Amado Boudou, un vicepresidente audaz, acaba de arrojar una «bomba» que puede explotarle en la cara al Gobierno, en general, y en la figura de la Presidenta, en particular. Es evidente que lo hace para evitar ser investigado con rigurosidad y, eventualmente, condenado. Sin embargo, los alcances de su embate no solamente afectan al juez Daniel Rafecas, uno de los más respetados del fuero federal. Además impactan en la propia Cristina Fernández porque, al acusar al ahora ex procurador Esteban Righi de manejar en las sombras un poderoso estudio jurídico que le habría ofrecido a Boudou garantías de impunidad, está sugiriendo, por elevación, que sus integrantes fueron efectivos para operar sobre las causas que se le abrieron a Néstor Kirchner y a ella misma por enriquecimiento ilícito.
Manuel Garrido, el laborioso ex fiscal de Investigaciones Administrativas que se alejó del cargo precisamente porque Righi le recortó facultades después de que impulsara la pesquisa para determinar si el ex presidente se había enriquecido de manera ilegítima, acaba de plantear dos razonamientos impecables. Uno: afirma que Boudou tiene razón cuando sostiene que el estudio de la esposa y el hijo de Righi hacen un lobby poco decoroso, porque él mismo lo sufrió en carne propia. Y dos: dice que el problema es que el vicepresidente, con la aparente anuencia de la Presidenta, no denunció al procurador general por eso, sino por no controlar y maniatar las acciones de su subordinado, el fiscal Carlos Rívolo, otro profesional que investiga con seriedad y que suele acumular pruebas incontrastables cuando piensa que el delito existe. Al margen de esto, por la importancia política de la figura involucrada, la renuncia del ex ministro del Interior de Héctor Cámpora abre una seria crisis en el Gobierno, de consecuencias todavía impredecibles.
El otro disparo de Boudou que le puede salir por la culata es la insistencia en involucrar al grupo Boldt como el gran instigador que lo quiso coimear para desplazar a la ex Ciccone y quedarse con el negocio de la impresión de papel moneda. Primero, porque sin decirlo, el ex ministro de Economía aparece, una vez más, como un lobbista no declarado de la ex Ciccone, lo que hace más sospechosa la singular nota que escribió a favor del levantamiento de la quiebra de esa empresa. Y después, porque abre la discusión pendiente sobre la connivencia de los gobiernos con los «capos» del juego en la Argentina.
Como se sabe, Cristóbal López ha sido uno de los más beneficiados por las decisiones de Kirchner. Todavía se recuerda el famoso decreto de diciembre de 2007 por el que el ex presidente les permitió a López y a su socio prorrogar el contrato de la explotación de las tragamonedas del Hipódromo de Palermo hasta 2032.Y para los que suponen que con la muerte del ex presidente López vería menguado su acceso al poder, hay que recordar que durante todo el año pasado estuvo discutiendo con la misma Presidenta la eventual compra de Radio 10, C5N y otros medios de Daniel Hadad. La operación no se concretó por diferencias en el precio y la oportunidad. Pero eso no significa que el empresario no vaya a insistir, con ese u otros negocios de mayor envergadura, como adquirir, si pudiera, una importante cantidad de acciones de Repsol YPF. Todos estos tejes y manejes desprestigian al Gobierno y, aunque todavía el impacto de la caída de la imagen de Boudou no parece dar de lleno en la figura de la Presidenta, nadie descarta que empiece a afectarla, en un contexto donde la desaceleración económica ya provoca descontento.
Por las dudas, los voceros habituales de Cristina insisten en agitar el mismo fantasma de pánico que esgrimieron durante el conflicto con el campo. Es decir: la idea de que detrás de las acusaciones contra Boudou hay un intento solapado de la oposición y los medios de destituir a una Presidenta que acaba de alcanzar el récord histórico con la obtención del 54% de los votos. Para ser sinceros, hay que decir que la oposición casi no existe. Y para ser más justos todavía, nunca los medios críticos parecieron tener menos poder «político» que ahora mismo. Eso independientemente de que no es vocación de la prensa semejante locura. Pero más allá de las exageraciones y las chicanas, hay que aclarar que un eventual pedido de licencia del vicepresidente no debería provocar ninguna crisis institucional. Más bien aliviaría la situación de tensión que está soportando todo el Gobierno, incluida la jefa del Estado. La razón es evidente: cada día que pasa se conoce un nuevo detalle del affaire denominado Boudougate. Además, al error original de ignorar el asunto a través del ninguneo y el silencio se le están sumando una serie de torpezas cometidas por el propio vicepresidente, como la insistencia en presentarse como el depositario indiscutible de la rotunda victoria de octubre del año pasado. No coincido con los analistas políticos queafirman que Cristina Fernández no puede darse el lujo de pedirle que se aparte o que renuncie, ya que hacerlo sería admitir la tremenda equivocación de haberlo elegido a dedo y bajo su absoluta responsabilidad. Me parece que la Presidenta todavía tiene margen para aceptarle su paso al costado y colocarse del mismo lado que Dilma Russeff en Brasil. Es más: creo que una buena parte de sus votantes y también del 44% que no lo hizo vería con simpatía semejante decisión.
Por el argumento para defender el apartamiento del vice no habría que preocuparse. Ya sabemos que hasta hace poco los Eskenazi eran un ejemplo de empresarios nacionales y ahora parecen todo lo contrario. Que el Grupo Clarín era tratado con guantes de seda y ahora se defiende en decenas de causas judiciales que incluyen todo tipos de supuestos delitos y que ponen en juego hasta su derecho a la propiedad de los medios y de Papel Prensa. Que Hugo Moyano, según el Gobierno, era casi Lula y ahora parece una mezcla de Jimmy Hoffa y Augusto Timoteo Vandor. ¿Cuánto podría tardar Boudou en transformarse en un aventurero venido de la Ucedé que pretendió infiltrarse en un gobierno nacional y popular para sacar ventajas personales de su meteórico ascenso?
Tal vez, lo que demore en ser anunciado a través de una cadena nacional o una (no) conferencia de prensa, sin preguntas y con muchos gestos ampulosos. Pero entonces, ¿por qué la Presidenta aceptó la renuncia de Righi y decidió bancar a su compañero de fórmula? Quizá porque siente que todavía tiene tiempo y margen político para hacerlo, antes de que la mancha de aceite de la corrupción la alcance también a ella misma.
© La Nacion.
Manuel Garrido, el laborioso ex fiscal de Investigaciones Administrativas que se alejó del cargo precisamente porque Righi le recortó facultades después de que impulsara la pesquisa para determinar si el ex presidente se había enriquecido de manera ilegítima, acaba de plantear dos razonamientos impecables. Uno: afirma que Boudou tiene razón cuando sostiene que el estudio de la esposa y el hijo de Righi hacen un lobby poco decoroso, porque él mismo lo sufrió en carne propia. Y dos: dice que el problema es que el vicepresidente, con la aparente anuencia de la Presidenta, no denunció al procurador general por eso, sino por no controlar y maniatar las acciones de su subordinado, el fiscal Carlos Rívolo, otro profesional que investiga con seriedad y que suele acumular pruebas incontrastables cuando piensa que el delito existe. Al margen de esto, por la importancia política de la figura involucrada, la renuncia del ex ministro del Interior de Héctor Cámpora abre una seria crisis en el Gobierno, de consecuencias todavía impredecibles.
El otro disparo de Boudou que le puede salir por la culata es la insistencia en involucrar al grupo Boldt como el gran instigador que lo quiso coimear para desplazar a la ex Ciccone y quedarse con el negocio de la impresión de papel moneda. Primero, porque sin decirlo, el ex ministro de Economía aparece, una vez más, como un lobbista no declarado de la ex Ciccone, lo que hace más sospechosa la singular nota que escribió a favor del levantamiento de la quiebra de esa empresa. Y después, porque abre la discusión pendiente sobre la connivencia de los gobiernos con los «capos» del juego en la Argentina.
Como se sabe, Cristóbal López ha sido uno de los más beneficiados por las decisiones de Kirchner. Todavía se recuerda el famoso decreto de diciembre de 2007 por el que el ex presidente les permitió a López y a su socio prorrogar el contrato de la explotación de las tragamonedas del Hipódromo de Palermo hasta 2032.Y para los que suponen que con la muerte del ex presidente López vería menguado su acceso al poder, hay que recordar que durante todo el año pasado estuvo discutiendo con la misma Presidenta la eventual compra de Radio 10, C5N y otros medios de Daniel Hadad. La operación no se concretó por diferencias en el precio y la oportunidad. Pero eso no significa que el empresario no vaya a insistir, con ese u otros negocios de mayor envergadura, como adquirir, si pudiera, una importante cantidad de acciones de Repsol YPF. Todos estos tejes y manejes desprestigian al Gobierno y, aunque todavía el impacto de la caída de la imagen de Boudou no parece dar de lleno en la figura de la Presidenta, nadie descarta que empiece a afectarla, en un contexto donde la desaceleración económica ya provoca descontento.
Por las dudas, los voceros habituales de Cristina insisten en agitar el mismo fantasma de pánico que esgrimieron durante el conflicto con el campo. Es decir: la idea de que detrás de las acusaciones contra Boudou hay un intento solapado de la oposición y los medios de destituir a una Presidenta que acaba de alcanzar el récord histórico con la obtención del 54% de los votos. Para ser sinceros, hay que decir que la oposición casi no existe. Y para ser más justos todavía, nunca los medios críticos parecieron tener menos poder «político» que ahora mismo. Eso independientemente de que no es vocación de la prensa semejante locura. Pero más allá de las exageraciones y las chicanas, hay que aclarar que un eventual pedido de licencia del vicepresidente no debería provocar ninguna crisis institucional. Más bien aliviaría la situación de tensión que está soportando todo el Gobierno, incluida la jefa del Estado. La razón es evidente: cada día que pasa se conoce un nuevo detalle del affaire denominado Boudougate. Además, al error original de ignorar el asunto a través del ninguneo y el silencio se le están sumando una serie de torpezas cometidas por el propio vicepresidente, como la insistencia en presentarse como el depositario indiscutible de la rotunda victoria de octubre del año pasado. No coincido con los analistas políticos queafirman que Cristina Fernández no puede darse el lujo de pedirle que se aparte o que renuncie, ya que hacerlo sería admitir la tremenda equivocación de haberlo elegido a dedo y bajo su absoluta responsabilidad. Me parece que la Presidenta todavía tiene margen para aceptarle su paso al costado y colocarse del mismo lado que Dilma Russeff en Brasil. Es más: creo que una buena parte de sus votantes y también del 44% que no lo hizo vería con simpatía semejante decisión.
Por el argumento para defender el apartamiento del vice no habría que preocuparse. Ya sabemos que hasta hace poco los Eskenazi eran un ejemplo de empresarios nacionales y ahora parecen todo lo contrario. Que el Grupo Clarín era tratado con guantes de seda y ahora se defiende en decenas de causas judiciales que incluyen todo tipos de supuestos delitos y que ponen en juego hasta su derecho a la propiedad de los medios y de Papel Prensa. Que Hugo Moyano, según el Gobierno, era casi Lula y ahora parece una mezcla de Jimmy Hoffa y Augusto Timoteo Vandor. ¿Cuánto podría tardar Boudou en transformarse en un aventurero venido de la Ucedé que pretendió infiltrarse en un gobierno nacional y popular para sacar ventajas personales de su meteórico ascenso?
Tal vez, lo que demore en ser anunciado a través de una cadena nacional o una (no) conferencia de prensa, sin preguntas y con muchos gestos ampulosos. Pero entonces, ¿por qué la Presidenta aceptó la renuncia de Righi y decidió bancar a su compañero de fórmula? Quizá porque siente que todavía tiene tiempo y margen político para hacerlo, antes de que la mancha de aceite de la corrupción la alcance también a ella misma.
© La Nacion.
