Editorial I
Domingo 12 de junio de 2011 | Publicado en edición impresa
Desde su llegada al poder, primero provincial y luego nacional, el kirchnerismo dio muestras de rechazar los principios de un gobierno limitado, considerando que el monopolio de la fuerza que le fue delegado, podía ser utilizado a su antojo.
Para el kirchnerismo, no existe un gobierno limitado subordinado a la división de poderes, sino un poder ilimitado que, supuestamente, se fundamenta en los votos obtenidos. Algo que equivale al aniquilamiento de los principios republicanos.
Tener una mayoría circunstancial de votos es para el sector gobernante sinónimo de poder absoluto. Basta recordar que cuando la actual presidenta decidió enviar al Congreso el proyecto de ley de las retenciones móviles, sobre la base de la resolución 125, argumentó que a pesar de haber obtenido la mayoría de los votos en las elecciones de 2007 igual estaba dispuesta a enfrentar el debate en el Congreso, que, finalmente, rechazó el proyecto del Ejecutivo. El dato relevante es que la primera mandataria consideró que enviar un proyecto de ley era una concesión cuasi monárquica, que graciosamente ella le otorgaba a la sociedad.
Más curioso todavía es que siguiera ignorando al Congreso, sobre todo mediante el dictado de decretos de necesidad y urgencia y la resistencia a convocar a sesiones extraordinarias, después de perder las elecciones. El ejemplo más emblemático es la negativa del Poder Ejecutivo a negociar modificaciones al proyecto de presupuesto 2011, lo cual derivó en la prórroga del presupuesto del año anterior, con añadidos claramente inconstitucionales.
Conceptualmente, Cristina Fernández de Kirchner retrocedió en su visión institucional a antes de 1215, cuando el monarca inglés Juan sin Tierra fue obligado a firmar la Carta Magna en las afueras de Londres, por la cual se acotó el poder del monarca y se establecieron las bases de los sistemas políticos modernos.
La Argentina ha tenido muchos gobiernos populistas que terminaron en fracasos estrepitosos cuando ya no pudieron seguir financiando un consumo artificialmente alto. El kirchnerismo ha demostrado que está dispuesto a superar todos los límites institucionales para sostener su populismo. Esto implica imponer por la fuerza la voluntad del Ejecutivo. Ya sea regulando la economía hasta límites asfixiantes o bien confiscando flujos de ingresos y stocks de capital para financiar su proyecto hegemónico.
Otra evidencia de la dificultad del oficialismo actual para aceptar límites es la degradación que ha hecho del federalismo.
El kirchnerismo ha aprovechado e incrementado mecanismos de emergencia heredados de la gestión de Eduardo Duhalde, como las retenciones a las exportaciones, para concentrar el poder en detrimento de las provincias. Las retenciones han sido usadas como un dispositivo de dominación política, ya que ponen en manos del Estado un caudal importante de recursos que no se coparticipan con las demás jurisdicciones. El gobernador que pretende acceder a esos recursos debe someterse a una humillante anulación de su autonomía política. El manejo extorsivo que el poder central ha venido haciendo de esos recursos explica, en buena medida, un sugestivo silencio en virtud del cual nadie se anima a plantear un límite conceptual por temor a perder un beneficio material.
La política económica llevada a cabo durante todos estos años ha estado subordinada a las necesidades electorales y políticas del Gobierno, al tiempo que existen sobradas sospechas de que los escándalos de corrupción que constantemente surgen a la luz pública, son parte de un proyecto de concentración de poder económico. No siempre el intervencionismo estatal obedece a razones ideológicas, sino que muchas veces está disfrazado de ideología con el fin último de enriquecer a los funcionarios de turno y a sus amigos. El ejercicio del gobierno se transforma así en un negocio personal.
La inconsistencia de largo plazo de las políticas populistas determina que el Estado tenga que avanzar cada vez más sobre los ingresos del sector privado y sus activos. Esta necesidad intrínseca del populismo hace que los gobiernos de ese signo ignoren la democracia republicana y sean cada vez más autoritarios. Para sostenerse en el poder, necesitan violar cada vez más derechos de propiedad. Y para violar más derechos de propiedad, necesitan que no haya división de poderes, ignorar los fallos de la Justicia y silenciar las voces opositoras.
La embestida contra los medios de comunicación, la persecución de economistas que formulan sus propias estimaciones de inflación o la ausencia de información confiable del Indec son algunos ejemplos de cómo un proyecto populista autoritario como el kirchnerista jamás va a aceptar las reglas de un gobierno limitado basado en una democracia republicana y en la transparencia de los actos de gobierno. Por eso, precisan mantener desinformada a la población sobre los abusos del poder, la corrupción y los desmadres económicos.
Como sostiene el premio Nobel de Economía Friedrich von Hayek: «En un Estado totalitario, la situación es la misma que en los demás países domina algunos ámbitos en tiempos de guerra. Se ocultará a la gente todo lo que pueda provocar dudas acerca de la competencia del Gobierno o crear descontento».
Domingo 12 de junio de 2011 | Publicado en edición impresa
Desde su llegada al poder, primero provincial y luego nacional, el kirchnerismo dio muestras de rechazar los principios de un gobierno limitado, considerando que el monopolio de la fuerza que le fue delegado, podía ser utilizado a su antojo.
Para el kirchnerismo, no existe un gobierno limitado subordinado a la división de poderes, sino un poder ilimitado que, supuestamente, se fundamenta en los votos obtenidos. Algo que equivale al aniquilamiento de los principios republicanos.
Tener una mayoría circunstancial de votos es para el sector gobernante sinónimo de poder absoluto. Basta recordar que cuando la actual presidenta decidió enviar al Congreso el proyecto de ley de las retenciones móviles, sobre la base de la resolución 125, argumentó que a pesar de haber obtenido la mayoría de los votos en las elecciones de 2007 igual estaba dispuesta a enfrentar el debate en el Congreso, que, finalmente, rechazó el proyecto del Ejecutivo. El dato relevante es que la primera mandataria consideró que enviar un proyecto de ley era una concesión cuasi monárquica, que graciosamente ella le otorgaba a la sociedad.
Más curioso todavía es que siguiera ignorando al Congreso, sobre todo mediante el dictado de decretos de necesidad y urgencia y la resistencia a convocar a sesiones extraordinarias, después de perder las elecciones. El ejemplo más emblemático es la negativa del Poder Ejecutivo a negociar modificaciones al proyecto de presupuesto 2011, lo cual derivó en la prórroga del presupuesto del año anterior, con añadidos claramente inconstitucionales.
Conceptualmente, Cristina Fernández de Kirchner retrocedió en su visión institucional a antes de 1215, cuando el monarca inglés Juan sin Tierra fue obligado a firmar la Carta Magna en las afueras de Londres, por la cual se acotó el poder del monarca y se establecieron las bases de los sistemas políticos modernos.
La Argentina ha tenido muchos gobiernos populistas que terminaron en fracasos estrepitosos cuando ya no pudieron seguir financiando un consumo artificialmente alto. El kirchnerismo ha demostrado que está dispuesto a superar todos los límites institucionales para sostener su populismo. Esto implica imponer por la fuerza la voluntad del Ejecutivo. Ya sea regulando la economía hasta límites asfixiantes o bien confiscando flujos de ingresos y stocks de capital para financiar su proyecto hegemónico.
Otra evidencia de la dificultad del oficialismo actual para aceptar límites es la degradación que ha hecho del federalismo.
El kirchnerismo ha aprovechado e incrementado mecanismos de emergencia heredados de la gestión de Eduardo Duhalde, como las retenciones a las exportaciones, para concentrar el poder en detrimento de las provincias. Las retenciones han sido usadas como un dispositivo de dominación política, ya que ponen en manos del Estado un caudal importante de recursos que no se coparticipan con las demás jurisdicciones. El gobernador que pretende acceder a esos recursos debe someterse a una humillante anulación de su autonomía política. El manejo extorsivo que el poder central ha venido haciendo de esos recursos explica, en buena medida, un sugestivo silencio en virtud del cual nadie se anima a plantear un límite conceptual por temor a perder un beneficio material.
La política económica llevada a cabo durante todos estos años ha estado subordinada a las necesidades electorales y políticas del Gobierno, al tiempo que existen sobradas sospechas de que los escándalos de corrupción que constantemente surgen a la luz pública, son parte de un proyecto de concentración de poder económico. No siempre el intervencionismo estatal obedece a razones ideológicas, sino que muchas veces está disfrazado de ideología con el fin último de enriquecer a los funcionarios de turno y a sus amigos. El ejercicio del gobierno se transforma así en un negocio personal.
La inconsistencia de largo plazo de las políticas populistas determina que el Estado tenga que avanzar cada vez más sobre los ingresos del sector privado y sus activos. Esta necesidad intrínseca del populismo hace que los gobiernos de ese signo ignoren la democracia republicana y sean cada vez más autoritarios. Para sostenerse en el poder, necesitan violar cada vez más derechos de propiedad. Y para violar más derechos de propiedad, necesitan que no haya división de poderes, ignorar los fallos de la Justicia y silenciar las voces opositoras.
La embestida contra los medios de comunicación, la persecución de economistas que formulan sus propias estimaciones de inflación o la ausencia de información confiable del Indec son algunos ejemplos de cómo un proyecto populista autoritario como el kirchnerista jamás va a aceptar las reglas de un gobierno limitado basado en una democracia republicana y en la transparencia de los actos de gobierno. Por eso, precisan mantener desinformada a la población sobre los abusos del poder, la corrupción y los desmadres económicos.
Como sostiene el premio Nobel de Economía Friedrich von Hayek: «En un Estado totalitario, la situación es la misma que en los demás países domina algunos ámbitos en tiempos de guerra. Se ocultará a la gente todo lo que pueda provocar dudas acerca de la competencia del Gobierno o crear descontento».
