Rousseff se opuso a varios de los artículos del código.
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, resolvió vetar parcialmente el Código Forestal de su país aprobado por el Congreso, lo que puede dejar una huella en su mandato y en la política ambiental del gigante sudamericano.
La decisión de Rousseff fue anunciada por ministros de su gobierno este viernes, un mes después que la polémica ley fuera votada en el Congreso con el impulso del poderoso lobby de productores rurales.
El anuncio fue hecho en medio de presiones de grupos defensores del medio ambiente locales e internacionales para que fuera vetada la ley que, según ellos, supone una seria amenaza para la preservación de la Amazonía.
Las disposiciones de la ley rechazadas por Rousseff incluían una amnistía para hacendados que deforestaron ciertas zonas de ilegalmente antes de 2008 y una reducción de las áreas de protección ambiental.
El veto parcial supone un revés para los intereses de los «ruralistas», que tienen casi un cuarto de los votos en Diputados, pero es difícil que conforme a varios ambientalistas que querían un veto total del Código.
Esto implica para Rousseff el riesgo de alienar legisladores de partidos aliados que votaron la ley, luego que otras decisiones de la presidenta ya causaran molestias a miembros de su base parlamentaria y grupos poderosos como la banca privada.
Sin embargo, analistas políticos consideran difícil que la situación afecte la capacidad de gobierno de Rousseff, que mantiene mayorías legislativas y altos índices de aprobación en las encuestas.
«En cualquier presidencia de Brasil, la popularidad asegura las mayorías para gobernar», dijo Alberto Almeida, un experto en opinión pública del Instituto Análise, con sede en Sao Paulo, a BBC Mundo.
Tema sensible
Grupos ecologistas advierten que miles de kilómetros de la Amazonía quedarían expuestos al expolio.
En el último día del plazo que disponía, Rousseff decidió vetar 12 de los 84 artículos del Código aprobado, anunció la ministra brasileña de Medio Ambiente, Izabella Teixeira. Habrá 32 modificaciones al texto legal.
La ministra señaló que las decisiones buscan evitar la «inseguridad jurídica», impedir la reducción de las áreas protegidas y «no amnistiar (la) deforestación» ilegal de determinadas zonas.
La disputa por el Código Forestal es un tema sensible para Brasil, no sólo por los intereses enfrentados sino porque Río de Janeiro se apresta a recibir en junio la conferencia de la ONU sobre desarrollo sustentable.
La ley aprobada por el Congreso reducía los espacios que deben estar forestados en la Amazonía o en los bordes de ríos, en las Areas de Preservación Permanente o de reserva legal.
El Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA por sus siglas en portugués) había estimado que Brasil podía perder hasta 79 millones de hectáreas de su reserva forestal (31% del total actual), buena parte de ellas en la Amazonía.
La decisión de Rousseff fue establecer diferentes exigencias de recuperación de zonas deforestadas en función del tamaño de la tierra de los productores rurales: cuanto más grande, más reforestación se pedirá.
«Todos están obligados a recuperar», sostuvo Teixeira.
Intereses opuestos
Intereses ruralistas apoyaban al nuevo código.
Para los ambientalistas, el Código Forestal aprobado en el Congreso amenazaba con revertir la lucha que Brasil ha dado en las últimas dos décadas para proteger sus ecosistemas.
Una petición con 1,9 millones de firmas pidiendo a la presidenta el veto de la ley fue entregada este jueves al gobierno brasileño por Avaaz, una organización global dedicada a organizar campañas.
Pero los defensores del Código sostienen que la nueva ley era necesaria para impulsar la producción agrícola del país, cuyas exportaciones son uno de los principales motores de la economía.
El ministro brasileño de Agricultura, Jorge Alberto Mendes Ribeiro, aseguró sin embargo este viernes que «Brasil puede producir con todo respeto al medio ambiente».
«No será el código de los ambientalistas ni de los ruralistas; es el código de quienes tienen sentido común», dijo
Los cambios resueltos serán publicados en el Diario Oficial brasileño el lunes y se establecerá una medida provisoria que luego tiene que aprobar el Congreso, lo que sugiere que la batalla por este tema continuará abierta.
«Un colchón»
Ambientalistas de todo el mundo vigilan de cerca el estado de la amazonia brasileña.
Cristiano Noronha, analista político de la consultora Arko Advice, con sede en Brasilia, evaluó que cualquiera fuera la decisión de la presidenta generaría «algún tipo de reclamos».
Este episodio se suma a una serie de contiendas recientes entre Rousseff y diferentes sectores influyentes de la sociedad brasileña por temas varios.
La lista incluye a los bancos privados (por la presión de la presidenta para que bajen las tasas de interés), sindicatos de funcionarios públicos (por la decisión de publicar en Internet los salarios que ganan) y militares retirados (por temas vinculados a abusos durante el gobierno militar).
Pero Noronha descartó que la suma de esos conflictos pueda poner en riesgo la gobernabilidad en Brasil, donde la economía crece y genera empleos a pesar de las dificultades locales y globales que enfrenta.
«Eso mantiene en cierto modo un colchón importante de protección para la presidenta», dijo.
Almeida evaluó que el número de contenciosos de Rousseff en la presidencia es mayor al que tuvo su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, que como ella integra el Partido de los Trabajadores.
Pero dijo que los «conflictos relevantes» que podrían menguar el apoyo a Rousseff son por la distribución de cargos de los aliados del gobierno y las caídas de ministros involucrados en escándalos de corrupción el año pasado.
«Eso genera resentimientos y fuerzas políticas dispuestas a responderle en el momento oportuno», dijo.
«El momento oportuno va a ser cuando la presidenta pueda estar con la popularidad baja, lo que no creo ocurra hasta las elecciones de 2014: se precisaría una catástrofe económica y no hay perspectivas de eso», concluyó.
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, resolvió vetar parcialmente el Código Forestal de su país aprobado por el Congreso, lo que puede dejar una huella en su mandato y en la política ambiental del gigante sudamericano.
La decisión de Rousseff fue anunciada por ministros de su gobierno este viernes, un mes después que la polémica ley fuera votada en el Congreso con el impulso del poderoso lobby de productores rurales.
El anuncio fue hecho en medio de presiones de grupos defensores del medio ambiente locales e internacionales para que fuera vetada la ley que, según ellos, supone una seria amenaza para la preservación de la Amazonía.
Las disposiciones de la ley rechazadas por Rousseff incluían una amnistía para hacendados que deforestaron ciertas zonas de ilegalmente antes de 2008 y una reducción de las áreas de protección ambiental.
El veto parcial supone un revés para los intereses de los «ruralistas», que tienen casi un cuarto de los votos en Diputados, pero es difícil que conforme a varios ambientalistas que querían un veto total del Código.
Esto implica para Rousseff el riesgo de alienar legisladores de partidos aliados que votaron la ley, luego que otras decisiones de la presidenta ya causaran molestias a miembros de su base parlamentaria y grupos poderosos como la banca privada.
Sin embargo, analistas políticos consideran difícil que la situación afecte la capacidad de gobierno de Rousseff, que mantiene mayorías legislativas y altos índices de aprobación en las encuestas.
«En cualquier presidencia de Brasil, la popularidad asegura las mayorías para gobernar», dijo Alberto Almeida, un experto en opinión pública del Instituto Análise, con sede en Sao Paulo, a BBC Mundo.
Tema sensible
Grupos ecologistas advierten que miles de kilómetros de la Amazonía quedarían expuestos al expolio.
En el último día del plazo que disponía, Rousseff decidió vetar 12 de los 84 artículos del Código aprobado, anunció la ministra brasileña de Medio Ambiente, Izabella Teixeira. Habrá 32 modificaciones al texto legal.
La ministra señaló que las decisiones buscan evitar la «inseguridad jurídica», impedir la reducción de las áreas protegidas y «no amnistiar (la) deforestación» ilegal de determinadas zonas.
La disputa por el Código Forestal es un tema sensible para Brasil, no sólo por los intereses enfrentados sino porque Río de Janeiro se apresta a recibir en junio la conferencia de la ONU sobre desarrollo sustentable.
La ley aprobada por el Congreso reducía los espacios que deben estar forestados en la Amazonía o en los bordes de ríos, en las Areas de Preservación Permanente o de reserva legal.
El Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA por sus siglas en portugués) había estimado que Brasil podía perder hasta 79 millones de hectáreas de su reserva forestal (31% del total actual), buena parte de ellas en la Amazonía.
La decisión de Rousseff fue establecer diferentes exigencias de recuperación de zonas deforestadas en función del tamaño de la tierra de los productores rurales: cuanto más grande, más reforestación se pedirá.
«Todos están obligados a recuperar», sostuvo Teixeira.
Intereses opuestos
Intereses ruralistas apoyaban al nuevo código.
Para los ambientalistas, el Código Forestal aprobado en el Congreso amenazaba con revertir la lucha que Brasil ha dado en las últimas dos décadas para proteger sus ecosistemas.
Una petición con 1,9 millones de firmas pidiendo a la presidenta el veto de la ley fue entregada este jueves al gobierno brasileño por Avaaz, una organización global dedicada a organizar campañas.
Pero los defensores del Código sostienen que la nueva ley era necesaria para impulsar la producción agrícola del país, cuyas exportaciones son uno de los principales motores de la economía.
El ministro brasileño de Agricultura, Jorge Alberto Mendes Ribeiro, aseguró sin embargo este viernes que «Brasil puede producir con todo respeto al medio ambiente».
«No será el código de los ambientalistas ni de los ruralistas; es el código de quienes tienen sentido común», dijo
Los cambios resueltos serán publicados en el Diario Oficial brasileño el lunes y se establecerá una medida provisoria que luego tiene que aprobar el Congreso, lo que sugiere que la batalla por este tema continuará abierta.
«Un colchón»
Ambientalistas de todo el mundo vigilan de cerca el estado de la amazonia brasileña.
Cristiano Noronha, analista político de la consultora Arko Advice, con sede en Brasilia, evaluó que cualquiera fuera la decisión de la presidenta generaría «algún tipo de reclamos».
Este episodio se suma a una serie de contiendas recientes entre Rousseff y diferentes sectores influyentes de la sociedad brasileña por temas varios.
La lista incluye a los bancos privados (por la presión de la presidenta para que bajen las tasas de interés), sindicatos de funcionarios públicos (por la decisión de publicar en Internet los salarios que ganan) y militares retirados (por temas vinculados a abusos durante el gobierno militar).
Pero Noronha descartó que la suma de esos conflictos pueda poner en riesgo la gobernabilidad en Brasil, donde la economía crece y genera empleos a pesar de las dificultades locales y globales que enfrenta.
«Eso mantiene en cierto modo un colchón importante de protección para la presidenta», dijo.
Almeida evaluó que el número de contenciosos de Rousseff en la presidencia es mayor al que tuvo su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, que como ella integra el Partido de los Trabajadores.
Pero dijo que los «conflictos relevantes» que podrían menguar el apoyo a Rousseff son por la distribución de cargos de los aliados del gobierno y las caídas de ministros involucrados en escándalos de corrupción el año pasado.
«Eso genera resentimientos y fuerzas políticas dispuestas a responderle en el momento oportuno», dijo.
«El momento oportuno va a ser cuando la presidenta pueda estar con la popularidad baja, lo que no creo ocurra hasta las elecciones de 2014: se precisaría una catástrofe económica y no hay perspectivas de eso», concluyó.
