Representantes de los fondos buitre se opusieron al pedido que efectuó un grupo de bonistas acreedores de Argentina para que el juez habilite al país y a la cámara compensadora Euroclear a identificar a los tenedores de títulos emitidos bajo legislación europea. Los portadores de bonos del canje argumentaron que la medida podría ayudar al país a conseguir un perdón o waiver por parte de los eventuales beneficiarios del incumplimiento de la cláusula RUFO y, de esta manera, facilitar las negociaciones para saldar la sentencia a favor de los holdouts. Pero los litigantes consideraron que la identificación de bonistas ayudará al país a pagarles evadiendo, al mismo tiempo, el fallo.
Como informó El Cronista el miércoles, el grupo denominado Eurobonholders pidió al juez de Nueva York Thomas Griesa que rectifique la sentencia que embarga los pagos de deuda regularizada emitida bajo legislación de Inglaterra y Gales, al considerar que el magistrado se excedió de jurisdicción porque ese dinero nunca toca Estados Unidos. Al mismo tiempo, solicitó identificar a los beneficiarios de esos pagos. En el escrito consideró que, por la cláusula RUFO de los bonos del canje, tienen derecho a recibir cualquier oferta que supere a la de la deuda reestructurada, incluida la de un acuerdo judicial. Pero, al mismo tiempo, sostuvo que al identificar a los bonistas, éstos podrían otorgar a Argentina un waiver que permita negociar sin atender esa cláusula, principal escollo del país para hacer una oferta de pago a los fondos buitre.
Según consignó la agencia Bloomberg, los abogados de NML Capital, Aurelius y otros litigantes pidieron a Griesa que rechace esa solicitud de identificación. Argumentaron que eso facilitaría a Argentina pagar la deuda del canje por fuera de la jurisdicción del juez.
Griesa bloqueó el pago de compromisos por u$s 539 millones, que permanecen congelados en las cuentas del Bank of New York (BONY) de Buenos Aires. El BONY, Euroclear, los Eurobonholders y otros agentes financieros pidieron al juez que resuelva de forma urgente el pago de esos vencimientos y presionan para destrabarlos antes del 30 de julio. Caso contrario, Argentina incurrirá en default.
El juez convocó a los bonistas, agentes financieros y litigantes a una audiencia para el próximo martes. Allí deberá definir si habilita el pago de la deuda europea. NML y compañía se resisten. Argumentan que es deuda externa y, por lo tanto, está sujeta a la cláusula de pari passu por la que el magistrado dictaminó que Argentina debe pagar u$s 1.500 millones. Si Griesa permite los pagos, sólo quedaría congelada la deuda bajo legislación de Nueva York.
Si bien los abogados de Argentina no están convocados a la audiencia, participarán de la misma. El país solicita una nueva cautelar que permita pagar compromisos de deuda externa renegociada y estirar las tratativas con los holdouts hasta 2015, cuando cae la cláusula RUFO. Los litigantes se niegan y Griesa, por el momento, rechazó instalar ese stay. En tanto el grupo de países BRICS adelantó que respaldará a Argentina en el G-20 y la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff mandaría abogados propios a la audiencia con Griesa para respaldar la posición argentina.
