Desde que la Alianza Cambiemos llegó al gobierno, la transferencia de ingresos de los trabajadores al capital llegó a 16.000 millones de dólares, lo cual implicó una caída en la participación de los asalariados en el ingreso del 37,4 al 34,3 por ciento del Producto Interno Bruto entre 2015 y 2016. La profunda recesión de 2016, que en los primeros meses de este año no da signos de haber concluido, fue acompañada por alteraciones sustanciales en el régimen económico y en la orientación del modelo de acumulación de capital. Estas son las principales conclusiones del informe de coyuntura N° 23 de CIFRA, el centro de investigaciones y formación de la CTA, que creó Eduardo Basualdo y hoy dirigen Mariano Barrera, Mariana González y Pablo Manzanelli. Al mismo tiempo, se observa un incremento de la respuesta represiva a los conflictos sociales desde mediados del año pasado, con un pico pronunciado en el primer trimestre de este año, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como en el resto del país. Así lo consigna el estudio “Diálogo y Consenso. El lado B del Modelo”, realizado por el Observatorio de Conflictividad Socio-Laboral de CEPA (Centro de Economía Política Argentina). Los gráficos que acompañan esta nota permiten una fácil visualización de estos inquietantes fenómenos.
Lucha de fracciones
Esa impactante transferencia de ingresos se produjo por la suma de la devaluación, la quita o baja de retenciones a las exportaciones, el aumento de las tarifas de los servicios públicos, la apertura comercial, la liberalización del movimiento de capitales y la suba de la tasa de interés, entre otras medidas que comenzaron a aplicarse desde el primer día de gobierno. Pero esas intensas pugnas por la distribución del ingreso, en el marco de la aceleración inflacionaria de 2016, no se agotan en el subibaja entre el trabajo y el capital sino también entre fracciones del capital. En el primer caso la transferencia de ingresos se origina en la punción del salario real; en el segundo, es reflejo de las distintas rentabilidades sectoriales. Mientras unos pocos sectores pudieron aumentar sus precios relativos por encima del promedio de 41,6 por ciento, como el agro (83,9 por ciento), la intermediación financiera (60,9 por ciento), electricidad, gas y agua (57,4 por ciento) y minas y canteras (49,9 por ciento), quedaron por debajo de la media la industria manufacturera (39,7), el comercio (39,6 por ciento), transporte y comunicaciones (34,7 por ciento) y la construcción (30,5 por ciento). Las causas fueron la caída del consumo (que no se ha detenido), el incremento de los costos de los servicios públicos y la apertura comercial, que sólo en escasa medida fue compensada por la suba del tipo de cambio real. Esta modificación de precios relativos se desplegó en un marco internacional complejo, caracterizado por la intensificación de la lucha competitiva que se reflejó en una importante caída de los precios de las exportaciones argentinas, que además se reprimarizaron. De este modo, el eje ordenador de la economía argentina se desplazó de la economía real y el consumo hacia la especulación financiera. El único componente de la demanda agregada que creció en 2016 fueron las exportaciones, pero esto traccionado por las ventas de productos primarios. En cambio la caída del salario real y el aumento del desempleo redundaron en una merma del consumo privado y no es exagerado decir que la inversión productiva se derrumbó.
Participación de los asalariados en el Producto Interno Bruto *, 2003-2016 ** (en %)
* La participación de los asalariados en el ingreso se estimó como el cociente entre 1) la adición de la masa salarial de los trabajadores registrados (calculado en base a información de SIPA y EPH-INDEC) con sus respectivos aportes patronales (AFIP) y la masa salarial de los trabajadores no registrados (EPH, sin considerar los ingresos imputados) y 2) el PBI en precios corrientes año base 2004 revisado en 2016.
** Primeros tres trimestres del año. Fuente: CIFRA, en base a INDEC, OEDE-MTEySS y AFIP.
Haciendo bambolla
Por más que el gobierno repita que el crecimiento genuino se dará por el aumento de la inversión (lo cual evidencia el sesgo ideológico de que los incrementos del consumo no son una forma válida de crecer, como se lee en reiteradas declaraciones despectivas de funcionarios de primera línea) la tasa de inversión cayó del 16 al 13,9 por ciento del PIB entre 2015 y el último trimestre de 2016. El resultado fue mucho peor en la radicación de las tan apetecidas inversiones extranjeras directas, que se redujo a la mitad. El único diluvio en este rubro se verificó en el ingreso de capital especulativo (al cual el gobierno le quitó cualquier restricción) debido a los altos rendimientos en dólares que posibilitaron las Lebac y otras alternativas similares. En 2015, las inversiones de cartera habían sido negativas. En 2016 treparon a 44.585 millones de dólares, al mismo tiempo que la fuga de capitales al exterior (medida a través del método residual de la balanza de pagos) pasó de 7.505 a 11.666 millones de dólares. Como contrapartida de ominosa proyección futura la deuda externa pública se elevó del 13,3 al 23,4 por ciento del PIB. Tan marcado descenso de las inversiones orientadas a la economía real permite prever que, si hubiera alguna reactivación de la actividad este año provendría del denominado “rebote estadístico”, con escaso impacto en la economía real y el empleo y no sostenible en el tiempo. Pero ni siquiera eso se advierte en los indicadores de coyuntura más recientes, que no muestran un cambio de la declinante tendencia observada. En enero el nivel de actividad había registrado un incremento interanual del 1,1 por ciento, es decir comparado con el desplome del primer mes del gobierno de Macrì. Pero en la comparación mensual se contrajo 0,5 por ciento, interrumpiendo la tendencia de los meses previos. Por el lado de la oferta, en febrero la caída interanual de la industria superó a la de enero (-6 por ciento) lo mismo que la construcción (-3,4 por ciento). Por el lado de la demanda, el nivel de consumo, que no había tenido un buen desempeño en enero, profundizó su contracción en febrero en virtud de la aceleración inflacionaria, y las cantidades exportadas registraron caídas significativas. El informe llega hasta febrero, pero los datos de marzo oscurecieron esos grises. El único dato relativamente positivo fue el gasto en obra pública, que se duplicó en febrero y arrastró el incremento de los despachos de cemento en marzo. Pero su capacidad de tracción sobre el conjunto de la economía es bien escasa. Haciendo bambolla a la hora del fútbol mientras aún es para todos.
La política de incrementar las tasas de interés para secar la plaza y así restarle presión al dólar y al nivel de precios, condujo a una explosión de colocaciones de bonos (festival le llamó Roberto Lavagna en su portazo al gobierno de Alfonsín hace tres décadas) con un stock de Lebac de 774.000 millones de pesos, equivalente a las reservas totales del Banco Central. Los elevados vencimientos de cada mes señalan la posibilidad de que una modificación de las expectativas cambiarias induzca a los inversores privados a dolarizar su cartera. Incluso reaparece, por ahora con sordina, un debate que acompañó el final de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando De la Rúa, entre quienes reclamaban una devaluación, que entonces implicaba romper el esquema de la convertibilidad, y aquellos que preferían la completa dolarización de la economía, algo que hizo Ecuador y que ni siquiera con una década de nacionalismo popular pudo revertir. Esto reduce el margen de maniobra del gobierno, cada vez más dependiente de las altas tasas de interés y el endeudamiento externo, una vez pasados los efectos extraordinarios del blanqueo de capitales. Esto realimenta el proceso de valorización financiera, que tan catastróficas consecuencias tuvo para la producción y el empleo hace dos décadas. El otro brazo de la pinza para constreñir el nivel de precios es la contención salarial. Por eso, CIFRA entiende que la negociación paritaria constituye la madre de todas las batallas, como se aprecia en el caso testigo de los docentes. Sus resultados dependen de las relaciones de fuerza y de la acción del movimiento sindical, al cual pretenden doblegar con políticas dirigidas a desprestigiar a su dirigencia más activa frente al ajuste económico. Pero no sólo con eso.
Conflictos con represión sobre conflictos totales, evolución mensual (en %), 12/2015-03/2017
Dos por día
En el primer trimestre de 2017 los conflictos por despidos, readecuación salarial, cumplimiento de acuerdos, condiciones de trabajo y atrasos en los pagos llegaron a dos por día, según los datos del Observatorio de la Conflictividad Social. El gobierno nacional y el de la Ciudad Autónoma, no se centraron en resolver esos problemas sino en quitar sus efectos de las calles, mediante la represión por parte de las fuerzas de seguridad. Si se compara el primer trimestre de este año con el de 2016, el incremento de conflictos reprimidos fue del 133 por ciento, un porcentaje de crecimiento que no alcanzó ningún rubro de la economía. Esta estrategia ejemplificadora fue manifiesta en el conflicto docente, con la represión policial en la plaza de los Dos Congresos para evitar la instalación de la Escuela itinerante, la premeditada estigmatización de un sector gremial representado por el Secretario General de SUTEBA, Roberto Baradel, los descuentos por los paros realizados, el adicional para los docentes que no adhirieron al paro y las amenazas con multas y quitas de personería gremial. Los cambios en la oferta de la provincia de Buenos Aires fueron tan pequeños que impiden recuperar el poder adquisitivo perdido en 2016. El trabajo incluye una extensa tabla, imposible de reproducir en la extensión de esta nota, de todos los reclamos sociales o laborales, con o sin organización previa, al que las fuerzas de seguridad responden con algún grado de violencia física. Lo que sí puede incluirse es una síntesis de conjunto. El 26,51 por ciento de los conflictos con represión tuvo lugar en la Provincia de Buenos Aires y sobre todo en el conurbano. El 16,87 por ciento de los casos ocurrieron en la Ciudad de Buenos Aires y con 6 por ciento del total cada una siguen Mendoza, Jujuy, Santa Fe y Salta. El gráfico 1 muestra un incremento sustancial de la cantidad absoluta de los conflictos con represión en el segundo semestre de 2016 y los niveles superiores en el comienzo de este año respecto del mismo periodo de 2016, cuando el gobierno de Cambiemos recién comenzaba y disponía de mayor expectativa favorable. La línea de tendencia revela un incremento de los hechos represivos sobre el total de los conflictos registrados cada mes. El gráfico 2 incluye la cantidad de conflictos por mes en la Ciudad de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires y en el resto de las provincias. El aumento de conflictos con represión desde mediados de 2016 se centró en el interior del país pero hacia el final del período se desplazó a la Ciudad de Buenos Aires, que es donde más preocupa al gobierno nacional y que ha dado lugar a un reclamo público del presidente Macrì al intendente Horacio Rodríguez Larreta, no para que indague en las causas de cada reclamo (que en general el gobierno descalifica como una táctica desestabilizadora de adversarios políticos a los que niega representatividad) sino para que los corra de las calles de la Capital Federal y en especial del centro. Si en el promedio nacional, en el primer trimestre de 2017 los conflictos mensuales seguidos por represión pasaron de 3 a 7, en la Ciudad de Buenos Aires el incremento fue de uno a dos por mes, un promedio que no promete disminuir a medida que avance el cronograma electoral y que ha dado lugar a un patético show de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich para exhibir la parafernalia represiva adquirida. El jueves de esta semana, Macrì viajará a Estados Unidos para reunirse con su viejo socio de negocios y golf Donald Trump. Ambos gobiernos anunciaron en forma oficial la visita el miércoles 12. El comunicado de la presidencia argentina dice que Trump y Macrì se reunirán “para avanzar en un diálogo sobre distintos temas de mutuo interés y hacer un repaso de todos los asuntos que conforman la agenda bilateral”. El de la Casa Blanca es más preciso pero poco tranquilizador. “Intercambiarán puntos de vista sobre diversos temas bilaterales y regionales, incluyendo la expansión del comercio, la colaboración en el sector de seguridad y el deterioro de la situación en Venezuela”, dice. En este contexto, ¿qué se entiende por seguridad?
Conflictos con represión Buenos Aires, CABA y resto de provincias (en %), 12/2015-03/2017
Lucha de fracciones
Esa impactante transferencia de ingresos se produjo por la suma de la devaluación, la quita o baja de retenciones a las exportaciones, el aumento de las tarifas de los servicios públicos, la apertura comercial, la liberalización del movimiento de capitales y la suba de la tasa de interés, entre otras medidas que comenzaron a aplicarse desde el primer día de gobierno. Pero esas intensas pugnas por la distribución del ingreso, en el marco de la aceleración inflacionaria de 2016, no se agotan en el subibaja entre el trabajo y el capital sino también entre fracciones del capital. En el primer caso la transferencia de ingresos se origina en la punción del salario real; en el segundo, es reflejo de las distintas rentabilidades sectoriales. Mientras unos pocos sectores pudieron aumentar sus precios relativos por encima del promedio de 41,6 por ciento, como el agro (83,9 por ciento), la intermediación financiera (60,9 por ciento), electricidad, gas y agua (57,4 por ciento) y minas y canteras (49,9 por ciento), quedaron por debajo de la media la industria manufacturera (39,7), el comercio (39,6 por ciento), transporte y comunicaciones (34,7 por ciento) y la construcción (30,5 por ciento). Las causas fueron la caída del consumo (que no se ha detenido), el incremento de los costos de los servicios públicos y la apertura comercial, que sólo en escasa medida fue compensada por la suba del tipo de cambio real. Esta modificación de precios relativos se desplegó en un marco internacional complejo, caracterizado por la intensificación de la lucha competitiva que se reflejó en una importante caída de los precios de las exportaciones argentinas, que además se reprimarizaron. De este modo, el eje ordenador de la economía argentina se desplazó de la economía real y el consumo hacia la especulación financiera. El único componente de la demanda agregada que creció en 2016 fueron las exportaciones, pero esto traccionado por las ventas de productos primarios. En cambio la caída del salario real y el aumento del desempleo redundaron en una merma del consumo privado y no es exagerado decir que la inversión productiva se derrumbó.
Participación de los asalariados en el Producto Interno Bruto *, 2003-2016 ** (en %)
* La participación de los asalariados en el ingreso se estimó como el cociente entre 1) la adición de la masa salarial de los trabajadores registrados (calculado en base a información de SIPA y EPH-INDEC) con sus respectivos aportes patronales (AFIP) y la masa salarial de los trabajadores no registrados (EPH, sin considerar los ingresos imputados) y 2) el PBI en precios corrientes año base 2004 revisado en 2016.
** Primeros tres trimestres del año. Fuente: CIFRA, en base a INDEC, OEDE-MTEySS y AFIP.
Haciendo bambolla
Por más que el gobierno repita que el crecimiento genuino se dará por el aumento de la inversión (lo cual evidencia el sesgo ideológico de que los incrementos del consumo no son una forma válida de crecer, como se lee en reiteradas declaraciones despectivas de funcionarios de primera línea) la tasa de inversión cayó del 16 al 13,9 por ciento del PIB entre 2015 y el último trimestre de 2016. El resultado fue mucho peor en la radicación de las tan apetecidas inversiones extranjeras directas, que se redujo a la mitad. El único diluvio en este rubro se verificó en el ingreso de capital especulativo (al cual el gobierno le quitó cualquier restricción) debido a los altos rendimientos en dólares que posibilitaron las Lebac y otras alternativas similares. En 2015, las inversiones de cartera habían sido negativas. En 2016 treparon a 44.585 millones de dólares, al mismo tiempo que la fuga de capitales al exterior (medida a través del método residual de la balanza de pagos) pasó de 7.505 a 11.666 millones de dólares. Como contrapartida de ominosa proyección futura la deuda externa pública se elevó del 13,3 al 23,4 por ciento del PIB. Tan marcado descenso de las inversiones orientadas a la economía real permite prever que, si hubiera alguna reactivación de la actividad este año provendría del denominado “rebote estadístico”, con escaso impacto en la economía real y el empleo y no sostenible en el tiempo. Pero ni siquiera eso se advierte en los indicadores de coyuntura más recientes, que no muestran un cambio de la declinante tendencia observada. En enero el nivel de actividad había registrado un incremento interanual del 1,1 por ciento, es decir comparado con el desplome del primer mes del gobierno de Macrì. Pero en la comparación mensual se contrajo 0,5 por ciento, interrumpiendo la tendencia de los meses previos. Por el lado de la oferta, en febrero la caída interanual de la industria superó a la de enero (-6 por ciento) lo mismo que la construcción (-3,4 por ciento). Por el lado de la demanda, el nivel de consumo, que no había tenido un buen desempeño en enero, profundizó su contracción en febrero en virtud de la aceleración inflacionaria, y las cantidades exportadas registraron caídas significativas. El informe llega hasta febrero, pero los datos de marzo oscurecieron esos grises. El único dato relativamente positivo fue el gasto en obra pública, que se duplicó en febrero y arrastró el incremento de los despachos de cemento en marzo. Pero su capacidad de tracción sobre el conjunto de la economía es bien escasa. Haciendo bambolla a la hora del fútbol mientras aún es para todos.
La política de incrementar las tasas de interés para secar la plaza y así restarle presión al dólar y al nivel de precios, condujo a una explosión de colocaciones de bonos (festival le llamó Roberto Lavagna en su portazo al gobierno de Alfonsín hace tres décadas) con un stock de Lebac de 774.000 millones de pesos, equivalente a las reservas totales del Banco Central. Los elevados vencimientos de cada mes señalan la posibilidad de que una modificación de las expectativas cambiarias induzca a los inversores privados a dolarizar su cartera. Incluso reaparece, por ahora con sordina, un debate que acompañó el final de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando De la Rúa, entre quienes reclamaban una devaluación, que entonces implicaba romper el esquema de la convertibilidad, y aquellos que preferían la completa dolarización de la economía, algo que hizo Ecuador y que ni siquiera con una década de nacionalismo popular pudo revertir. Esto reduce el margen de maniobra del gobierno, cada vez más dependiente de las altas tasas de interés y el endeudamiento externo, una vez pasados los efectos extraordinarios del blanqueo de capitales. Esto realimenta el proceso de valorización financiera, que tan catastróficas consecuencias tuvo para la producción y el empleo hace dos décadas. El otro brazo de la pinza para constreñir el nivel de precios es la contención salarial. Por eso, CIFRA entiende que la negociación paritaria constituye la madre de todas las batallas, como se aprecia en el caso testigo de los docentes. Sus resultados dependen de las relaciones de fuerza y de la acción del movimiento sindical, al cual pretenden doblegar con políticas dirigidas a desprestigiar a su dirigencia más activa frente al ajuste económico. Pero no sólo con eso.
Conflictos con represión sobre conflictos totales, evolución mensual (en %), 12/2015-03/2017
Dos por día
En el primer trimestre de 2017 los conflictos por despidos, readecuación salarial, cumplimiento de acuerdos, condiciones de trabajo y atrasos en los pagos llegaron a dos por día, según los datos del Observatorio de la Conflictividad Social. El gobierno nacional y el de la Ciudad Autónoma, no se centraron en resolver esos problemas sino en quitar sus efectos de las calles, mediante la represión por parte de las fuerzas de seguridad. Si se compara el primer trimestre de este año con el de 2016, el incremento de conflictos reprimidos fue del 133 por ciento, un porcentaje de crecimiento que no alcanzó ningún rubro de la economía. Esta estrategia ejemplificadora fue manifiesta en el conflicto docente, con la represión policial en la plaza de los Dos Congresos para evitar la instalación de la Escuela itinerante, la premeditada estigmatización de un sector gremial representado por el Secretario General de SUTEBA, Roberto Baradel, los descuentos por los paros realizados, el adicional para los docentes que no adhirieron al paro y las amenazas con multas y quitas de personería gremial. Los cambios en la oferta de la provincia de Buenos Aires fueron tan pequeños que impiden recuperar el poder adquisitivo perdido en 2016. El trabajo incluye una extensa tabla, imposible de reproducir en la extensión de esta nota, de todos los reclamos sociales o laborales, con o sin organización previa, al que las fuerzas de seguridad responden con algún grado de violencia física. Lo que sí puede incluirse es una síntesis de conjunto. El 26,51 por ciento de los conflictos con represión tuvo lugar en la Provincia de Buenos Aires y sobre todo en el conurbano. El 16,87 por ciento de los casos ocurrieron en la Ciudad de Buenos Aires y con 6 por ciento del total cada una siguen Mendoza, Jujuy, Santa Fe y Salta. El gráfico 1 muestra un incremento sustancial de la cantidad absoluta de los conflictos con represión en el segundo semestre de 2016 y los niveles superiores en el comienzo de este año respecto del mismo periodo de 2016, cuando el gobierno de Cambiemos recién comenzaba y disponía de mayor expectativa favorable. La línea de tendencia revela un incremento de los hechos represivos sobre el total de los conflictos registrados cada mes. El gráfico 2 incluye la cantidad de conflictos por mes en la Ciudad de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires y en el resto de las provincias. El aumento de conflictos con represión desde mediados de 2016 se centró en el interior del país pero hacia el final del período se desplazó a la Ciudad de Buenos Aires, que es donde más preocupa al gobierno nacional y que ha dado lugar a un reclamo público del presidente Macrì al intendente Horacio Rodríguez Larreta, no para que indague en las causas de cada reclamo (que en general el gobierno descalifica como una táctica desestabilizadora de adversarios políticos a los que niega representatividad) sino para que los corra de las calles de la Capital Federal y en especial del centro. Si en el promedio nacional, en el primer trimestre de 2017 los conflictos mensuales seguidos por represión pasaron de 3 a 7, en la Ciudad de Buenos Aires el incremento fue de uno a dos por mes, un promedio que no promete disminuir a medida que avance el cronograma electoral y que ha dado lugar a un patético show de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich para exhibir la parafernalia represiva adquirida. El jueves de esta semana, Macrì viajará a Estados Unidos para reunirse con su viejo socio de negocios y golf Donald Trump. Ambos gobiernos anunciaron en forma oficial la visita el miércoles 12. El comunicado de la presidencia argentina dice que Trump y Macrì se reunirán “para avanzar en un diálogo sobre distintos temas de mutuo interés y hacer un repaso de todos los asuntos que conforman la agenda bilateral”. El de la Casa Blanca es más preciso pero poco tranquilizador. “Intercambiarán puntos de vista sobre diversos temas bilaterales y regionales, incluyendo la expansión del comercio, la colaboración en el sector de seguridad y el deterioro de la situación en Venezuela”, dice. En este contexto, ¿qué se entiende por seguridad?
Conflictos con represión Buenos Aires, CABA y resto de provincias (en %), 12/2015-03/2017
