INFORME DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA NACION
Por MARIANO PEREZ DE EULATE
Un reciente informe de la Auditoría General de la Nación mostró una suerte de radiografía de las transferencias de fondos que realizó el gobierno nacional a las administraciones provinciales y municipales entre 2003 y 2012.
Entre otros puntos, el trabajo revela que si bien la mayor parte del total de las transferencias fue destinada a las gobernaciones, aquellas que fueron enviadas a los municipios crecieron a una tasa superior a lo largo de la década estudiada, en especial las que se hicieron a las comunas de la Provincia de Buenos Aires.
Según la AGN, hasta 2009 la gobernación provincial recibía la mayor parte de las transferencias que se destinaban a Buenos Aires pero, a partir del año siguiente, cerca del 80% de las mismas empezaron a ser canalizadas directamente a los municipios, sin pasar por el filtro de la administración bonaerense.
No parece ser un dato menor que, en ese 2009 que parece una bisagra, el kirchnerismo haya perdido por primera vez unas elecciones, con Néstor Kirchner como principal candidato a diputado justamente en la Provincia de Buenos Aires.
Es notable cómo se fue dando el cambio de lógica si se mira la evolución de la distribución de las transferencias totales a los gobiernos municipales de todo el país.
En 2003, año en que asumió Kirchner la presidencia, “sólo” el 28% de las transferencias iban a municipios de Buenos Aires y el 72 % restante a las comunas del resto del país; en 2012 la cosa se invirtió bastante al punto que el 64% de las transferencias que hacía la Nación fueron a municipios bonaerenses y el 34% a los de las otras provincias.
Esto estaría reflejando la profundización de una estrategia política del kirchnerismo, inaugurada con el fallecido ex presidente: dominar el aparato del poderoso PJ bonaerense con un plan de seducción económica dirigido directamente a los intendentes, que son los que pelean los votos en el día a día de los territorios.
Un efecto objetivo de esto último es que, frente a esos jefes comunales, el poder real del gobernador decrece, en la medida en que no es el único canal para garantizar cierto financiamiento municipal.
DIEZ AÑOS BAJO LA LUPA
El informe de la AGN recopila todas las observaciones que el organismo de control realizó durante los últimos 10 años citados (el último tomado es 2012), acerca de la rendición de cuentas y la evolución del gasto público del gobierno nacional.
Es el cuarto capítulo de una saga titulada “Una década al cuidado de los fondos públicos”, supervisada por el auditor general, el radical Leonardo Despouy. El dato más fuerte del muy extenso texto es la diferencia entre lo que año a año presupuesta el Congreso como gasto y lo que finalmente termina gastando el Estado, modificaciones que suelen hacerse por la vía del decreto. Esto es: sin debate legislativo.
El tema de las transferencias a provincias y municipios ocupa un lugar destacado. Se explica que en los dos niveles se recibe de modo automático un porcentaje establecido legalmente de lo que el gobierno nacional recauda en concepto de impuestos. Es, por ejemplo, el caso de las transferencias correspondientes al sistema de coparticipación (Ley 23.548 y otras complementarias). Estos montos no se presentan en el Presupuesto Nacional porque no son recursos propios del Estado sino que pertenecen a las provincias y municipios.
Pero, por otro lado, el gobierno nacional transfiere a las provincias y municipios una porción de recursos que sí están presupuestados –porque son propios- para que las administraciones subnacionales ejecuten obras o alivien sus situaciones financieras. Es un criterio más discrecional y, por lo tanto, con un matiz más político.
En 2003, con el inicio del ciclo kirchnerista, el conjunto de las transferencias clasificadas en los informes de la AGN como “discrecionales” representaban el 34% del total de lo que se enviaba a provincias y municipios. En 2012, una década después, representaba el 62%.
Al analizar los datos de transferencias discrecionales acumuladas en esos diez años, salta a la vista que algunas provincias fueron más beneficiadas que otras, algo que este diario ya ha contado anteriormente, en base a informes de consultoras privadas.
La provincia de Buenos Aires, por su envergadura, fue la que más dinero recibió: según el informe de la AGN, más de 33.340 millones de pesos en la década. Sin embargo, si se analizan las transferencias discrecionales teniendo en cuenta la cantidad de habitantes por cada jurisdicción, es clarísima la desigualdad de criterio para distribuir y cómo Buenos Aires se ha visto perjudicada.
Teniendo sólo en cuenta, como ejemplo, los datos de transferencias discrecionales del 2012 (y la población del censo 2010), Formosa recibió 3.383 pesos por habitante aquel año, Santa Cruz, 3.094 pesos por habitante pero Buenos Aires recibió menos de 500 pesos por cada poblador.
Esas disparidades se repiten por regiones. Por ejemplo, en la Patagonia o en el Nordeste, donde hay provincias mucho más beneficiadas que otras a pesar de sus semejanzas geográfica y poblacionales.
No sorprende en verdad, a esta altura, que el informe de la AGN señale que Santa Cruz, pago chico kirchnerista, sea la provincia que más transferencias discrecionales ha recibido por habitante, totalizando en la década más de 9 mil millones. Hablamos de un distrito donde viven poco más de 273 mil personas. Hay barrios de ciudad de La Plata que tienen más habitantes.
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Por MARIANO PEREZ DE EULATE
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Entre otros puntos, el trabajo revela que si bien la mayor parte del total de las transferencias fue destinada a las gobernaciones, aquellas que fueron enviadas a los municipios crecieron a una tasa superior a lo largo de la década estudiada, en especial las que se hicieron a las comunas de la Provincia de Buenos Aires.
Según la AGN, hasta 2009 la gobernación provincial recibía la mayor parte de las transferencias que se destinaban a Buenos Aires pero, a partir del año siguiente, cerca del 80% de las mismas empezaron a ser canalizadas directamente a los municipios, sin pasar por el filtro de la administración bonaerense.
No parece ser un dato menor que, en ese 2009 que parece una bisagra, el kirchnerismo haya perdido por primera vez unas elecciones, con Néstor Kirchner como principal candidato a diputado justamente en la Provincia de Buenos Aires.
Es notable cómo se fue dando el cambio de lógica si se mira la evolución de la distribución de las transferencias totales a los gobiernos municipales de todo el país.
En 2003, año en que asumió Kirchner la presidencia, “sólo” el 28% de las transferencias iban a municipios de Buenos Aires y el 72 % restante a las comunas del resto del país; en 2012 la cosa se invirtió bastante al punto que el 64% de las transferencias que hacía la Nación fueron a municipios bonaerenses y el 34% a los de las otras provincias.
Esto estaría reflejando la profundización de una estrategia política del kirchnerismo, inaugurada con el fallecido ex presidente: dominar el aparato del poderoso PJ bonaerense con un plan de seducción económica dirigido directamente a los intendentes, que son los que pelean los votos en el día a día de los territorios.
Un efecto objetivo de esto último es que, frente a esos jefes comunales, el poder real del gobernador decrece, en la medida en que no es el único canal para garantizar cierto financiamiento municipal.
DIEZ AÑOS BAJO LA LUPA
El informe de la AGN recopila todas las observaciones que el organismo de control realizó durante los últimos 10 años citados (el último tomado es 2012), acerca de la rendición de cuentas y la evolución del gasto público del gobierno nacional.
Es el cuarto capítulo de una saga titulada “Una década al cuidado de los fondos públicos”, supervisada por el auditor general, el radical Leonardo Despouy. El dato más fuerte del muy extenso texto es la diferencia entre lo que año a año presupuesta el Congreso como gasto y lo que finalmente termina gastando el Estado, modificaciones que suelen hacerse por la vía del decreto. Esto es: sin debate legislativo.
El tema de las transferencias a provincias y municipios ocupa un lugar destacado. Se explica que en los dos niveles se recibe de modo automático un porcentaje establecido legalmente de lo que el gobierno nacional recauda en concepto de impuestos. Es, por ejemplo, el caso de las transferencias correspondientes al sistema de coparticipación (Ley 23.548 y otras complementarias). Estos montos no se presentan en el Presupuesto Nacional porque no son recursos propios del Estado sino que pertenecen a las provincias y municipios.
Pero, por otro lado, el gobierno nacional transfiere a las provincias y municipios una porción de recursos que sí están presupuestados –porque son propios- para que las administraciones subnacionales ejecuten obras o alivien sus situaciones financieras. Es un criterio más discrecional y, por lo tanto, con un matiz más político.
En 2003, con el inicio del ciclo kirchnerista, el conjunto de las transferencias clasificadas en los informes de la AGN como “discrecionales” representaban el 34% del total de lo que se enviaba a provincias y municipios. En 2012, una década después, representaba el 62%.
Al analizar los datos de transferencias discrecionales acumuladas en esos diez años, salta a la vista que algunas provincias fueron más beneficiadas que otras, algo que este diario ya ha contado anteriormente, en base a informes de consultoras privadas.
La provincia de Buenos Aires, por su envergadura, fue la que más dinero recibió: según el informe de la AGN, más de 33.340 millones de pesos en la década. Sin embargo, si se analizan las transferencias discrecionales teniendo en cuenta la cantidad de habitantes por cada jurisdicción, es clarísima la desigualdad de criterio para distribuir y cómo Buenos Aires se ha visto perjudicada.
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