María Laura Cicerchia. / La Capital.
A las 14.45 de ayer, un policía cortó el tránsito en la esquina de Montevideo y Moreno. Con la calle despejada, un patrullero con la sirena a todo volumen salió de la alcaidía de Tribunales. Atrás lo siguieron dos vehículos del Servicio Penitenciario con guardias pertrechados hasta las orejas para custodiar el regreso de todos los detenidos a prisión. El ruidoso operativo marcó el epílogo de un trámite penal controvertido. Puertas adentro del edificio, casi desierto a esa hora, se acababa de firmar el acuerdo de juicio abreviado para 14 integrantes de la banda de Los Monos acusados de asociación ilícita.
El convenio rubricado consumió siete meses de negociaciones entre una decena de abogados defensores y un equipo de fiscales de primera y segunda instancia. El aspecto decisivo y más polémico del acuerdo es la pena a 9 años de prisión que asumió Ariel Máximo “Guille” Cantero. No sólo como jefe de la organización delictiva con asiento en el barrio Las Flores, sino también como partícipe secundario, y no como autor, del crimen del bolichero Diego Demarre, a quien ejecutaron a tiros en Maipú y bulevar Seguí el 27 de mayo de 2013, en venganza por el homicidio de Claudio “Pájaro” Cantero, asesinado un día antes frente al boliche de la víctima. Dentro de esa pena, en tercer lugar, está comprendida una condena previa a dos años de prisión condicional que le habían dictado a Guille el año pasado por tenencia de un arma de uso civil.
El acuerdo firmado entre las partes fija otras 10 penas de prisión efectiva. Y cuatro de cumplimiento condicional, con los acusados en libertad, por considerarse que tuvieron una participación menor en la banda o carecían de antecedentes. Fuera de los términos del abreviado, pero en una salida alternativa, otros cuatro acusados aceptaron la probation: a cambio de penas ofrecen el decomiso de la fastuosa quinta de Pérez atribuida a la banda.
Además del grupo que integró el acuerdo hay otras 17 personas imputadas, la mayoría empleados de fuerzas de seguridad, que están siendo sometidas a un juicio escrito como miembros de la organización. La firma del abreviado tendrá impacto en ese expediente: como los condenados admiten los hechos y aceptan la prueba, otorgan validez a las evidencias de la causa que comandó en su mayor parte el criticado juez de Instrucción Juan Carlos Vienna. En ese cuerpo probatorio sobresalen las escuchas telefónicas, cuestionadas insistentemente por la defensa a lo largo de la pesquisa, pero convalidadas ahora con la firma del abreviado.
La medida fue detallada a las 15 por los fiscales en una concurrida conferencia de prensa. Pese a su resonancia, todavía faltan pasos procesales para que quede firme. Desde las primeras horas de ayer los 14 acusados —seis de ellos detenidos— estamparon sus firma en las actas de acuerdo, redactadas en cada caso por separado. Ahora esos 14 escritos quedarán a consideración de la jueza de Instrucción Alejandra Rodenas, quien reemplaza a Vienna tras el paso del magistrado al nuevo sistema penal. Si la jueza declara admisible el convenio, luego será inspeccionado por el juez de Sentencia Julio García. Este magistrado deberá citar a los imputados y controlar cuestiones formales. Recién entonces, si lo homologa, será un trato cerrado.
Los ejes. El acuerdo presupone que los implicados reconocen los delitos que les imputaron y que hay consenso sobre la calificación legal, la evidencia recogida y la pena impuesta. Con esto, “se asegura una sentencia de condena y se evita el riesgo de absolución”, valoró la fiscal de Cámaras Cristina Rubiolo, quien remarcó que “se reconoce la existencia de una asociación ilícita con vínculos policiales y distintos roles que perduró al menos hasta mayo de 2013”. En esa época, las escuchas ordenadas tras el homicidio de Martín “Fantasma” Paz desembocaron en unas 30 detenciones, embargos y secuestros de bienes.
“Lo importante es que hemos llegado a condenas por delitos que muchos creían que iban a quedar impunes”, resaltó el fiscal de Cámaras Guillermo Camporini, otra de las voces escuchadas ayer. El encargado de la acusación defendió la decisión de rebajar la imputación que pesaba sobre “Guille” en la causa por el crimen de Demarre, lo que fue una condición de las defensas para llegar al acuerdo.
Así, el asumido líder de la banda pasó de estar procesado como autor de un homicidio calificado —que prevé prisión perpetua— a aceptar una condena reducida. Se lo considera partícipe secundario del homicidio, cuyo autor material no se perfila entre los otros tres detenidos por el caso. Con esta pena, Guille estaría en condiciones de acceder a la libertad condicional dentro de cuatro años.
Para explicar esa reducción, Camporini remarcó que hace falta “certeza” para condenar y evaluó que la prueba era insuficiente para una declaración de autoría: “Se consideró, dentro del margen de la política de persecución penal que tiene el Ministerio Público, que era preferible aceptar la condición de partícipe secundario ante la posibilidad cierta de una pérdida del juicio, de acuerdo a la prueba que existía. Hemos elegido que no haya impunidad”, justificó.
Prófugos. Asimismo, Camporini indicó que siguen vigentes los pedidos de captura de las personas prófugas en la causa: el supuesto jefe de Los Monos, Máximo Ariel Cantero, y su hijo adoptivo Ramón “Monchi” Machuca. Tras la firma del abreviado, dijo, se le recordó a la policía provincial que esas capturas siguen vigentes reclamando que se reactiven en forma urgente.
En cuanto a los bienes incautados al grupo, entre los que figuran 12 inmuebles y 80 vehículos de todo tipo, muchos de ellos alta gama, su destino se evaluará “en su momento y cuando se llegue el momento de las condenas”, dijo el fiscal de baja instancia Gonzalo Fernández Bussy, también presente en el anuncio de ayer.
“Si corresponde la devolución de alguno de esos bienes se procederá”, agregó. La otra pata pendiente que mencionaron los fiscales es la actuación de la Justicia federal ante las evidencias de narcotráfico, por lo que se reenviarán copias de las actuaciones.
Quién es quién. Los otros 13 acusados que ayer firmaron el acuerdo aceptaron condenas en calidad de integrantes de la banda. Leandro Alberto Vilches y Jorge Emanuel Chamorro obtuvieron las penas más altas, 8 años de prisión efectiva como integrantes de Los Monos y partícipes secundarios del crimen de Demarre. Los dos fueron mencionados en la causa como lugartenientes de primera línea, encargados de negocios y administración de búnkers. Un rol similar se atribuyó a Cristian Hernán Bustos, quien recibió 3 años de prisión efectiva como miembro y por encubrimiento agravado.
La madre de Guille, Patricia Celestina Contreras, quien esperó en la esquina de Montevideo y Moreno la entrada y salida de su hijo de alcaidía, recibió 3 años de prisión efectiva como integrante y por la tenencia de un arma de fuego. Mariano Hernán Ruiz, sindicado como el encargado de operaciones financieras también aceptó 3 años de prisión efectiva como integrante del grupo y por encubrimiento agravado. La misma pena, sólo como miembros, recibieron Norberto Alejandro González y Angel Antonio Emanuel Villa. Mientras que Juan Domingo Ramírez, supuesto sicario que protagonizó una fuga de Jefatura en enero de 2014, aceptó 3 años y medio de prisión efectiva.
A 3 años de prisión condicional fueron condenados Gisela Carolina Vilches, Susana Esther Alegre, Miguel Angel Vilches y el agente de Prefectura Naval Luciano Rodrigo Ramos, quien además fue inhabilitado por 10 años. El policía Marcelo “Chavo” Maciel, quien aportaba información a la banda, firmó un acuerdo por 3 años de prisión efectiva, inhabilitación especial perpetua y una multa que ronda los 10 mil pesos por asociación ilícita, violación de secreto, cohecho e incumplimiento de deberes.
La probation, en tanto, la cumplirán Vanesa Barrios (pareja de Guille), Lorena Verdún (ex pareja de Pájaro Cantero), Natalia Luna Schneider (detenida junto con Mariano Ruiz) y el mecánico Ariel Fernando Bortolotto. Y ofrecieron la mansión de 3 hectáreas que se erige en Pérez y que pertenece en un 50% a Vanesa Barrios y el resto a “una persona que va a donar su parte”. En el caso de los imputados en libertad que recibieron penas efectivas, si el acuerdo queda firme se hará el cómputo del tiempo que estuvieron en prisión preventiva. Con haber cumplido ocho meses en prisión estarían en condiciones de recuperar la libertad.
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A las 14.45 de ayer, un policía cortó el tránsito en la esquina de Montevideo y Moreno. Con la calle despejada, un patrullero con la sirena a todo volumen salió de la alcaidía de Tribunales. Atrás lo siguieron dos vehículos del Servicio Penitenciario con guardias pertrechados hasta las orejas para custodiar el regreso de todos los detenidos a prisión. El ruidoso operativo marcó el epílogo de un trámite penal controvertido. Puertas adentro del edificio, casi desierto a esa hora, se acababa de firmar el acuerdo de juicio abreviado para 14 integrantes de la banda de Los Monos acusados de asociación ilícita.
El convenio rubricado consumió siete meses de negociaciones entre una decena de abogados defensores y un equipo de fiscales de primera y segunda instancia. El aspecto decisivo y más polémico del acuerdo es la pena a 9 años de prisión que asumió Ariel Máximo “Guille” Cantero. No sólo como jefe de la organización delictiva con asiento en el barrio Las Flores, sino también como partícipe secundario, y no como autor, del crimen del bolichero Diego Demarre, a quien ejecutaron a tiros en Maipú y bulevar Seguí el 27 de mayo de 2013, en venganza por el homicidio de Claudio “Pájaro” Cantero, asesinado un día antes frente al boliche de la víctima. Dentro de esa pena, en tercer lugar, está comprendida una condena previa a dos años de prisión condicional que le habían dictado a Guille el año pasado por tenencia de un arma de uso civil.
El acuerdo firmado entre las partes fija otras 10 penas de prisión efectiva. Y cuatro de cumplimiento condicional, con los acusados en libertad, por considerarse que tuvieron una participación menor en la banda o carecían de antecedentes. Fuera de los términos del abreviado, pero en una salida alternativa, otros cuatro acusados aceptaron la probation: a cambio de penas ofrecen el decomiso de la fastuosa quinta de Pérez atribuida a la banda.
Además del grupo que integró el acuerdo hay otras 17 personas imputadas, la mayoría empleados de fuerzas de seguridad, que están siendo sometidas a un juicio escrito como miembros de la organización. La firma del abreviado tendrá impacto en ese expediente: como los condenados admiten los hechos y aceptan la prueba, otorgan validez a las evidencias de la causa que comandó en su mayor parte el criticado juez de Instrucción Juan Carlos Vienna. En ese cuerpo probatorio sobresalen las escuchas telefónicas, cuestionadas insistentemente por la defensa a lo largo de la pesquisa, pero convalidadas ahora con la firma del abreviado.
La medida fue detallada a las 15 por los fiscales en una concurrida conferencia de prensa. Pese a su resonancia, todavía faltan pasos procesales para que quede firme. Desde las primeras horas de ayer los 14 acusados —seis de ellos detenidos— estamparon sus firma en las actas de acuerdo, redactadas en cada caso por separado. Ahora esos 14 escritos quedarán a consideración de la jueza de Instrucción Alejandra Rodenas, quien reemplaza a Vienna tras el paso del magistrado al nuevo sistema penal. Si la jueza declara admisible el convenio, luego será inspeccionado por el juez de Sentencia Julio García. Este magistrado deberá citar a los imputados y controlar cuestiones formales. Recién entonces, si lo homologa, será un trato cerrado.
Los ejes. El acuerdo presupone que los implicados reconocen los delitos que les imputaron y que hay consenso sobre la calificación legal, la evidencia recogida y la pena impuesta. Con esto, “se asegura una sentencia de condena y se evita el riesgo de absolución”, valoró la fiscal de Cámaras Cristina Rubiolo, quien remarcó que “se reconoce la existencia de una asociación ilícita con vínculos policiales y distintos roles que perduró al menos hasta mayo de 2013”. En esa época, las escuchas ordenadas tras el homicidio de Martín “Fantasma” Paz desembocaron en unas 30 detenciones, embargos y secuestros de bienes.
“Lo importante es que hemos llegado a condenas por delitos que muchos creían que iban a quedar impunes”, resaltó el fiscal de Cámaras Guillermo Camporini, otra de las voces escuchadas ayer. El encargado de la acusación defendió la decisión de rebajar la imputación que pesaba sobre “Guille” en la causa por el crimen de Demarre, lo que fue una condición de las defensas para llegar al acuerdo.
Así, el asumido líder de la banda pasó de estar procesado como autor de un homicidio calificado —que prevé prisión perpetua— a aceptar una condena reducida. Se lo considera partícipe secundario del homicidio, cuyo autor material no se perfila entre los otros tres detenidos por el caso. Con esta pena, Guille estaría en condiciones de acceder a la libertad condicional dentro de cuatro años.
Para explicar esa reducción, Camporini remarcó que hace falta “certeza” para condenar y evaluó que la prueba era insuficiente para una declaración de autoría: “Se consideró, dentro del margen de la política de persecución penal que tiene el Ministerio Público, que era preferible aceptar la condición de partícipe secundario ante la posibilidad cierta de una pérdida del juicio, de acuerdo a la prueba que existía. Hemos elegido que no haya impunidad”, justificó.
Prófugos. Asimismo, Camporini indicó que siguen vigentes los pedidos de captura de las personas prófugas en la causa: el supuesto jefe de Los Monos, Máximo Ariel Cantero, y su hijo adoptivo Ramón “Monchi” Machuca. Tras la firma del abreviado, dijo, se le recordó a la policía provincial que esas capturas siguen vigentes reclamando que se reactiven en forma urgente.
En cuanto a los bienes incautados al grupo, entre los que figuran 12 inmuebles y 80 vehículos de todo tipo, muchos de ellos alta gama, su destino se evaluará “en su momento y cuando se llegue el momento de las condenas”, dijo el fiscal de baja instancia Gonzalo Fernández Bussy, también presente en el anuncio de ayer.
“Si corresponde la devolución de alguno de esos bienes se procederá”, agregó. La otra pata pendiente que mencionaron los fiscales es la actuación de la Justicia federal ante las evidencias de narcotráfico, por lo que se reenviarán copias de las actuaciones.
Quién es quién. Los otros 13 acusados que ayer firmaron el acuerdo aceptaron condenas en calidad de integrantes de la banda. Leandro Alberto Vilches y Jorge Emanuel Chamorro obtuvieron las penas más altas, 8 años de prisión efectiva como integrantes de Los Monos y partícipes secundarios del crimen de Demarre. Los dos fueron mencionados en la causa como lugartenientes de primera línea, encargados de negocios y administración de búnkers. Un rol similar se atribuyó a Cristian Hernán Bustos, quien recibió 3 años de prisión efectiva como miembro y por encubrimiento agravado.
La madre de Guille, Patricia Celestina Contreras, quien esperó en la esquina de Montevideo y Moreno la entrada y salida de su hijo de alcaidía, recibió 3 años de prisión efectiva como integrante y por la tenencia de un arma de fuego. Mariano Hernán Ruiz, sindicado como el encargado de operaciones financieras también aceptó 3 años de prisión efectiva como integrante del grupo y por encubrimiento agravado. La misma pena, sólo como miembros, recibieron Norberto Alejandro González y Angel Antonio Emanuel Villa. Mientras que Juan Domingo Ramírez, supuesto sicario que protagonizó una fuga de Jefatura en enero de 2014, aceptó 3 años y medio de prisión efectiva.
A 3 años de prisión condicional fueron condenados Gisela Carolina Vilches, Susana Esther Alegre, Miguel Angel Vilches y el agente de Prefectura Naval Luciano Rodrigo Ramos, quien además fue inhabilitado por 10 años. El policía Marcelo “Chavo” Maciel, quien aportaba información a la banda, firmó un acuerdo por 3 años de prisión efectiva, inhabilitación especial perpetua y una multa que ronda los 10 mil pesos por asociación ilícita, violación de secreto, cohecho e incumplimiento de deberes.
La probation, en tanto, la cumplirán Vanesa Barrios (pareja de Guille), Lorena Verdún (ex pareja de Pájaro Cantero), Natalia Luna Schneider (detenida junto con Mariano Ruiz) y el mecánico Ariel Fernando Bortolotto. Y ofrecieron la mansión de 3 hectáreas que se erige en Pérez y que pertenece en un 50% a Vanesa Barrios y el resto a “una persona que va a donar su parte”. En el caso de los imputados en libertad que recibieron penas efectivas, si el acuerdo queda firme se hará el cómputo del tiempo que estuvieron en prisión preventiva. Con haber cumplido ocho meses en prisión estarían en condiciones de recuperar la libertad.
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