Por Luis Autalán
El Gobierno impulsará en el Congreso un paquete de proyectos que apunta a la reducción del trabajo ilegal. La meta tiene cifras concretas, bajar al menos 8 puntos el 34% de empleo irregular que reflejan las estadísticas oficiales. El proyecto que tratarán los legisladores incluye el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal) y el Aporte Unico para microempresas, destinado a las firmas que poseen de 3 a 5 empleados.
Los ejes que trazó la Rosada apuntan a fortalecer las atribuciones del ministerio de Trabjo, modificar la ley de seguridad social sobre unificación, regularización laboral y la prórroga de la ley de corresponsabilidad gremial. Esta ofensiva gubernamental se puso en marcha, oficialmente, cuando al anunciar el salario mínimo vital y móvil de 2013, la presidenta Cristina Fernández convocó a empresarios y dirigentes sindicales para “incorporar a todos los trabajadores argentinos” al esquema del trabajo registrado.
Allí se aceleró la tarea que con bajo perfil ya venía preparando la cartera de Carlos Tomada, en mesas tripartitas que incluyeron a representantes de las cámaras patronales, la CGT que lidera Antonio Caló y la CTA de Hugo Yasky.
En la víspera, al presentar su informe a la Cámara baja el jefe de ministros Jorge Capitanich certificó que el objetivo del paquete de medidas es “perforar el piso del 30% del trabajo no registrado que se encuentra en torno al 34 por ciento de la población económicamente activa”.
Anoche desde la cartera laboral nacional destacaron que Capitanich remarcara expresamente el fortalecimiento de la competencia de ese ministerio, la modificación del sistema de seguridad social sobre unificación y regularización laboral, y la prórroga de la ley de corresponsabilidad gremial.
En las carpetas del Ejecutivo consta que el trabajo no registrado se ubicó en diciembre del año pasado en 33,5%, 1,1 punto porcentual menos que en igual período de 2012 y la necesidad de bajar esa cifra es prioridad para la Casa Rosada.
Por su nombre.
El Repsal fue “bautizado” como Veraz laboral por los medios. Esa ponderación disgustó a funcionarios al considerar que el registro se vincularía a disposiciones tomadas por Domingo Cavallo en los 90. “La esencia del registro apunta a la inclusión”, le remarcaron a este medio fuentes del Ejecutivo. Allí precisaron que el Repsal dispone sanciones a empleadores que en su proceder ilegal perjudican a trabajdores y sus familias.
De allí que tanto la AFIP, como Trabajo, el Renatea o los organismos de control provinciales podrán disponder las sanciones que abarcarán además del pago de deudas y la regularización de trabajadores, como también la afectación de eventuales beneficios, la participación en licitaciones, el acceso a créditos del sector público y subsidios en general.
En cuanto al monotributo laboral la propuesta gubernamental trata de aliviar los costos para las micropymes, desde la concepción de “premios y castigos” por ende en la forma de un incentivo concreto para que los pequeños emprendimientos puedan realizar la regularización de su personal. Al decir de la Casa Rosada en estos capítulos del modelo instalado en 2003, hay “datos duros” sobre economía pero también “un espíritu de inclusión merced al trabajo como derecho y beneficios sociales” en sintonía como las mejoras en jubiliaciones o la asignación unviersal.
El Gobierno impulsará en el Congreso un paquete de proyectos que apunta a la reducción del trabajo ilegal. La meta tiene cifras concretas, bajar al menos 8 puntos el 34% de empleo irregular que reflejan las estadísticas oficiales. El proyecto que tratarán los legisladores incluye el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal) y el Aporte Unico para microempresas, destinado a las firmas que poseen de 3 a 5 empleados.
Los ejes que trazó la Rosada apuntan a fortalecer las atribuciones del ministerio de Trabjo, modificar la ley de seguridad social sobre unificación, regularización laboral y la prórroga de la ley de corresponsabilidad gremial. Esta ofensiva gubernamental se puso en marcha, oficialmente, cuando al anunciar el salario mínimo vital y móvil de 2013, la presidenta Cristina Fernández convocó a empresarios y dirigentes sindicales para “incorporar a todos los trabajadores argentinos” al esquema del trabajo registrado.
Allí se aceleró la tarea que con bajo perfil ya venía preparando la cartera de Carlos Tomada, en mesas tripartitas que incluyeron a representantes de las cámaras patronales, la CGT que lidera Antonio Caló y la CTA de Hugo Yasky.
En la víspera, al presentar su informe a la Cámara baja el jefe de ministros Jorge Capitanich certificó que el objetivo del paquete de medidas es “perforar el piso del 30% del trabajo no registrado que se encuentra en torno al 34 por ciento de la población económicamente activa”.
Anoche desde la cartera laboral nacional destacaron que Capitanich remarcara expresamente el fortalecimiento de la competencia de ese ministerio, la modificación del sistema de seguridad social sobre unificación y regularización laboral, y la prórroga de la ley de corresponsabilidad gremial.
En las carpetas del Ejecutivo consta que el trabajo no registrado se ubicó en diciembre del año pasado en 33,5%, 1,1 punto porcentual menos que en igual período de 2012 y la necesidad de bajar esa cifra es prioridad para la Casa Rosada.
Por su nombre.
El Repsal fue “bautizado” como Veraz laboral por los medios. Esa ponderación disgustó a funcionarios al considerar que el registro se vincularía a disposiciones tomadas por Domingo Cavallo en los 90. “La esencia del registro apunta a la inclusión”, le remarcaron a este medio fuentes del Ejecutivo. Allí precisaron que el Repsal dispone sanciones a empleadores que en su proceder ilegal perjudican a trabajdores y sus familias.
De allí que tanto la AFIP, como Trabajo, el Renatea o los organismos de control provinciales podrán disponder las sanciones que abarcarán además del pago de deudas y la regularización de trabajadores, como también la afectación de eventuales beneficios, la participación en licitaciones, el acceso a créditos del sector público y subsidios en general.
En cuanto al monotributo laboral la propuesta gubernamental trata de aliviar los costos para las micropymes, desde la concepción de “premios y castigos” por ende en la forma de un incentivo concreto para que los pequeños emprendimientos puedan realizar la regularización de su personal. Al decir de la Casa Rosada en estos capítulos del modelo instalado en 2003, hay “datos duros” sobre economía pero también “un espíritu de inclusión merced al trabajo como derecho y beneficios sociales” en sintonía como las mejoras en jubiliaciones o la asignación unviersal.
