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Sin debate, con el retiro de la oposición del recinto y un trámite legislativo de menos de media hora, la bancada peronista de la Legislatura aprobó anoche una modificación a ley previsional, que difiere por seis meses el pago de los aumentos a jubilados que se otorguen a los trabajadores estatales (descargá el discurso completo de De la Sota en PDF).
Como la medida tiene vigencia desde anoche, el próximo aumento salarial que recibirán los jubilados provinciales será en febrero del próximo año (ver Nuevo impuesto a combustibles).
Según el acuerdo que firmaron en marzo pasado con el Gobierno, los agentes públicos cobrarán un siete por ciento de incremento con los salarios de agosto y otro cinco por ciento en noviembre.
Con esta reforma, los pasivos percibirán recién en febrero de 2013 la suba de agosto de los activos. Y de aquí en adelante lo mismo ocurrirá con los pasivos de Epec y Banco de Córdoba, cuyas paritarias corren por cuerdas separadas.
Ayer, pasadas las 20, cuando los legisladores se aprestaban a aprobar la ley mediante la cual la Provincia se retira del Pacto Fiscal de 1992 (más información en A8 ), hizo su ingreso a la Legislatura el gobernador José Manuel de la Sota y varios de sus ministros.
La primera impresión fue que De la Sota venía a agradecer la sanción del proyecto que mandó el Ejecutivo. El mandatario se encerró en la oficina de la vicegobernación y a los pocos minutos comenzó a circular con insistencia la versión de que el mandatario traía un proyecto de ley sobre el sistema previsional para tratar sobre tablas.
Esta situación sorprendió a los propios parlamentarios oficialistas. Sólo conocían el tema los íntimos del gobernador. “No puede ser”, fue la frase más escuchada entre los opositores, mientras los peronistas hacían cola para confirmar la versión con el jefe de la bancada Sergio Busso.
La incertidumbre se develó tras la votación de renuncia al Pacto Fiscal. La vicegobernadora Alicia Pregno le dio la palabra al gobernador, quien subió al estrado para dar a conocer los proyectos.
Además de diferir el cobro de los aumentos a los jubilados, De la Sota anunció que el régimen especial de policías y personal penitenciario dejará la órbita de la Caja y pasará a rentas generales, tal como proponían los gremios estatales. También oficializó que el haber mínimo pasará de 1.500 a 2.500 pesos.
Luego del discurso del gobernador, los legisladores opositores se retiraron del recinto a los gritos. Liliana Olivero (Izquierda Unida), Ricardo Fonseca (Frente Cívico) y Luis Brouwer de Koning (UCR) coincidieron en calificar de “escándalo” político la decisión de De la Sota.
“Es el mal menor”, fue la definición de uno de los ministros, apuntando a la falta de cumplimiento de la Nación.
Más información
– Mínimo, vital y móvil (análisis de Daniel Alonso)
– Córdoba exige la coparticipación plena
– Una disputa a tres puntas (análisis de Javier Cámara)
– Juecistas piden derogar dos pactos fiscales
Sin debate, con el retiro de la oposición del recinto y un trámite legislativo de menos de media hora, la bancada peronista de la Legislatura aprobó anoche una modificación a ley previsional, que difiere por seis meses el pago de los aumentos a jubilados que se otorguen a los trabajadores estatales (descargá el discurso completo de De la Sota en PDF).
Como la medida tiene vigencia desde anoche, el próximo aumento salarial que recibirán los jubilados provinciales será en febrero del próximo año (ver Nuevo impuesto a combustibles).
Según el acuerdo que firmaron en marzo pasado con el Gobierno, los agentes públicos cobrarán un siete por ciento de incremento con los salarios de agosto y otro cinco por ciento en noviembre.
Con esta reforma, los pasivos percibirán recién en febrero de 2013 la suba de agosto de los activos. Y de aquí en adelante lo mismo ocurrirá con los pasivos de Epec y Banco de Córdoba, cuyas paritarias corren por cuerdas separadas.
Ayer, pasadas las 20, cuando los legisladores se aprestaban a aprobar la ley mediante la cual la Provincia se retira del Pacto Fiscal de 1992 (más información en A8 ), hizo su ingreso a la Legislatura el gobernador José Manuel de la Sota y varios de sus ministros.
La primera impresión fue que De la Sota venía a agradecer la sanción del proyecto que mandó el Ejecutivo. El mandatario se encerró en la oficina de la vicegobernación y a los pocos minutos comenzó a circular con insistencia la versión de que el mandatario traía un proyecto de ley sobre el sistema previsional para tratar sobre tablas.
Esta situación sorprendió a los propios parlamentarios oficialistas. Sólo conocían el tema los íntimos del gobernador. “No puede ser”, fue la frase más escuchada entre los opositores, mientras los peronistas hacían cola para confirmar la versión con el jefe de la bancada Sergio Busso.
La incertidumbre se develó tras la votación de renuncia al Pacto Fiscal. La vicegobernadora Alicia Pregno le dio la palabra al gobernador, quien subió al estrado para dar a conocer los proyectos.
Además de diferir el cobro de los aumentos a los jubilados, De la Sota anunció que el régimen especial de policías y personal penitenciario dejará la órbita de la Caja y pasará a rentas generales, tal como proponían los gremios estatales. También oficializó que el haber mínimo pasará de 1.500 a 2.500 pesos.
Luego del discurso del gobernador, los legisladores opositores se retiraron del recinto a los gritos. Liliana Olivero (Izquierda Unida), Ricardo Fonseca (Frente Cívico) y Luis Brouwer de Koning (UCR) coincidieron en calificar de “escándalo” político la decisión de De la Sota.
“Es el mal menor”, fue la definición de uno de los ministros, apuntando a la falta de cumplimiento de la Nación.
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