El gobierno brasileño prepara cambios en el Fondo de Garantía a la Exportación (FGE) como parte de la delicada ingeniería financiera para salvar el comercio entre Brasil y Argentina. Ese fondo servirá como una especie de garantía de última instancia para los bancos comerciales responsables de financiar a los exportadores brasileños. La idea que el gobierno llevó a Buenos Aires y cerrará la próxima semana es destinar cerca de R$ 1.000 millones del FGE a la cobertura de los riesgos de quiebra de Argentina.
La propuesta intenta desatar el principal nudo que impide un acuerdo detallado en torno del financiamiento al comercio bilateral: las garantías financieras. De esa forma, cabrá al fondo -vinculado al ministerio de Economía- el papel de blindaje de los bancos contra la posibilidad de insolvencia del país vecino, quitando cualquier riesgo al Banco Central (BC). La expectativa del gobierno es destrabar el financiamiento de los bancos y devolver la normalidad al intercambio comercial, que fue duramente alcanzado por la crisis cambiaria argentina. En el primer trimestre, las exportaciones de productos elaborados made in Brasil al principal socio del Mercosur cayeron 26%.
Las empresas instaladas en Brasil, principalmente automotrices, informaron al gobierno que tienen dificultades muy grandes para cerrar operaciones bancarias -como adelantamientos de contrato de cambio-porque las tasas subieron mucho cuando se trata de Argentina. Para mitigar ese riesgo y brindar tranquilidad a las instituciones financieras, las autoridades tienen que recurrir al FGE.
Hoy, el fondo actúa como un seguro a las exportaciones de largo plazo, con financiamiento superior a los dos años: básicamente ventas de aeronaves de Embraer y servicios de ingeniería (contratos de las contratistas brasileñas en el exterior). Para permitir que ese seguro se extienda a operaciones de corto plazo, como es el perfil de los embarques a Argentina, la Cámara de Comercio Exterior (Camex) tendrá que aprobar una resolución para concretar formalmente tal cambio.
Aunque sea capaz de esquivar la resistencia de los bancos, haciendo que vuelvan a anticipar a los exportadores los dólares de sus ventas a Argentina, el FGE se utilizará solo en la hipótesis -inesperada- de que el país vecino caiga en la insolvencia. Los argentinos, conforme las negociaciones en curso entre ambos gobiernos, tendrán hasta 120 días para pagar las importaciones de productos brasileños. Eso le da un plazo al Banco Central de Argentina y a los importadores locales para que busquen los dólares necesarios para transferir a Brasil.
Una de las posibilidades que analiza el gobierno argentino es emitir títulos en pesos a los importadores, con corrección cambiaria, en plazos compatibles con los de las operaciones de financiamiento de los bancos. En caso de que ocurran nuevas devaluaciones del peso, las compañías en Argentina pueden preservar integralmente su capacidad de pago.
A pesar de haber aparentemente agradado a la Casa Rosada, toda esa ingeniería financiera no se cerró a raíz de la resistencia del país vecino para terminar un acuerdo que solo resolvía la vida de los exportadores brasileños. El ministro de Economía, Axel Kicillof, y la ministra de Industria, Débora Giorgi, dejaron claro el interés de buscar mayor equilibrio en el comercio bilateral y no solo eliminar obstáculos a la importación de productos de Brasil. Para cerrar un acuerdo, la semana próxima, Kicillof y Giorgi buscarán un compromiso explícito de las automotrices con el uso de más autopartes fabricadas en Argentina. Justamente por eso, las automotrices participarán de una reunión entre los dos gobiernos, a realizarse esta semana en la oficina del BNDES.
La propuesta intenta desatar el principal nudo que impide un acuerdo detallado en torno del financiamiento al comercio bilateral: las garantías financieras. De esa forma, cabrá al fondo -vinculado al ministerio de Economía- el papel de blindaje de los bancos contra la posibilidad de insolvencia del país vecino, quitando cualquier riesgo al Banco Central (BC). La expectativa del gobierno es destrabar el financiamiento de los bancos y devolver la normalidad al intercambio comercial, que fue duramente alcanzado por la crisis cambiaria argentina. En el primer trimestre, las exportaciones de productos elaborados made in Brasil al principal socio del Mercosur cayeron 26%.
Las empresas instaladas en Brasil, principalmente automotrices, informaron al gobierno que tienen dificultades muy grandes para cerrar operaciones bancarias -como adelantamientos de contrato de cambio-porque las tasas subieron mucho cuando se trata de Argentina. Para mitigar ese riesgo y brindar tranquilidad a las instituciones financieras, las autoridades tienen que recurrir al FGE.
Hoy, el fondo actúa como un seguro a las exportaciones de largo plazo, con financiamiento superior a los dos años: básicamente ventas de aeronaves de Embraer y servicios de ingeniería (contratos de las contratistas brasileñas en el exterior). Para permitir que ese seguro se extienda a operaciones de corto plazo, como es el perfil de los embarques a Argentina, la Cámara de Comercio Exterior (Camex) tendrá que aprobar una resolución para concretar formalmente tal cambio.
Aunque sea capaz de esquivar la resistencia de los bancos, haciendo que vuelvan a anticipar a los exportadores los dólares de sus ventas a Argentina, el FGE se utilizará solo en la hipótesis -inesperada- de que el país vecino caiga en la insolvencia. Los argentinos, conforme las negociaciones en curso entre ambos gobiernos, tendrán hasta 120 días para pagar las importaciones de productos brasileños. Eso le da un plazo al Banco Central de Argentina y a los importadores locales para que busquen los dólares necesarios para transferir a Brasil.
Una de las posibilidades que analiza el gobierno argentino es emitir títulos en pesos a los importadores, con corrección cambiaria, en plazos compatibles con los de las operaciones de financiamiento de los bancos. En caso de que ocurran nuevas devaluaciones del peso, las compañías en Argentina pueden preservar integralmente su capacidad de pago.
A pesar de haber aparentemente agradado a la Casa Rosada, toda esa ingeniería financiera no se cerró a raíz de la resistencia del país vecino para terminar un acuerdo que solo resolvía la vida de los exportadores brasileños. El ministro de Economía, Axel Kicillof, y la ministra de Industria, Débora Giorgi, dejaron claro el interés de buscar mayor equilibrio en el comercio bilateral y no solo eliminar obstáculos a la importación de productos de Brasil. Para cerrar un acuerdo, la semana próxima, Kicillof y Giorgi buscarán un compromiso explícito de las automotrices con el uso de más autopartes fabricadas en Argentina. Justamente por eso, las automotrices participarán de una reunión entre los dos gobiernos, a realizarse esta semana en la oficina del BNDES.
