La nueva ley de comunicación audiovisual por suscripciónunifica en una sola norma todos los tipos de televisión paga -antes la regulación era hecha sobre la base de la tecnología de distribución, por cable, satélite o microondas-, prevé la inclusión de las telefónicas en el sector para que se ofrezcan paquetes convergentes de TV, telefonía fija y celular y acceso a Internet (cuádruple play) y pone fin a las limitaciones que existían sobre capitales extranjeros para invertir en este mercado.
Por otro lado, establece una política con cuotas de contenido. La cuota por canal obliga a transmitir por lo menos tres horas y media de programación nacional por semana, en horario pico, y la mitad de ese contenido debe haber sido realizado por un productor independiente, no vinculado al canal que exhibe el material. La cuota por paquete define que un tercio de los canales de la grilla deben ser brasileños. En cuanto al material periodístico, la cuota establece que los paquetes con canales de noticias deben ofrecer por lo menos dos canales distintos para garantizar la pluralidad de la información.
A diferencia de lo que ocurre en la Argentina, donde el Gobierno impulsa la televisión digital abierta como competencia del cable, con el nuevo marco regulatorio el gobierno de Rousseff espera duplicar para 2014 el número de abonados a la TV paga, que actualmente llega a los 11,3 millones. «Creemos que por lo menos un tercio de los suscriptores en el país contratarán también Internet por banda ancha con esta nueva ley», explicó el ministro de Comunicaciones, Paulo Bernardo.
La decisión beneficiará en primera instancia al magnate de las telecomunicaciones mexicano Carlos Slim, cuya compañía América Móvil es propietaria de la empresa de telefonía celular Claro y de la de telefonía fija Embratel, además de que hasta ahora tenía el 49% de las acciones (el máximo permitido antes) de la operadora de TV por cable e Internet Net, que era propiedad de la familia Marinho, de Rede Globo, el mayor grupo audiovisual del país. Ahora pasará a manos de Slim, que ya había negociado con los Marinho la venta de Net. «Hace tres años que comenzamos a unificar nuestras actividades de ingeniería para generar sinergia y aprovechar mejor los recursos», apuntó Carlos Zenteno, presidente de Claro.
La española Telefónica, que tiene aquí la empresa de celulares Vivo, y el grupo luso-brasileño Oi, también de telefonía celular, adelantaron que pretenden incorporar nuevos servicios, mientras que la nueva operadora de banda ancha GVT anunció que espera ingresar pronto en el mercado de la TV paga. «Desde el punto de vista de la liberalización, el mercado está descorchando champagne. Ya en la cuestión de las cuotas, el tema es más polémico», comentó a La Nacion el analista Eduardo Tude, presidente de la consultora Teleco. Según explicó Tude, en las negociaciones con el gobierno fue clave el acuerdo alcanzado con Globo, que eligió seguir siendo el máximo productor de contenido audiovisual nacional -de ahí las cuotas-, en vez de tener una operadora de TV por suscripción. Sectores más duros del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) impulsaban mayores controles sobre las empresas extranjeras de telecomunicaciones, pero al final tuvieron que ceder frente a la postura mayoritaria.Brasil
Regula producción y distribución de contenidos con un criterio de convergencia, es decir, sin separar completamente telecomunicaciones de radiodifusión.
Permite a las telefónicas ingresar al negocio de la televisión por cable para aumentar la oferta, con el objetivo de bajar los precios y mejorar la calidad del servicio.
Fija cuotas de producción nacional de contenidos televisivos y de generación de productoras independientes. Uno de cada tres canales de la grilla debe ser brasileño.
Los extranjeros sólo pueden controlar hasta el 30% del capital de firmas productoras de contenidos. En telecomunicaciones, como ocurre en la Argentina, no hay restricciones.
Argentina
Regula las telecomunicaciones de manera completamente separada de los «servicios audiovisuales» o de radiodifusión. Existen distintas leyes que se superponen.
Impide que las empresas de servicios públicos (entre ellas, las telefónicas) ofrezcan servicios de radiodifusión, como la televisión por cable.
Establece cuotas obligatorias de producción nacional, propia de los canales y de productoras independientes, pero es menos exigente con señales internacionales.
Los extranjeros sólo pueden controlar hasta el 30% del capital de los servicios audiovisuales. Por un acuerdo binacional, ese cupo no aplica para firmas radicadas en EE.UU..
