Ya no quedan dudas de que la Presidenta Cristina Fernández impulsará este año la sanción de un proyecto que reformará la Ley que actualmente rige el sistema financiero argentino. La duda que cabe es si el proyecto elegido será el que en 2010 presentó el diputado y presidente del Banco Credicoop, Carlos Heller, texto que oportunamente tuvo el guiño del ex presidente Néstor Kirchner, pero que después fue congelado bajo el pretexto de que era absurdo pelearse con los banqueros por un sistema financiero tan endeble. Fue esta furtiva evasiva del ex mandatario la que el tiempo se encargó de corroborar, visto los resultados que proporcionó (a su Gobierno y a los bancos) una asociación tan fructífera como la que prosperó al calor del boom del consumo, experimento que hizo expandir al 50% anual la cartera de créditos de corto plazo fogoneados con tarjeta de crédito y préstamos personales y con altos rindes electoralistas.
Los atenuantes de aquel momento para descartar de plano el proyecto de Heller hay que buscarlos en la trayectoria y el magnetismo del dirigente cooperativista, amén de haber sido uno de los pocos actores que resistía el archivo y cuyas ideas históricas se encolumnaban con la plataforma que el kirchnerismo dio a conocer desde 2003. A la vez, la amenaza del proyecto habría servido para adoctrinar algunas voluntades díscolas radicadas en el sistema financiero.
Como resultaba indudable, ya en 2011, el lobby de los banqueros del sector privado se encargó de evidenciar que se sentían más cómodos con el proyecto que presentara el diputado del Gen, Gerardo Milman, quien concibió una nueva ley de entidades financieras a la que definió la actividad como un servicio de interés público en lugar de la de Heller, que lo etiquetaba como servicio público. Incluso el proyecto de Federico Pinedo, del Pro, también logró algunos adeptos vinculados al jefe de Gobierno Mauricio Macri. Sin dictamen para ninguno de los proyectos en Diputados, todo quedó para 2012.
El plan oficialista buscará generar un nuevo debate por ambas Cámaras. Según trascendió, se cocina por estas horas un nuevo proyecto para ser tratado primero en Senadores, un texto menos resistido por el sistema financiero que el que ofrece Heller aunque con las mismas intenciones: que el sistema financiero sirva y proteja al usuario, que el crédito fomente el desarrollo económico argentino y que los bancos tengan una orientación en cuanto a algunas líneas a seguir. También dejaría de lado el concepto de banca universal con capacidad de hacer todo tipo de negocios para ir a una banca especializada ligada a la captación de ahorro.
A la vez, Diputados volvería a tratar este año el proyecto de Heller, con el aval que implica el millón de firmas ineludible para saltearse la necesidad de un dictamen en la Comisión de Finanzas que le permita pasar directamente al recinto. Que Heller contara con la ayuda de los movimientos cooperativistas de todo el país y la estructura de su Partido Solidario, coadyuvaron a este objetivo político si bien ahora necesitará más que eso para desembarcar en las costas del sistema financiero. La clave es que ahora Heller habría alcanzado un renovado consenso, amplio y no exento de apoyo en sectores vinculados indirectamente al oficialismo, con diputados de varias bancadas. Este acuerdo sería hasta ahora, liminar, pero todo tomaría velocidad ante la menor señal de apoyo oficialista.
Como es sabido, la opinión ampliamente difundida de los banqueros agrupados en la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) y cuyo vocero es el abogado Claudio Cesario, es de oposición absoluta al proyecto de Heller. Y lo argumentan en que hay otros servicios públicos y el servicio bancario y financiero no califica como tal al tiempo que señalan que existe una banca pública que puede actuar como testigo y controlar determinado tipo de concentración o intento de algún sector de quedarse con una porción del negocio. En la traducción, hay miedo en que con la denominación de servicio público, el Gobierno se encontraría en condiciones de redefinir los objetivos de los bancos a gusto. Además, sostienen que el proyecto habilitaría al Banco Central a sancionar a las entidades que no cumplan con esos preceptos. Paradójicamente, mientras los banqueros se oponen al texto de Heller en público, desde la intimidad señalan que, de todas formas, el momento también resulta, en su opinión, ideal para discutirlo o, al menos, contrastarlo con los otros proyectos. Está muy fresca la corrida bancaria que le hizo perder el 20% de los depósitos al sistema financiero y duplicar la tasa de interés que se pagaban por esos mismos depósitos lo que terminó encareciendo el crédito, extinguió los créditos hipotecarios a tasa fija y desencadenó medidas muy polémicas como la imposición de controles cambiarios y el freno absoluto a las importaciones que no cuenten con el aval de Guillermo Moreno.
Por otro lado, que Cristina Kirchner sea ahora quien está interesada en una férrea regulación de los bancos, incluso en volver más prolijo el marco normativo del control de cambios que impida una nueva corrida del dólar, le impone mayor ritmo a una tarea pendiente. En 2011 se sucedieron banqueros, asociaciones de consumidores, dirigentes de agrupaciones bancarias en Diputados. Todo aquél que tenía para decir, dijo. Sin embargo, los proyectos en danza nunca lograron dictamen alguno. Este año, con la aparición de un nuevo texto que rescate la intención del proyecto de Heller pero atenúe sus puntas más controvertidas, y el interés de la Casa Rosada, la nueva ley de entidades tiene muchas probabilidades de ver la luz.
Los atenuantes de aquel momento para descartar de plano el proyecto de Heller hay que buscarlos en la trayectoria y el magnetismo del dirigente cooperativista, amén de haber sido uno de los pocos actores que resistía el archivo y cuyas ideas históricas se encolumnaban con la plataforma que el kirchnerismo dio a conocer desde 2003. A la vez, la amenaza del proyecto habría servido para adoctrinar algunas voluntades díscolas radicadas en el sistema financiero.
Como resultaba indudable, ya en 2011, el lobby de los banqueros del sector privado se encargó de evidenciar que se sentían más cómodos con el proyecto que presentara el diputado del Gen, Gerardo Milman, quien concibió una nueva ley de entidades financieras a la que definió la actividad como un servicio de interés público en lugar de la de Heller, que lo etiquetaba como servicio público. Incluso el proyecto de Federico Pinedo, del Pro, también logró algunos adeptos vinculados al jefe de Gobierno Mauricio Macri. Sin dictamen para ninguno de los proyectos en Diputados, todo quedó para 2012.
El plan oficialista buscará generar un nuevo debate por ambas Cámaras. Según trascendió, se cocina por estas horas un nuevo proyecto para ser tratado primero en Senadores, un texto menos resistido por el sistema financiero que el que ofrece Heller aunque con las mismas intenciones: que el sistema financiero sirva y proteja al usuario, que el crédito fomente el desarrollo económico argentino y que los bancos tengan una orientación en cuanto a algunas líneas a seguir. También dejaría de lado el concepto de banca universal con capacidad de hacer todo tipo de negocios para ir a una banca especializada ligada a la captación de ahorro.
A la vez, Diputados volvería a tratar este año el proyecto de Heller, con el aval que implica el millón de firmas ineludible para saltearse la necesidad de un dictamen en la Comisión de Finanzas que le permita pasar directamente al recinto. Que Heller contara con la ayuda de los movimientos cooperativistas de todo el país y la estructura de su Partido Solidario, coadyuvaron a este objetivo político si bien ahora necesitará más que eso para desembarcar en las costas del sistema financiero. La clave es que ahora Heller habría alcanzado un renovado consenso, amplio y no exento de apoyo en sectores vinculados indirectamente al oficialismo, con diputados de varias bancadas. Este acuerdo sería hasta ahora, liminar, pero todo tomaría velocidad ante la menor señal de apoyo oficialista.
Como es sabido, la opinión ampliamente difundida de los banqueros agrupados en la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) y cuyo vocero es el abogado Claudio Cesario, es de oposición absoluta al proyecto de Heller. Y lo argumentan en que hay otros servicios públicos y el servicio bancario y financiero no califica como tal al tiempo que señalan que existe una banca pública que puede actuar como testigo y controlar determinado tipo de concentración o intento de algún sector de quedarse con una porción del negocio. En la traducción, hay miedo en que con la denominación de servicio público, el Gobierno se encontraría en condiciones de redefinir los objetivos de los bancos a gusto. Además, sostienen que el proyecto habilitaría al Banco Central a sancionar a las entidades que no cumplan con esos preceptos. Paradójicamente, mientras los banqueros se oponen al texto de Heller en público, desde la intimidad señalan que, de todas formas, el momento también resulta, en su opinión, ideal para discutirlo o, al menos, contrastarlo con los otros proyectos. Está muy fresca la corrida bancaria que le hizo perder el 20% de los depósitos al sistema financiero y duplicar la tasa de interés que se pagaban por esos mismos depósitos lo que terminó encareciendo el crédito, extinguió los créditos hipotecarios a tasa fija y desencadenó medidas muy polémicas como la imposición de controles cambiarios y el freno absoluto a las importaciones que no cuenten con el aval de Guillermo Moreno.
Por otro lado, que Cristina Kirchner sea ahora quien está interesada en una férrea regulación de los bancos, incluso en volver más prolijo el marco normativo del control de cambios que impida una nueva corrida del dólar, le impone mayor ritmo a una tarea pendiente. En 2011 se sucedieron banqueros, asociaciones de consumidores, dirigentes de agrupaciones bancarias en Diputados. Todo aquél que tenía para decir, dijo. Sin embargo, los proyectos en danza nunca lograron dictamen alguno. Este año, con la aparición de un nuevo texto que rescate la intención del proyecto de Heller pero atenúe sus puntas más controvertidas, y el interés de la Casa Rosada, la nueva ley de entidades tiene muchas probabilidades de ver la luz.
