Violencia institucional
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuestionó la reciente represión de la policía Federal y la Gendarmería a trabajadores de la autopartista Lear y a organizaciones que los apoyaron. Mirá el comunicado.
Por CELS
La represión de la Policía Federal y la Gendarmería a trabajadores y organizaciones sociales que ayer y hoy cortaron vías de circulación en reclamo de fuentes de trabajo y condiciones salariales muestra un desplazamiento preocupante en la política de no represión de la protesta social.
Desde 2003, esta política se basó en dos pilares fundamentales: la negociación a cargo de interlocutores civiles y la aplicación de principios de actuación que regulen los operativos de las fuerzas de seguridad.
Entre los principios que apuntan a evitar el uso desmedido de la fuerza y sus consecuencias en la integridad física de los manifestantes está la prohibición de portar armas de fuego en los operativos. Al mismo tiempo, tampoco está permitido el uso de balas de goma como herramienta para dispersar a los manifestantes.
Tanto ayer como hoy, el desempeño de las fuerzas de seguridad no respetó sus principios y reglas de actuación. En el operativo de esta mañana, para desalojar a organizaciones sociales que apoyaban a los trabajadores de la autopartista Lear, había agentes de la Policía Federal que portaban sus armas reglamentarias. En el desalojo de la Panamericana, la Gendarmería disparó balas de goma con armas largas a los manifestantes y usó perros adiestrados, sin bozal. Esta respuesta se dio en el marco de operativos caóticos en los que, como no hubo acordonamiento ni se desvió el tránsito, los vehículos circulaban entre corridas de manifestantes, gases y balas de goma.
Más allá de las instancias de negociación a cargo de otras agencias estatales como el Ministerio de Trabajo, es necesaria la presencia de interlocutores políticos que eviten el uso de la violencia. Por el contrario, ayer y hoy se privilegió la intervención directa y la represión por sobre una mediación política que pudiera gestionar el conflicto. Este accionar es contrario a lo establecido en los 21 puntos de los «Criterios mínimos sobre la actuación de los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas», elaborados por Ministerio de Seguridad de la Nación en 2011.
Es indispensable que se busquen soluciones políticas a los conflictos laborales y que el abordaje no violento de las protestas y manifestaciones sea defendido por todas las instituciones y el conjunto de la sociedad.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuestionó la reciente represión de la policía Federal y la Gendarmería a trabajadores de la autopartista Lear y a organizaciones que los apoyaron. Mirá el comunicado.
Por CELS
La represión de la Policía Federal y la Gendarmería a trabajadores y organizaciones sociales que ayer y hoy cortaron vías de circulación en reclamo de fuentes de trabajo y condiciones salariales muestra un desplazamiento preocupante en la política de no represión de la protesta social.
Desde 2003, esta política se basó en dos pilares fundamentales: la negociación a cargo de interlocutores civiles y la aplicación de principios de actuación que regulen los operativos de las fuerzas de seguridad.
Entre los principios que apuntan a evitar el uso desmedido de la fuerza y sus consecuencias en la integridad física de los manifestantes está la prohibición de portar armas de fuego en los operativos. Al mismo tiempo, tampoco está permitido el uso de balas de goma como herramienta para dispersar a los manifestantes.
Tanto ayer como hoy, el desempeño de las fuerzas de seguridad no respetó sus principios y reglas de actuación. En el operativo de esta mañana, para desalojar a organizaciones sociales que apoyaban a los trabajadores de la autopartista Lear, había agentes de la Policía Federal que portaban sus armas reglamentarias. En el desalojo de la Panamericana, la Gendarmería disparó balas de goma con armas largas a los manifestantes y usó perros adiestrados, sin bozal. Esta respuesta se dio en el marco de operativos caóticos en los que, como no hubo acordonamiento ni se desvió el tránsito, los vehículos circulaban entre corridas de manifestantes, gases y balas de goma.
Más allá de las instancias de negociación a cargo de otras agencias estatales como el Ministerio de Trabajo, es necesaria la presencia de interlocutores políticos que eviten el uso de la violencia. Por el contrario, ayer y hoy se privilegió la intervención directa y la represión por sobre una mediación política que pudiera gestionar el conflicto. Este accionar es contrario a lo establecido en los 21 puntos de los «Criterios mínimos sobre la actuación de los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas», elaborados por Ministerio de Seguridad de la Nación en 2011.
Es indispensable que se busquen soluciones políticas a los conflictos laborales y que el abordaje no violento de las protestas y manifestaciones sea defendido por todas las instituciones y el conjunto de la sociedad.
