No soy yo, es la ley, vino a responder el pasado viernes la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, a las veladas acusaciones de Ana Botella de permitir «demasiadas» manifestaciones en la capital. Hoy, Cifuentes ha reiterado que la ley es «muy permisiva y amplia» con el derecho de reunión y manifestación y ha ido un paso más allá en el debate sobre los límites del derecho a protestar abierto por el Movimiento 15-M y reabierto por los recientes intentos de rodear el Congreso. Ha planeado «modular» la ley para «racionalizar el uso del espacio público». La delegada ha matizado que no se trataría de cambiar la Constitución sino de revisar la Ley Orgánica que regula este derecho, no para «recortarlo» sino para ampliar el margen de maniobra de las Administraciones para modificar recorridos y horarios.
En una entrevista en RNE, ha reiterado que Madrid es «una ciudad complicada porque las manifestaciones son permanentes y su cifra desmesurada», opinión que sustenta en un dato: en lo que llevamos de año se han producido «casi 2.200 concentraciones y manifestaciones» en la capital —Botella las cifró en 2.732 el viernes. En todo 2011, fueron 1.380, según los datos de la alcaldesa—. «El tema de las movilizaciones es una cuestión puntual que viene dada por el momento político y propiciado porque hay grupos que tratan de conseguir en la calle lo que no han conseguido en las urnas», ha argumentado, culpando a los socialistas sin nombrarlos del aumento de las protestas en las calles.
El derecho de manifestación y de reunión lo recoge el artículo 21 de la Constitución, que reza: «Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa».
Añade que, para los «casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones», se dará «comunicación previa a la autoridad», que sólo podrá prohibirlas cuando existan «razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes».
La Ley Orgánica 9/1983 reitera que «ninguna reunión estará sometida al régimen de previa autorización», al tiempo que subraya la especial importancia de este derecho al hacer responsable a la «autoridad gubernativa» de proteger «las reuniones y manifestaciones frente a quienes trataren de impedir, perturbar o menoscabar el lícito ejercicio de este derecho».
La misma ley establece que para celebrar una manifestación en espacios «de tránsito público» hay que comunicarlo con una antelación de 10 días hábiles y una máxima de 30 a la Delegación del Gobierno, salvo que se argumenten «causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de convocatoria», con lo que el plazo se reduce a 24 horas.
Aunque ha recordado que el derecho de manifestación es constitucional «y no se necesita autorización previa» sino una comunicación a la Delegación, apuesta por compatibilizarlo con el derecho que tiene el resto de la población «a poder estar en una ciudad que sea habitable». «Significa poder circular con tranquilidad, que no haya incidentes, disturbios, que no haya problemas de orden público. «Es mi objetivo y trato de conseguirlo», ha agregado.
En este sentido, Cifuentes defiende un cambio legislativo, aunque no ha detallado cómo se realizaría. «Lo que quiero es abrir un debate porque cualquier modificación tiene que ser adoptada por un amplio consenso. El derecho de manifestación lo recoge la Constitución es su artículo 21 y no creo que haya que cambiar la Constitución. Este derecho tiene que seguir siendo siempre en todo caso un derecho constitucional. Estamos en una sociedad democrática y los derechos de los ciudadanos no se pueden recortar», ha matizado.
Sin embargo, considera que el derecho de reunión hay que «modularlo» porque la Ley Orgánica que lo recoge, de 1983, «tiene muchos años». «Habría que modificarla, no para recortar derechos, pero sí para racionalizar el uso del espacio público. No puede ser que en un mismo día en Madrid haya 10 manifestaciones en la misma zona. Los comerciantes y vecinos del centro están desesperados con toda la razón», ha dicho. La delegada ha apuntado que la reforma debería dar a la Administración «cierto margen para modificar las horas y cambiar lugares para compatibilizar el derecho de manifestación, que no hay que restringirlo en absoluto, sino para garantizar el derecho de los ciudadanos a no estar en una ciudad que en ocasiones es inhabitable».
«La ley es muy permisiva y amplia con el derecho de manifestación y cuando la Delegación ha intentado en diversas ocasiones no prohibir sino modular este derecho cambiando itinerarios o de día una manifestación porque creíamos que podía suponer un peligro de orden público, sistemáticamente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid siempre ha fallado en nuestra contra», ha recordado. En marzo, en vísperas de la huelga general, Cifuentes recibió tres varapalos consecutivos de este tribunal. «Lo que dice la ley es que solo se puede prohibir o modificar una manifestación cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para bienes o personas, que yo he apreciado en algunas ocasiones y en todas ellas los tribunales nos han quitado la razón», ha proseguido.
Cifuentes ha lamentado que lo único que pueda hacer contra, por ejemplo, los cortes de tráfico que, en protesta los recortes de Mariano Rajoy a los sueldos de los funcionarios, protagonizan todos los viernes «grupos de liberados sindicales que trabajan en los ministerios que van cortando de manera indiscriminada las calles» sea «identificarlos y sancionarlos administrativamente».
La delegada ha admitido que el grueso de las manifestaciones de estos meses han sido pacíficas y ha vuelto a avalar la actuación de la policía el 25-S. «Muchas de las actuaciones que hace la Policía Nacional son para proteger el derecho de la manifestación, no está para reprimir derechos», ha defendido a los agentes, acusados de desmesura en su respuesta a los manifestantes.
Esta petición de Cifuentes de modificar la ley respecto al derecho a protestar se suma a la ofensiva lanzada el pasado mes de abril por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que planteó una reforma para endurecer las penas por desobediencia y resistencia a la autoridad que castigará el vandalismo callejero igual que la kale borroka.
En una entrevista en RNE, ha reiterado que Madrid es «una ciudad complicada porque las manifestaciones son permanentes y su cifra desmesurada», opinión que sustenta en un dato: en lo que llevamos de año se han producido «casi 2.200 concentraciones y manifestaciones» en la capital —Botella las cifró en 2.732 el viernes. En todo 2011, fueron 1.380, según los datos de la alcaldesa—. «El tema de las movilizaciones es una cuestión puntual que viene dada por el momento político y propiciado porque hay grupos que tratan de conseguir en la calle lo que no han conseguido en las urnas», ha argumentado, culpando a los socialistas sin nombrarlos del aumento de las protestas en las calles.
El derecho de manifestación y de reunión lo recoge el artículo 21 de la Constitución, que reza: «Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa».
Añade que, para los «casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones», se dará «comunicación previa a la autoridad», que sólo podrá prohibirlas cuando existan «razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes».
La Ley Orgánica 9/1983 reitera que «ninguna reunión estará sometida al régimen de previa autorización», al tiempo que subraya la especial importancia de este derecho al hacer responsable a la «autoridad gubernativa» de proteger «las reuniones y manifestaciones frente a quienes trataren de impedir, perturbar o menoscabar el lícito ejercicio de este derecho».
La misma ley establece que para celebrar una manifestación en espacios «de tránsito público» hay que comunicarlo con una antelación de 10 días hábiles y una máxima de 30 a la Delegación del Gobierno, salvo que se argumenten «causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de convocatoria», con lo que el plazo se reduce a 24 horas.
Aunque ha recordado que el derecho de manifestación es constitucional «y no se necesita autorización previa» sino una comunicación a la Delegación, apuesta por compatibilizarlo con el derecho que tiene el resto de la población «a poder estar en una ciudad que sea habitable». «Significa poder circular con tranquilidad, que no haya incidentes, disturbios, que no haya problemas de orden público. «Es mi objetivo y trato de conseguirlo», ha agregado.
En este sentido, Cifuentes defiende un cambio legislativo, aunque no ha detallado cómo se realizaría. «Lo que quiero es abrir un debate porque cualquier modificación tiene que ser adoptada por un amplio consenso. El derecho de manifestación lo recoge la Constitución es su artículo 21 y no creo que haya que cambiar la Constitución. Este derecho tiene que seguir siendo siempre en todo caso un derecho constitucional. Estamos en una sociedad democrática y los derechos de los ciudadanos no se pueden recortar», ha matizado.
Sin embargo, considera que el derecho de reunión hay que «modularlo» porque la Ley Orgánica que lo recoge, de 1983, «tiene muchos años». «Habría que modificarla, no para recortar derechos, pero sí para racionalizar el uso del espacio público. No puede ser que en un mismo día en Madrid haya 10 manifestaciones en la misma zona. Los comerciantes y vecinos del centro están desesperados con toda la razón», ha dicho. La delegada ha apuntado que la reforma debería dar a la Administración «cierto margen para modificar las horas y cambiar lugares para compatibilizar el derecho de manifestación, que no hay que restringirlo en absoluto, sino para garantizar el derecho de los ciudadanos a no estar en una ciudad que en ocasiones es inhabitable».
«La ley es muy permisiva y amplia con el derecho de manifestación y cuando la Delegación ha intentado en diversas ocasiones no prohibir sino modular este derecho cambiando itinerarios o de día una manifestación porque creíamos que podía suponer un peligro de orden público, sistemáticamente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid siempre ha fallado en nuestra contra», ha recordado. En marzo, en vísperas de la huelga general, Cifuentes recibió tres varapalos consecutivos de este tribunal. «Lo que dice la ley es que solo se puede prohibir o modificar una manifestación cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para bienes o personas, que yo he apreciado en algunas ocasiones y en todas ellas los tribunales nos han quitado la razón», ha proseguido.
Cifuentes ha lamentado que lo único que pueda hacer contra, por ejemplo, los cortes de tráfico que, en protesta los recortes de Mariano Rajoy a los sueldos de los funcionarios, protagonizan todos los viernes «grupos de liberados sindicales que trabajan en los ministerios que van cortando de manera indiscriminada las calles» sea «identificarlos y sancionarlos administrativamente».
La delegada ha admitido que el grueso de las manifestaciones de estos meses han sido pacíficas y ha vuelto a avalar la actuación de la policía el 25-S. «Muchas de las actuaciones que hace la Policía Nacional son para proteger el derecho de la manifestación, no está para reprimir derechos», ha defendido a los agentes, acusados de desmesura en su respuesta a los manifestantes.
Esta petición de Cifuentes de modificar la ley respecto al derecho a protestar se suma a la ofensiva lanzada el pasado mes de abril por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que planteó una reforma para endurecer las penas por desobediencia y resistencia a la autoridad que castigará el vandalismo callejero igual que la kale borroka.
