Le entregó al tribunal la competencia sobre el escrutinio provisorio y destrabó el tema
Para allanar el camino de la reforma electoral, el Gobierno debió corregir el rumbo. Ante una advertencia de la Cámara Nacional Electoral (CNE), la Casa Rosada resolvió ayer reasumir el compromiso de darle al tribunal la competencia sobre el escrutinio provisorio, el conteo que se hace el mismo día de las elecciones.
Con ese conflicto resuelto (al menos de palabra) y el respaldo de buena parte de la oposición, el oficialismo se dispone a emitir hoy en un plenario de comisión un dictamen que establece que en las elecciones de 2017 se implementará el sistema de boleta electrónica en todo el país. Así lo pidió Mauricio Macri a sus referentes en el Congreso.
La decisión de corregir el proyecto se tomó luego de una reunión de urgencia que mantuvieron ayer los jueces de la CNE, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, con el ministro de Modernización, Andrés Ibarra; el secretario de País Digital, Raúl Martínez; el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, y el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Pablo Tonelli.
Había sido Tonelli el que anunció, en la última reunión de comisión, que el Gobierno cedería a la CNE el control del escrutinio provisorio, hoy en manos de la Dirección Nacional Electoral (DINE), un órgano del Poder Ejecutivo. Pero en el borrador de dictamen que circuló en los últimos días se limitó el papel de la CNE a la reglamentación y supervisión del proceso.
El argumento del Gobierno es que el Poder Ejecutivo ya cuenta con la estructura para encargarse del escrutinio provisorio. El centro de cómputos de Arsat tiene todo lo necesario para hacer el recuento con el nuevo sistema de votación, se justificaron los funcionarios.
Decididos a ir al choque, Dalla Vía y Corcuera convocaron anteayer a una conferencia de prensa que iba a realizarse ayer, a las 15. Una llamada de Olivos los persuadió de suspenderla para asistir a una reunión en el Ministerio de Modernización. En ese encuentro, los funcionarios se comprometieron a corregir el texto que se va a debatir hoy, a las 12, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y de Justicia.
«Nos parece bien que el Estado esté desarrollando un sistema propio para el escrutinio, que no se contrate a una empresa. El tema es quién conduce el proceso. Nosotros somos la máxima autoridad electoral», dijo a LA NACION Dalla Vía, después de la reunión con el Gobierno. «Esperamos que cumplan con lo prometido», advirtió.
En el Gobierno prometieron que iban a ajustar el proyecto a lo conversado con los jueces. «La competencia la va a tener la Cámara. El Poder Ejecutivo va a aportar todos los recursos para que el escrutinio salga bien», afirmó Adrián Pérez, en diálogo con LA NACION.
Disputa de fondos
Con ese punto saldado, quedó todo resuelto para que hoy se firme el dictamen, pese a que las advertencias de la CNE no terminan ahí. «Estamos preocupados por los tiempos, por los plazos. No hay plan B. Tenemos que asumir una responsabilidad muy grande», dijo Dalla Vía.
Ocurre que el tribunal será el encargado de la autoría del nuevo sistema de votación. Deberá en la previa validar la herramienta de boleta electrónica y garantizar después la transparencia del proceso. El Gobierno se comprometió también ayer a disponer una partida especial de fondos para atender esas cuestiones. Pero un dato preocupa a la CNE: el presupuesto de 2017 prevé una reducción de 100 millones de pesos en sus recursos. Pasará de 800 a 700 millones de pesos.
La discusión en el Congreso, en tanto, parece encaminada. El oficialismo tiene asegurado el apoyo del Frente Renovador y del Bloque Justicialista, suficiente para reunir mayoría en la Cámara de Diputados. El Frente para la Victoria ya anticipó que votará en contra.
El borrador del dictamen que se debatirá hoy incluye un artículo para garantizar la paridad de género en las listas legislativas nacionales, una iniciativa apoyada por la gran mayoría de los diputados.
En cambio, quedó archivada la propuesta para ampliar la cantidad de diputados y reasignar el número de bancas según el último censo, una cláusula constitucional que no se cumple y que hoy perjudica a la provincia de Buenos Aires.
La discusión pasará por las restricciones en las PASO. Según el proyecto, los votantes sólo podrán participar de las primarias de una sola agrupación y no cortar boletas entre distintos frentes. Esto perjudica a los partidos provinciales, como el Movimiento Popular Neuquino, que no llevan candidato a presidente.
Para allanar el camino de la reforma electoral, el Gobierno debió corregir el rumbo. Ante una advertencia de la Cámara Nacional Electoral (CNE), la Casa Rosada resolvió ayer reasumir el compromiso de darle al tribunal la competencia sobre el escrutinio provisorio, el conteo que se hace el mismo día de las elecciones.
Con ese conflicto resuelto (al menos de palabra) y el respaldo de buena parte de la oposición, el oficialismo se dispone a emitir hoy en un plenario de comisión un dictamen que establece que en las elecciones de 2017 se implementará el sistema de boleta electrónica en todo el país. Así lo pidió Mauricio Macri a sus referentes en el Congreso.
La decisión de corregir el proyecto se tomó luego de una reunión de urgencia que mantuvieron ayer los jueces de la CNE, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, con el ministro de Modernización, Andrés Ibarra; el secretario de País Digital, Raúl Martínez; el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, y el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Pablo Tonelli.
Había sido Tonelli el que anunció, en la última reunión de comisión, que el Gobierno cedería a la CNE el control del escrutinio provisorio, hoy en manos de la Dirección Nacional Electoral (DINE), un órgano del Poder Ejecutivo. Pero en el borrador de dictamen que circuló en los últimos días se limitó el papel de la CNE a la reglamentación y supervisión del proceso.
El argumento del Gobierno es que el Poder Ejecutivo ya cuenta con la estructura para encargarse del escrutinio provisorio. El centro de cómputos de Arsat tiene todo lo necesario para hacer el recuento con el nuevo sistema de votación, se justificaron los funcionarios.
Decididos a ir al choque, Dalla Vía y Corcuera convocaron anteayer a una conferencia de prensa que iba a realizarse ayer, a las 15. Una llamada de Olivos los persuadió de suspenderla para asistir a una reunión en el Ministerio de Modernización. En ese encuentro, los funcionarios se comprometieron a corregir el texto que se va a debatir hoy, a las 12, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y de Justicia.
«Nos parece bien que el Estado esté desarrollando un sistema propio para el escrutinio, que no se contrate a una empresa. El tema es quién conduce el proceso. Nosotros somos la máxima autoridad electoral», dijo a LA NACION Dalla Vía, después de la reunión con el Gobierno. «Esperamos que cumplan con lo prometido», advirtió.
En el Gobierno prometieron que iban a ajustar el proyecto a lo conversado con los jueces. «La competencia la va a tener la Cámara. El Poder Ejecutivo va a aportar todos los recursos para que el escrutinio salga bien», afirmó Adrián Pérez, en diálogo con LA NACION.
Disputa de fondos
Con ese punto saldado, quedó todo resuelto para que hoy se firme el dictamen, pese a que las advertencias de la CNE no terminan ahí. «Estamos preocupados por los tiempos, por los plazos. No hay plan B. Tenemos que asumir una responsabilidad muy grande», dijo Dalla Vía.
Ocurre que el tribunal será el encargado de la autoría del nuevo sistema de votación. Deberá en la previa validar la herramienta de boleta electrónica y garantizar después la transparencia del proceso. El Gobierno se comprometió también ayer a disponer una partida especial de fondos para atender esas cuestiones. Pero un dato preocupa a la CNE: el presupuesto de 2017 prevé una reducción de 100 millones de pesos en sus recursos. Pasará de 800 a 700 millones de pesos.
La discusión en el Congreso, en tanto, parece encaminada. El oficialismo tiene asegurado el apoyo del Frente Renovador y del Bloque Justicialista, suficiente para reunir mayoría en la Cámara de Diputados. El Frente para la Victoria ya anticipó que votará en contra.
El borrador del dictamen que se debatirá hoy incluye un artículo para garantizar la paridad de género en las listas legislativas nacionales, una iniciativa apoyada por la gran mayoría de los diputados.
En cambio, quedó archivada la propuesta para ampliar la cantidad de diputados y reasignar el número de bancas según el último censo, una cláusula constitucional que no se cumple y que hoy perjudica a la provincia de Buenos Aires.
La discusión pasará por las restricciones en las PASO. Según el proyecto, los votantes sólo podrán participar de las primarias de una sola agrupación y no cortar boletas entre distintos frentes. Esto perjudica a los partidos provinciales, como el Movimiento Popular Neuquino, que no llevan candidato a presidente.
