Kicillof (izquierda) y Baratta (centro), al ingresar ayer en la torre de YPF en Puerto Madero, para asistir a la reunión. Foto: LA NACION / Ricardo Pristupluk
Dos meses de acusaciones cruzadas, quita de incentivos, denuncias por cartelización, peleas en directorios y otras presiones por parte del Gobierno empujaron a YPF a modificar su política de utilidades . En lugar de destinar el 90% al reparto de dividendos, propuso utilizar los $ 5789 millones acumulados para aumentar el capital social de la compañía.
A pesar de que la iniciativa, aprobada por mayoría en la reunión de directorio de ayer, contempla que esos fondos se queden en la petrolera y no sean girados al exterior, el gobierno nacional la rechazó y volvió a exigir la creación de «una reserva voluntaria para inversiones». Los funcionarios presentes en la reunión cuestionaron en particular que la empresa haya resuelto una capitalización por la vía de la emisión de nuevas acciones que serán entregadas de forma gratuita a los actuales accionistas: Repsol, el grupo Eskenazi y el propio Estado, además de inversores minoritarios.
La reunión estuvo encabezada por el presidente de Repsol , Antonio Brufau (que vino de España en una visita relámpago). Por parte del Gobierno estuvieron presentes Roberto Baratta, director de YPF en representación del Estado, y dos asesores de alto perfil: el viceministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario de Energía, Daniel Cameron.
Según el comunicado de YPF a la Bolsa, del total de $ 6353 millones acumulados como resultados no asignados ($ 5296 millones de 2011 y $ 1057 millones remanentes de 2010), se resolvió capitalizar 5789 millones, que representan el 91,1% de ese fondo. El resto se destinará a cumplir con una restricción a la distribución de resultados impuesta por la CNV y al aumento de una reserva legal por la capitalización.
Además, la dirección de la empresa informó que el nivel de inversiones previsto para este año se ubicará entre 14.000 y 15.000 millones de pesos, por encima de los 13.300 millones invertidos en 2011.
«La elevada capitalización que se propone es una muestra rotunda del firme compromiso de los accionistas hacia la sociedad y sus actividades, y es una clara muestra de su alta sensibilidad ante la situación actual, las necesidades de inversión y los compromisos de la compañía», señaló Brufau en un comunicado. El texto destaca que «la decisión del directorio no genera giro de divisas al exterior ni demanda la compra de dólares en el mercado local».
La propuesta presentada ayer por Brufau y por el CEO de YPF, Sebastián Eskenazi, deberá ser votada por la asamblea de accionistas que se reunirá el 25 de abril próximo. Se descuenta que será aprobada: Repsol tiene el 57,46% de las acciones y el grupo Petersen, de la familia Eskenazi, cuenta con otro 25,46 por ciento.
Al término de la reunión, Kicillof reveló que hubo una «fuerte controversia con la dirección de la compañía». Además, insistió en que «el Estado reclama un claro, taxativo y preciso plan de inversión para revertir la situación actual y constituir una reserva destinada a realizar inversiones». Y calificó de «maniobra especulativa» la capitalización mediante emisión de acciones.
El centro de la discordia ya no es la remisión de utilidades sino el destino. Baratta se quejó de que la decisión tomada ayer «no asegura que los dividendos vayan a ser invertidos donde tienen que ser invertidos». Fuentes de la compañía indicaron que «no se evitó el tema inversiones; es sólo que es un tema que se habla en otro ámbito, en la gestión de la empresa por parte del management».
Dos analistas independientes -que pidieron reserva de la identidad- coincidieron en que la decisión anunciada ayer «va en la dirección» que había pedido el Gobierno. «Pero no es normal que las empresas creen fondos especiales para inversión, por eso se eligió la forma de capitalización», dijo uno de ellos.
La decisión de no repartir dividendos contradice el contrato de venta de acciones firmado en febrero de 2008 por Repsol y Petersen. Allí las partes «acuerdan distribuir en forma de dividendo el 90% de las utilidades». Esa cláusula -que por primera vez no fue aplicada- le permitía a Eskenazi pagar los créditos por US$ 2000 millones que tomó con un grupo de bancos y con la propia Repsol al momento de hacerse con el 15% de acciones comprado inicialmente. El próximo vencimiento es en mayo. «Ese tema ya está resuelto, pero es un acuerdo confidencial entre privados [por Repsol y Petersen] que no involucra a YPF», señalaron fuentes cercanas a la empresa..
Dos meses de acusaciones cruzadas, quita de incentivos, denuncias por cartelización, peleas en directorios y otras presiones por parte del Gobierno empujaron a YPF a modificar su política de utilidades . En lugar de destinar el 90% al reparto de dividendos, propuso utilizar los $ 5789 millones acumulados para aumentar el capital social de la compañía.
A pesar de que la iniciativa, aprobada por mayoría en la reunión de directorio de ayer, contempla que esos fondos se queden en la petrolera y no sean girados al exterior, el gobierno nacional la rechazó y volvió a exigir la creación de «una reserva voluntaria para inversiones». Los funcionarios presentes en la reunión cuestionaron en particular que la empresa haya resuelto una capitalización por la vía de la emisión de nuevas acciones que serán entregadas de forma gratuita a los actuales accionistas: Repsol, el grupo Eskenazi y el propio Estado, además de inversores minoritarios.
La reunión estuvo encabezada por el presidente de Repsol , Antonio Brufau (que vino de España en una visita relámpago). Por parte del Gobierno estuvieron presentes Roberto Baratta, director de YPF en representación del Estado, y dos asesores de alto perfil: el viceministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario de Energía, Daniel Cameron.
Según el comunicado de YPF a la Bolsa, del total de $ 6353 millones acumulados como resultados no asignados ($ 5296 millones de 2011 y $ 1057 millones remanentes de 2010), se resolvió capitalizar 5789 millones, que representan el 91,1% de ese fondo. El resto se destinará a cumplir con una restricción a la distribución de resultados impuesta por la CNV y al aumento de una reserva legal por la capitalización.
Además, la dirección de la empresa informó que el nivel de inversiones previsto para este año se ubicará entre 14.000 y 15.000 millones de pesos, por encima de los 13.300 millones invertidos en 2011.
«La elevada capitalización que se propone es una muestra rotunda del firme compromiso de los accionistas hacia la sociedad y sus actividades, y es una clara muestra de su alta sensibilidad ante la situación actual, las necesidades de inversión y los compromisos de la compañía», señaló Brufau en un comunicado. El texto destaca que «la decisión del directorio no genera giro de divisas al exterior ni demanda la compra de dólares en el mercado local».
La propuesta presentada ayer por Brufau y por el CEO de YPF, Sebastián Eskenazi, deberá ser votada por la asamblea de accionistas que se reunirá el 25 de abril próximo. Se descuenta que será aprobada: Repsol tiene el 57,46% de las acciones y el grupo Petersen, de la familia Eskenazi, cuenta con otro 25,46 por ciento.
Al término de la reunión, Kicillof reveló que hubo una «fuerte controversia con la dirección de la compañía». Además, insistió en que «el Estado reclama un claro, taxativo y preciso plan de inversión para revertir la situación actual y constituir una reserva destinada a realizar inversiones». Y calificó de «maniobra especulativa» la capitalización mediante emisión de acciones.
El centro de la discordia ya no es la remisión de utilidades sino el destino. Baratta se quejó de que la decisión tomada ayer «no asegura que los dividendos vayan a ser invertidos donde tienen que ser invertidos». Fuentes de la compañía indicaron que «no se evitó el tema inversiones; es sólo que es un tema que se habla en otro ámbito, en la gestión de la empresa por parte del management».
Dos analistas independientes -que pidieron reserva de la identidad- coincidieron en que la decisión anunciada ayer «va en la dirección» que había pedido el Gobierno. «Pero no es normal que las empresas creen fondos especiales para inversión, por eso se eligió la forma de capitalización», dijo uno de ellos.
La decisión de no repartir dividendos contradice el contrato de venta de acciones firmado en febrero de 2008 por Repsol y Petersen. Allí las partes «acuerdan distribuir en forma de dividendo el 90% de las utilidades». Esa cláusula -que por primera vez no fue aplicada- le permitía a Eskenazi pagar los créditos por US$ 2000 millones que tomó con un grupo de bancos y con la propia Repsol al momento de hacerse con el 15% de acciones comprado inicialmente. El próximo vencimiento es en mayo. «Ese tema ya está resuelto, pero es un acuerdo confidencial entre privados [por Repsol y Petersen] que no involucra a YPF», señalaron fuentes cercanas a la empresa..
