Se trata de una iniciativa presentada por un senador del Frente para la Victoria, que ya tiene media sanción y el aval de Scioli. Aseguran que perjudica su negocio
Comerciantes bonaerenses se oponen a la sanción de una ley que los obligará a usar posnet porque sostienen que les genera un perjuicio económico.
Se trata de un proyecto del senador platense del Frente para la Victoria Gustavo Oliva, que fue apoyado abiertamente por el arco oficialista y por el propio gobernador, Daniel Scioli. Adicionalmente, ya cuenta con el aval del senado para convertirse en ley.
La iniciativa que obliga a instalar terminales de pago electrónico apunta, entre otros aspectos, a combatir la evasión impositiva y a aumentar la seguridad en las transacciones comerciales.
Los comerciantes rechazan la iniciativa debido a que los bancos y las empresas de tarjetas de crédito se demoran en realizar los depósitos, lo que pone en jaque el financiamiento y la rentabilidad de los locales, en un contexto inflacionario, aseguran.
La Cámara Argentina de Comercio se alzó como portavoz de la posición del sector esta semana, y advirtió que la eventual aprobación de la ley «perjudicará a muchas pymes».
El bloque del Frente Renovador, que lidera Sergio Massa a nivel nacional, ya anticipó que no acompañará la iniciativa si no se modifica la redacción para elevar el monto mínimo de facturación a partir del cual los comercios estarán obligados a contar con posnet, indicó la agencia NA.
En ese sentido, la CAC dijo que si bien está «a favor de la formalización de la economía, en este caso se estaría desconociendo la realidad» de los pequeños y medianos comerciales».
La entidad empresaria explicó que la operatoria de las tarjetas de crédito varió en los plazos de pago a las empresas y en el número de cuotas otorgadas a los consumidores, con un «efecto severo» sobre el volumen de ventas y el financiamiento del sector PyME, lo cual resulta «negativo» para las comunidades productivas.
Los plazos de pago a las empresas en los casos de operaciones en cuotas (con o sin interés) se extendieron en las principales emisoras de 48 horas a 18 días hábiles (24 a 26 días corridos), lo que «implica un esfuerzo de financiamiento, difícil de superar para las pymes».
También afirmó la Cámara que los pequeños comercios no tienen la estructura necesaria para afrontar los costos de ventas con tarjeta de débito y crédito, cuyos cargos oscilan entre 1,5% y 3,5% sobre ventas.
Comerciantes bonaerenses se oponen a la sanción de una ley que los obligará a usar posnet porque sostienen que les genera un perjuicio económico.
Se trata de un proyecto del senador platense del Frente para la Victoria Gustavo Oliva, que fue apoyado abiertamente por el arco oficialista y por el propio gobernador, Daniel Scioli. Adicionalmente, ya cuenta con el aval del senado para convertirse en ley.
La iniciativa que obliga a instalar terminales de pago electrónico apunta, entre otros aspectos, a combatir la evasión impositiva y a aumentar la seguridad en las transacciones comerciales.
Los comerciantes rechazan la iniciativa debido a que los bancos y las empresas de tarjetas de crédito se demoran en realizar los depósitos, lo que pone en jaque el financiamiento y la rentabilidad de los locales, en un contexto inflacionario, aseguran.
La Cámara Argentina de Comercio se alzó como portavoz de la posición del sector esta semana, y advirtió que la eventual aprobación de la ley «perjudicará a muchas pymes».
El bloque del Frente Renovador, que lidera Sergio Massa a nivel nacional, ya anticipó que no acompañará la iniciativa si no se modifica la redacción para elevar el monto mínimo de facturación a partir del cual los comercios estarán obligados a contar con posnet, indicó la agencia NA.
En ese sentido, la CAC dijo que si bien está «a favor de la formalización de la economía, en este caso se estaría desconociendo la realidad» de los pequeños y medianos comerciales».
La entidad empresaria explicó que la operatoria de las tarjetas de crédito varió en los plazos de pago a las empresas y en el número de cuotas otorgadas a los consumidores, con un «efecto severo» sobre el volumen de ventas y el financiamiento del sector PyME, lo cual resulta «negativo» para las comunidades productivas.
Los plazos de pago a las empresas en los casos de operaciones en cuotas (con o sin interés) se extendieron en las principales emisoras de 48 horas a 18 días hábiles (24 a 26 días corridos), lo que «implica un esfuerzo de financiamiento, difícil de superar para las pymes».
También afirmó la Cámara que los pequeños comercios no tienen la estructura necesaria para afrontar los costos de ventas con tarjeta de débito y crédito, cuyos cargos oscilan entre 1,5% y 3,5% sobre ventas.
