El gobierno mexicano envió un prospecto a la comisión de valores de Estados Unidos para emitir bonos por u$s 6,310 millones, que contendrán nuevas cláusulas de acción colectiva. La iniciativa incluirá el esquema elaborado por la International Capital Market Association (ICMA), que permite a los soberanos la opción de atar a todos los inversores a las decisiones acordadas por la mayoría. Se busca evitar experiencias como la Argentina y que las minorías no pongan en jaque futuras reestructuraciones
«Si lo tuyo son los contratos de bonos soberanos, este es tu iPhone 6». Así definió Anna Gelpern, una reconocida abogada de la Universidad de Georgetown, la decisión que tomó Mexico para reducir al máximo el riesgo holdout y evitar la experiencia que tuvo la Argentina con el «juicio del siglo».
Después de que Kazakhstan y Vietnam tomaran la delantera, el gobierno mexicano envió un prospecto a la comisión de valores de Estados Unidos (en inglés, Securities and Exchange Commision) para emitir hasta u$s 6,310 millones en bonos que contendrán nuevas y mejoradas cláusulas de acción colectiva.
En resumidas cuentas, se trata de incluir el blindaje anti-buitre que publicó la International Capital Market Association (IMCA) casi un mes después que la Argentina entrara en default. Este esquema permite a los soberanos la opción de atar a todos los inversores a las decisiones acordadas por la mayoría.
Las futuras emisiones de deuda mexicanas incluirán varios cambios, entre ellos, la adopción de una cláusula que permita a una mayoría calificada de acreedores al menos 75% tomar decisiones que comprometan a la totalidad de los bonistas y de esta forma, evitar las pretensiones de las minorías.
«Esto es un gran paso, por tres razones: México, Nueva York y las cláusulas. En resumen, es un movimiento confiado y con clase», agregó Gelpern, que analizó el caso en el blog «Creditslips». El hecho de que este acontecimiento tome lugar en la gran manzana es significativo porque todos estos contratos responden, al menos en parte, a las cortes norteamericanas. Estas interpretaron la cláusula pari passu como «pagos a pro rata a todos los acreedores» y aseguraron a los soberanos que podían evitar correr la suerte argentina a través de la modificación de sus contratos.
Al parecer, algunos no quieren tomar riesgos. «Hubo un consenso general en que los mecanismos existentes que abordan la acción colectiva ya no eran suficientes y que había que hacer más para disminuir al máximo los riesgos que presentan los holdouts para los países y otros acreedores», apuntó Deborah Zandstra, socia del estudio Clifford Chance, quien asesoró a ICMA para mejorar las clásulas de acción colectiva, en diálogo con El Cronista.
La importancia de que México tomara la iniciativa se debe al liderazgo que caracteriza al país en materia de deuda soberana desde 2003. En ese entonces, el gobierno mexicano generó un fuerte cambio en el mercado con la inclusión de las tradicionales cláusulas de acción colectiva en bonos con legislación Nueva York. Más tarde, todos lo imitaron.
«Creo que la emisión de deuda bajo este nuevo esquema se convertirá en la norma que adoptarán los países en un período corto de tiempo. Se le da al soberano una gran flexibilidad en cuanto a la forma de sumar bonos para los fines de votación en el momento que se produzca cualquier propuesta de reestructuración. Además toma en cuenta las preferencias de los acreedores, así como la ejecución de los objetivos de los soberanos», remarcó Zandstra.
«Si lo tuyo son los contratos de bonos soberanos, este es tu iPhone 6». Así definió Anna Gelpern, una reconocida abogada de la Universidad de Georgetown, la decisión que tomó Mexico para reducir al máximo el riesgo holdout y evitar la experiencia que tuvo la Argentina con el «juicio del siglo».
Después de que Kazakhstan y Vietnam tomaran la delantera, el gobierno mexicano envió un prospecto a la comisión de valores de Estados Unidos (en inglés, Securities and Exchange Commision) para emitir hasta u$s 6,310 millones en bonos que contendrán nuevas y mejoradas cláusulas de acción colectiva.
En resumidas cuentas, se trata de incluir el blindaje anti-buitre que publicó la International Capital Market Association (IMCA) casi un mes después que la Argentina entrara en default. Este esquema permite a los soberanos la opción de atar a todos los inversores a las decisiones acordadas por la mayoría.
Las futuras emisiones de deuda mexicanas incluirán varios cambios, entre ellos, la adopción de una cláusula que permita a una mayoría calificada de acreedores al menos 75% tomar decisiones que comprometan a la totalidad de los bonistas y de esta forma, evitar las pretensiones de las minorías.
«Esto es un gran paso, por tres razones: México, Nueva York y las cláusulas. En resumen, es un movimiento confiado y con clase», agregó Gelpern, que analizó el caso en el blog «Creditslips». El hecho de que este acontecimiento tome lugar en la gran manzana es significativo porque todos estos contratos responden, al menos en parte, a las cortes norteamericanas. Estas interpretaron la cláusula pari passu como «pagos a pro rata a todos los acreedores» y aseguraron a los soberanos que podían evitar correr la suerte argentina a través de la modificación de sus contratos.
Al parecer, algunos no quieren tomar riesgos. «Hubo un consenso general en que los mecanismos existentes que abordan la acción colectiva ya no eran suficientes y que había que hacer más para disminuir al máximo los riesgos que presentan los holdouts para los países y otros acreedores», apuntó Deborah Zandstra, socia del estudio Clifford Chance, quien asesoró a ICMA para mejorar las clásulas de acción colectiva, en diálogo con El Cronista.
La importancia de que México tomara la iniciativa se debe al liderazgo que caracteriza al país en materia de deuda soberana desde 2003. En ese entonces, el gobierno mexicano generó un fuerte cambio en el mercado con la inclusión de las tradicionales cláusulas de acción colectiva en bonos con legislación Nueva York. Más tarde, todos lo imitaron.
«Creo que la emisión de deuda bajo este nuevo esquema se convertirá en la norma que adoptarán los países en un período corto de tiempo. Se le da al soberano una gran flexibilidad en cuanto a la forma de sumar bonos para los fines de votación en el momento que se produzca cualquier propuesta de reestructuración. Además toma en cuenta las preferencias de los acreedores, así como la ejecución de los objetivos de los soberanos», remarcó Zandstra.
