Conflicto con el campo / Denuncian «discrecionalidad»
Miércoles 15 de junio de 2011 | Publicado en edición impresa
Biolcatti, en el lanzamiento. Foto Archivo
Fernando Bertello
LA NACION
Acostumbrado a hablar con total dureza, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Hugo Luis Biolcati, acusó al Gobierno de haber impulsado un sistema «proclive a la corrupción», «perverso» y «discrecional» para la comercialización, donde productos como el trigo, el maíz y la carne están intervenidos y dependen de los permisos de venta al exterior que otorga el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
Fue ayer en la presentación a la prensa de la acción judicial que, como anticipó La Nacion en mayo pasado, la Fundación Sociedad Rural Argentina realizó reclamando que se declaren inconstitucionales y confiscatorias las retenciones.
Esa fundación es dueña de un campo en Realicó (La Pampa), donde funciona un colegio educativo que desarrolla tareas agropecuarias y sostiene que entre 2006 y 2009 tuvo un perjuicio económico de $ 240.000 por las retenciones.
El recurso judicial se tramitó ante el juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, Secretaría 21, a cargo de María José Sarmiento, que se declaró competente. Es la misma jueza que frenó el uso de reservas del Banco Central (BCRA) en enero de 2010.
En la entidad están dispuestos a llegar hasta la Corte con este planteo. Según los economistas de la Rural, el campo transfirió desde 2002, cuando se reimplantaron, US$ 46.703 millones por retenciones.
Para Biolcati, el Gobierno ha inducido un sistema «corrupto» que afecta y traba la comercialización de productos como el trigo, donde hoy los productores tienen poco más de 4 millones de toneladas de la última cosecha sin poder vender.
«El freno a las exportaciones, a la competencia, a la comercialización, era para mantener el pan a 2,50 pesos [el kilo], pero hoy vale entre 8 y 10 pesos y seguimos sin poder vender el trigo», dijo Biolcati, que añadió: «Seguimos sin poder vender y esto ocurre producto de todo este sistema proclive a la corrupción que ha implantado el Gobierno en la comercialización».
Pero el presidente de la SRA no se quedó ahí y en otro tramo de su presentación volvió a hablar de un «sistema de comercialización corrupto» y agregó: «Todo es discrecional y depende de los favores que hace un secretario de Estado a determinados grupos empresarios porque le conviene, porque le saca las baratas [los cortes cárnicos a precios rebajados que empresarios de la carne están obligados por Moreno a colocar en el mercado interno]».
Después, Biolcati añadió: «Nadie recibe tantos millones de dólares como han ganado eslabones de esta cadena».
El ruralista pidió que se investigaran y fueran interpelados los funcionarios oficiales que intervienen en los mercados. «Los responsables del robo cotidiano a los productores deben dar la cara y ser interpelados en el Congreso», reclamó el dirigente de la entidad.
Las palabras de Biolcati tocan al Gobierno en un momento sensible por las denuncias de corrupción de satadas en torno del caso Schoklender y las Madres de Plaza de Mayo con la construcción de viviendas con fondos públicos.
Más críticas
Biolcati consideró que el plan del Gobierno es continuar «destruyendo el aparato productivo. «Los políticos del oficialismo están diciendo el plan es éste: vamos a seguir destruyendo». Además, según el dirigente, el oficialismo favorece con su política «la sojización y la despoblación de los campos» en el sector. «Este es un sistema perverso que tenemos que denunciar», concluyó.
Miércoles 15 de junio de 2011 | Publicado en edición impresa
Biolcatti, en el lanzamiento. Foto Archivo
Fernando Bertello
LA NACION
Acostumbrado a hablar con total dureza, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Hugo Luis Biolcati, acusó al Gobierno de haber impulsado un sistema «proclive a la corrupción», «perverso» y «discrecional» para la comercialización, donde productos como el trigo, el maíz y la carne están intervenidos y dependen de los permisos de venta al exterior que otorga el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
Fue ayer en la presentación a la prensa de la acción judicial que, como anticipó La Nacion en mayo pasado, la Fundación Sociedad Rural Argentina realizó reclamando que se declaren inconstitucionales y confiscatorias las retenciones.
Esa fundación es dueña de un campo en Realicó (La Pampa), donde funciona un colegio educativo que desarrolla tareas agropecuarias y sostiene que entre 2006 y 2009 tuvo un perjuicio económico de $ 240.000 por las retenciones.
El recurso judicial se tramitó ante el juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, Secretaría 21, a cargo de María José Sarmiento, que se declaró competente. Es la misma jueza que frenó el uso de reservas del Banco Central (BCRA) en enero de 2010.
En la entidad están dispuestos a llegar hasta la Corte con este planteo. Según los economistas de la Rural, el campo transfirió desde 2002, cuando se reimplantaron, US$ 46.703 millones por retenciones.
Para Biolcati, el Gobierno ha inducido un sistema «corrupto» que afecta y traba la comercialización de productos como el trigo, donde hoy los productores tienen poco más de 4 millones de toneladas de la última cosecha sin poder vender.
«El freno a las exportaciones, a la competencia, a la comercialización, era para mantener el pan a 2,50 pesos [el kilo], pero hoy vale entre 8 y 10 pesos y seguimos sin poder vender el trigo», dijo Biolcati, que añadió: «Seguimos sin poder vender y esto ocurre producto de todo este sistema proclive a la corrupción que ha implantado el Gobierno en la comercialización».
Pero el presidente de la SRA no se quedó ahí y en otro tramo de su presentación volvió a hablar de un «sistema de comercialización corrupto» y agregó: «Todo es discrecional y depende de los favores que hace un secretario de Estado a determinados grupos empresarios porque le conviene, porque le saca las baratas [los cortes cárnicos a precios rebajados que empresarios de la carne están obligados por Moreno a colocar en el mercado interno]».
Después, Biolcati añadió: «Nadie recibe tantos millones de dólares como han ganado eslabones de esta cadena».
El ruralista pidió que se investigaran y fueran interpelados los funcionarios oficiales que intervienen en los mercados. «Los responsables del robo cotidiano a los productores deben dar la cara y ser interpelados en el Congreso», reclamó el dirigente de la entidad.
Las palabras de Biolcati tocan al Gobierno en un momento sensible por las denuncias de corrupción de satadas en torno del caso Schoklender y las Madres de Plaza de Mayo con la construcción de viviendas con fondos públicos.
Más críticas
Biolcati consideró que el plan del Gobierno es continuar «destruyendo el aparato productivo. «Los políticos del oficialismo están diciendo el plan es éste: vamos a seguir destruyendo». Además, según el dirigente, el oficialismo favorece con su política «la sojización y la despoblación de los campos» en el sector. «Este es un sistema perverso que tenemos que denunciar», concluyó.
