Cataluña no perdió el tiempo y ayer pidió formalmente el rescate al Gobierno de Mariano Rajoy. Acuciado por sus gravísimos problemas de tesorería, el Ejecutivo de Artur Mas aparcó su efervescencia nacionalista con vistas a la próxima Diada y aprovechó su primera reunión tras las vacaciones para solicitar 5.023 millones de euros al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). La Generalitat precisa con urgencia esa suma para hacer frente a los vencimientos de los bancos, la emisión de deuda y la cobertura del déficit. El Plan de Ajuste aprobado en mayo por el Consejo de Política Fiscal y Financiera obliga a la Generalitat, con una tesorería al límite, a cumplir el 1,5% de déficit.
El Gobierno de Rajoy aún no ha activado el Fondo de Liquidez Autonómica, términos perifrásticos para referirse al crudo rescate, que estará dotado con 18.000 millones de euros. La inyección la aportarán Loterías del Estado, el Tesoro y las entidades financieras. Pese a ello, Cataluña ha solicitado ya la ayuda para no perder ni un segundo. Sin ir más lejos, en julio, la Generalitat ya no pudo abonar los pagos a las entidades concertadas que prestan servicios sociales. Francesc Homs, portavoz gubernamental, instó a Hacienda a activar cuanto antes el fondo, a ser posible en septiembre. “Si no es así, entraremos todos en una situación complicada”, afirmó.
La petición formalizada ayer era un secreto a voces desde que el consejero de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, confesó sus intenciones en una entrevista a la BBC el mismo día que el Parlamento catalán debatió —y aprobó— su propuesta de modelo de financiación inspirado en el concierto económico del País Vasco y Navarra. Las cifras son elocuentes: Cataluña es la comunidad más endeudada de España —42.000 millones de euros— y debe reducir el déficit del 3,9%, con el que cerró 2011, al 1,5% en diciembre. Pese a los recortes draconianos, las medidas de austeridad solo han servido para limar el déficit en décimas.
Homs subrayó que la Generalitat está cargada de razones para reclamar esa suma al alegar que se trata de dinero que “pagan los catalanes con sus impuestos, que gestiona el Estado”. Con esa apreciación, Homs hizo una expresa distinción de lo que le sucede al conjunto de España cuando se pide el amparo económico de Europa. En ese contexto, señaló que esperaba que Rajoy ayudara a Cataluña sin exigirle a cambio “condicionantes políticos”. No quiso concretar a qué se refería y se escudó en que no quería “dar ideas”. En realidad, la adhesión al FLA implica someterse al severo control de Hacienda y de sus hombres de negro, que podrán fiscalizar y supervisar las finanzas catalanas con controles periódicos. El decreto que regula el fondo exige a las comunidades, en este caso a Cataluña, presentar un plan de ajuste en 15 días o, a lo sumo, elaborar otro conjuntamente con Hacienda si es que ya dispone de uno. La Generalitat alega que su plan de ajuste —que ve difícil de cumplir— ya está en vigor y que precisamente ha solicitado su adhesión al Fondo para poder ejecutarlo. Homs, de hecho, no descartó que pueda haber otra —y van cuatro desde que Mas está al frente del Gobierno— oleada de recortes. Pero lo que más teme la Generalitat es que el Ejecutivo de Rajoy caiga en la tentación de aplicar una agenda recentralizadora, aprovechando su delicadísima situación económica, que ha comportado drásticas rebajas salariales a los funcionarios y recortes en los servicios públicos.
La realidad es que el decreto, acogiéndose a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, contempla que el Gobierno pueda intervenir la comunidad rescatada si ésta no cumple estrictamente las directrices de Hacienda. La medida debería respaldarla la mayoría absoluta del Senado, que tiene el PP. La paradoja es que Convergència i Unió es ahora víctima de su propia táctica, porque apoyó la polémica norma en las Cortes. El Ejecutivo catalán sostiene que el problema de origen reside en la reforma exprés de la Constitución pactada por PSOE y PP y a la que los nacionalistas se opusieron.
La petición de rescate ha sido una suerte de baño de realismo para el Gobierno de Mas, enfrascado en una escalada soberanista con vistas a la Diada, que aunará tanto la reivindicación del pacto fiscal como la de un Estado propio para Cataluña. Toda la oposición alertó de las consecuencias de la adhesión al fondo de liquidez. Jaume Collboni, portavoz socialista, advirtió que comportará más recortes —“que no mientan”, avisó— y el ecosocialista Joan Herrera vaticinó la pérdida de autogobierno y nuevos ajustes auspiciados por Hacienda. El PP, socio potencial de Mas y que ha garantizado la estabilidad del Gobierno de CiU al permitir por dos veces aprobar sus presupuestos, optó por la ironía. “Alguien que pide ayuda no está en condiciones de poner condiciones. No deja de ser curioso que quien aboga por la Hacienda propia, tenga que recurrir a la ayuda del Estado”, señaló el popular Santi Rodríguez.
El Gobierno de Rajoy aún no ha activado el Fondo de Liquidez Autonómica, términos perifrásticos para referirse al crudo rescate, que estará dotado con 18.000 millones de euros. La inyección la aportarán Loterías del Estado, el Tesoro y las entidades financieras. Pese a ello, Cataluña ha solicitado ya la ayuda para no perder ni un segundo. Sin ir más lejos, en julio, la Generalitat ya no pudo abonar los pagos a las entidades concertadas que prestan servicios sociales. Francesc Homs, portavoz gubernamental, instó a Hacienda a activar cuanto antes el fondo, a ser posible en septiembre. “Si no es así, entraremos todos en una situación complicada”, afirmó.
La petición formalizada ayer era un secreto a voces desde que el consejero de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, confesó sus intenciones en una entrevista a la BBC el mismo día que el Parlamento catalán debatió —y aprobó— su propuesta de modelo de financiación inspirado en el concierto económico del País Vasco y Navarra. Las cifras son elocuentes: Cataluña es la comunidad más endeudada de España —42.000 millones de euros— y debe reducir el déficit del 3,9%, con el que cerró 2011, al 1,5% en diciembre. Pese a los recortes draconianos, las medidas de austeridad solo han servido para limar el déficit en décimas.
Homs subrayó que la Generalitat está cargada de razones para reclamar esa suma al alegar que se trata de dinero que “pagan los catalanes con sus impuestos, que gestiona el Estado”. Con esa apreciación, Homs hizo una expresa distinción de lo que le sucede al conjunto de España cuando se pide el amparo económico de Europa. En ese contexto, señaló que esperaba que Rajoy ayudara a Cataluña sin exigirle a cambio “condicionantes políticos”. No quiso concretar a qué se refería y se escudó en que no quería “dar ideas”. En realidad, la adhesión al FLA implica someterse al severo control de Hacienda y de sus hombres de negro, que podrán fiscalizar y supervisar las finanzas catalanas con controles periódicos. El decreto que regula el fondo exige a las comunidades, en este caso a Cataluña, presentar un plan de ajuste en 15 días o, a lo sumo, elaborar otro conjuntamente con Hacienda si es que ya dispone de uno. La Generalitat alega que su plan de ajuste —que ve difícil de cumplir— ya está en vigor y que precisamente ha solicitado su adhesión al Fondo para poder ejecutarlo. Homs, de hecho, no descartó que pueda haber otra —y van cuatro desde que Mas está al frente del Gobierno— oleada de recortes. Pero lo que más teme la Generalitat es que el Ejecutivo de Rajoy caiga en la tentación de aplicar una agenda recentralizadora, aprovechando su delicadísima situación económica, que ha comportado drásticas rebajas salariales a los funcionarios y recortes en los servicios públicos.
La realidad es que el decreto, acogiéndose a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, contempla que el Gobierno pueda intervenir la comunidad rescatada si ésta no cumple estrictamente las directrices de Hacienda. La medida debería respaldarla la mayoría absoluta del Senado, que tiene el PP. La paradoja es que Convergència i Unió es ahora víctima de su propia táctica, porque apoyó la polémica norma en las Cortes. El Ejecutivo catalán sostiene que el problema de origen reside en la reforma exprés de la Constitución pactada por PSOE y PP y a la que los nacionalistas se opusieron.
La petición de rescate ha sido una suerte de baño de realismo para el Gobierno de Mas, enfrascado en una escalada soberanista con vistas a la Diada, que aunará tanto la reivindicación del pacto fiscal como la de un Estado propio para Cataluña. Toda la oposición alertó de las consecuencias de la adhesión al fondo de liquidez. Jaume Collboni, portavoz socialista, advirtió que comportará más recortes —“que no mientan”, avisó— y el ecosocialista Joan Herrera vaticinó la pérdida de autogobierno y nuevos ajustes auspiciados por Hacienda. El PP, socio potencial de Mas y que ha garantizado la estabilidad del Gobierno de CiU al permitir por dos veces aprobar sus presupuestos, optó por la ironía. “Alguien que pide ayuda no está en condiciones de poner condiciones. No deja de ser curioso que quien aboga por la Hacienda propia, tenga que recurrir a la ayuda del Estado”, señaló el popular Santi Rodríguez.
