ECONOMIA › REPORTAJE A ARNALDO BOCCO, EX DIRECTOR DEL BANCO CENTRAL, DEL CIUDAD Y EL BICE
El economista asegura que hay margen para acordar con los fondos buitre, pero sostiene que el juez Griesa complica esa posibilidad. “Está actuando tan sesgadamente que no es parte de la solución, es parte del problema”, afirma.
Por Javier Lewkowicz
“Algún tipo de instancia de negociación con los fondos buitre es posible, porque ellos no esperan cobrar en efectivo. Pero una negociación puede avanzar sólo si hay reglas que permitan reconocer lo avanzado con el 92 por ciento que ingresó a los canjes 2005 y 2010”, afirma Arnaldo Bocco, ex director del Banco Central, del Banco Ciudad y del BICE, y conocedor en detalle de algunos pormenores del juicio del fondo buitre NML contra el Estado argentino. El economista advierte que el cambio de legislación de los bonos sería una apuesta muy difícil, y que el escenario de default corta líneas de crédito tanto para el sector público como para las empresas privadas. Reconoce que la decisión de la Corte Suprema duplicó el poder del juez Thomas Griesa, “que hoy está actuando tan sesgadamente que más que un juez es un actor, no es parte de la solución, es parte del problema, y en estas condiciones de falta de garantías Argentina no puede avanzar. Una negociación debe hacerse sin Griesa en el medio”.
–La Presidenta dijo que el Gobierno buscará negociar con los fondos buitre. ¿Es la única opción?
–El problema es institucionalmente complejo. No pagar a los buitres tiene un costo para el Gobierno, y el costo de pagar también existe. En términos de lo deseable, yo prefiero sin dudas honrar el compromiso de deuda con los 92 por ciento de los bonistas que creyeron en la Argentina. Pero desentenderse del fallo y priorizar sólo a esos bonistas tiene dos problemas. En primer lugar, en el caso de que el juez no lo evite, la economía argentina entraría en default técnico. En segundo, el mecanismo para asegurar el pago a los bonistas, a través de un nuevo canje para modificar la legislación de los bonos, es muy difícil técnicamente. Hay muchos fondos que entraron al canje que tienen severas condicionalidades institucionales que les impiden cobrar bajo ley argentina. Eso complica mucho, a mi entender, la estrategia del cambio de legislación.
–¿Qué consecuencias trae el levantamiento de la medida cautelar que permitía a la Argentina continuar sus pagos de deuda en Nueva York? ¿Hay forma de recuperar esa instancia?
–La Argentina no puede pagar el vencimiento del 30 de junio en este contexto y la decisión del Gobierno de esperar y postergar el pago es la correcta. La lectura de los fallos anteriores de Griesa y de la Cámara, más las transcripciones de la audiencia de esta semana, ponen en evidencia que la Justicia estadounidense asume un rol político sancionatorio. Presiona para una confrontación inútil y se pone en un territorio de diálogo imposible. Sólo el propio juez tiene la llave para acercar a las partes, si él mismo permitiera volver a un nuevo stay –medida cautelar– o aplicar un stand still –dejarla en suspenso–, que sería una forma transitoria de permitir el pago del 30 de junio. Pero las evidencias demuestran que es un escenario imposible, en el marco en que tenemos el problema hoy. En la medida en que no haya garantías por parte del juzgado, una negociación es inviable. Quiero decir: cierta voluntad de negociación de los fondos buitre existe, pero Griesa en este momento es un grave impedimento para avanzar.
–¿Qué consecuencias traería el default técnico?
–Es un punto no menor para las relaciones de la Argentina con el mundo. En caso de un default técnico, las consecuencias no son las mejores. Estamos recibiendo créditos de parte del Banco Mundial y de organismos bilaterales que pueden resentirse, y se va a complicar conseguir financiamiento para YPF. Construir una central nuclear con fondeo de Europa se dificulta, a menos de que se consiga el apoyo directo de proveedores privados. Pero además de las líneas públicas están los préstamos para el sector privado. Eso también se puede interrumpir. Y si a ciertas empresas nacionales las sacás del juego y tienen que ir a buscar los dólares al mercado interno para financiar sus exportaciones o la importación de bienes de capital no producidos localmente, la situación a nivel local se complica más aún. En un escenario electoral, el costo político interno puede ser muy alto. También está el tema de los embargos. De cualquier manera, me parece que hubiera sido un error que el conflicto en sí empeore.
–¿A qué se refiere?
–A que el conflicto hubiera seguido creciendo bajo un registro de arenga, por parte de ambos lados. El discurso de la Presidenta del viernes contribuye a pinchar ese globo. Acá hay un fallo adverso. Hay que generar un clima institucional para que se involucren aliados internacionales, como Brasil o la misma Unasur, para generar un cambio de escenario que finalmente influya sobre el propio gobierno de los Estados Unidos.
–¿Hay posibilidades de pagar sin generar un descalabro financiero interno?
–Argentina sólo puede negociar en la medida en que primero considere el interés nacional. Algún tipo de negociación con los fondos buitre es posible, pero prima antes el sustento de lo logrado, lo institucional y lo políticamente alcanzado con los canjes de deuda. Empezando por el principio: está claro qué intereses creados en el ámbito local piden hoy que se aborde el problema, cuando ellos mismos integraron gobiernos que nos llevaron a esta situación. Sin embargo, la verdad es que en otros procesos similares al argentino, como Nicaragua, Congo o Perú, los fondos buitre no cobraron en efectivo, como dice la sentencia del juez Griesa, sino con bonos. Ellos esperan eso. La Argentina, aunque sin precipitarse, hoy puede negociar, pero se deben reconocer nuestros canjes anteriores.
–Una interpretación es que son buitres porque no negocian.
–Los fondos buitre están en guerra. No todos tienen la misma posición, pero sí comparten una postura muy dura contra la Argentina. Eso es parte de su forma de ver la especulación financiera. Tampoco tienen apuro, esperaron once años, pueden esperar más. Ciertamente el problema es más nuestro que de ellos. Dicho esto, la realidad es que negociar con el próximo gobierno, después de 2015, a ellos no les conviene. Tienen que volver a invertir en abogados, reanudar el lobby. En algún sentido, a este gobierno lo tienen calibrado, a pesar de la clara confrontación.
–¿Qué rol asume Griesa en este momento?
–No puede abrirse una negociación con Griesa, él no exhibe una posición independiente. Podría funcionar tener un negociador imparcial, alguien que intervenga con independencia, de la ONU o de algún organismo multilateral. La verdad es que ellos se quejan del supuesto contenido ideológico del discurso de la Presidenta o del ministro de Economía, pero Griesa y los camaristas se expresan de una manera marcadamente ideológica. Eso se percibe en cada línea de la transcripción de las reuniones y en el fallo.
–¿Qué mecanismo de pago podría desplegarse para afrontar el fallo y cómo se podría pagar el vencimiento del bono Descuento para evitar un default?
–Una posibilidad es presentar una hoja de ruta de la negociación. Los buitres pueden estar esperando recibir un bono parecido al de Repsol pero a 20 o 30 años, con pago al final del vencimiento. Las posibilidades son muchas, pero el punto de partida es decisivo, hay que generar otro marco para un escenario de negociación. Hay que salir del juzgado.
–¿El pago a los buitres desataría juicios del resto de los bonistas?
–Sí, es una incógnita cómo evitar esos juicios. Siempre va a haber algún holdout que se presente a litigar. La inequidad es también vista por los que aceptaron nuestras reglas de los dos canjes. Ya algunos se expresaron. Tampoco a esos acreedores les resulta simpática ni aceptable la dureza de la Justicia estadounidense. No es equilibrada y busca someter, y esos bonistas se sienten como Argentina, presionados por el sometimiento. Eso es el resultado del doble poder que exhibe Griesa después de que habló la Corte. Si no se morigera la posición de este escenario, no es simple.
–Uno de los argumentos que pesaba para anticipar un desenlace judicial más favorable para la Argentina es el “riesgo sistémico”.
–Pienso que ese argumento tiene hoy un peso relativo, porque cada nueva reestructuración de deuda va a tomar estos antecedentes, como el caso de Grecia, que estableció que a partir de un piso de aceptación del canje, del 75 por ciento, ya no hay posibilidad de litigar. Es verdad que el FMI se mostró preocupado, y es porque se queda sin “clientes”. Su actividad es financiar bajo legislación extranjera a los países que están en proceso de reestructuración de deuda y allí ligar el fondeo a las políticas de ajuste. Pero aceptar la ley foránea se va a volver más difícil para los países que están canjeando su deuda. Después de la Corte y su negativa, los abogados vinculados a la academia y a los bancos escribieron en los diarios de los Estados Unidos que había un nuevo marco para la refinanciación de deuda y, con cierto placer, hablaron de someter a los deudores a reglas que devuelvan el poder a los contratos. Eso simula más un regreso a un sistema disciplinador, y un país independiente debe examinar sus pasos cuidadosamente ante un marco de semejante presión.
El economista asegura que hay margen para acordar con los fondos buitre, pero sostiene que el juez Griesa complica esa posibilidad. “Está actuando tan sesgadamente que no es parte de la solución, es parte del problema”, afirma.
Por Javier Lewkowicz
“Algún tipo de instancia de negociación con los fondos buitre es posible, porque ellos no esperan cobrar en efectivo. Pero una negociación puede avanzar sólo si hay reglas que permitan reconocer lo avanzado con el 92 por ciento que ingresó a los canjes 2005 y 2010”, afirma Arnaldo Bocco, ex director del Banco Central, del Banco Ciudad y del BICE, y conocedor en detalle de algunos pormenores del juicio del fondo buitre NML contra el Estado argentino. El economista advierte que el cambio de legislación de los bonos sería una apuesta muy difícil, y que el escenario de default corta líneas de crédito tanto para el sector público como para las empresas privadas. Reconoce que la decisión de la Corte Suprema duplicó el poder del juez Thomas Griesa, “que hoy está actuando tan sesgadamente que más que un juez es un actor, no es parte de la solución, es parte del problema, y en estas condiciones de falta de garantías Argentina no puede avanzar. Una negociación debe hacerse sin Griesa en el medio”.
–La Presidenta dijo que el Gobierno buscará negociar con los fondos buitre. ¿Es la única opción?
–El problema es institucionalmente complejo. No pagar a los buitres tiene un costo para el Gobierno, y el costo de pagar también existe. En términos de lo deseable, yo prefiero sin dudas honrar el compromiso de deuda con los 92 por ciento de los bonistas que creyeron en la Argentina. Pero desentenderse del fallo y priorizar sólo a esos bonistas tiene dos problemas. En primer lugar, en el caso de que el juez no lo evite, la economía argentina entraría en default técnico. En segundo, el mecanismo para asegurar el pago a los bonistas, a través de un nuevo canje para modificar la legislación de los bonos, es muy difícil técnicamente. Hay muchos fondos que entraron al canje que tienen severas condicionalidades institucionales que les impiden cobrar bajo ley argentina. Eso complica mucho, a mi entender, la estrategia del cambio de legislación.
–¿Qué consecuencias trae el levantamiento de la medida cautelar que permitía a la Argentina continuar sus pagos de deuda en Nueva York? ¿Hay forma de recuperar esa instancia?
–La Argentina no puede pagar el vencimiento del 30 de junio en este contexto y la decisión del Gobierno de esperar y postergar el pago es la correcta. La lectura de los fallos anteriores de Griesa y de la Cámara, más las transcripciones de la audiencia de esta semana, ponen en evidencia que la Justicia estadounidense asume un rol político sancionatorio. Presiona para una confrontación inútil y se pone en un territorio de diálogo imposible. Sólo el propio juez tiene la llave para acercar a las partes, si él mismo permitiera volver a un nuevo stay –medida cautelar– o aplicar un stand still –dejarla en suspenso–, que sería una forma transitoria de permitir el pago del 30 de junio. Pero las evidencias demuestran que es un escenario imposible, en el marco en que tenemos el problema hoy. En la medida en que no haya garantías por parte del juzgado, una negociación es inviable. Quiero decir: cierta voluntad de negociación de los fondos buitre existe, pero Griesa en este momento es un grave impedimento para avanzar.
–¿Qué consecuencias traería el default técnico?
–Es un punto no menor para las relaciones de la Argentina con el mundo. En caso de un default técnico, las consecuencias no son las mejores. Estamos recibiendo créditos de parte del Banco Mundial y de organismos bilaterales que pueden resentirse, y se va a complicar conseguir financiamiento para YPF. Construir una central nuclear con fondeo de Europa se dificulta, a menos de que se consiga el apoyo directo de proveedores privados. Pero además de las líneas públicas están los préstamos para el sector privado. Eso también se puede interrumpir. Y si a ciertas empresas nacionales las sacás del juego y tienen que ir a buscar los dólares al mercado interno para financiar sus exportaciones o la importación de bienes de capital no producidos localmente, la situación a nivel local se complica más aún. En un escenario electoral, el costo político interno puede ser muy alto. También está el tema de los embargos. De cualquier manera, me parece que hubiera sido un error que el conflicto en sí empeore.
–¿A qué se refiere?
–A que el conflicto hubiera seguido creciendo bajo un registro de arenga, por parte de ambos lados. El discurso de la Presidenta del viernes contribuye a pinchar ese globo. Acá hay un fallo adverso. Hay que generar un clima institucional para que se involucren aliados internacionales, como Brasil o la misma Unasur, para generar un cambio de escenario que finalmente influya sobre el propio gobierno de los Estados Unidos.
–¿Hay posibilidades de pagar sin generar un descalabro financiero interno?
–Argentina sólo puede negociar en la medida en que primero considere el interés nacional. Algún tipo de negociación con los fondos buitre es posible, pero prima antes el sustento de lo logrado, lo institucional y lo políticamente alcanzado con los canjes de deuda. Empezando por el principio: está claro qué intereses creados en el ámbito local piden hoy que se aborde el problema, cuando ellos mismos integraron gobiernos que nos llevaron a esta situación. Sin embargo, la verdad es que en otros procesos similares al argentino, como Nicaragua, Congo o Perú, los fondos buitre no cobraron en efectivo, como dice la sentencia del juez Griesa, sino con bonos. Ellos esperan eso. La Argentina, aunque sin precipitarse, hoy puede negociar, pero se deben reconocer nuestros canjes anteriores.
–Una interpretación es que son buitres porque no negocian.
–Los fondos buitre están en guerra. No todos tienen la misma posición, pero sí comparten una postura muy dura contra la Argentina. Eso es parte de su forma de ver la especulación financiera. Tampoco tienen apuro, esperaron once años, pueden esperar más. Ciertamente el problema es más nuestro que de ellos. Dicho esto, la realidad es que negociar con el próximo gobierno, después de 2015, a ellos no les conviene. Tienen que volver a invertir en abogados, reanudar el lobby. En algún sentido, a este gobierno lo tienen calibrado, a pesar de la clara confrontación.
–¿Qué rol asume Griesa en este momento?
–No puede abrirse una negociación con Griesa, él no exhibe una posición independiente. Podría funcionar tener un negociador imparcial, alguien que intervenga con independencia, de la ONU o de algún organismo multilateral. La verdad es que ellos se quejan del supuesto contenido ideológico del discurso de la Presidenta o del ministro de Economía, pero Griesa y los camaristas se expresan de una manera marcadamente ideológica. Eso se percibe en cada línea de la transcripción de las reuniones y en el fallo.
–¿Qué mecanismo de pago podría desplegarse para afrontar el fallo y cómo se podría pagar el vencimiento del bono Descuento para evitar un default?
–Una posibilidad es presentar una hoja de ruta de la negociación. Los buitres pueden estar esperando recibir un bono parecido al de Repsol pero a 20 o 30 años, con pago al final del vencimiento. Las posibilidades son muchas, pero el punto de partida es decisivo, hay que generar otro marco para un escenario de negociación. Hay que salir del juzgado.
–¿El pago a los buitres desataría juicios del resto de los bonistas?
–Sí, es una incógnita cómo evitar esos juicios. Siempre va a haber algún holdout que se presente a litigar. La inequidad es también vista por los que aceptaron nuestras reglas de los dos canjes. Ya algunos se expresaron. Tampoco a esos acreedores les resulta simpática ni aceptable la dureza de la Justicia estadounidense. No es equilibrada y busca someter, y esos bonistas se sienten como Argentina, presionados por el sometimiento. Eso es el resultado del doble poder que exhibe Griesa después de que habló la Corte. Si no se morigera la posición de este escenario, no es simple.
–Uno de los argumentos que pesaba para anticipar un desenlace judicial más favorable para la Argentina es el “riesgo sistémico”.
–Pienso que ese argumento tiene hoy un peso relativo, porque cada nueva reestructuración de deuda va a tomar estos antecedentes, como el caso de Grecia, que estableció que a partir de un piso de aceptación del canje, del 75 por ciento, ya no hay posibilidad de litigar. Es verdad que el FMI se mostró preocupado, y es porque se queda sin “clientes”. Su actividad es financiar bajo legislación extranjera a los países que están en proceso de reestructuración de deuda y allí ligar el fondeo a las políticas de ajuste. Pero aceptar la ley foránea se va a volver más difícil para los países que están canjeando su deuda. Después de la Corte y su negativa, los abogados vinculados a la academia y a los bancos escribieron en los diarios de los Estados Unidos que había un nuevo marco para la refinanciación de deuda y, con cierto placer, hablaron de someter a los deudores a reglas que devuelvan el poder a los contratos. Eso simula más un regreso a un sistema disciplinador, y un país independiente debe examinar sus pasos cuidadosamente ante un marco de semejante presión.
