El resultado electoral de octubre se impone para el Gobierno como una instancia decisiva para el futuro de su apuesta por avanzar en profundos cambios en la legislación que regula el mercado de trabajo en la Argentina.
La ambiciosa reforma laboral que acaba de sancionar la gestión de Michel Temer en Brasil ofrece un envión contundente para los planes con los que Mauricio Macri pretende encarar el segundo tramo de su mandato, pero en la Casa Rosada advierten que más decisiva aún para sus objetivos será la relegitimación de su gestión en las urnas. Un triunfo contundente de la oferta electoral oficialista otorgará al Ejecutivo un margen de acción amplio para acelerar los cambios que pretende en materia laboral y reducirá las chances de los sectores opositores y del sindicalismo para bloquear esas modificaciones.
Una victoria acotada o una derrota de Cambiemos en las urnas, en cambio, ofrecerá a la oposición un oxígeno clave para contrarrestar la embestida pro-reforma y reducir los cambios a simples retoques de maquillaje.
En el mientras tanto que resta para los comicios, el Gobierno comenzó a preparar desde el discurso el terreno para su ofensiva reformista. La denuncia presidencial contra la mafia de los juicios laborales, la multiplicación de intervenciones a los sindicatos, la retórica en pos de modernizar los convenios colectivos en nombre de una mayor competitividad y productividad, y el embate directo contra las protestas callejeras de organizaciones sociales o conflictos laborales como el desalojo de la planta de Pepsico, se inscriben en esa línea.
«Estos vienen en serio contra nosotros y contra los convenios colectivos», abren el paraguas dentro de la propia CGT, donde admiten sin reserva que solo con la derrota oficialista en octubre podrán dar la pelea en defensa de sus intereses.
En concreto, el Gobierno solo ofreció hasta ahora señales acotadas de sus objetivos reformistas en el terreno laboral. Ellos apuntan, según el borrador que circula en los despachos del Ministerio de Trabajo, que conduce Jorge Triaca, a la necesidad de avanzar con un amplio blanqueo laboral (todavía se debate, incluso en consulta con la conducción cegetista, sobre la conveniencia de que sea a costo cero para los empleadores o mediante un esquema de moratoria en el pago de deudas previsionales).
Además proyecta disponer un recorte de las cargas sociales sobre los salarios mínimos de diferentes actividades para alentar la contratación de nuevos trabajadores, implementar nuevos programas de pasantías laborales y de capacitación, y quizás el aspecto más ambicioso acelerar el proceso de reformulación de los convenios colectivos de actividad en línea con el modelo de cambios acordado con los gremios petroleros para el desarrollo de Vaca Muerta.
Sin embargo, a la luz de la profundidad del antecedente reformista brasileño, algunos funcionarios cercanos al Presidente, con la adhesión entusiasta de importantes actores empresarios, advierten sobre la apertura de un contexto proclive a apuntalar cambios más de fondo sobre la legislación argentina. Bajo el argumento de la necesidad de readecuar el mundo del trabajo para generar empleo, la polémica ley votada el miércoles por el Senado de Brasil supone un verdadero cambio de paradigma en las relaciones laborales del vecino país.
A la par que incrementa la libertad contractual, priorizando los acuerdos individuales o por empresa sobre los convenios colectivos de actividad, reduce significativamente el poder de acción de los sindicatos, flexibiliza las condiciones de contratación y desvinculación de trabajadores, y amplía las posibilidades de tercerización laboral.
En la visión de los principales sectores empresarios argentinos, el ejemplo brasileño ofrece una prueba contundente sobre la urgencia por flexibilizar la rigidez de la normativa laboral local, apuntando sobre dos ejes clave: la reformulación de las formas de contratación y la adecuación de los convenios colectivos.
Desde la vereda de enfrente, los sindicatos ya plantan bandera contra una eventual reforma y llaman a la resistencia en la calle y en las urnas. «No actuar a tiempo sería suicida», arguyen.
Presión y críticas
La enorme brecha que plantea la reforma brasileña con la legislación argentina ya puso en guardia a los principales sectores industriales locales, que reclaman avanzar en la misma senda en el corto plazo para evitar quedar rezagados en la pulseada por la competitividad con sus pares del vecino país. «Es inexorable el camino de la reforma.
Se impone una adecuación porque tenemos una legislación muy atrasada, profundamente rígida y con una influencia muy corporativa que impide la creación de empleo», sostuvo el vicepresidente de la Unión Industrial (UIA), Daniel Funes del Rioja. El directivo industrial advirtió que la economía argentina «ya empieza a mostrar algunos brotes verdes, que no se traducen en la creación de puestos de trabajo», un fenómeno que atribuyó al desequilibrio entre la legislación laboral vigente y las necesidades que plantea un modelo productivo que define nuevas condiciones y categorías laborales.
Similar argumento esbozó el abogado y asesor de empresas Julián de Diego, quien consideró «atractiva» la reforma laboral del vecino país y juzgó como «muy bienvenido» su ejemplo para los cambios que proyecta la administración macrista. «No se si el Gobierno tiene margen político para avanzar, pero es una necesidad imprescindible para ser competitivos en el contexto económico internacional», indicó De Diego.
El planteo fue respaldado por el titular de Abeceb y ex secretario de Industria, Dante Sica, quien advirtió que la Argentina «deberá mostrar una determinación similar (a la brasileña) y lograr la aprobación de una batería de medidas que permita dar señales a la sustentabilidad fiscal, fundamentalmente mejorar su competitividad para atraer inversiones productivas, que son las que generan empleo».
Justamente el entramado sindical en todas sus vertientes, con el auxilio de agrupaciones sociales y sectores de la oposición política, ya está enfocado en dar la batalla contra cualquier apuesta reformista.
«No hay dudas de que hay una ofensiva contra los derechos laborales en toda la región, pero tenemos que hacerle frente con inteligencia porque es mucho lo que está en juego en esta pelea», afirmó el triunviro de la conducción cegetista, Juan Carlos Schmid. Su par en la cúpula de la central, Héctor Daer, señaló que la reforma de Temer supone «un retroceso importantísimo porque destruye el 100% de la legislación laboral» en el vecino país y reconoció que la dirigencia gremial está preparada para dar la batalla por bloquear cualquier intento de replicar esos cambios. Y remarcó: «Lo primero que tenemos que hacer es que el Gobierno no gane las elecciones. Sin legitimidad política no va a poder poner esta discusión encima de la mesa».
Carlos Tomada, el ex ministro de Trabajo de la administración kirchnerista, recaló también en la relevancia de la instancia electoral para cualquier debate sobre cambios en la legislación laboral.
«Un hecho indispensable para que una contrarreforma pueda caminar es el resultado de la elección. Si gana la oposición hay condiciones para enfrentar la embestida. Pero con un triunfo de Macri habrá menos espacio para confrontar porque es muy difícil plantarse frente a un gobierno que ha sido reelegitimado», reconoció. No obstante, destacó que, a diferencia de Brasil, las instituciones del mundo del trabajo y los derechos laborales están más arraigados en la sociedad argentina, situación por la cual estimó que «aún triunfando será muy difícil que el Gobierno pueda avanzar con una reforma de semejante impacto» como la alentada por Temer. «Es prácticamente la derogación de la ley de contrato de trabajo, no creo que acá se animen a tanto», añadió.
Para un histórico abogado sindical como Lucio Garzón Maceda, el clima de reforma está instalado hace tiempo, pero puso en duda cualquier avance oficial previo a las elecciones.
«El Gobierno no va a desaprovechar el antecedente de Brasil, porque supone la descentralización del poder de los sindicatos y la empresarización del trabajador», razonó el letrado y reclamó a la dirigencia gremial estar preparada para enfrentar la ofensiva que, según opinó, «se discutirá en la calle».
«Los sindicatos tienen que mejorar su imagen en la opinión pública para poder movilizar, porque hoy los trabajadores están muy claros en la defensa del salario, pero no tanto en el modelo o las condiciones laborales», alertó.
A su vez, el titular de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), Matías Cremonte, calificó la reforma brasileña como «una sentencia de muerte para el derecho laboral de ese país» y sostuvo que marca «un retroceso al siglo XIX, como si trabajadores y empresarios estuvieran en un pié de igualdad para acordar las condiciones de contrato».
Y consideró que «las recientes declaraciones de Macri contra la justicia laboral y los sindicatos, sumado a su origen empresarial, no dejan lugar a dudas de que Brasil es el modelo a seguir por el Gobierno».
La ambiciosa reforma laboral que acaba de sancionar la gestión de Michel Temer en Brasil ofrece un envión contundente para los planes con los que Mauricio Macri pretende encarar el segundo tramo de su mandato, pero en la Casa Rosada advierten que más decisiva aún para sus objetivos será la relegitimación de su gestión en las urnas. Un triunfo contundente de la oferta electoral oficialista otorgará al Ejecutivo un margen de acción amplio para acelerar los cambios que pretende en materia laboral y reducirá las chances de los sectores opositores y del sindicalismo para bloquear esas modificaciones.
Una victoria acotada o una derrota de Cambiemos en las urnas, en cambio, ofrecerá a la oposición un oxígeno clave para contrarrestar la embestida pro-reforma y reducir los cambios a simples retoques de maquillaje.
En el mientras tanto que resta para los comicios, el Gobierno comenzó a preparar desde el discurso el terreno para su ofensiva reformista. La denuncia presidencial contra la mafia de los juicios laborales, la multiplicación de intervenciones a los sindicatos, la retórica en pos de modernizar los convenios colectivos en nombre de una mayor competitividad y productividad, y el embate directo contra las protestas callejeras de organizaciones sociales o conflictos laborales como el desalojo de la planta de Pepsico, se inscriben en esa línea.
«Estos vienen en serio contra nosotros y contra los convenios colectivos», abren el paraguas dentro de la propia CGT, donde admiten sin reserva que solo con la derrota oficialista en octubre podrán dar la pelea en defensa de sus intereses.
En concreto, el Gobierno solo ofreció hasta ahora señales acotadas de sus objetivos reformistas en el terreno laboral. Ellos apuntan, según el borrador que circula en los despachos del Ministerio de Trabajo, que conduce Jorge Triaca, a la necesidad de avanzar con un amplio blanqueo laboral (todavía se debate, incluso en consulta con la conducción cegetista, sobre la conveniencia de que sea a costo cero para los empleadores o mediante un esquema de moratoria en el pago de deudas previsionales).
Además proyecta disponer un recorte de las cargas sociales sobre los salarios mínimos de diferentes actividades para alentar la contratación de nuevos trabajadores, implementar nuevos programas de pasantías laborales y de capacitación, y quizás el aspecto más ambicioso acelerar el proceso de reformulación de los convenios colectivos de actividad en línea con el modelo de cambios acordado con los gremios petroleros para el desarrollo de Vaca Muerta.
Sin embargo, a la luz de la profundidad del antecedente reformista brasileño, algunos funcionarios cercanos al Presidente, con la adhesión entusiasta de importantes actores empresarios, advierten sobre la apertura de un contexto proclive a apuntalar cambios más de fondo sobre la legislación argentina. Bajo el argumento de la necesidad de readecuar el mundo del trabajo para generar empleo, la polémica ley votada el miércoles por el Senado de Brasil supone un verdadero cambio de paradigma en las relaciones laborales del vecino país.
A la par que incrementa la libertad contractual, priorizando los acuerdos individuales o por empresa sobre los convenios colectivos de actividad, reduce significativamente el poder de acción de los sindicatos, flexibiliza las condiciones de contratación y desvinculación de trabajadores, y amplía las posibilidades de tercerización laboral.
En la visión de los principales sectores empresarios argentinos, el ejemplo brasileño ofrece una prueba contundente sobre la urgencia por flexibilizar la rigidez de la normativa laboral local, apuntando sobre dos ejes clave: la reformulación de las formas de contratación y la adecuación de los convenios colectivos.
Desde la vereda de enfrente, los sindicatos ya plantan bandera contra una eventual reforma y llaman a la resistencia en la calle y en las urnas. «No actuar a tiempo sería suicida», arguyen.
Presión y críticas
La enorme brecha que plantea la reforma brasileña con la legislación argentina ya puso en guardia a los principales sectores industriales locales, que reclaman avanzar en la misma senda en el corto plazo para evitar quedar rezagados en la pulseada por la competitividad con sus pares del vecino país. «Es inexorable el camino de la reforma.
Se impone una adecuación porque tenemos una legislación muy atrasada, profundamente rígida y con una influencia muy corporativa que impide la creación de empleo», sostuvo el vicepresidente de la Unión Industrial (UIA), Daniel Funes del Rioja. El directivo industrial advirtió que la economía argentina «ya empieza a mostrar algunos brotes verdes, que no se traducen en la creación de puestos de trabajo», un fenómeno que atribuyó al desequilibrio entre la legislación laboral vigente y las necesidades que plantea un modelo productivo que define nuevas condiciones y categorías laborales.
Similar argumento esbozó el abogado y asesor de empresas Julián de Diego, quien consideró «atractiva» la reforma laboral del vecino país y juzgó como «muy bienvenido» su ejemplo para los cambios que proyecta la administración macrista. «No se si el Gobierno tiene margen político para avanzar, pero es una necesidad imprescindible para ser competitivos en el contexto económico internacional», indicó De Diego.
El planteo fue respaldado por el titular de Abeceb y ex secretario de Industria, Dante Sica, quien advirtió que la Argentina «deberá mostrar una determinación similar (a la brasileña) y lograr la aprobación de una batería de medidas que permita dar señales a la sustentabilidad fiscal, fundamentalmente mejorar su competitividad para atraer inversiones productivas, que son las que generan empleo».
Justamente el entramado sindical en todas sus vertientes, con el auxilio de agrupaciones sociales y sectores de la oposición política, ya está enfocado en dar la batalla contra cualquier apuesta reformista.
«No hay dudas de que hay una ofensiva contra los derechos laborales en toda la región, pero tenemos que hacerle frente con inteligencia porque es mucho lo que está en juego en esta pelea», afirmó el triunviro de la conducción cegetista, Juan Carlos Schmid. Su par en la cúpula de la central, Héctor Daer, señaló que la reforma de Temer supone «un retroceso importantísimo porque destruye el 100% de la legislación laboral» en el vecino país y reconoció que la dirigencia gremial está preparada para dar la batalla por bloquear cualquier intento de replicar esos cambios. Y remarcó: «Lo primero que tenemos que hacer es que el Gobierno no gane las elecciones. Sin legitimidad política no va a poder poner esta discusión encima de la mesa».
Carlos Tomada, el ex ministro de Trabajo de la administración kirchnerista, recaló también en la relevancia de la instancia electoral para cualquier debate sobre cambios en la legislación laboral.
«Un hecho indispensable para que una contrarreforma pueda caminar es el resultado de la elección. Si gana la oposición hay condiciones para enfrentar la embestida. Pero con un triunfo de Macri habrá menos espacio para confrontar porque es muy difícil plantarse frente a un gobierno que ha sido reelegitimado», reconoció. No obstante, destacó que, a diferencia de Brasil, las instituciones del mundo del trabajo y los derechos laborales están más arraigados en la sociedad argentina, situación por la cual estimó que «aún triunfando será muy difícil que el Gobierno pueda avanzar con una reforma de semejante impacto» como la alentada por Temer. «Es prácticamente la derogación de la ley de contrato de trabajo, no creo que acá se animen a tanto», añadió.
Para un histórico abogado sindical como Lucio Garzón Maceda, el clima de reforma está instalado hace tiempo, pero puso en duda cualquier avance oficial previo a las elecciones.
«El Gobierno no va a desaprovechar el antecedente de Brasil, porque supone la descentralización del poder de los sindicatos y la empresarización del trabajador», razonó el letrado y reclamó a la dirigencia gremial estar preparada para enfrentar la ofensiva que, según opinó, «se discutirá en la calle».
«Los sindicatos tienen que mejorar su imagen en la opinión pública para poder movilizar, porque hoy los trabajadores están muy claros en la defensa del salario, pero no tanto en el modelo o las condiciones laborales», alertó.
A su vez, el titular de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), Matías Cremonte, calificó la reforma brasileña como «una sentencia de muerte para el derecho laboral de ese país» y sostuvo que marca «un retroceso al siglo XIX, como si trabajadores y empresarios estuvieran en un pié de igualdad para acordar las condiciones de contrato».
Y consideró que «las recientes declaraciones de Macri contra la justicia laboral y los sindicatos, sumado a su origen empresarial, no dejan lugar a dudas de que Brasil es el modelo a seguir por el Gobierno».
