Desde febrero pasado, el llamado “Caso Ciccone” está substanciado en un expediente judicial bajo el número 1302/12, donde se investiga si existieron “negociaciones incompatibles con la función pública” por parte del vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, durante el levantamiento de la quiebra y la posterior venta de la ex Ciccone Calcográfica, hoy Compañía de Valores Sudamericana SA (CVS). El juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo están a cargo de esta causa, gatillada tras la denuncia radial hecha por Laura Muñoz Tokatlian, ex pareja del contador Alejandro Paul Vanderbroele, con quien vive un tormentoso proceso de separación. En resumen, Muñoz había dicho que Vanderbroele era “testaferro” de Boudou.
Igual de cierto es que este caso constituye, desde su origen mismo, un nuevo capítulo en esa cruzada que lleva adelante la prensa refractaria al gobierno nacional, donde además se mezclan los intereses comerciales de los propios multimedios, a partir de la relación que Clarín y La Nación mantienen con el Grupo Boldt, también involucrado en la maniobra. De hecho, en los últimos días ambos diarios decidieron endurecer su postura y, en una estrategia editorial coordinada, dejaron de hablar del “Caso Ciccone” para rebautizarlo, lisa y llanamente, como el “Caso Boudou”, tal cual se pudo ver en sus portadas.
En este escenario complejo, separar la paja del trigo, contrastar los dichos periodísticos con las declaraciones en sede judicial, las pruebas aportadas con las versiones y trascendidos, resulta clave para al esclarecimiento de los hechos. A continuación, en blanco sobre negro, lo que se sabe de la causa.
1 – LOS DICHOS DE LAURA MUÑOZ.La acusación que terminó abriendo un expediente fue hecha el 6 de febrero pasado por Laura Muñoz en el programa Lanata sin filtro de Radio Mitre, donde, entre otras cuestiones, sostuvo que su esposo era “testaferro” de Boudou. Muñoz hablaba a partir de la difícil situación afectiva que venía manteniendo con Vanderbroele, en medio de un proceso de divorcio fallido. Desde el primer momento, aclaró que sus dichos respondían a una situación matrimonial extrema, temiendo por su seguridad y la de sus hijos. “Quiero decir que lo que más me interesa es vivir tranquila. Yo salí a hablar para protegerme y proteger a mis hijos, ese es mi único objetivo”, remarcó en su declaración testimonial del 24 de febrero pasado. Ya había denunciado amenazas y la irrupción de extraños en su hogar. Incluso, llegó a grabar las conversaciones telefónicas que mantenía con Vanderbroele. De todas formas, sus palabras tuvieron un inevitable aprovechamiento mediático. Ahora, Rafecas y Rívolo buscan determinar cuál es su validez a nivel judicial. Por otra parte, de las muchas pruebas que Muñoz dijo que iba presentar, entregó un CD con la grabación antes mencionada –una conversación confusa, difícil de seguir, con peleas de pareja y distorsionada por el ruido ambiente– y fotocopias de un cuaderno de trabajo de su marido, con anotaciones crípticas que por el momento sólo generaron una amplia variedad de interpretación periodísticas.
2 – LA VERSIÓN DEL “TESTAFERRO”.La versión disparada por Muñoz sobre el supuesto acuerdo comercial de Vanderbroele con Boudou es la base de una insistente cobertura mediática. Sin embargo, en sede judicial, la ex pareja del abogado matizó sus dichos. En principio, aclaró que el término “testaferro” le fue sugerido por la prensa, como indica su declaración: “Preguntada para que diga a qué se refirió cuando habló con los medios y dijo la palabra ‘testaferro’, respondió: ‘Yo siempre me refería a lo que dije acá, que Alejandro se encargaba de los negocios de Boudou, el periodista me preguntó usando esa palabra y yo le dije que si eso significaba que él se encargaba de llevar esos asuntos de Boudou, que sí, que era así.” Muñoz también dejó en claro el poco conocimiento que tenía sobre las cuestiones comerciales que se estaban ventilando en los diarios. “Yo me entero del caso Ciccone porque un día de septiembre de año pasado leí una nota en Los Andes que hablaba de este tema que involucraba a Boudou con un abogado belga”, explicó la denunciante. Más adelante, “preguntada para que diga qué conoce sobre el Caso Ciccone, respondió: ‘No, yo de eso no sé nada.’” Por último, “preguntada para que diga si tiene algún conocimiento sobre The Old Fund SA –otra de las firmas investigadas–, respondió: ‘No, lo único que puedo decir es que entre aquellos papeles que estaban en mi casa (…) había unas especies de actas o documentos membretados con ese nombre”.
3 – UNA AMISTAD SUPUESTA. A partir de los dichos de Muñoz, la cobertura mediática apuntaló la figura del “testaferro” en una supuesta larga amistad entre Vanderbroele y Boudou, remontada a una infancia compartida en Mar del Plata, de donde es oriundo el funcionario. “Boudou, la ex Ciccone y el viejo amigo de juventud”, tituló Clarín el 18 de febrero. Sin embargo, en la solicitada que publicó el 5 de marzo, Vanderbroele lo negó de plano: “No soy ni viví en Mar del Palta. No fui, ni soy amigo ni conocido del Sr. Vicepresidente de la Nación.” Hasta el momento, quienes sostienen la hipótesis de una amistad de larga data no aportaron algún material o testimonio inapelable. También se involucró al empresario José María Núñez Carmona, que efectivamente tiene una amistad con el vice y para el que Vanderbroele realizó trabajos. En su solicitada, el abogado dijo que la relación con Núñez Carmona fue “estrictamente profesional”. Clarín, de todas formas, sostuvo que Vanderbroele “admitió que tiene una relación profesional y de amistad” con aquel empresario. Laura Muñoz también había asegurado que Guadalupe Escaray, prima de su ex esposo, fue novia de la infancia de Boudou. Vanderbroele respondió que tal noviazgo no existió y que, en cambio, Escaray sí fue pareja de Núñez Carmona. Por último, la revista Noticias publicó que en junio de 2010 Boudou alquiló su departamento de Puerto Madero a un conocido de Vanderbroele, Fabián Carosso Donatiello. El abogado sostuvo que fue por sugerencia de Núñez Carmona, con quien entonces trabajaba, y que sólo existió “una relación contractual”.
4 –LA QUIEBRA: ¿BOUDOU PIDIó QUE LA LEVANTARAN? En principio, Clarín y La Nación sostuvieron que Boudou fue determinante en el ingreso de Vanderbroele a la ex Ciccone, al solicitar el levantamiento de su quiebra, a finales de 2010. Técnicamente hablando, el entonces ministro de Economía no solicitó nada. Su participación, que sí existió, llegó como respuesta a un pedido de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que solicitó conocer el parecer de Economía respecto del pedido hecho por Ciccone. El 14 de octubre de 2010, esa firma, a la que el 24 de septiembre de ese año el Juzgado Comercial Nº 8 le había decretado el levantamiento de su quiebra, se dirigió a Ricardo Echegaray para solicitarle “una quita de interés y multa, y plan de facilidades de pago sobre la deuda pendiente de pago. El 25 de octubre de 2010, el ente recaudador envío una nota a la cartera de Economía consultando por “el temperamento que considera menester aplicar a la cuestión”, destacando que estaba en juego la continuidad de Ciccone, con el riesgo de “dejar en la calle a unos 300 empleados y desarticulando una empresa que aparece como de interés público”.
5 – LA QUIEBRA: ¿BOUDOU RESPONDIÓ PIDIENDO SU LEVANTAMIENTO? El escrito enviado por la AFIP fue recibido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de Economía, a cargo de José Guillermo Capdevilla. “Es opinión de esta asesoría que no corresponde a este Ministerio dar instrucción a la AFIP sobre el curso de acción que debe adoptar con relación al pedido efectuado por Ciccone Calcográfica SA, por tratarse de una competencia propia de ese organismo respecto de la cual la legislación vigente no prevé la intervención o la necesidad de autorización o convalidación por parte de este Ministerio”, respondió Capdevilla. También remarcó que la AFIP es una entidad autárquica y que “no existe una relación jerárquica” con Economía. Por último, recordando que el artículo Nº 127 de la Ley 11.672 estableció en 2005 que los organismos con autarquía, como la AFIP, ajustan su actividad “en el marco general de la política económica que determine el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Economía”, Capdevilla consideró que “más allá de que no corresponda a este Ministerio determinar el curso de acción concreto que debe adoptar la AFIP en la forma solicitada, en caso de considerarlo pertinente siempre podrá hacérsele saber al organismo consultante la política general propiciada por esta cartera”. En efecto, esa es la respuesta que, con fecha del 8 de noviembre de 2010, Boudou transmite a Echegaray, donde sostuvo que “considera que el ejercicio de las competencias propias de ese Organismo en el sentido de permitir la continuación de la empresa concursada, (…) responde a los lineamientos políticos generales de este gobierno, dadas las fuentes de trabajo generadas por la empresa y su importancia estratégica”. Con estos y otros documentos sobre la mesa, Rívolo y Rafecas deberán establecer si la injerencia de Boudou constituyó un “tráfico de influencias”.
6 – LA ACTUACIÓN DE LA AFIP. El pedido de Ciccone a la AFIP fue por una quita en los intereses, multas y honorarios de una deuda impositiva, pero no sobre el capital. La justicia comercial le había decretado la quiebra el 15 de julio de 2010 y la solicitud de la empresa para que fuera levantada el juez Javier Cosentino la aceptó el 24 de septiembre de ese año. Luego del pedido de Ciccone y del proceso descripto en los puntos anteriores, el 29 de diciembre de 2010 la AFIP envío a la empresa una nota en la que dispuso que, “tratándose de una deuda concursal, su pedido deberá ajustarse en los parámetros establecidos en las resoluciones generales Nº 970/2001 (AFIP) y 1705/2004 (AFIP) para lo cual deberá realizar una nueva petición la que será evaluada por esta Administración Federal”. Un día después, el abogado Diego Martín Borda, en representación del Estado nacional, comunicó al Juzgado Comercial Nº 8 el “rechazo de la presentación efectuada por Ciccone”. El 14 de noviembre de 2011, la empresa cumplimentó los nuevos requerimientos, el 25 de noviembre fue aceptado por Echegaray y el 23 de diciembre Borda se lo informó al Juzgado. En resumen, desde que Ciccone presentó su solicitud hasta que finalmente fue aceptada, transcurrió un año.
7 – EL ORIGEN DE LOS FONDOS. Con el correr de los días, las medidas solicitadas por el fiscal y ejecutadas por el juez Rafecas demuestran un claro interés por el origen de los fondos que las empresas dirigidas por Vanderbroele emplearon para levantar la quiebra, donde va surgiendo una compleja trama societaria. El contador dio sus explicaciones en un extenso escrito presentado el 12 de marzo pasado, pero el fiscal busca más precisiones, por lo que se vienen allanando distintas sedes comerciales. El foco está puesto en The Old Fund SA, empresa adquirida por Vanderbroele a finales de 2009, que también se alzó con su controlante, Tierras International Investment CV, y que luego fueron a su vez controladas por Guillermo Reinwick, esposo de Lorena Ciccone y poseedor del 70% de Compañía de Valores Sudamericana.
La primera intervención de The Old Fund, con Vanderbroele como director, fue el 3 de septiembre de 2010, cuando aportó un depósito de $ 567 mil para el levantamiento de la quiebra. Según Vanderbroele, esa plata no era de él, como sostienen Clarín y La Nación, sino de Reinwick. El 8 de septiembre hubo otra presentación, acompañado por una transferencia bancaria de $ 1,8 millones, emitida por la firma London Supply SA, por orden y cuenta de The Old Fund. El 7 de octubre de 2010, el juez interviniente solicitó a la empresa, para el efectivo levantamiento de la quiebra, la suma de $ 3.786.753. El 14 de octubre, CVS pagó esa suma con un depósito de $ 1.986.753 de The Old Fund que, sumado al $ 1,8 millones ya entregado, completaba lo requerido. En su descargo, Vanderbroele dijo que los montos aportados por London Supply “fueron puestos a disposición de la concursa para su libre disposición en cumplimiento de obligaciones que en tal sentido habían sido contraídas entre las partes”. El 19 de octubre, el juez aceptó los fondos y el 22 CVS anunció que Vanderbroele era su nuevo presidente. Por último, en octubre de 2010, The Old Fund se asoció con Dusbel SA, una sociedad de origen uruguayo, que terminó por adquirir el 50% de su paquete accionario, con un aporte de casi $ 2,5 millones. Vanderbroele siguió siendo el presidente del directorio.
En este tejido de sociedades y en su relación con la imprenta es donde el fiscal Rívolo y el juez Rafecas vienen haciendo foco, y no tanto sobre la hipótesis del “tráfico de influencias” y la injerencia del vicepresidente. Clarín y La Nación, de todos modos, van en sentido contrario: pasaron del “Caso Ciccone” al “Caso Boudou”. <
Informe: Gustavo Montiel.
El rol del Grupo Boldt y la acusación del vicepresidente
Luego de conocidas las versiones difundidas por Laura Muñoz y su cobertura estratégica por parte de los grupos Clarín y La Nación, el vicepresidente Amado Boudou salió a responder que las denuncias eran parte de una operación propiciada por el Grupo Boldt, de la familia Tabanelli.
“Desde el punto de vista político”, el ex ministro de Economía señaló “al duhaldismo y al posduhaldismo residual”. Y en lo económico, apuntó a Boldt. “Muchos se preguntarán: ¿Qué es esta empresa? Es de la familia Tabanelli, cuyo principal operador político es el señor Guillermo Gabella”, sostuvo Boudou.
Durante la quiebra de Ciccone, Boldt había obtenido la venia del juez Javier Cosentino para arrendar los inmuebles de la imprenta, a lo que esta última trató de oponerse. Una vez levantada la quiebra, tuvo el respaldo de una resolución de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). Ciccone sostenía que Boldt podía consolidar “un cuasi monopolio”.
En el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, también respaldó los dichos de Boudou. “El juez de la quiebra, sin un consentimiento nuestro, pero sí del síndico, le dio el equipamiento a Boldt”, aseguró Echegaray, y agregó que como contribuyente Boldt “tenía una situación sumamente difícil y había sido denunciada por evasión”.
Por último, Tiempo Argentino reveló que el contador Matías María Brea, director del casino Trilenium, del Grupo Boldt, fue auditor en Papel Prensa, en representación de los accionistas privados Clarín y La Nación.
La claveEn los últimos días, el juez Daniel Rafecas, por pedido del fiscal Carlos Rívolo, ordenó realizar allanamientos en distintas sedes comerciales de la ex Ciccone Calcográfica y también de The Old Fund SA, dos empresas presididas por Alejandro Vanderbroele.
Igual de cierto es que este caso constituye, desde su origen mismo, un nuevo capítulo en esa cruzada que lleva adelante la prensa refractaria al gobierno nacional, donde además se mezclan los intereses comerciales de los propios multimedios, a partir de la relación que Clarín y La Nación mantienen con el Grupo Boldt, también involucrado en la maniobra. De hecho, en los últimos días ambos diarios decidieron endurecer su postura y, en una estrategia editorial coordinada, dejaron de hablar del “Caso Ciccone” para rebautizarlo, lisa y llanamente, como el “Caso Boudou”, tal cual se pudo ver en sus portadas.
En este escenario complejo, separar la paja del trigo, contrastar los dichos periodísticos con las declaraciones en sede judicial, las pruebas aportadas con las versiones y trascendidos, resulta clave para al esclarecimiento de los hechos. A continuación, en blanco sobre negro, lo que se sabe de la causa.
1 – LOS DICHOS DE LAURA MUÑOZ.La acusación que terminó abriendo un expediente fue hecha el 6 de febrero pasado por Laura Muñoz en el programa Lanata sin filtro de Radio Mitre, donde, entre otras cuestiones, sostuvo que su esposo era “testaferro” de Boudou. Muñoz hablaba a partir de la difícil situación afectiva que venía manteniendo con Vanderbroele, en medio de un proceso de divorcio fallido. Desde el primer momento, aclaró que sus dichos respondían a una situación matrimonial extrema, temiendo por su seguridad y la de sus hijos. “Quiero decir que lo que más me interesa es vivir tranquila. Yo salí a hablar para protegerme y proteger a mis hijos, ese es mi único objetivo”, remarcó en su declaración testimonial del 24 de febrero pasado. Ya había denunciado amenazas y la irrupción de extraños en su hogar. Incluso, llegó a grabar las conversaciones telefónicas que mantenía con Vanderbroele. De todas formas, sus palabras tuvieron un inevitable aprovechamiento mediático. Ahora, Rafecas y Rívolo buscan determinar cuál es su validez a nivel judicial. Por otra parte, de las muchas pruebas que Muñoz dijo que iba presentar, entregó un CD con la grabación antes mencionada –una conversación confusa, difícil de seguir, con peleas de pareja y distorsionada por el ruido ambiente– y fotocopias de un cuaderno de trabajo de su marido, con anotaciones crípticas que por el momento sólo generaron una amplia variedad de interpretación periodísticas.
2 – LA VERSIÓN DEL “TESTAFERRO”.La versión disparada por Muñoz sobre el supuesto acuerdo comercial de Vanderbroele con Boudou es la base de una insistente cobertura mediática. Sin embargo, en sede judicial, la ex pareja del abogado matizó sus dichos. En principio, aclaró que el término “testaferro” le fue sugerido por la prensa, como indica su declaración: “Preguntada para que diga a qué se refirió cuando habló con los medios y dijo la palabra ‘testaferro’, respondió: ‘Yo siempre me refería a lo que dije acá, que Alejandro se encargaba de los negocios de Boudou, el periodista me preguntó usando esa palabra y yo le dije que si eso significaba que él se encargaba de llevar esos asuntos de Boudou, que sí, que era así.” Muñoz también dejó en claro el poco conocimiento que tenía sobre las cuestiones comerciales que se estaban ventilando en los diarios. “Yo me entero del caso Ciccone porque un día de septiembre de año pasado leí una nota en Los Andes que hablaba de este tema que involucraba a Boudou con un abogado belga”, explicó la denunciante. Más adelante, “preguntada para que diga qué conoce sobre el Caso Ciccone, respondió: ‘No, yo de eso no sé nada.’” Por último, “preguntada para que diga si tiene algún conocimiento sobre The Old Fund SA –otra de las firmas investigadas–, respondió: ‘No, lo único que puedo decir es que entre aquellos papeles que estaban en mi casa (…) había unas especies de actas o documentos membretados con ese nombre”.
3 – UNA AMISTAD SUPUESTA. A partir de los dichos de Muñoz, la cobertura mediática apuntaló la figura del “testaferro” en una supuesta larga amistad entre Vanderbroele y Boudou, remontada a una infancia compartida en Mar del Plata, de donde es oriundo el funcionario. “Boudou, la ex Ciccone y el viejo amigo de juventud”, tituló Clarín el 18 de febrero. Sin embargo, en la solicitada que publicó el 5 de marzo, Vanderbroele lo negó de plano: “No soy ni viví en Mar del Palta. No fui, ni soy amigo ni conocido del Sr. Vicepresidente de la Nación.” Hasta el momento, quienes sostienen la hipótesis de una amistad de larga data no aportaron algún material o testimonio inapelable. También se involucró al empresario José María Núñez Carmona, que efectivamente tiene una amistad con el vice y para el que Vanderbroele realizó trabajos. En su solicitada, el abogado dijo que la relación con Núñez Carmona fue “estrictamente profesional”. Clarín, de todas formas, sostuvo que Vanderbroele “admitió que tiene una relación profesional y de amistad” con aquel empresario. Laura Muñoz también había asegurado que Guadalupe Escaray, prima de su ex esposo, fue novia de la infancia de Boudou. Vanderbroele respondió que tal noviazgo no existió y que, en cambio, Escaray sí fue pareja de Núñez Carmona. Por último, la revista Noticias publicó que en junio de 2010 Boudou alquiló su departamento de Puerto Madero a un conocido de Vanderbroele, Fabián Carosso Donatiello. El abogado sostuvo que fue por sugerencia de Núñez Carmona, con quien entonces trabajaba, y que sólo existió “una relación contractual”.
4 –LA QUIEBRA: ¿BOUDOU PIDIó QUE LA LEVANTARAN? En principio, Clarín y La Nación sostuvieron que Boudou fue determinante en el ingreso de Vanderbroele a la ex Ciccone, al solicitar el levantamiento de su quiebra, a finales de 2010. Técnicamente hablando, el entonces ministro de Economía no solicitó nada. Su participación, que sí existió, llegó como respuesta a un pedido de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que solicitó conocer el parecer de Economía respecto del pedido hecho por Ciccone. El 14 de octubre de 2010, esa firma, a la que el 24 de septiembre de ese año el Juzgado Comercial Nº 8 le había decretado el levantamiento de su quiebra, se dirigió a Ricardo Echegaray para solicitarle “una quita de interés y multa, y plan de facilidades de pago sobre la deuda pendiente de pago. El 25 de octubre de 2010, el ente recaudador envío una nota a la cartera de Economía consultando por “el temperamento que considera menester aplicar a la cuestión”, destacando que estaba en juego la continuidad de Ciccone, con el riesgo de “dejar en la calle a unos 300 empleados y desarticulando una empresa que aparece como de interés público”.
5 – LA QUIEBRA: ¿BOUDOU RESPONDIÓ PIDIENDO SU LEVANTAMIENTO? El escrito enviado por la AFIP fue recibido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de Economía, a cargo de José Guillermo Capdevilla. “Es opinión de esta asesoría que no corresponde a este Ministerio dar instrucción a la AFIP sobre el curso de acción que debe adoptar con relación al pedido efectuado por Ciccone Calcográfica SA, por tratarse de una competencia propia de ese organismo respecto de la cual la legislación vigente no prevé la intervención o la necesidad de autorización o convalidación por parte de este Ministerio”, respondió Capdevilla. También remarcó que la AFIP es una entidad autárquica y que “no existe una relación jerárquica” con Economía. Por último, recordando que el artículo Nº 127 de la Ley 11.672 estableció en 2005 que los organismos con autarquía, como la AFIP, ajustan su actividad “en el marco general de la política económica que determine el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Economía”, Capdevilla consideró que “más allá de que no corresponda a este Ministerio determinar el curso de acción concreto que debe adoptar la AFIP en la forma solicitada, en caso de considerarlo pertinente siempre podrá hacérsele saber al organismo consultante la política general propiciada por esta cartera”. En efecto, esa es la respuesta que, con fecha del 8 de noviembre de 2010, Boudou transmite a Echegaray, donde sostuvo que “considera que el ejercicio de las competencias propias de ese Organismo en el sentido de permitir la continuación de la empresa concursada, (…) responde a los lineamientos políticos generales de este gobierno, dadas las fuentes de trabajo generadas por la empresa y su importancia estratégica”. Con estos y otros documentos sobre la mesa, Rívolo y Rafecas deberán establecer si la injerencia de Boudou constituyó un “tráfico de influencias”.
6 – LA ACTUACIÓN DE LA AFIP. El pedido de Ciccone a la AFIP fue por una quita en los intereses, multas y honorarios de una deuda impositiva, pero no sobre el capital. La justicia comercial le había decretado la quiebra el 15 de julio de 2010 y la solicitud de la empresa para que fuera levantada el juez Javier Cosentino la aceptó el 24 de septiembre de ese año. Luego del pedido de Ciccone y del proceso descripto en los puntos anteriores, el 29 de diciembre de 2010 la AFIP envío a la empresa una nota en la que dispuso que, “tratándose de una deuda concursal, su pedido deberá ajustarse en los parámetros establecidos en las resoluciones generales Nº 970/2001 (AFIP) y 1705/2004 (AFIP) para lo cual deberá realizar una nueva petición la que será evaluada por esta Administración Federal”. Un día después, el abogado Diego Martín Borda, en representación del Estado nacional, comunicó al Juzgado Comercial Nº 8 el “rechazo de la presentación efectuada por Ciccone”. El 14 de noviembre de 2011, la empresa cumplimentó los nuevos requerimientos, el 25 de noviembre fue aceptado por Echegaray y el 23 de diciembre Borda se lo informó al Juzgado. En resumen, desde que Ciccone presentó su solicitud hasta que finalmente fue aceptada, transcurrió un año.
7 – EL ORIGEN DE LOS FONDOS. Con el correr de los días, las medidas solicitadas por el fiscal y ejecutadas por el juez Rafecas demuestran un claro interés por el origen de los fondos que las empresas dirigidas por Vanderbroele emplearon para levantar la quiebra, donde va surgiendo una compleja trama societaria. El contador dio sus explicaciones en un extenso escrito presentado el 12 de marzo pasado, pero el fiscal busca más precisiones, por lo que se vienen allanando distintas sedes comerciales. El foco está puesto en The Old Fund SA, empresa adquirida por Vanderbroele a finales de 2009, que también se alzó con su controlante, Tierras International Investment CV, y que luego fueron a su vez controladas por Guillermo Reinwick, esposo de Lorena Ciccone y poseedor del 70% de Compañía de Valores Sudamericana.
La primera intervención de The Old Fund, con Vanderbroele como director, fue el 3 de septiembre de 2010, cuando aportó un depósito de $ 567 mil para el levantamiento de la quiebra. Según Vanderbroele, esa plata no era de él, como sostienen Clarín y La Nación, sino de Reinwick. El 8 de septiembre hubo otra presentación, acompañado por una transferencia bancaria de $ 1,8 millones, emitida por la firma London Supply SA, por orden y cuenta de The Old Fund. El 7 de octubre de 2010, el juez interviniente solicitó a la empresa, para el efectivo levantamiento de la quiebra, la suma de $ 3.786.753. El 14 de octubre, CVS pagó esa suma con un depósito de $ 1.986.753 de The Old Fund que, sumado al $ 1,8 millones ya entregado, completaba lo requerido. En su descargo, Vanderbroele dijo que los montos aportados por London Supply “fueron puestos a disposición de la concursa para su libre disposición en cumplimiento de obligaciones que en tal sentido habían sido contraídas entre las partes”. El 19 de octubre, el juez aceptó los fondos y el 22 CVS anunció que Vanderbroele era su nuevo presidente. Por último, en octubre de 2010, The Old Fund se asoció con Dusbel SA, una sociedad de origen uruguayo, que terminó por adquirir el 50% de su paquete accionario, con un aporte de casi $ 2,5 millones. Vanderbroele siguió siendo el presidente del directorio.
En este tejido de sociedades y en su relación con la imprenta es donde el fiscal Rívolo y el juez Rafecas vienen haciendo foco, y no tanto sobre la hipótesis del “tráfico de influencias” y la injerencia del vicepresidente. Clarín y La Nación, de todos modos, van en sentido contrario: pasaron del “Caso Ciccone” al “Caso Boudou”. <
Informe: Gustavo Montiel.
El rol del Grupo Boldt y la acusación del vicepresidente
Luego de conocidas las versiones difundidas por Laura Muñoz y su cobertura estratégica por parte de los grupos Clarín y La Nación, el vicepresidente Amado Boudou salió a responder que las denuncias eran parte de una operación propiciada por el Grupo Boldt, de la familia Tabanelli.
“Desde el punto de vista político”, el ex ministro de Economía señaló “al duhaldismo y al posduhaldismo residual”. Y en lo económico, apuntó a Boldt. “Muchos se preguntarán: ¿Qué es esta empresa? Es de la familia Tabanelli, cuyo principal operador político es el señor Guillermo Gabella”, sostuvo Boudou.
Durante la quiebra de Ciccone, Boldt había obtenido la venia del juez Javier Cosentino para arrendar los inmuebles de la imprenta, a lo que esta última trató de oponerse. Una vez levantada la quiebra, tuvo el respaldo de una resolución de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). Ciccone sostenía que Boldt podía consolidar “un cuasi monopolio”.
En el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, también respaldó los dichos de Boudou. “El juez de la quiebra, sin un consentimiento nuestro, pero sí del síndico, le dio el equipamiento a Boldt”, aseguró Echegaray, y agregó que como contribuyente Boldt “tenía una situación sumamente difícil y había sido denunciada por evasión”.
Por último, Tiempo Argentino reveló que el contador Matías María Brea, director del casino Trilenium, del Grupo Boldt, fue auditor en Papel Prensa, en representación de los accionistas privados Clarín y La Nación.
La claveEn los últimos días, el juez Daniel Rafecas, por pedido del fiscal Carlos Rívolo, ordenó realizar allanamientos en distintas sedes comerciales de la ex Ciccone Calcográfica y también de The Old Fund SA, dos empresas presididas por Alejandro Vanderbroele.
