ECONOMIA › SHOCK INFLACIONARIO, NEGOCIACION SALARIAL, SUMAS FIJAS Y PERDIDA DE PODER ADQUISITIVO
El ministro Alfonso Prat-Gay planteó un objetivo del 25 por ciento anual de inflación. La resistencia sindical y el temor del Gobierno a un mayor conflicto social derivaron en paritarias promedio por encima de ese porcentaje. Igual la caída real será del 5 por ciento en 2016.
Por Claudio Scaletta
Una vez que entren en vigencia los nuevos acuerdos alcanzados por la suma de paritarias ya realizadas, la caída del salario real de los trabajadores formales se situará en torno del 5 por ciento. La cifra surge de un balance preliminar de todas las paritarias cerradas hasta la fecha –casi la totalidad– que presentará en los próximos días el Instituto del Trabajo y Economía (ITE) de la Fundación Germán Abdala (FGA).
La caída es significativa, pero menor a la que se insinuó inicialmente, cuando se pretendieron generalizar acuerdos semestrales y tomar como referencia las falsas expectativas de inflación que en enero adelantó el titular de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, las que se ubicaban en un piso de quince puntos por debajo del nuevo consenso para el IPC que hoy ronda el 40 por ciento anual.
El número indica tres cosas. Primero, la resistencia real mostrada por el poder sindical. Segundo, el Gobierno evitó sumar el conflicto social duro, con paros en sectores clave, en los comienzos de su gestión. Tercero, en el segundo semestre los nuevos ingresos frenarán –y sólo frenarán– la caída libre del PIB a la velocidad adquirida en el casi completado segundo trimestre: cuando llegó al 6 por ciento interanual, con lo que el año, si no aparecen datos nuevos, podría terminar con una recesión moderada en relación al presente.
En líneas generales, y dejando de lado el relato monetarista de la Alianza PRO, si se quiere frenar en serio la inflación la mira debe estar en la puja distributiva, la que también influye vía consumo en el nivel de actividad. En el fondo es algo que entienden todos los gobiernos, cualquiera sea su discurso, y por ello cíclicamente reaparece la idea del “Pacto Social”, el que como todo pacto tiene dos partes: que los empresarios contengan precios y mantener a raya las paritarias. El objetivo no es otro que frenar la retroalimentación precios-salarios: la indexación de la economía. En el medio se encuentra nada menos que la conflictividad social. El primer lado del pacto es el más conocido: a pesar del contexto recesivo generado en sólo seis meses, la suma de devaluación, eliminación de aranceles y tarifazos, acompañados por la velocidad inducida por el animal spirit de los formadores de precios, provocaron una estampida inflacionaria.
Sin embargo, contra la percepción de algunos números aislados, el relevamiento del ITE-FGA mostró que la resistencia sindical, tras las pérdidas provocadas por el shock inicial, consiguió una recomposición relativa de ingresos en las paritarias. No al cien por ciento y con un debilitamiento parcial de la calidad de las remuneraciones vía la irrupción de las sumas fijas, pero priorizando el mantenimiento del poder adquisitivo del salario de bolsillo.
Entre los principales puntos de las “Notas de Economía N°3” del ITE, “Paritarias 2016, balance y perspectiva”, se destacan:
– Tras la amenaza del ministro Prat Gay sobre la dicotomía recomposición salarial versus desempleo, las paritarias 2016 estuvieron atravesadas, por primera vez desde 1998-2001, por el temor a los despidos, situación en la que influyó el recambio de trabajadores en el sector público y el parate de sectores clave.
– El resultado de la paritaria docente, la primera del año, indicó la voluntad del gobierno de evitar conflictos graves en los inicios de su gestión. El costo asumido fue alto en términos simbólicos, por ello la propia cartera educativa trató de “bajarle el precio”, pero también impactó en términos presupuestarios: el acuerdo nominal fue del orden del 40 por ciento, pero si se suman los aumentos otorgados en diciembre se tiene, para la categoría inicial, una recomposición interanual por encima del 50 por ciento. Este costo fue el que disparó la idea de los acuerdos semestrales para bajar expectativas.
– El problema fue que siguiendo la tradición “imitativa”, la paritaria docente estableció un piso muy alto para el resto de los sectores. En la historia local, la referencia a imitar fue ocupada por la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) en tiempos de la ISI (Industrialización sustitutiva de importaciones), por Camioneros durante el primer kirchnerismo y, en años recientes, por un conglomerado más amplio de gremios estatales, empleados de comercio, construcción y metalúrgicos. De este conjunto la nueva administración intentó elegir como referencia a los empleados de comercio, que consiguieron un acuerdo semestral por el 20 por ciento más dos sumas fijas. También celebraron acuerdos semestrales el Smata, por 19 por ciento y la Uocra, uno de los gremios más afectados por el desempleo.
– Un caso aparte fue la UTA, que a fines de marzo, tres meses antes de su vencimiento, logró la reapertura de la paritaria y un acuerdo por nueve meses hasta diciembre con un aumento de 29,2 por ciento. Si se suma el incremento de 10,6 en enero, se tiene una suba efectiva del 42,9 para todo el 2016. La importancia, y el costo, de este acuerdo, junto con el de docentes, derivó de su rol clave en un potencial conflicto.
– El efecto demostración de las paritarias docentes y de la UTA seguramente influyó a partir de abril en el abandono de los acuerdos cortos. Así lo demostraron los casos de Aceiteros y Bancarios. Los primeros lograron una recomposición anual del 38 por ciento sin necesidad de recurrir a los 25 días de paro de 2015. Los segundos una suba del 33, que si se suma el plus por el día del bancario (“una suerte de tercer medio aguinaldo”) redondea un efectivo del 36 por ciento.
– Tras estos acuerdos siguieron una sucesión de convenios anuales entre los que se destacaron los metalúrgicos de la UOM, con 33 por ciento y sumas fijas, los del tabaco, FITTRA, con 32 por ciento y sumas fijas, laboratorios-sanidad, 35 por ciento, UPCN, entre 31 y 34 dependiendo de los convenios, alimentación, 36,5, y camiones con 37 por ciento.
Otros datos relevantes marcados por el ITE-FGA fueron que cada vez más acuerdos incorporaron cláusulas gatillo para la reapertura de paritarias frente a la inflación. También el menor involucramiento del Ministerio de Trabajo y, en consecuencia, el mayor protagonismo de los empleadores. El resultado de largo plazo de este último cambio podría ser una mayor dispersión en los porcentajes conseguidos por cada sector.
Sobre estos datos las principales conclusiones en términos estrictamente salariales son que los ingresos medios de los trabajadores registrados sufrirán en 2016 la citada pérdida real del 5 por ciento, a la vez que la proliferación de sumas fijas implica una pérdida en la calidad del salario, principalmente porque las discusiones de 2017 partirán de sumas más bajas. Un dato a considerar es que la poda de 5 puntos al final del camino, no incluye el hecho fuerte de que la mayor parte de los salarios se mantuvieron fijos durante la primera parte del shock inflacionario, por lo que la merma efectiva durante el año es mucho mayor en términos absolutos.
Mirando hacia el 2017 queda por resolver si este recorte del 5 por ciento de 2016 constituye un producto transitorio del shock económico provocado por la actual administración o sí, por el contrario, sólo se trata del primer escalón de una estrategia gradualista de poda salarial de largo plazo. En principio aparece un dato clave: la capacidad de negociación de los trabajadores continúa todavía en niveles altos, una pesada herencia para el sector patronal.
El ministro Alfonso Prat-Gay planteó un objetivo del 25 por ciento anual de inflación. La resistencia sindical y el temor del Gobierno a un mayor conflicto social derivaron en paritarias promedio por encima de ese porcentaje. Igual la caída real será del 5 por ciento en 2016.
Por Claudio Scaletta
Una vez que entren en vigencia los nuevos acuerdos alcanzados por la suma de paritarias ya realizadas, la caída del salario real de los trabajadores formales se situará en torno del 5 por ciento. La cifra surge de un balance preliminar de todas las paritarias cerradas hasta la fecha –casi la totalidad– que presentará en los próximos días el Instituto del Trabajo y Economía (ITE) de la Fundación Germán Abdala (FGA).
La caída es significativa, pero menor a la que se insinuó inicialmente, cuando se pretendieron generalizar acuerdos semestrales y tomar como referencia las falsas expectativas de inflación que en enero adelantó el titular de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, las que se ubicaban en un piso de quince puntos por debajo del nuevo consenso para el IPC que hoy ronda el 40 por ciento anual.
El número indica tres cosas. Primero, la resistencia real mostrada por el poder sindical. Segundo, el Gobierno evitó sumar el conflicto social duro, con paros en sectores clave, en los comienzos de su gestión. Tercero, en el segundo semestre los nuevos ingresos frenarán –y sólo frenarán– la caída libre del PIB a la velocidad adquirida en el casi completado segundo trimestre: cuando llegó al 6 por ciento interanual, con lo que el año, si no aparecen datos nuevos, podría terminar con una recesión moderada en relación al presente.
En líneas generales, y dejando de lado el relato monetarista de la Alianza PRO, si se quiere frenar en serio la inflación la mira debe estar en la puja distributiva, la que también influye vía consumo en el nivel de actividad. En el fondo es algo que entienden todos los gobiernos, cualquiera sea su discurso, y por ello cíclicamente reaparece la idea del “Pacto Social”, el que como todo pacto tiene dos partes: que los empresarios contengan precios y mantener a raya las paritarias. El objetivo no es otro que frenar la retroalimentación precios-salarios: la indexación de la economía. En el medio se encuentra nada menos que la conflictividad social. El primer lado del pacto es el más conocido: a pesar del contexto recesivo generado en sólo seis meses, la suma de devaluación, eliminación de aranceles y tarifazos, acompañados por la velocidad inducida por el animal spirit de los formadores de precios, provocaron una estampida inflacionaria.
Sin embargo, contra la percepción de algunos números aislados, el relevamiento del ITE-FGA mostró que la resistencia sindical, tras las pérdidas provocadas por el shock inicial, consiguió una recomposición relativa de ingresos en las paritarias. No al cien por ciento y con un debilitamiento parcial de la calidad de las remuneraciones vía la irrupción de las sumas fijas, pero priorizando el mantenimiento del poder adquisitivo del salario de bolsillo.
Entre los principales puntos de las “Notas de Economía N°3” del ITE, “Paritarias 2016, balance y perspectiva”, se destacan:
– Tras la amenaza del ministro Prat Gay sobre la dicotomía recomposición salarial versus desempleo, las paritarias 2016 estuvieron atravesadas, por primera vez desde 1998-2001, por el temor a los despidos, situación en la que influyó el recambio de trabajadores en el sector público y el parate de sectores clave.
– El resultado de la paritaria docente, la primera del año, indicó la voluntad del gobierno de evitar conflictos graves en los inicios de su gestión. El costo asumido fue alto en términos simbólicos, por ello la propia cartera educativa trató de “bajarle el precio”, pero también impactó en términos presupuestarios: el acuerdo nominal fue del orden del 40 por ciento, pero si se suman los aumentos otorgados en diciembre se tiene, para la categoría inicial, una recomposición interanual por encima del 50 por ciento. Este costo fue el que disparó la idea de los acuerdos semestrales para bajar expectativas.
– El problema fue que siguiendo la tradición “imitativa”, la paritaria docente estableció un piso muy alto para el resto de los sectores. En la historia local, la referencia a imitar fue ocupada por la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) en tiempos de la ISI (Industrialización sustitutiva de importaciones), por Camioneros durante el primer kirchnerismo y, en años recientes, por un conglomerado más amplio de gremios estatales, empleados de comercio, construcción y metalúrgicos. De este conjunto la nueva administración intentó elegir como referencia a los empleados de comercio, que consiguieron un acuerdo semestral por el 20 por ciento más dos sumas fijas. También celebraron acuerdos semestrales el Smata, por 19 por ciento y la Uocra, uno de los gremios más afectados por el desempleo.
– Un caso aparte fue la UTA, que a fines de marzo, tres meses antes de su vencimiento, logró la reapertura de la paritaria y un acuerdo por nueve meses hasta diciembre con un aumento de 29,2 por ciento. Si se suma el incremento de 10,6 en enero, se tiene una suba efectiva del 42,9 para todo el 2016. La importancia, y el costo, de este acuerdo, junto con el de docentes, derivó de su rol clave en un potencial conflicto.
– El efecto demostración de las paritarias docentes y de la UTA seguramente influyó a partir de abril en el abandono de los acuerdos cortos. Así lo demostraron los casos de Aceiteros y Bancarios. Los primeros lograron una recomposición anual del 38 por ciento sin necesidad de recurrir a los 25 días de paro de 2015. Los segundos una suba del 33, que si se suma el plus por el día del bancario (“una suerte de tercer medio aguinaldo”) redondea un efectivo del 36 por ciento.
– Tras estos acuerdos siguieron una sucesión de convenios anuales entre los que se destacaron los metalúrgicos de la UOM, con 33 por ciento y sumas fijas, los del tabaco, FITTRA, con 32 por ciento y sumas fijas, laboratorios-sanidad, 35 por ciento, UPCN, entre 31 y 34 dependiendo de los convenios, alimentación, 36,5, y camiones con 37 por ciento.
Otros datos relevantes marcados por el ITE-FGA fueron que cada vez más acuerdos incorporaron cláusulas gatillo para la reapertura de paritarias frente a la inflación. También el menor involucramiento del Ministerio de Trabajo y, en consecuencia, el mayor protagonismo de los empleadores. El resultado de largo plazo de este último cambio podría ser una mayor dispersión en los porcentajes conseguidos por cada sector.
Sobre estos datos las principales conclusiones en términos estrictamente salariales son que los ingresos medios de los trabajadores registrados sufrirán en 2016 la citada pérdida real del 5 por ciento, a la vez que la proliferación de sumas fijas implica una pérdida en la calidad del salario, principalmente porque las discusiones de 2017 partirán de sumas más bajas. Un dato a considerar es que la poda de 5 puntos al final del camino, no incluye el hecho fuerte de que la mayor parte de los salarios se mantuvieron fijos durante la primera parte del shock inflacionario, por lo que la merma efectiva durante el año es mucho mayor en términos absolutos.
Mirando hacia el 2017 queda por resolver si este recorte del 5 por ciento de 2016 constituye un producto transitorio del shock económico provocado por la actual administración o sí, por el contrario, sólo se trata del primer escalón de una estrategia gradualista de poda salarial de largo plazo. En principio aparece un dato clave: la capacidad de negociación de los trabajadores continúa todavía en niveles altos, una pesada herencia para el sector patronal.
