El ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Lino Barañao, garantizó ayer la seguridad del traslado del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) a una nueva sede y rechazó los cuestionamientos a la medida aprobada por el Congreso en 2009. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, cuestionó las críticas del Grupo Clarín y aseguró: «El tema de tocar ahora el Banco es muy grave, porque esto nos llevó muchos años de lucha para que tuviera la sangre de las familias que buscamos a nuestros nietitos robados durante la dictadura.»
Durante el fin de semana, una denuncia de organizaciones de Derechos Humanos que se oponen al traslado del BNDG fue replicada por el Grupo Clarín, con el objetivo de desprestigiar y poner en duda las tareas realizadas por el Banco en la identificación de niños apropiados. Es una estrategia que ya había usado el multimedios en pleno auge de la causa por la identidad de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble. El nuevo ataque de Clarín parece responder a una novedad que se introducirá en el Banco para permitir el futuro entrecruzamiento con el archivo genético del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), un reclamo de familiares y organismos de Derechos Humanos.
«Es sospechoso que surja esto cuando aparece la posibilidad de ampliar el marco de comparaciones. En este caso (Noble Herrera), lo que se ha demostrado es que no existe relación con familias actualmente presente en el Banco pero para descartarlo es necesario identificar a sus parientes biológicos. No podemos garantizar resultado pero si la rigurosidad para total satisfacción de la partes», manifestó Barañao en diálogo con Tiempo Argentino.
El ministro también consideró «científicamente infundadas» las sospechas de un aumento de falsos positivos debido al cruzamiento con las bases del EAAF. Al respecto también se refirió Carlotto. «Las Abuelas lo que queremos es que este banco se respete y no desvirtuar ni sembrar miedos. Que no se preocupe nadie que no se va a hacer más que mejorar todo el sistema con toda gente experta que va a ir a concurso como corresponde», aseguró ayer a Radio América.
La Ley 26.548 fue sancionada en 2009 y reglamentada en enero de este año. Estableció que el BNDG, que actualmente está en el sector de Inmunología el Hospital Durand, funcione como un «organismo autónomo y autárquico» dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
A poco de emprender el traslado, la Asociación ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) y la Asociación Anahí, que dirige «Chicha» Mariani, entre otros, se opusieron a la ley e interpusieron una medida cautelar por opinar que «no están dadas las garantías legales y materiales que aseguren la indemnidad de la cadena de custodia» de las muestras.
Desde Abuelas, el abogado Alan Iud rechazó esos argumentos. «El planteo es tan absurdo que si hubiera riesgo de inundación en el Durand no se podrían sacar las muestras de ahí», argumentó. «Desde el punto de vista técnico, confiamos en el equipo profesional del Ministerio de Ciencia, encabezado por Víctor Penchaszadeh, uno de los genetistas más respetados del país y uno de los fundadores del Banco», agregó.
La cautelar recayó en el juzgado en lo contencioso administrativo de Ernesto Marinelli. El juez podrá fallar recién a partir del jueves, cuando el Ministerio de Ciencia presente un informe sobre el caso, requisito necesario antes de resolver, introducido por la nueva ley de cautelares en casos que involucren al Estado.
Barañao explicó que para el traslado del Banco «se van a dividir las muestras de los casos por delitos de lesa humanidad y los de filiación común, se va a realizar un adecuado inventario ante escribano y se va a conservar para su trasporte». También remarcó que «la nueva sede cuenta con mejores condiciones de seguridad y de trabajo».
A partir del traslado, el BNDG dejará de analizar casos de filiación común y estudios genéticos criminales y se abocará a los casos de apropiación de niños en la última dictadura. «Cuando fue creado en 1987, se dispuso que el Banco trabaje sobre filiación porque no había otro lugar donde hacerlo. El escenario hoy no es el mismo y hay un montón de laboratorios para hacer estudios de filiación y estudios genéticos criminales», detalló el abogado de Abuelas, Iud. Desde el Ministerio de Ciencia agregaron que en los últimos años se creó una red federal de laboratorios para resolver casos de filiación, delitos sexuales y estudios criminales.
Uno de los cuestionamientos más duros a los cambios que se introducirán en el Banco es la posibilidad de una intervención del gobierno nacional sobre las muestras. Ante esto, Barañao fue tajante: «Es irrazonable, no hay manera de manipular la información genética, es como intentar cambiar una huella digital», sostuvo. Además, explicó que desde su creación el Banco estuvo en la órbita del Estado nacional y que el personal seguirá en sus puestos. «
En el marco de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en La Pampa durante la última dictadura cívico-militar, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó ayer la condena a ocho represores que actuaron en la llamada «Subzona 14».
El fallo del máximo tribunal dejó firme la sentencia dictada en La Pampa en noviembre de 2010 por el Tribunal Oral Federal. En esa oportunidad, los jueces condenaron a 20 años de prisión a Néstor Omar Greppi, Omar Aguilera y Carlos Reinhart; a 12 años a Roberto Fiorucci, Athos Reta y Oscar Yorio; en tanto que Néstor Cenizo recibió una pena de 14 años y Hugo Marenchino, de 8 años.
Con su decisión, la Corte Suprema desestimó el recurso de queja presentado por los abogados defensores de los condenados.
Los organismo de derechos humanos consideraron histórico el juicio a los represores en La Pampa, debido a que permitió demostrar que esa provincia no fue una isla durante el terrorismo de Estado y aquí allí también se cometieron delitos de lesa humanidad.
Durante el fin de semana, una denuncia de organizaciones de Derechos Humanos que se oponen al traslado del BNDG fue replicada por el Grupo Clarín, con el objetivo de desprestigiar y poner en duda las tareas realizadas por el Banco en la identificación de niños apropiados. Es una estrategia que ya había usado el multimedios en pleno auge de la causa por la identidad de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble. El nuevo ataque de Clarín parece responder a una novedad que se introducirá en el Banco para permitir el futuro entrecruzamiento con el archivo genético del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), un reclamo de familiares y organismos de Derechos Humanos.
«Es sospechoso que surja esto cuando aparece la posibilidad de ampliar el marco de comparaciones. En este caso (Noble Herrera), lo que se ha demostrado es que no existe relación con familias actualmente presente en el Banco pero para descartarlo es necesario identificar a sus parientes biológicos. No podemos garantizar resultado pero si la rigurosidad para total satisfacción de la partes», manifestó Barañao en diálogo con Tiempo Argentino.
El ministro también consideró «científicamente infundadas» las sospechas de un aumento de falsos positivos debido al cruzamiento con las bases del EAAF. Al respecto también se refirió Carlotto. «Las Abuelas lo que queremos es que este banco se respete y no desvirtuar ni sembrar miedos. Que no se preocupe nadie que no se va a hacer más que mejorar todo el sistema con toda gente experta que va a ir a concurso como corresponde», aseguró ayer a Radio América.
La Ley 26.548 fue sancionada en 2009 y reglamentada en enero de este año. Estableció que el BNDG, que actualmente está en el sector de Inmunología el Hospital Durand, funcione como un «organismo autónomo y autárquico» dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
A poco de emprender el traslado, la Asociación ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) y la Asociación Anahí, que dirige «Chicha» Mariani, entre otros, se opusieron a la ley e interpusieron una medida cautelar por opinar que «no están dadas las garantías legales y materiales que aseguren la indemnidad de la cadena de custodia» de las muestras.
Desde Abuelas, el abogado Alan Iud rechazó esos argumentos. «El planteo es tan absurdo que si hubiera riesgo de inundación en el Durand no se podrían sacar las muestras de ahí», argumentó. «Desde el punto de vista técnico, confiamos en el equipo profesional del Ministerio de Ciencia, encabezado por Víctor Penchaszadeh, uno de los genetistas más respetados del país y uno de los fundadores del Banco», agregó.
La cautelar recayó en el juzgado en lo contencioso administrativo de Ernesto Marinelli. El juez podrá fallar recién a partir del jueves, cuando el Ministerio de Ciencia presente un informe sobre el caso, requisito necesario antes de resolver, introducido por la nueva ley de cautelares en casos que involucren al Estado.
Barañao explicó que para el traslado del Banco «se van a dividir las muestras de los casos por delitos de lesa humanidad y los de filiación común, se va a realizar un adecuado inventario ante escribano y se va a conservar para su trasporte». También remarcó que «la nueva sede cuenta con mejores condiciones de seguridad y de trabajo».
A partir del traslado, el BNDG dejará de analizar casos de filiación común y estudios genéticos criminales y se abocará a los casos de apropiación de niños en la última dictadura. «Cuando fue creado en 1987, se dispuso que el Banco trabaje sobre filiación porque no había otro lugar donde hacerlo. El escenario hoy no es el mismo y hay un montón de laboratorios para hacer estudios de filiación y estudios genéticos criminales», detalló el abogado de Abuelas, Iud. Desde el Ministerio de Ciencia agregaron que en los últimos años se creó una red federal de laboratorios para resolver casos de filiación, delitos sexuales y estudios criminales.
Uno de los cuestionamientos más duros a los cambios que se introducirán en el Banco es la posibilidad de una intervención del gobierno nacional sobre las muestras. Ante esto, Barañao fue tajante: «Es irrazonable, no hay manera de manipular la información genética, es como intentar cambiar una huella digital», sostuvo. Además, explicó que desde su creación el Banco estuvo en la órbita del Estado nacional y que el personal seguirá en sus puestos. «
En el marco de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en La Pampa durante la última dictadura cívico-militar, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó ayer la condena a ocho represores que actuaron en la llamada «Subzona 14».
El fallo del máximo tribunal dejó firme la sentencia dictada en La Pampa en noviembre de 2010 por el Tribunal Oral Federal. En esa oportunidad, los jueces condenaron a 20 años de prisión a Néstor Omar Greppi, Omar Aguilera y Carlos Reinhart; a 12 años a Roberto Fiorucci, Athos Reta y Oscar Yorio; en tanto que Néstor Cenizo recibió una pena de 14 años y Hugo Marenchino, de 8 años.
Con su decisión, la Corte Suprema desestimó el recurso de queja presentado por los abogados defensores de los condenados.
Los organismo de derechos humanos consideraron histórico el juicio a los represores en La Pampa, debido a que permitió demostrar que esa provincia no fue una isla durante el terrorismo de Estado y aquí allí también se cometieron delitos de lesa humanidad.
