El Gobierno avanza con el uso de los datos personales para hacer publicidad oficial en forma directa y que cada aviso le llegue a la persona elegida para recibir su mensaje, sin la intermediación de los medios masivos de comunicación. Al de ANSeS, se agregó otro convenio, que se conoció ahora entre la Secretaría de Comunicación Pública y el PAMI, aprobado el mes pasado con la Resolución N° 1005 de la obra social de los jubilados, “ad referendum del jefe de Gabinete”, Marcos Peña, que todavía no lo aprobó.
Con este nuevo convenio, el área que maneja Jorge Grecco pretende incorporar nuevos datos para mejorar los perfiles de los usuarios a quienes les envían sus avisos en forma directa. Esa tarea está a cargo de Guillermo Riera, subsecretario de Vínculo Ciudadano, que ya maneja la comunicación pública oficial en redes sociales (Facebook, Twitter y Snapchat) y en sitios web como el de la Casa Rosada.
En el PAMI informaron que su base de datos será usada sólo para “los datos de contacto”, como domicilio, teléfono, e-mail, fecha de nacimiento y nivel de estudios de cada jubilado. Para tal fin, esa base de datos tiene información de sus cinco millones de afiliados, de los cuales tiene sólo 15.000 direcciones de correo electrónico. “Esto nos puede servir para mejorar nuestra base de datos, ya que vamos a poder acceder a la información que tiene ANSeS”, que por ejemplo tiene 4,7 millones de cuentas de mails, dijo una fuente del PAMI.
Ese convenio está publicado en la web de la obra social de los jubilados. Allí se sostiene que su objetivo es “facilitar el intercambio de información contenida en las bases de datos consolidadas del Instituto, acordando que dicha información será utilizada a fin de mantener informada a la población, así como identificar y analizar las problemáticas o temáticas de interés de cada localidad del país, que permita incorporar la diversidad federal en la comunicación pública”.
Clarín accedió a un dictamen del director nacional de Protección de Datos Personales, Eduardo Bertoni, donde planteó que “no se observa impedimento legal para la suscripción” de ese Convenio.
Fuentes de la Secretaría de Comunicación Pública dijeron que la base de datos del PAMI “busca complementar a la de ANSeS, para segmentar mejor la comunicación y llegar en forma directa a los ciudadanos”. Por ejemplo, para campañas del dengue, tarifa social o Asignación Universal por Hijo. Hay lugares donde “es imposible llegar de otra manera, donde prácticamente no hay medios de comunicación social”, agregaron las fuentes oficiales. Y dijeron que “ANSeS tiene datos que para PAMI podrían ser útiles y viceversa. La Secretaría de Comunicación realiza convenios con estos organismos, a fin de contar con datos que permitan una comunicación de gobierno mucho más cercana”.
El acuerdo entre ANSeS y la Secretaría de Comunicación Pública fue el primer eslabón de una cadena, que promete continuar con el PAMI y luego con otros organismos que tengan datos útiles para personalizar la publicidad oficial.
Hugo Wortman Jofré, presidente de Poder Ciudadano, reclamó “una investigación completa, para saber cuáles son todos los convenios que se van a implementar, ya que se está abriendo una ventana que vulnera derechos de los ciudadanos”. Mientras que Valeria Milanes, directora del área de Privacidad de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), alertó sobre los límites del “accionar estatal”, para que los datos personales no sean usados para un fin distinto al que motivó su recolección.
Con este nuevo convenio, el área que maneja Jorge Grecco pretende incorporar nuevos datos para mejorar los perfiles de los usuarios a quienes les envían sus avisos en forma directa. Esa tarea está a cargo de Guillermo Riera, subsecretario de Vínculo Ciudadano, que ya maneja la comunicación pública oficial en redes sociales (Facebook, Twitter y Snapchat) y en sitios web como el de la Casa Rosada.
En el PAMI informaron que su base de datos será usada sólo para “los datos de contacto”, como domicilio, teléfono, e-mail, fecha de nacimiento y nivel de estudios de cada jubilado. Para tal fin, esa base de datos tiene información de sus cinco millones de afiliados, de los cuales tiene sólo 15.000 direcciones de correo electrónico. “Esto nos puede servir para mejorar nuestra base de datos, ya que vamos a poder acceder a la información que tiene ANSeS”, que por ejemplo tiene 4,7 millones de cuentas de mails, dijo una fuente del PAMI.
Ese convenio está publicado en la web de la obra social de los jubilados. Allí se sostiene que su objetivo es “facilitar el intercambio de información contenida en las bases de datos consolidadas del Instituto, acordando que dicha información será utilizada a fin de mantener informada a la población, así como identificar y analizar las problemáticas o temáticas de interés de cada localidad del país, que permita incorporar la diversidad federal en la comunicación pública”.
Clarín accedió a un dictamen del director nacional de Protección de Datos Personales, Eduardo Bertoni, donde planteó que “no se observa impedimento legal para la suscripción” de ese Convenio.
Fuentes de la Secretaría de Comunicación Pública dijeron que la base de datos del PAMI “busca complementar a la de ANSeS, para segmentar mejor la comunicación y llegar en forma directa a los ciudadanos”. Por ejemplo, para campañas del dengue, tarifa social o Asignación Universal por Hijo. Hay lugares donde “es imposible llegar de otra manera, donde prácticamente no hay medios de comunicación social”, agregaron las fuentes oficiales. Y dijeron que “ANSeS tiene datos que para PAMI podrían ser útiles y viceversa. La Secretaría de Comunicación realiza convenios con estos organismos, a fin de contar con datos que permitan una comunicación de gobierno mucho más cercana”.
El acuerdo entre ANSeS y la Secretaría de Comunicación Pública fue el primer eslabón de una cadena, que promete continuar con el PAMI y luego con otros organismos que tengan datos útiles para personalizar la publicidad oficial.
Hugo Wortman Jofré, presidente de Poder Ciudadano, reclamó “una investigación completa, para saber cuáles son todos los convenios que se van a implementar, ya que se está abriendo una ventana que vulnera derechos de los ciudadanos”. Mientras que Valeria Milanes, directora del área de Privacidad de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), alertó sobre los límites del “accionar estatal”, para que los datos personales no sean usados para un fin distinto al que motivó su recolección.
