La presidenta Cristina Kirchner había pedido a Barack Obama, en una dura carta difundida el viernes, que aclarara si la funcionaria designada como titular del Public Interest Declassification Board (PIDB) es la copresidenta de la American Task Force Argentina (ATFA), un grupo que defiende a los “fondos buitres”, lo que configuraría, según la mandataria, un “hecho grave en las relaciones bilaterales”.
El gobierno de Obama confirmó hoy a Clarín que efectivamente se trata de la misma persona y que sus responsabilidades en ese puesto “no están relacionadas con ninguna actividad que ella pudiera tener como ciudadana particular en el litigio de la Argentina con los bonistas”.
Un portavoz del Departamento de Estado explicó a Clarín que Obama primero nombró a Soderberg como presidenta del PIDB –que tiene 9 miembros– en enero de 2012 y luego, por segunda vez, en diciembre de ese año. Señaló que ese organismo es “un comité asesor establecido por el Congreso en el año 2000 para promover el acceso público a los informes del gobierno relacionados con las actividades de seguridad nacional”.
Los cargos en el PIDB, explica el portavoz, son part-time y es “típico” de ese organismo, como también de la mayoría de miembros de los consejos que asesoran al gobierno, que sus integrantes tengan “un empleo afuera” de ese puesto. “La señora Soderberg es una ciudadana particular que trabaja en un board que asesora al gobierno. Sus responsabilidades oficiales como directora del PIDB no están relacionadas con ninguna actividad que pueda tener como una ciudadana particular en el litigio de la Argentina con los bonistas”, señaló.
El ATFA, según la carta de cinco carillas que envió Cristina Kirchner, es una “entidad creada específicamente para atacar y difamar a la República Argentina y a su Presidenta”, en beneficio de “un puñado de fondos buitres que pretenden obtener ganancias exorbitantes interrumpiendo el derecho soberano a la reestructuración de la deuda externa”.
La Presidenta había denunciado la “agresividad y bajeza moral de la campaña dirigida por la señora Soderberg desde ATFA” contra Argentina y recuerda “hechos vergonzantes” como haber instalado una rata inflable gigante frente a la embajada de nuestro país en Washington.
“Estas acciones deleznables se convertirían en una cuestión de Estado si fuesen realizadas por una funcionaria pública. Sería el caso si la responsable del ATFA fuera la misma persona que trabaja en la Casa Blanca y no simples homónimos”, señalaba la misiva.
La Presidenta había resaltado, además, que las funciones del PIDB “abarcan aspectos sensibles de seguridad nacional” y consideró que “sería inadmisible que un cargo clave del gobierno de los Estados Unidos, con acceso a información clasificada”, sea la misma persona que copreside la ATFA. El gobierno estadounidense confirmó hoy que efectivamente es la misma persona.
El gobierno de Obama confirmó hoy a Clarín que efectivamente se trata de la misma persona y que sus responsabilidades en ese puesto “no están relacionadas con ninguna actividad que ella pudiera tener como ciudadana particular en el litigio de la Argentina con los bonistas”.
Un portavoz del Departamento de Estado explicó a Clarín que Obama primero nombró a Soderberg como presidenta del PIDB –que tiene 9 miembros– en enero de 2012 y luego, por segunda vez, en diciembre de ese año. Señaló que ese organismo es “un comité asesor establecido por el Congreso en el año 2000 para promover el acceso público a los informes del gobierno relacionados con las actividades de seguridad nacional”.
Los cargos en el PIDB, explica el portavoz, son part-time y es “típico” de ese organismo, como también de la mayoría de miembros de los consejos que asesoran al gobierno, que sus integrantes tengan “un empleo afuera” de ese puesto. “La señora Soderberg es una ciudadana particular que trabaja en un board que asesora al gobierno. Sus responsabilidades oficiales como directora del PIDB no están relacionadas con ninguna actividad que pueda tener como una ciudadana particular en el litigio de la Argentina con los bonistas”, señaló.
El ATFA, según la carta de cinco carillas que envió Cristina Kirchner, es una “entidad creada específicamente para atacar y difamar a la República Argentina y a su Presidenta”, en beneficio de “un puñado de fondos buitres que pretenden obtener ganancias exorbitantes interrumpiendo el derecho soberano a la reestructuración de la deuda externa”.
La Presidenta había denunciado la “agresividad y bajeza moral de la campaña dirigida por la señora Soderberg desde ATFA” contra Argentina y recuerda “hechos vergonzantes” como haber instalado una rata inflable gigante frente a la embajada de nuestro país en Washington.
“Estas acciones deleznables se convertirían en una cuestión de Estado si fuesen realizadas por una funcionaria pública. Sería el caso si la responsable del ATFA fuera la misma persona que trabaja en la Casa Blanca y no simples homónimos”, señalaba la misiva.
La Presidenta había resaltado, además, que las funciones del PIDB “abarcan aspectos sensibles de seguridad nacional” y consideró que “sería inadmisible que un cargo clave del gobierno de los Estados Unidos, con acceso a información clasificada”, sea la misma persona que copreside la ATFA. El gobierno estadounidense confirmó hoy que efectivamente es la misma persona.
