En Masacre en el Pabellón Séptimo , Claudia Cesaroni reconstruye la mayor masacre producida en una cárcel argentina que, a 35 años y con 64 muertos reconocidos, se mantiene sin culpables juzgados. El libro, que comenzó siendo un blog en 2011, reflotó el testimonio de sobrevivientes, familiares de muertos y presas políticas alojadas en la “cárcel vidriera” de la dictadura. Luego de rechazos de editoriales masivas, Cesaroni encontró un apoyo inesperado: en su último recital en la provincia de Mendoza antes de cantar “Pabellón Séptimo (relato de Horacio)”, el Indio Solari recomendó leer el libro. Docente universitaria y presidenta del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), Cesaroni menciona diferencias entre presos políticos y presos comunes, continuidades del funcionamiento del Servicio Penitenciario Federal, habla de la salida de Víctor Hortel y la llegada de Alejandro Marambio y rechaza la baja en la edad de imputabilidad.
¿Cómo definís lo ocurrido el 14 de marzo de 1978 en el pabellón séptimo de la Cárcel de Devoto?
Ese hecho se conoce como Motín de los colchones y uno de los objetivos centrales del libro fue desmontar esa etiqueta de motín y llamarlo como lo que fue: una masacre. El origen de esa masacre fue un hecho trivial; presos de un pabellón común, superpoblado -con capacidad para 60 ó 70 personas y en ese momento albergando 160-, estaban viendo una película la noche del lunes 13 de marzo cuando penitenciarios quisieron obligarlos a que apagaran la televisión para dar una información. Uno de los presos con cierto predicamento se negó, por lo que a las tres de la mañana fue a buscarlo una patota. Finalmente los efectivos se retiraron, pero cuatro horas después ingresó una requisa más brutal que la de costumbre y los presos pretendieron correrla. Eso que podría haber terminado con una sanción desencadenó tiros, para que no entraran las balas los presos pusieron colchones que se prendieron fuego y no hubo intención de apagarlos. A aquellos que se asomaron por las rejas a tomar aire los balearon desde afuera y desde la pasarela. Algunos presos lograron sobrevivir, a otros los reventaron a palos y murieron, y los que finalmente sobrevivieron fueron a los hospitales. No hubo un solo penitenciario herido y hubo 64 muertos reconocidos. Este hecho nunca fue investigado claramente y en la causa judicial se ve cómo la Justicia de la dictadura –con algunos personajes que hoy siguen trabajando en el ámbito judicial- consolidó una construcción penitenciaria que aún sigue funcionando.
En el libro establecés diferencias entre los conceptos de motín y masacre, y presos comunes y presos políticos. ¿Por qué la necesidad de esas aclaraciones?
En la cárcel todo el tiempo suceden cosas que se denominan de una manera y en realidad encubren prácticas violatorias de derechos. Hay cantidad de expedientes en donde en vez de una represión contra presos uno lee una fantasía. Los presos sistemáticamente se caen en los baños o se chocan con la pared y se rompen la cara. Hoy sucede un hecho violento y las primeras pruebas las toma el propio servicio penitenciario. Todo lo que se construye son causas armadas. Es increíble que uno pueda leer eso en un documento oficial, pero más indignante es que la Justicia le de crédito. La voz de los presos no es creíble y no pueden despojarse de su rol de “delincuentes”. En la Masacre del Pabellón Séptimo no hubo nada parecido a un motín: los presos no tomaron el pabellón, no hubo rehenes y no pusieron en riesgo la vida de nadie. Por otro lado también es muy interesante la diferencia entre presos comunes y presos políticos. Las propias presas políticas que en ese momento estaban alojadas a tres pabellones de distancia dicen que todos aquellos que trabajaron con delitos de lesa humanidad no han podido ocuparse de este caso. Creo que hay una falencia en la nacionalización de los derechos humanos en no poder ver la problemática de los presos comunes. Eso pasaba antes y pasa ahora. Caer preso por convicciones políticas o militantes, luchar por la Patria Grande tiene mérito. Caer preso porque sos chorro o mataste a alguien por supuesto que no lo tiene, pero además parece que lo que te sucede no importara. El dolor de los cuerpos lacerados es el mismo.
En varios fragmentos nombrás los tres objetivos fundamentales que te llevaron a escribir el libro: reconocimiento a las víctimas, reapertura de la causa y declaración de la masacre como delito de lesa humanidad, y castigo a los responsables. ¿En qué etapa se cumplió cada uno?
A veces estamos asombrados de todo lo que pudimos hacer. Uno de los objetivos centrales era homenajear a las víctimas. Hugo (Cardozo) –sobreviviente y colaborador del libro- siempre lo planteaba. La verdad es que logramos que se pusiera una placa en la puerta de Devoto, en donde se nombra a la cárcel como lugar en el que se cometieron delitos de lesa humanidad y se menciona específicamente a la Masacre del Pabellón séptimo. En el 35º aniversario pudimos entrar a la cárcel y Hugo subió al pabellón. Para todo eso contamos con el apoyo del ex director del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel. Más allá del homenaje, el 25 de marzo fuimos al Juzgado Federal 3 a presentar un escrito pidiendo que se reabriera la causa. También me impresiona cómo van apareciendo testigos y se abre mucho un tema que representa la mayor masacre en la historia de las cárceles argentinas. Es como el Carandiru en Brasil, al que se lo conoce por la película, pero acá la mayoría de gente no tiene ni idea de lo que pasó en Devoto.
Hay un espíritu colectivo en la edición. ¿Cómo fue la construcción del libro?
Nace como una idea mía de hace mucho tiempo cuando leí Los derechos humanos en el otro país , de Daniel Barberis, y Crónica de muertes silenciadas , de Elías Neuman, que es el libro en el que se basó el Indio Solari para escribir “Pabellón Séptimo (relato de Horacio)”. Elías Neuman escribió su libro a partir de lo que Horacio le contó, y el Pablo que nombra el tema del Indio es un preso que murió. En un momento coincidí con Hugo Cardozo que también quería hacer algo. Él había ido a la Secretaría de Derechos Humanos y le habían dicho que el caso no entraba en ninguna reparación porque no era preso político. A mí eso me daba vueltas: discutir que este hecho debía entenderse como un delito de lesa humanidad aunque las víctimas no fueras presos políticos. Después nos sumamos el CEPOC, la Asociación de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales, la Asociación Mutual Sentimiento –que son ex presos políticos y su presidenta Graciela Draguicevich es bastante protagonista del libro- y un grupo de presos actuales con los que hacemos un taller de investigación en el Centro Universitario de Devoto (CUD). Durante un año nos vimos todos los lunes en Devoto para que pudieran contar su testimonio de aquellos años. Ninguno había estado en el pabellón séptimo, pero sí en otros pabellones mientras todo sucedía. En cuanto a la edición, después de sucesivos intentos, un editor de una editorial grande me dijo que esto no le parecía un tema atractivo, comercial. Sin embargo, además de que me importaba muchísimo, yo veía que el tema del Indio le daba algo especial. Lógicamente jamás me imaginé la mención en medio del recital que hizo en Mendoza, ni la donación del dibujo de tapa de Rocambole. La editorial Tren en Movimiento no fue la primera que busqué porque no la conocía, pero estoy muy contenta: son gente joven que labura en la cárcel, hacen trabajo de edición y trabajan con Esquina Libertad, que es una cooperativa de presos.
Describís al Servicio Penitenciario Federal (SPF) como un autogobierno caracterizado por una “fuerza militarizada fortalecida a lo largo del tiempo”. ¿Qué opinión tenés de la situación actual con la salida de Víctor Hortel?
El SPF sigue rigiéndose por la ley 20.416 de la dictadura de Lanusse, que durante todos estos años no ha sido tocada. Esa ley define al servicio como una fuerza de seguridad y ahí hay un contrasentido porque formalmente decimos que la cárcel es para la reinserción y por el otro lado metemos a la gente a ser custodiada por una fuerza que claramente tiene objetivos de mera custodia y castigo. Por otro lado, desde un principio entendimos como un retroceso la salida de Hortel y la llegada de Alejandro Marambio –que ya había tenido una gestión al frente del servicio-. En el CEPOC todos los martes nos juntamos con familiares de personas privadas de la libertad y no paran de llegar denuncias de golpes y malos tratos. En el lapso de 15 días hubo 2 muertes, 2 ahorcamientos muy sospechosos. Durante la gestión de Hortel no es que no había torturas y muertos, la diferencia es que no había una negación de esa situación y se actuaba. Los funcionarios penitenciarios tienen una especie de derecho de contar con asistencia jurídica por actos de servicios. Esto implica que un penitenciario denunciado por torturas va a juicio –uno cada mil porque un preso cuando se anima a denunciar lo está haciendo contra la gente que convive con él sin ningún control de nadie- y tenés al preso solo y al funcionario penitenciario asistido por todo el cuerpo de abogados del SPF. En ningún otro ámbito uno tolera eso. A Hortel le comentamos esta situación y dictó la Resolución 2.515, en la que se plantea que por encima de cualquier otra cosa están los Derechos internacionales de Derechos Humanos, y en los casos en los que se denuncien torturas y malos tratos no habrá cobertura jurídica para los penitenciarios acusados. Eso es una medida muy importante y habría que ver qué va a pasar. En varias cosas se retrocedió: trato hostil a los familiares, un clima de ‘volvimos nosotros, se fue el padrino’. Con la excusa de la fuga de presos a los familiares se les prohíbe que entren con algo oscuro porque se pueden confundir con la ropa de servicio y existe un agravamiento de requisas o largas esperas para las visitas.
Una vez más la baja de la edad de imputabilidad vuelve a ponerse en discusión en políticos y medios de comunicación. ¿Cuál es tu opinión?
Argentina acaba de ser penada por la Comisión Internacional de Derechos Humanos por aplicar penas perpetuas a adolescentes que cometieron delitos antes de los 18 años. La provincia de Mendoza tiene el triste privilegio de haber aplicado cuatro de esas penas. Uno de esos chicos apareció colgado en 2005 en una comisaría de la provincia. La Corte le dice al Estado que una de las medidas que tiene que aplicar es modificar su régimen penal juvenil. El libro Más derechos, menos castigos en el que participé es una especie de proclama en contra de la baja de la edad de imputabilidad. Nuestro planteo es sancionar un nuevo régimen penal juvenil, porque el que tenemos es otra herencia de la dictadura. Fijate qué sintomático: en presos y en adolescentes transgresores seguimos con las leyes de la dictadura.
¿A qué le decís ni a palos?
Ni a palos al olvido, a la tortura y a la mentira.
Diego Sánchez
También conocido como Gonzo. Nació en Buenos Aires en 1981. Periodista. Twitter: @diegoese
Martín Rodríguez
Nació en Buenos Aires en 1978. Bisnieto del primer piloto práctico del puerto de Bahía Blanca. Escribe en el blog www.revolucion-tinta-limon.blogspot.com . Twitter: @tintalimon
Marisol de Ambrosio
Me dicen Marisin y no uso Twitter.
Fede Vázquez
Nació en el barrio de Saavedra en 1979. Estudió historia, pero dejó para dedicarse a tocar tango con el bandoneón que había sido de su abuelo. Escribe sobre política argentina y latinoamericana.
Diego Paladino
Diseñador autodidacta que no se anima a escribir y vive con nueve gatos en un centro cultural clandestino del Barrio Chino.
Romina Sánchez
Periodista y docente, porteña de nacimiento pero bonaerense por adopción. Cuerva y del Deportivo Merlo: no puede elegir uno. Por ahora es una futbolista frustrada. Con la armónica le va mejor. Twitter: @LaChicaEki
Franco Dorio
Soldado de Perón y de Riquelme. Fundamentalista del Pes. Siempre fuerte al medio y cada tanto a colocar.
Julián Eyzaguirre
Laila Manubens Paz
Colaboran
Jimena Rosli. Walter Lezcano. Fernando Ressia. Patricio Tesei. Emiliano Flores. Carlos Godoy. Charly Gradín. Mariano Vespa. Salvador Salinas. Lorena Soler. Esteban De Gori. Emanuel Damoni. Benito Messina.
¿Cómo definís lo ocurrido el 14 de marzo de 1978 en el pabellón séptimo de la Cárcel de Devoto?
Ese hecho se conoce como Motín de los colchones y uno de los objetivos centrales del libro fue desmontar esa etiqueta de motín y llamarlo como lo que fue: una masacre. El origen de esa masacre fue un hecho trivial; presos de un pabellón común, superpoblado -con capacidad para 60 ó 70 personas y en ese momento albergando 160-, estaban viendo una película la noche del lunes 13 de marzo cuando penitenciarios quisieron obligarlos a que apagaran la televisión para dar una información. Uno de los presos con cierto predicamento se negó, por lo que a las tres de la mañana fue a buscarlo una patota. Finalmente los efectivos se retiraron, pero cuatro horas después ingresó una requisa más brutal que la de costumbre y los presos pretendieron correrla. Eso que podría haber terminado con una sanción desencadenó tiros, para que no entraran las balas los presos pusieron colchones que se prendieron fuego y no hubo intención de apagarlos. A aquellos que se asomaron por las rejas a tomar aire los balearon desde afuera y desde la pasarela. Algunos presos lograron sobrevivir, a otros los reventaron a palos y murieron, y los que finalmente sobrevivieron fueron a los hospitales. No hubo un solo penitenciario herido y hubo 64 muertos reconocidos. Este hecho nunca fue investigado claramente y en la causa judicial se ve cómo la Justicia de la dictadura –con algunos personajes que hoy siguen trabajando en el ámbito judicial- consolidó una construcción penitenciaria que aún sigue funcionando.
En el libro establecés diferencias entre los conceptos de motín y masacre, y presos comunes y presos políticos. ¿Por qué la necesidad de esas aclaraciones?
En la cárcel todo el tiempo suceden cosas que se denominan de una manera y en realidad encubren prácticas violatorias de derechos. Hay cantidad de expedientes en donde en vez de una represión contra presos uno lee una fantasía. Los presos sistemáticamente se caen en los baños o se chocan con la pared y se rompen la cara. Hoy sucede un hecho violento y las primeras pruebas las toma el propio servicio penitenciario. Todo lo que se construye son causas armadas. Es increíble que uno pueda leer eso en un documento oficial, pero más indignante es que la Justicia le de crédito. La voz de los presos no es creíble y no pueden despojarse de su rol de “delincuentes”. En la Masacre del Pabellón Séptimo no hubo nada parecido a un motín: los presos no tomaron el pabellón, no hubo rehenes y no pusieron en riesgo la vida de nadie. Por otro lado también es muy interesante la diferencia entre presos comunes y presos políticos. Las propias presas políticas que en ese momento estaban alojadas a tres pabellones de distancia dicen que todos aquellos que trabajaron con delitos de lesa humanidad no han podido ocuparse de este caso. Creo que hay una falencia en la nacionalización de los derechos humanos en no poder ver la problemática de los presos comunes. Eso pasaba antes y pasa ahora. Caer preso por convicciones políticas o militantes, luchar por la Patria Grande tiene mérito. Caer preso porque sos chorro o mataste a alguien por supuesto que no lo tiene, pero además parece que lo que te sucede no importara. El dolor de los cuerpos lacerados es el mismo.
En varios fragmentos nombrás los tres objetivos fundamentales que te llevaron a escribir el libro: reconocimiento a las víctimas, reapertura de la causa y declaración de la masacre como delito de lesa humanidad, y castigo a los responsables. ¿En qué etapa se cumplió cada uno?
A veces estamos asombrados de todo lo que pudimos hacer. Uno de los objetivos centrales era homenajear a las víctimas. Hugo (Cardozo) –sobreviviente y colaborador del libro- siempre lo planteaba. La verdad es que logramos que se pusiera una placa en la puerta de Devoto, en donde se nombra a la cárcel como lugar en el que se cometieron delitos de lesa humanidad y se menciona específicamente a la Masacre del Pabellón séptimo. En el 35º aniversario pudimos entrar a la cárcel y Hugo subió al pabellón. Para todo eso contamos con el apoyo del ex director del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel. Más allá del homenaje, el 25 de marzo fuimos al Juzgado Federal 3 a presentar un escrito pidiendo que se reabriera la causa. También me impresiona cómo van apareciendo testigos y se abre mucho un tema que representa la mayor masacre en la historia de las cárceles argentinas. Es como el Carandiru en Brasil, al que se lo conoce por la película, pero acá la mayoría de gente no tiene ni idea de lo que pasó en Devoto.
Hay un espíritu colectivo en la edición. ¿Cómo fue la construcción del libro?
Nace como una idea mía de hace mucho tiempo cuando leí Los derechos humanos en el otro país , de Daniel Barberis, y Crónica de muertes silenciadas , de Elías Neuman, que es el libro en el que se basó el Indio Solari para escribir “Pabellón Séptimo (relato de Horacio)”. Elías Neuman escribió su libro a partir de lo que Horacio le contó, y el Pablo que nombra el tema del Indio es un preso que murió. En un momento coincidí con Hugo Cardozo que también quería hacer algo. Él había ido a la Secretaría de Derechos Humanos y le habían dicho que el caso no entraba en ninguna reparación porque no era preso político. A mí eso me daba vueltas: discutir que este hecho debía entenderse como un delito de lesa humanidad aunque las víctimas no fueras presos políticos. Después nos sumamos el CEPOC, la Asociación de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales, la Asociación Mutual Sentimiento –que son ex presos políticos y su presidenta Graciela Draguicevich es bastante protagonista del libro- y un grupo de presos actuales con los que hacemos un taller de investigación en el Centro Universitario de Devoto (CUD). Durante un año nos vimos todos los lunes en Devoto para que pudieran contar su testimonio de aquellos años. Ninguno había estado en el pabellón séptimo, pero sí en otros pabellones mientras todo sucedía. En cuanto a la edición, después de sucesivos intentos, un editor de una editorial grande me dijo que esto no le parecía un tema atractivo, comercial. Sin embargo, además de que me importaba muchísimo, yo veía que el tema del Indio le daba algo especial. Lógicamente jamás me imaginé la mención en medio del recital que hizo en Mendoza, ni la donación del dibujo de tapa de Rocambole. La editorial Tren en Movimiento no fue la primera que busqué porque no la conocía, pero estoy muy contenta: son gente joven que labura en la cárcel, hacen trabajo de edición y trabajan con Esquina Libertad, que es una cooperativa de presos.
Describís al Servicio Penitenciario Federal (SPF) como un autogobierno caracterizado por una “fuerza militarizada fortalecida a lo largo del tiempo”. ¿Qué opinión tenés de la situación actual con la salida de Víctor Hortel?
El SPF sigue rigiéndose por la ley 20.416 de la dictadura de Lanusse, que durante todos estos años no ha sido tocada. Esa ley define al servicio como una fuerza de seguridad y ahí hay un contrasentido porque formalmente decimos que la cárcel es para la reinserción y por el otro lado metemos a la gente a ser custodiada por una fuerza que claramente tiene objetivos de mera custodia y castigo. Por otro lado, desde un principio entendimos como un retroceso la salida de Hortel y la llegada de Alejandro Marambio –que ya había tenido una gestión al frente del servicio-. En el CEPOC todos los martes nos juntamos con familiares de personas privadas de la libertad y no paran de llegar denuncias de golpes y malos tratos. En el lapso de 15 días hubo 2 muertes, 2 ahorcamientos muy sospechosos. Durante la gestión de Hortel no es que no había torturas y muertos, la diferencia es que no había una negación de esa situación y se actuaba. Los funcionarios penitenciarios tienen una especie de derecho de contar con asistencia jurídica por actos de servicios. Esto implica que un penitenciario denunciado por torturas va a juicio –uno cada mil porque un preso cuando se anima a denunciar lo está haciendo contra la gente que convive con él sin ningún control de nadie- y tenés al preso solo y al funcionario penitenciario asistido por todo el cuerpo de abogados del SPF. En ningún otro ámbito uno tolera eso. A Hortel le comentamos esta situación y dictó la Resolución 2.515, en la que se plantea que por encima de cualquier otra cosa están los Derechos internacionales de Derechos Humanos, y en los casos en los que se denuncien torturas y malos tratos no habrá cobertura jurídica para los penitenciarios acusados. Eso es una medida muy importante y habría que ver qué va a pasar. En varias cosas se retrocedió: trato hostil a los familiares, un clima de ‘volvimos nosotros, se fue el padrino’. Con la excusa de la fuga de presos a los familiares se les prohíbe que entren con algo oscuro porque se pueden confundir con la ropa de servicio y existe un agravamiento de requisas o largas esperas para las visitas.
Una vez más la baja de la edad de imputabilidad vuelve a ponerse en discusión en políticos y medios de comunicación. ¿Cuál es tu opinión?
Argentina acaba de ser penada por la Comisión Internacional de Derechos Humanos por aplicar penas perpetuas a adolescentes que cometieron delitos antes de los 18 años. La provincia de Mendoza tiene el triste privilegio de haber aplicado cuatro de esas penas. Uno de esos chicos apareció colgado en 2005 en una comisaría de la provincia. La Corte le dice al Estado que una de las medidas que tiene que aplicar es modificar su régimen penal juvenil. El libro Más derechos, menos castigos en el que participé es una especie de proclama en contra de la baja de la edad de imputabilidad. Nuestro planteo es sancionar un nuevo régimen penal juvenil, porque el que tenemos es otra herencia de la dictadura. Fijate qué sintomático: en presos y en adolescentes transgresores seguimos con las leyes de la dictadura.
¿A qué le decís ni a palos?
Ni a palos al olvido, a la tortura y a la mentira.
Diego Sánchez
También conocido como Gonzo. Nació en Buenos Aires en 1981. Periodista. Twitter: @diegoese
Martín Rodríguez
Nació en Buenos Aires en 1978. Bisnieto del primer piloto práctico del puerto de Bahía Blanca. Escribe en el blog www.revolucion-tinta-limon.blogspot.com . Twitter: @tintalimon
Marisol de Ambrosio
Me dicen Marisin y no uso Twitter.
Fede Vázquez
Nació en el barrio de Saavedra en 1979. Estudió historia, pero dejó para dedicarse a tocar tango con el bandoneón que había sido de su abuelo. Escribe sobre política argentina y latinoamericana.
Diego Paladino
Diseñador autodidacta que no se anima a escribir y vive con nueve gatos en un centro cultural clandestino del Barrio Chino.
Romina Sánchez
Periodista y docente, porteña de nacimiento pero bonaerense por adopción. Cuerva y del Deportivo Merlo: no puede elegir uno. Por ahora es una futbolista frustrada. Con la armónica le va mejor. Twitter: @LaChicaEki
Franco Dorio
Soldado de Perón y de Riquelme. Fundamentalista del Pes. Siempre fuerte al medio y cada tanto a colocar.
Julián Eyzaguirre
Laila Manubens Paz
Colaboran
Jimena Rosli. Walter Lezcano. Fernando Ressia. Patricio Tesei. Emiliano Flores. Carlos Godoy. Charly Gradín. Mariano Vespa. Salvador Salinas. Lorena Soler. Esteban De Gori. Emanuel Damoni. Benito Messina.
