Boudou, símbolo de corrupción y de impunidad

Se han cumplido ya seis meses desde que estalló el escándalo que involucra al vicepresidente Amado Boudou en los turbios negocios con el Estado de quienes se quedaron con la ex imprenta Ciccone.
Ha pasado suficiente tiempo para que la opinión pública termine de convencerse de que los argentinos carecemos de un vicepresidente confiable y respetable. Nos hallamos ante alguien que no sólo habría faltado a sus deberes y a la ética que corresponde a un funcionario público, sino también a la verdad.
Boudou se ha convertido en una incesante fuente de escándalos que sorprenden por su cantidad y magnitud, y por las fuerzas que se mueven para que esas causas no avancen, lo hagan a ritmo muy lento o pierdan en su camino importantes pruebas documentales.
El turbio historial de Boudou, quien a veces parece esclavo de una compulsión por evitar los llamados a licitaciones, se acrecentó recientemente, luego de que se supo que, precisamente, en su calidad de presidente del Senado, efectuó una sospechosa modificación en las normas referidas a contrataciones de la Cámara alta para justificar el gasto realizado en enero pasado en la fastuosa refacción de los despachos de su área. Esa obra se llevó a cabo sin licitación y su costo se mantuvo en secreto hasta la publicación de la nueva ingeniería legal que permitió encuadrar el trabajo dentro de sus facultades.
En otras palabras, lo que ha hecho el vicepresidente ha sido violar las normas y luego modificarlas para que la violación no fuera tal. Mediante un decreto de febrero pasado, Boudou y el secretario administrativo del Senado, Juan Zabaleta, cambiaron el régimen de caja chica de la Cámara para así permitir la contratación de obras por hasta 100.000 pesos sin necesidad de llamar a licitación. Hasta ese momento, el monto máximo autorizado para una contratación directa era de 50.000 pesos. Pero, además, ese mismo día Boudou y Zabaleta firmaron otro decreto para autorizar la contratación de las obras de refacción de los despachos por 96.640 pesos.
Lo grave es que los dos decretos se emitieron dos semanas después de iniciados los trabajos en la presidencia del Senado. En realidad, cuando ambos decretos se rubricaron, ya habían concluido las obras. Cuando éstas comenzaron, lo que correspondía era llamar a licitación.
Al margen de lo ocurrido con esa obra, desde febrero Boudou puede gastar el doble que antes sin necesidad de llamar a licitación o concurso de precios en rubros tan variados como bienes de consumos, servicios no personales y bienes de uso. La caja chica que maneja en la Cámara alta asciende a dos millones de pesos anuales.
Inconcebible poder el que se ha otorgado a sí mismo el vicepresidente si recordamos que es investigado por presuntas irregularidades en el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses cuando estaba al frente de ese organismo. También es investigado por la compra de 19 automóviles de alta gama sin una licitación pública, cuando era ministro de Economía.
Estando al frente del Palacio de Hacienda, Boudou incrementó su patrimonio en un 64 por ciento entre 2009 y 2010. Luego, ya como titular del Senado, autorizó, con su par de Diputados, el aumento del ciento por ciento en las dietas de senadores y diputados en diciembre último.
Mientras pudo, Boudou mantuvo silencio sobre el caso en el que se sospecha su posible vinculación con la ex Ciccone Calcográfica por medio de un testaferro. Cuando se vio forzado a dar alguna explicación, mintió al negar en distintas entrevistas periodísticas haber intervenido como ministro para que la AFIP reviera la quiebra de la empresa impresora, «una operación -sostuvo- en la que no influí ni tuve ninguna participación directa». Pero esa misma noche, probablemente luego de enterarse de que el periodismo contaba ya con uno de los documentos que probaban su flagrante mentira, admitió que había remitido una nota a la AFIP en el contexto del expediente de la quiebra.
Aquella gestión de Boudou fue efectiva, pues en forma más que extraña, incluso para el propio juez que intervenía, la quiebra se revirtió y la firma que, sin licitación, imprime billetes para el Estado, pasó a manos del abogado Alejandro Vandenbroele, de quien su ex esposa aseguró que es testaferro del vicepresidente. Poco antes, el ministro Boudou había frenado un plan de inversión para que la Casa de Moneda renovara su maquinaria.
El vicepresidente siempre negó tener cualquier relación con Vandenbroele. Esta persona, a quien Boudou incluso dijo desconocer, pagaba, sin embargo, las expensas, el servicio de cable y la cuenta telefónica de un departamento del funcionario en Puerto Madero. La propia empresa encabezada por Vandenbroele, que se quedó con Ciccone y sus negocios, benefició con innumerables pasajes aéreos y viajes de placer a un socio y a un hermano de Boudou.
Tanto fue creciendo la bola de nieve del escándalo Ciccone que Boudou, indudablemente con el respaldo de la Presidenta, logró que el procurador general de la Nación, Esteban Righi, perdiera su puesto y que el juez y el fiscal que llevaban la investigación de Ciccone resultaran apartados del caso. Posteriormente, desapareció el expediente que registraba datos de una sociedad extranjera vinculada con Ciccone, y la Inspección General de Justicia dispuso reservar el conocimiento de los legajos de las sociedades inscriptas en el Registro Público de Comercio sólo a los titulares y a los «interesados legítimos». A tal extremo llega este escándalo que hoy el Gobierno estaría evaluando la posibilidad de estatizar la empresa Ciccone para tratar de esa manera de sacar el caso de la agenda.
Que un funcionario en permanente zozobra con cada hallazgo del caso Ciccone siga generando escándalos constituye una vergüenza. Que ese funcionario sea quien ejerce la Presidencia ante la ausencia de Cristina Kirchner lo hace más escandaloso aún.
Uno de sus antecesores en el cargo, el político radical Elpidio González, luce a la distancia como el contraejemplo de Boudou. Fue elegido vicepresidente en 1922 acompañando en la fórmula presidencial a Marcelo T. de Alvear. González se negó luego a percibir la pensión que le correspondía como vicepresidente y trabajó como corredor de comercio de una conocida firma de anilinas, antes de morir en la pobreza. Un caso extremo. Tanto como la impunidad y el cinismo de que hace gala su indigno sucesor..