue tomada por el responsable para América latina y Africa, Ali Moshiri, quien ahora analiza una eventual alianza con YPF.
La presión que la señora de Kirchner aplica sobre De Vido para que firme un contrato con alguna multinacional se debe a razones económicas, pero también estéticas. Ella quiere corregir la pésima imagen de su avance sobre YPF, que Antonio Brufau acaba de calificar como «pillaje» ante el directorio de Repsol.
Si entre los eventuales concesionarios existen recelos, en el mundo de los contratistas de YPF reina el optimismo. Empeñada en maximizar la ganancia que se repartiría en dividendos, la conducción Eskenazi había sido muy restrictiva con el gasto. Ahora las empresas de servicios esperan una ola de bonanza, sobre todo porque especulan con los apremios del Gobierno para aumentar la producción.
La premura oficial es comprensible. La estatización de YPF no liquidará la crisis energética. A lo sumo trasladará a esa compañía parte del costo fiscal de las costosísimas importaciones de gas, fueloil y gasoil. Cristina Kirchner quiso que los accionistas privados de la petrolera se hicieran cargo del costo del subsidio. Pero los Eskenazi le comunicaron que no podrían hacerlo, porque dependían de Repsol. Para ella ese día fracasó la intervención de YPF a través de esos «expertos en mercados regulados», hasta entonces entrañables. En adelante sería el Estado, convertido en accionista, el que alinearía a la empresa con las necesidades del Gobierno. Kicillof explicitó ese objetivo con loable sinceridad en su presentación ante el Senado: la energía seguirá siendo subsidiada aun a expensas de YPF.
Las provincias y los sindicatos petroleros miran este cambio de roles con extrema preocupación. Los gobernadores prevén que ya no cobrarán las regalías como hasta ahora. Miguel Pichetto lo anunció en su discurso del Senado: con la apropiación de YPF la administración central recupera un recurso que jamás debió ser provincializado. En otras palabras: la estatización es una nacionalización indirecta. El santacruceño Daniel Peralta ya se dio cuenta. De Vido le comunicó que debía devolver a YPF las áreas que le había quitado por déficit en la producción. A él no se le cruzó por la cabeza exigir a los nuevos dueños un plan de inversiones.
Tal vez no haya hoy una demostración más contundente del poder de Cristina Kirchner que la docilidad con que los gobernadores petroleros se flagelan. Es una prueba de que, igual que en la escala nacional, tampoco existe oposición en las provincias.
El nuevo orden también mortifica a los sindicatos. Sus afiliados, que han tenido un formidable progreso salarial en esta década, se convertirán en empleados públicos. Sensible a este malestar, De Vido está negociando con los gremios alguna forma de cogobierno. Ya sedujo a Antonio Cassia (SUPE) y a Alberto Roberti (Federación de Petroleros Privados). El neuquino Guillermo Pereyra es más esquivo.
La pregunta que se realizan los expertos es si YPF está en condiciones de hacerse cargo de un subsidio gigantesco. La respuesta es negativa. La empresa anunció que no tendría inconvenientes para abastecer la demanda de naftas. Pero durante el fin de semana pasado la oferta se redujo casi sólo a la variedad premium, lo que supone un significativo aumento de precios. Con el gas para la industria sucedió algo similar: con apenas una pequeña ola de frío hubo que suspender innumerables prestaciones.
Varios especialistas están asombrados por una rareza del Gobierno. Uno de ellos la explicó así: «Las grandes estatizaciones, como las de Chávez, Carlos Andrés Pérez o Putin, se han realizado cuando el político advierte una gran rentabilidad que no quiere ceder a los privados. Pero con la toma de YPF la Presidenta ha hecho lo contrario, se ha inoculado la crisis».
En la sesión parlamentaria de ayer esa paradoja no se percibía. Los kirchneristas bajaron al recinto con el orgulloso pin de YPF en la solapa. Casi todos sus rivales los envidiaban. La estatización navegaba sin obstáculos. Para coronar la armonía, Julián Domínguez trajo una orquesta de cámara para tocar unos acordes en el recinto. Un desubicado de Pro comentó por lo bajo: «Han creado la atmósfera de la borda del Titanic». Nunca falta un bromista de mal gusto..
Gallucio ya se habría entrevistado con Cristina Kirchner y habría aceptado el cargo. En estas horas está formando el equipo que lo acompañaría en su gestión.
El postulante trabajó en la YPF de José Estenssoro y después se trasladó a Houston y a Londres. Contratado por Schlumberger, inauguró en esa compañía una sección de exploración de hidrocarburos. Se trata de un técnico especializado en lo que pretende fomentar la Presidenta: contratos de joint ventures con grandes productoras. Es el modelo que Gallucio desarrolló en México, donde asoció a Schlumberger con la monopólica Pemex. Gallucio está en Buenos Aires desde hace una semana.
Una de las incógnitas sobre el nuevo CEO de YPF es si podrá cubrir con alguien de confianza varias direcciones decisivas, sobre todo la de Exploración y Producción, hoy a cargo de Exequiel Espinosa, el presidente de Enarsa. En estas horas en el seno del poder se libra una durísima batalla por estas posiciones.
La autonomía de Gallucio estará relativizada por un directorio muy politizado. Pero en la intimidad de Olivos circula un comentario que jamás la Presidenta repetirá en público: «Con la profesionalización de YPF ella quiere corregir, en alguna medida, los defectos que encuentra en Aerolíneas».
La permanencia de Julio De Vido y Axel Kicillof al frente de la empresa no puede prolongarse. Como detectó el diputado de Pro Pablo Tonelli, esos funcionarios estarían violando la ley de ética pública, que prohíbe que alguien ejerza una función que a la vez debe controlar. La restricción penaliza también a los beneficiarios de decisiones adoptadas en ese marco irregular.
Si no fuera por la emoción de unos doscientos diputados, se diría que la estatización de YPF avanzaba ayer en el Congreso como un trámite de rutina. La adrenalina de Cristina Kirchner bulle por otros motivos. Pretende revelar el nombre del nuevo presidente de la petrolera la semana próxima y exhibir el primer convenio con alguna gran operadora. Tiene razón: el aspecto de la captura de las acciones de Repsol debe ser, cuanto antes, corregido.
La Presidenta pretende anunciar algún acuerdo de explotación con alguna petrolera relevante. De Vido anda detrás de una gran empresa norteamericana. En el gabinete insisten en que Barack Obama interesó a la Presidenta en las compañías de su país. Pero las autoridades de los Estados Unidos aseguran que «en la entrevista de Cartagena no hubo una sola palabra sobre energía, y en la anterior, de Cannes, la que sacó el tema fue Cristina».
El ministro de Planificación está realizando una ronda muy variada de consultas. Ya habló con representantes de las estadounidenses Exxon, Chevron y Connoco Phillips, con los de la alemana E.ON y la noruega Statoil.
Chevron fue la que menos reparos presentó para sellar un acuerdo. No debería sorprender. Cuando en febrero de 2007, en nombre de la soberanía energética venezolana, Hugo Chávez estatizó las explotaciones de la Faja del Orinoco, Exxon y Connoco Phillips abandonaron el país, pero Chevron permaneció. La decisión fue tomada por el responsable para América latina y Africa, Ali Moshiri, quien ahora analiza una eventual alianza con YPF.
La presión que la señora de Kirchner aplica sobre De Vido para que firme un contrato con alguna multinacional se debe a razones económicas, pero también estéticas. Ella quiere corregir la pésima imagen de su avance sobre YPF, que Antonio Brufau acaba de calificar como «pillaje» ante el directorio de Repsol.
Si entre los eventuales concesionarios existen recelos, en el mundo de los contratistas de YPF reina el optimismo. Empeñada en maximizar la ganancia que se repartiría en dividendos, la conducción Eskenazi había sido muy restrictiva con el gasto. Ahora las empresas de servicios esperan una ola de bonanza, sobre todo porque especulan con los apremios del Gobierno para aumentar la producción.
La premura oficial es comprensible. La estatización de YPF no liquidará la crisis energética. A lo sumo trasladará a esa compañía parte del costo fiscal de las costosísimas importaciones de gas, fueloil y gasoil. Cristina Kirchner quiso que los accionistas privados de la petrolera se hicieran cargo del costo del subsidio. Pero los Eskenazi le comunicaron que no podrían hacerlo, porque dependían de Repsol. Para ella ese día fracasó la intervención de YPF a través de esos «expertos en mercados regulados», hasta entonces entrañables. En adelante sería el Estado, convertido en accionista, el que alinearía a la empresa con las necesidades del Gobierno. Kicillof explicitó ese objetivo con loable sinceridad en su presentación ante el Senado: la energía seguirá siendo subsidiada aun a expensas de YPF.
Las provincias y los sindicatos petroleros miran este cambio de roles con extrema preocupación. Los gobernadores prevén que ya no cobrarán las regalías como hasta ahora. Miguel Pichetto lo anunció en su discurso del Senado: con la apropiación de YPF la administración central recupera un recurso que jamás debió ser provincializado. En otras palabras: la estatización es una nacionalización indirecta. El santacruceño Daniel Peralta ya se dio cuenta. De Vido le comunicó que debía devolver a YPF las áreas que le había quitado por déficit en la producción. A él no se le cruzó por la cabeza exigir a los nuevos dueños un plan de inversiones.
Tal vez no haya hoy una demostración más contundente del poder de Cristina Kirchner que la docilidad con que los gobernadores petroleros se flagelan. Es una prueba de que, igual que en la escala nacional, tampoco existe oposición en las provincias.
El nuevo orden también mortifica a los sindicatos. Sus afiliados, que han tenido un formidable progreso salarial en esta década, se convertirán en empleados públicos. Sensible a este malestar, De Vido está negociando con los gremios alguna forma de cogobierno. Ya sedujo a Antonio Cassia (SUPE) y a Alberto Roberti (Federación de Petroleros Privados). El neuquino Guillermo Pereyra es más esquivo.
La pregunta que se realizan los expertos es si YPF está en condiciones de hacerse cargo de un subsidio gigantesco. La respuesta es negativa. La empresa anunció que no tendría inconvenientes para abastecer la demanda de naftas. Pero durante el fin de semana pasado la oferta se redujo casi sólo a la variedad premium, lo que supone un significativo aumento de precios. Con el gas para la industria sucedió algo similar: con apenas una pequeña ola de frío hubo que suspender innumerables prestaciones.
Varios especialistas están asombrados por una rareza del Gobierno. Uno de ellos la explicó así: «Las grandes estatizaciones, como las de Chávez, Carlos Andrés Pérez o Putin, se han realizado cuando el político advierte una gran rentabilidad que no quiere ceder a los privados. Pero con la toma de YPF la Presidenta ha hecho lo contrario, se ha inoculado la crisis».
En la sesión parlamentaria de ayer esa paradoja no se percibía. Los kirchneristas bajaron al recinto con el orgulloso pin de YPF en la solapa. Casi todos sus rivales los envidiaban. La estatización navegaba sin obstáculos. Para coronar la armonía, Julián Domínguez trajo una orquesta de cámara para tocar unos acordes en el recinto. Un desubicado de Pro comentó por lo bajo: «Han creado la atmósfera de la borda del Titanic». Nunca falta un bromista de mal gusto..
