ECONOMIA › PANORAMA ECONOMICO
Por David Cufré
Ante la evidencia de que el Gobierno no acordará con los fondos buitre hasta el fin de su mandato, la troupe de economistas especializados en pronosticar catástrofes decidió trasladar la presión a los candidatos que compiten por suceder a Cristina Fernández de Kirchner. La secuencia que plantean es la misma que ensayaron respecto de este tema al menos en dos oportunidades el último año. La primera fue en junio, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos dejó firme el fallo de Thomas Griesa en favor de los fondos especulativos, que obliga al país a pagarles en efectivo unos 1330 millones de dólares más intereses. La segunda fue cerca del vencimiento de la cláusula RUFO –que inhibía cualquier negociación con los holdouts por el riesgo para el Estado de exponerse a juicios millonarios de los inversores que participaron de los canjes de deuda, de 2005 y 2010–, la cual dejó de tener efecto el 31 de diciembre pasado. Lo que dijeron en aquellas oportunidades fue que si el Gobierno no acataba rápido la sentencia del magistrado de Nueva York, la economía padecería severas consecuencias: ahogo financiero, corrida cambiaria, devaluación y recesión. Es conveniente repasar sus afirmaciones para evaluarlas de cara al futuro, ya que otra vez remarcan que la próxima administración deberá acordar “sí o sí” con los buitres en los primeros meses de gestión para evitar esos padecimientos.
– “Sin arreglo con los holdouts, desgraciadamente, no hay solución para la macroeconomía argentina”, afirmó Miguel Kiguel, ex secretario de Finanzas entre 1996 y 1999.
– “En 2015 habrá que administrar la escasez. Si no hay acuerdo con los buitres habrá un poco más de recesión, el costo se pagará en el nivel de actividad”, reflexionó Fernando Baer, de la consultora Quantum Finanzas.
– “El deterioro de la situación económica hace más probable un acuerdo con los holdouts. El creciente deterioro de la actividad y de las perspectivas para 2015 en caso de no arreglo vuelven más probable un giro en enero hacia un entendimiento”, pronosticó Eduardo Levy Yeyati, economista radical y titular de la consultora Elypsis, a fines del año pasado.
– Luciano Laspina, diputado nacional por el PRO e integrante de los equipos del candidato santafesino Miguel Del Sel, quien pasó por el Banco Ciudad y la Universidad Di Tella, apuntó a la falta de dólares como la cuestión principal a resolver por el próximo gobierno. “Esto lleva a la necesidad de arreglo con los holdouts. Con acuerdo, la situación es compleja; sin acuerdo, la situación es crítica”, evaluó.
– “Sin acuerdo con los holdouts las expectativas de devaluación aumentarían y la demanda de dinero caería aún más, por ende el dólar paralelo se encarecería, arrastrando al alza a la brecha cambiaria y a la inflación”, aseguró la consultora Economía & Regiones, liderada por Rogelio Frigerio, presidente del Banco Ciudad. “La tasa de crecimiento en 2015 será más negativa que la de este año, con un aumento del nivel general de precios promedio por encima del 50 por ciento anual”, agregó en noviembre del año pasado.
– “Hay una forma fácil para que Argentina corte con el escenario de crisis económica: que acuerde con sus acreedores holdout para volver a los mercados globales de capitales”, recomendó un editorial de la agencia Bloomberg.
– “Si no arreglan, tendrán que seguir administrando las reservas que tienen, con algún ajuste cambiario adicional. En este contexto, estimamos un tipo de cambio cercano a 10 pesos para marzo y de alrededor de 11 para fin de año”, señaló Alejo Costa, jefe de Estrategia de Puente.
El dólar cerró ayer a 8,90 pesos, lejos de los 10 pesos pronosticados para marzo. La brecha cambiaria tocó un máximo de 90 por ciento el 24 de septiembre pasado, cuando el dólar oficial cerró a 8,44 y el ilegal lo hizo a 15,95. Ayer quedó en 44 por ciento, con el oficial a 8,90 y el paralelo a 12,80. En este momento, ni los críticos más acérrimos del Gobierno calculan una inflación del 50 por ciento para este año; por el contrario, las consultoras privadas y el Gobierno de la Ciudad admiten que la inflación está bajando y la sitúan en torno del 30 por ciento para 2015. También reconocen que la actividad económica da señales de ligera recuperación, lo que se observa en la mayoría de los indicadores. Hubo un repunte en el volumen de depósitos en pesos y en dólares, un aumento del crédito a la producción y el consumo, alzas en la demanda energética y del sector de la construcción. Es decir, no se produjeron los anticipados aumentos del dólar, de la brecha cambiaria y de la inflación, mientras que el nivel de actividad marcha mejor que en 2014. Todo al revés.
El otro punto clave que marcaron aquellos economistas era que la Argentina necesitaba resolver sus diferencias con los buitres como condición excluyente para acceder a financiamiento en moneda dura. La emisión del Bonar 2024, concretada esta semana por 1416 millones de dólares, terminó de demoler sus predicciones para 2015; sobre todo porque nueve de cada diez dólares ingresados los aportaron fondos del exterior, quienes no dejaron de aprovechar la oportunidad de hacer buenos negocios pese al conflicto irresuelto entre el país y los fondos especulativos. La colocación impactó positivamente sobre el valor de las acciones, mientras que la cotización de los bonos está muy lejos de reflejar una situación de supuesto default, como insisten en calificar los voceros del establishment la respuesta soberana del gobierno nacional al cuestionado fallo de Griesa. Nadie imagina que inversores extranjeros comprarían bonos a 2024 de un país en default. El ingreso de esas divisas elevó el monto de las reservas del Banco Central al nivel que tenían en noviembre de 2013, antes de la devaluación de enero de 2014 y de la resolución de la Justicia estadounidense a gusto de Paul Singer.
A pesar de que la realidad desmintió de manera inapelable sus proyecciones, los economistas (de amianto) de la City renovaron sus argumentos para insistir en que es imprescindible un acuerdo con los buitres a poco de andar el próximo gobierno. Cuestionaron la colocación porque la tasa rozó el 9 por ciento cuando otros países de la región –que no pasaron por el default de 2002, el más grande de la historia a nivel mundial– pagan la mitad o menos, arriesgaron que será difícil repetir una emisión como la del Bonar 2024 –aunque la YPF estatal al día siguiente consiguió otros 1500 millones de dólares–, advirtieron que los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010 el próximo año saldrán a vender sus títulos o practicarán una baja en su valuación a pedido de sus auditores de persistir la negativa de Griesa a que cobren los vencimientos que el país viene cancelando prolijamente, y afirmaron que la escasez de divisas pondrá esta vez sí a la Argentina de cara a una devaluación –que al mismo tiempo reclaman–. También alertaron por la eventualidad de que esos bonistas u otros junten las voluntades necesarias para exigir la aceleración de la deuda, que forzaría al país a cancelar de manera anticipada sus compromisos. Las especulaciones respecto de lo que hagan los bonistas con títulos reestructurados en 2016 son a esta altura ciencia ficción y, por lo que se ve, parecen más bien una expresión de deseos. La Justicia inglesa, por lo pronto, ya emitió un fallo que cuestiona la decisión de Griesa de impedirles cobrar en Londres. La demanda la presentaron George Soros y Kyle Bass. Es decir, dos pesos pesados de las finanzas no accionaron judicialmente contra la Argentina, fueron contra Griesa. Naciones Unidas, al mismo tiempo, avanza en la redacción de nuevas reglas internacionales para amparar a las reestructuraciones de deuda soberanas de la acción especulativa de los buitres.
La consultora Economía & Regiones y el economista Miguel Kiguel estimaron que para acordar con los holdouts el Estado argentino debería emitir títulos por 15.000 millones de dólares. Ese sería el costo del arreglo con los acreedores que tienen el 7 por ciento de los bonos del default de 2002. La emisión de deuda por el canje de 2005 fue de 35.261 millones, mientras que la de 2010 totalizó 6443 millones. Las cifras muestran la desproporción de la pretensión de los buitres. Para llegar a un acuerdo, los holdouts deberían aceptar quitas como las practicadas entonces, además de generar improbables garantías de una participación total de esos acreedores para evitar nuevos juicios. En cualquier caso es evidente que eso no puede ser resuelto a las apuradas, como exigen los gurúes del papelón. El próximo gobierno recoge la experiencia de doce años de kirchnerismo de confrontación abierta con los acreedores y el establishment financiero internacional –incluido el FMI– hasta llegar a acuerdos razonables con casi el 93 por ciento. Hipotecar al país para ceder a un grupo de extorsionadores nunca puede ser una opción racional.
Por David Cufré
Ante la evidencia de que el Gobierno no acordará con los fondos buitre hasta el fin de su mandato, la troupe de economistas especializados en pronosticar catástrofes decidió trasladar la presión a los candidatos que compiten por suceder a Cristina Fernández de Kirchner. La secuencia que plantean es la misma que ensayaron respecto de este tema al menos en dos oportunidades el último año. La primera fue en junio, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos dejó firme el fallo de Thomas Griesa en favor de los fondos especulativos, que obliga al país a pagarles en efectivo unos 1330 millones de dólares más intereses. La segunda fue cerca del vencimiento de la cláusula RUFO –que inhibía cualquier negociación con los holdouts por el riesgo para el Estado de exponerse a juicios millonarios de los inversores que participaron de los canjes de deuda, de 2005 y 2010–, la cual dejó de tener efecto el 31 de diciembre pasado. Lo que dijeron en aquellas oportunidades fue que si el Gobierno no acataba rápido la sentencia del magistrado de Nueva York, la economía padecería severas consecuencias: ahogo financiero, corrida cambiaria, devaluación y recesión. Es conveniente repasar sus afirmaciones para evaluarlas de cara al futuro, ya que otra vez remarcan que la próxima administración deberá acordar “sí o sí” con los buitres en los primeros meses de gestión para evitar esos padecimientos.
– “Sin arreglo con los holdouts, desgraciadamente, no hay solución para la macroeconomía argentina”, afirmó Miguel Kiguel, ex secretario de Finanzas entre 1996 y 1999.
– “En 2015 habrá que administrar la escasez. Si no hay acuerdo con los buitres habrá un poco más de recesión, el costo se pagará en el nivel de actividad”, reflexionó Fernando Baer, de la consultora Quantum Finanzas.
– “El deterioro de la situación económica hace más probable un acuerdo con los holdouts. El creciente deterioro de la actividad y de las perspectivas para 2015 en caso de no arreglo vuelven más probable un giro en enero hacia un entendimiento”, pronosticó Eduardo Levy Yeyati, economista radical y titular de la consultora Elypsis, a fines del año pasado.
– Luciano Laspina, diputado nacional por el PRO e integrante de los equipos del candidato santafesino Miguel Del Sel, quien pasó por el Banco Ciudad y la Universidad Di Tella, apuntó a la falta de dólares como la cuestión principal a resolver por el próximo gobierno. “Esto lleva a la necesidad de arreglo con los holdouts. Con acuerdo, la situación es compleja; sin acuerdo, la situación es crítica”, evaluó.
– “Sin acuerdo con los holdouts las expectativas de devaluación aumentarían y la demanda de dinero caería aún más, por ende el dólar paralelo se encarecería, arrastrando al alza a la brecha cambiaria y a la inflación”, aseguró la consultora Economía & Regiones, liderada por Rogelio Frigerio, presidente del Banco Ciudad. “La tasa de crecimiento en 2015 será más negativa que la de este año, con un aumento del nivel general de precios promedio por encima del 50 por ciento anual”, agregó en noviembre del año pasado.
– “Hay una forma fácil para que Argentina corte con el escenario de crisis económica: que acuerde con sus acreedores holdout para volver a los mercados globales de capitales”, recomendó un editorial de la agencia Bloomberg.
– “Si no arreglan, tendrán que seguir administrando las reservas que tienen, con algún ajuste cambiario adicional. En este contexto, estimamos un tipo de cambio cercano a 10 pesos para marzo y de alrededor de 11 para fin de año”, señaló Alejo Costa, jefe de Estrategia de Puente.
El dólar cerró ayer a 8,90 pesos, lejos de los 10 pesos pronosticados para marzo. La brecha cambiaria tocó un máximo de 90 por ciento el 24 de septiembre pasado, cuando el dólar oficial cerró a 8,44 y el ilegal lo hizo a 15,95. Ayer quedó en 44 por ciento, con el oficial a 8,90 y el paralelo a 12,80. En este momento, ni los críticos más acérrimos del Gobierno calculan una inflación del 50 por ciento para este año; por el contrario, las consultoras privadas y el Gobierno de la Ciudad admiten que la inflación está bajando y la sitúan en torno del 30 por ciento para 2015. También reconocen que la actividad económica da señales de ligera recuperación, lo que se observa en la mayoría de los indicadores. Hubo un repunte en el volumen de depósitos en pesos y en dólares, un aumento del crédito a la producción y el consumo, alzas en la demanda energética y del sector de la construcción. Es decir, no se produjeron los anticipados aumentos del dólar, de la brecha cambiaria y de la inflación, mientras que el nivel de actividad marcha mejor que en 2014. Todo al revés.
El otro punto clave que marcaron aquellos economistas era que la Argentina necesitaba resolver sus diferencias con los buitres como condición excluyente para acceder a financiamiento en moneda dura. La emisión del Bonar 2024, concretada esta semana por 1416 millones de dólares, terminó de demoler sus predicciones para 2015; sobre todo porque nueve de cada diez dólares ingresados los aportaron fondos del exterior, quienes no dejaron de aprovechar la oportunidad de hacer buenos negocios pese al conflicto irresuelto entre el país y los fondos especulativos. La colocación impactó positivamente sobre el valor de las acciones, mientras que la cotización de los bonos está muy lejos de reflejar una situación de supuesto default, como insisten en calificar los voceros del establishment la respuesta soberana del gobierno nacional al cuestionado fallo de Griesa. Nadie imagina que inversores extranjeros comprarían bonos a 2024 de un país en default. El ingreso de esas divisas elevó el monto de las reservas del Banco Central al nivel que tenían en noviembre de 2013, antes de la devaluación de enero de 2014 y de la resolución de la Justicia estadounidense a gusto de Paul Singer.
A pesar de que la realidad desmintió de manera inapelable sus proyecciones, los economistas (de amianto) de la City renovaron sus argumentos para insistir en que es imprescindible un acuerdo con los buitres a poco de andar el próximo gobierno. Cuestionaron la colocación porque la tasa rozó el 9 por ciento cuando otros países de la región –que no pasaron por el default de 2002, el más grande de la historia a nivel mundial– pagan la mitad o menos, arriesgaron que será difícil repetir una emisión como la del Bonar 2024 –aunque la YPF estatal al día siguiente consiguió otros 1500 millones de dólares–, advirtieron que los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010 el próximo año saldrán a vender sus títulos o practicarán una baja en su valuación a pedido de sus auditores de persistir la negativa de Griesa a que cobren los vencimientos que el país viene cancelando prolijamente, y afirmaron que la escasez de divisas pondrá esta vez sí a la Argentina de cara a una devaluación –que al mismo tiempo reclaman–. También alertaron por la eventualidad de que esos bonistas u otros junten las voluntades necesarias para exigir la aceleración de la deuda, que forzaría al país a cancelar de manera anticipada sus compromisos. Las especulaciones respecto de lo que hagan los bonistas con títulos reestructurados en 2016 son a esta altura ciencia ficción y, por lo que se ve, parecen más bien una expresión de deseos. La Justicia inglesa, por lo pronto, ya emitió un fallo que cuestiona la decisión de Griesa de impedirles cobrar en Londres. La demanda la presentaron George Soros y Kyle Bass. Es decir, dos pesos pesados de las finanzas no accionaron judicialmente contra la Argentina, fueron contra Griesa. Naciones Unidas, al mismo tiempo, avanza en la redacción de nuevas reglas internacionales para amparar a las reestructuraciones de deuda soberanas de la acción especulativa de los buitres.
La consultora Economía & Regiones y el economista Miguel Kiguel estimaron que para acordar con los holdouts el Estado argentino debería emitir títulos por 15.000 millones de dólares. Ese sería el costo del arreglo con los acreedores que tienen el 7 por ciento de los bonos del default de 2002. La emisión de deuda por el canje de 2005 fue de 35.261 millones, mientras que la de 2010 totalizó 6443 millones. Las cifras muestran la desproporción de la pretensión de los buitres. Para llegar a un acuerdo, los holdouts deberían aceptar quitas como las practicadas entonces, además de generar improbables garantías de una participación total de esos acreedores para evitar nuevos juicios. En cualquier caso es evidente que eso no puede ser resuelto a las apuradas, como exigen los gurúes del papelón. El próximo gobierno recoge la experiencia de doce años de kirchnerismo de confrontación abierta con los acreedores y el establishment financiero internacional –incluido el FMI– hasta llegar a acuerdos razonables con casi el 93 por ciento. Hipotecar al país para ceder a un grupo de extorsionadores nunca puede ser una opción racional.
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