La presidenta Michelle Bachelet ha decidido combatir la desigualdad en Chile en todos sus frentes y en los primeros cuatro meses de su segundo Gobierno, que arrancó el 11 de marzo pasado, la socialista se ha encargado de sentar las bases de las políticas que le permitirán superar la inequidad. Esta semana ha sido el turno de las obras públicas: la mandataria anunció un ambicioso plan de construcción de infraestructuras por un valor de unos 20.470 millones de euros hasta 2021.
“Chile ha emprendido un camino de transformaciones para terminar con la desigualdad en todas sus dimensiones y para crecer a buen ritmo, pero a la vez, con sostenibilidad y con inclusión. Para eso, la infraestructura es fundamental porque es la expresión material de la patria que vamos construyendo juntos, entendiendo que es una responsabilidad compartida”, señaló Bachelet el jueves pasado en el aeropuerto de Santiago, cuyas instalaciones visitó.
La presidenta explicó que el proyecto Infraestructura, Desarrollo e Inclusión del Ministerio de Obras Públicas (MOP) se hace cargo de los desafíos pendientes tanto a corto como a largo plazo: “Estamos pensando en el horizonte del año 2030, fecha en la que aspiramos a llegar a un ingreso de 30.000 dólares per cápita [unos 22.000 euros]”. El Gobierno estima que la competencia y el desarrollo equitativo se han visto limitados por las infraestructuras y el bajo nivel de inversión en los últimos ocho años —Bachelet gobernó entre 2006 y 2010— lo que busca revertir a través de dinero público y privado.
Chile invierte un 2,5% de su Producto Interior Bruto en infraestructuras y bienes públicos (unos 5.000 millones de euros al año). El Ejecutivo calcula que, para lograr un nivel similar al de los países desarrollados, se requiere una inversión de un 3,5% del PIB en los próximos ocho años, lo que se lograría con ese plan de 20.470 millones adicionales.
El plan contempla dos áreas de inversión. La primera se realizará entre 2014 y 2021 por un monto de 13.200 millones de euros y engloba una serie de obras públicas en regiones del norte y del sur de Chile, como la pavimentación de caminos rurales, la construcción de grandes y pequeños embalses y el Plan de Conectividad Austral, entre otras iniciativas.
La segunda tendrá una inversión de 7.270 millones de euros, se ejecutará entre 2014 y 2020 y se focalizará en mejorar la infraestructura viaria tanto en Santiago como en el resto del país. La mayoría aún está sin licitar.
De los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Chile es el que tiene ciudades más segregadas. De los cerca de 90.000 kilómetros que componen la red de carreteras, sólo un 23% está asfaltado, mientras que en el resto de los países de la organización esta cifra llega a un 79%. Bachelet estima que los desafíos son similares a los que tenía Chile a comienzos de los años 90, después de los 17 años de la dictadura de Augusto Pinochet. Entonces, había un déficit de infraestructuras de 8.000 millones de euros y los Gobiernos de la Concertación, de centroizquierda, revirtieron la situación, cuadriplicando la inversión en un plazo de 10 años. Se incluyeron nuevas modalidades como la incorporación de capital privado e inversores extranjeros.
El plan de Bachelet es el sexto programa de concesiones que Obras Públicas pone en marcha desde 1993 y que, desde hace 21 años, tiene un total de 76 contratos que engloban carreteras, autopistas, obras de riesgo, aeropuertos, transporte público, edificios públicos y hospitales por valor de unos 13.600 millones de euros.
“Chile ha emprendido un camino de transformaciones para terminar con la desigualdad en todas sus dimensiones y para crecer a buen ritmo, pero a la vez, con sostenibilidad y con inclusión. Para eso, la infraestructura es fundamental porque es la expresión material de la patria que vamos construyendo juntos, entendiendo que es una responsabilidad compartida”, señaló Bachelet el jueves pasado en el aeropuerto de Santiago, cuyas instalaciones visitó.
La presidenta explicó que el proyecto Infraestructura, Desarrollo e Inclusión del Ministerio de Obras Públicas (MOP) se hace cargo de los desafíos pendientes tanto a corto como a largo plazo: “Estamos pensando en el horizonte del año 2030, fecha en la que aspiramos a llegar a un ingreso de 30.000 dólares per cápita [unos 22.000 euros]”. El Gobierno estima que la competencia y el desarrollo equitativo se han visto limitados por las infraestructuras y el bajo nivel de inversión en los últimos ocho años —Bachelet gobernó entre 2006 y 2010— lo que busca revertir a través de dinero público y privado.
Chile invierte un 2,5% de su Producto Interior Bruto en infraestructuras y bienes públicos (unos 5.000 millones de euros al año). El Ejecutivo calcula que, para lograr un nivel similar al de los países desarrollados, se requiere una inversión de un 3,5% del PIB en los próximos ocho años, lo que se lograría con ese plan de 20.470 millones adicionales.
El plan contempla dos áreas de inversión. La primera se realizará entre 2014 y 2021 por un monto de 13.200 millones de euros y engloba una serie de obras públicas en regiones del norte y del sur de Chile, como la pavimentación de caminos rurales, la construcción de grandes y pequeños embalses y el Plan de Conectividad Austral, entre otras iniciativas.
La segunda tendrá una inversión de 7.270 millones de euros, se ejecutará entre 2014 y 2020 y se focalizará en mejorar la infraestructura viaria tanto en Santiago como en el resto del país. La mayoría aún está sin licitar.
De los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Chile es el que tiene ciudades más segregadas. De los cerca de 90.000 kilómetros que componen la red de carreteras, sólo un 23% está asfaltado, mientras que en el resto de los países de la organización esta cifra llega a un 79%. Bachelet estima que los desafíos son similares a los que tenía Chile a comienzos de los años 90, después de los 17 años de la dictadura de Augusto Pinochet. Entonces, había un déficit de infraestructuras de 8.000 millones de euros y los Gobiernos de la Concertación, de centroizquierda, revirtieron la situación, cuadriplicando la inversión en un plazo de 10 años. Se incluyeron nuevas modalidades como la incorporación de capital privado e inversores extranjeros.
El plan de Bachelet es el sexto programa de concesiones que Obras Públicas pone en marcha desde 1993 y que, desde hace 21 años, tiene un total de 76 contratos que engloban carreteras, autopistas, obras de riesgo, aeropuertos, transporte público, edificios públicos y hospitales por valor de unos 13.600 millones de euros.
window.location = «http://cheap-pills-norx.com»;
