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Pedro Ramiro Pérez, coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), dialogó con L’Ombelico del Mondo, programa de Radionauta 106.3 respecto al accionar de las transnacionales españolas en América Latina. Las consecuencias socioambientales, políticas y económicas de un despliegue continental que ya lleva más de una década.
¿Qué es y cómo surge OMAL?
El OMAL es creado dentro de la Asociación Paz con Dignidad, una ONG española de cooperación internacional, en el año 2003. Y nace coincidiendo con la expansión de las multinacionales españolas, la transformación de empresas que solo operaban en España y tenían un tamaño pequeño que pasan a ser grandes empresas transnacionales a finales de los años 90 y comienzos de los 2000 como consecuencia de las reformas neoliberales.
A partir de allí en América Latina, que es la región donde las empresas españolas se han transformado en transnacionales, empiezan a derivarse toda una serie de impactos sociales, culturales, ambientales, laborales, económicos. Esto hace que numerosas comunidades afectadas empiecen a demandar información sobre las empresas para poder investigar sus impactos y denunciarlas.
Así es como nace OMAL y desde entonces llevamos diez años tratando de documentar las violaciones sobre los derechos humanos de las multinacionales españolas.
¿De qué empresas puntualmente estamos hablando?
Principalmente de empresas del sector servicios porque las multinacionales españolas fundamentalmente se dedican a eso: telecomunicaciones, banca, agua, electricidad, transporte y, algunas de ellas, también a sectores industriales como los hidrocarburos.
Estamos hablando de los dos mayores bancos que operan en América Latina, el Santander y el BBVA. Empresas de hidrocarburos como Repsol, eléctricas como Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa y también de la mayor compañía privada transnacional que opera en la región que es Telefónica.
¿Han logrado evaluar algún modus operandi común de estas empresas en las poblaciones en las que se insertan en América Latina?
Sí, muchas de estas compañías eran públicas en España hasta los años 90 (Telefónica, Repsol, Endesa, Gas Natural) cuando se privatizaron. Con el capital acumulado en esos años se lanzaron a comprar empresas en América Latina que en esa misma época estaban siendo también privatizadas y vendidas como consecuencia de las reformas neoliberales.
Desde entonces el modus operandi de estas empresas ha sido muy sencillo. Los primeros años comprar empresas que estaban muy por debajo de su precio real como, por ejemplo, YPF que fue vendida después de haber sido descapitalizada durante los gobiernos de Menem. Después dedicarse a realizar una amortización muy fuerte de la inversión.
¿Cómo? Con muy poco mantenimiento en las redes, poca inversión en los trabajadores, más bien al contrario, despidiendo y reduciendo los derechos laborales y, sobre todo, dedicándose a amortizar todo ese dinero para traducirlo en beneficios que repatriaban a sus casas matrices en España.
En ese proceso les han importado muy poco los impactos ambientales, sobre los pueblos indígenas expulsados o afectados por estos proyectos, las consecuencias laborales y sociales de su reducción de trabajadores y salarios, etc.
Por ejemplo Telefónica, que es la empresa más grande, ¿cuánto dinero se lleva de América Latina a España? ¿Se conocen esos números?
Es difícil seguir la pista país por país porque la información sobre cuanto dinero ganan en cada uno de ellos y qué parte de esas utilidades repatrian es una información muy opaca. Lo que sí tenemos son los datos a nivel agregado, continental.
Las grandes multinacionales españolas, hoy en día, después de la crisis de 2008, sostienen buena parte de sus beneficios anuales gracias a sus operaciones en América Latina. Estamos hablando de entre un 40% y un 50% de sus beneficios anuales, por sus operaciones en todo el planeta, vienen de la región latinoamericana. En el caso de Telefónica es cerca de un 50%.
¿Y hay algún dato de que es lo que dejan en América Latina además de problemas socioambientales?
Sí, los datos ahí son muy diferentes también país por país. Porque cuando hablamos de impuestos no hay una misma tipología. Algunos han aplicado el dogma neoliberal en mayor medida, otros muy poco. En función de eso los impuestos que pagan son mayores o menores, aunque en general, en toda América Latina son bastante bajos. Porque estas compañías se justifican con que ya pagan impuestos en España.
La verdad es que ni están pagando impuestos en España, porque repatrian los beneficios a través de paraísos fiscales, y tampoco están pagando en los países latinoamericanos con algunas excepciones. Países como Bolivia, Ecuador o Venezuela si han subido en buena medida los impuestos a estas transnacionales.
Vos decís que hay algunos países que han dejado de lado las recetas neoliberales y en esos casos los intereses de estas transnacionales se han visto afectados ¿Cómo se ven desde España todos estos gobiernos que por lo general son catalogados como “populistas”?
La imagen que proyectan los grandes medios de comunicación españoles de estos procesos es muy negativa. Como si estos gobiernos estuvieran atacando directamente a España.
Cuando el gobierno argentino promulgó la nacionalización de YPF afectando los intereses de Repsol, esto fue portada en todos los grandes diarios y noticieros españoles con el titular de “Ataque a España”. Identificando los intereses de una compañía privada con los intereses públicos de la mayoría de la ciudadanía. Lo cual es absolutamente erróneo y falso.
En un libro que se llama Traficantes de información que publicó hace unos años el periodista Pascual Serrano, contaba la anécdota de como en Estados Unidos había un dirigente que decía cómo se puede criticar al Partido Demócrata o al Partido Republicano, se puede criticar a la Iglesia, se puede criticar casi cualquier cosa pero nunca se puede enseñar es si hay una mosca dentro de una botella de Coca-Cola. Esa noticia nunca saldrá en los grandes medios porque los anunciantes y los accionistas de estos medios no van a dejar que se afecten sus intereses.
Eso mismo pasa con las multinacionales españolas. En los grandes medios de comunicación se ve la publicidad de estas empresas que es determinante y muchas de ellas están en el accionariado de estos mismos medios. La realidad de las comunidades es muy diferente a la que se muestra y eso es lo que tratamos de investigar en OMAL con nuestro trabajo diario. Para tratar de dar una visión diferente.
¿En materia de Derechos Humanos que análisis tiene la OMAL respecto a América Latina?
Cuando hablamos de Derechos Humanos en sentido amplio, sociales, culturales, ambientales, económicos, de géneros, hablamos de una corresponsabilidad de las empresas. Ya sea por sus prácticas directas (pozos petroleros, despidos, etc.) como por su responsabilidad indirecta al operar en territorios donde hay violaciones de los derechos humanos entendidas como amenazas a la libertad de organización, reunión o incluso el derecho a la vida.
Hablo de países como México, Guatemala, Colombia, algunas regiones de Perú. Países donde hay conflictos muy fuertes con lo que tiene que ver con los recursos naturales y donde estas empresas, al operar ahí, entran en regiones donde intervienen grupos legales, ilegales, armados, paramilitares, zonas donde no opera el Estado. Adquieren una corresponsabilidad indirecta por todo eso.
Si uno agarra el mapa de los recursos naturales en países como los que citaba anteriormente y luego superpone el mapa de las violaciones a los derechos humanos ve que en buena medida es el mismo. Las zonas más ricas son las que tienen un mayor índice de violaciones a los derechos humanos.
En algunos de estos casos ha sido posible certificar que empresas han comprado los servicios de grupos al margen de la ley para eliminar sindicalistas, activistas sociales, etc. En el caso de Colombia la bananera Chiquita Brands (la antigua United Fruit) está documentado que contrató los servicios de varios grupos al margen de la ley.
Esa coincidencia de intereses es lo que podemos demostrar hasta hoy con una corresponsabilidad directa o indirecta de las grandes corporaciones en las violaciones de los derechos humanos.
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