La Procelac puso en marcha una investigación al tomar contacto con el caso de un hombre que se acercó al ATAJO ubicado en la Villa 31, que concluyó en una denuncia a una serie de firmas por el delito de usura. Ese tipo de empresas buscan clientes entre personas que no tienen acceso a cuentas bancarias ni a información financiera o jurídica.
“Dinero ya”, “Créditos sin requisitos”, “Préstamos personales”, son anuncios que se ven con frecuencia. ¿Pero qué hay detrás de un negocio en el que las víctimas son los sectores más vulnerables? La Dirección de Comunicación Institucional presenta un video que da cuenta de la intervención del Ministerio Público Fiscal al tomar contacto con la historia de Raúl a través del ATAJO ubicado en la Villa 31 de la Ciudad de Buenos Aires; el caso pasó a ser analizado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) a cargo de Carlos Gonella y culminó con una denuncia penal contra una serie de firmas por usura.
“Escuché una oferta en la radio sobre préstamos personales en Flores”, cuenta Raúl, quien estaba preocupado por los problemas de dinero que atravesaba su hija y se acercó a una entidad: originalmente, le ofrecieron cinco mil pesos en 36 cuotas de 191 pesos por mes. Pero al momento de comenzar a pagar, le exigieron tres cuotas de 5 mil pesos, que no podía afrontar. Una vez derivado el caso desde el ATAJO a la Procelac, comenzó la pesquisa cuyos resultados fueron dados a conocer en la Escuela del Servicio de Justicia.
Allí, Gonella señaló a modo de introducción que “los sectores vulnerables siempre estuvieron al margen del sistema financiero. Con estos préstamos, parece que el sistema los está incluyendo, pero las consecuencias remarcan las desigualdades”. “Los créditos para el consumo representan un 36 por ciento del total de los préstamos bancarios, sólo analizando las entidades bancarias que reportan información a la autoridad monetaria”, indicó el responsable de la investigación, Germán Feldman. Un mapa de los lugares que ofrecen el dinero revela que están concentrados “en los barrios populares, con ingresos menores al promedio de la Ciudad de Buenos Aires. Además, son sitios de acceso y tránsito, por lo que tienen una ubicación estratégica”, explicó Feldman.
Las firmas involucradas apelan al desconocimiento de las personas que no tienen acceso a cuentas bancarias ni tampoco información financiera o jurídica. El cierre del círculo ocurre con los juicios ejecutivos, que son iniciados por las financieras cuando las personas entran en mora, porque, según Feldman, “no se analiza la legitimidad o el origen de la deuda”.
Jazmín Auat, del Cuerpo de Peritos, explicó que “son contratos que nunca podrían ser válidos, no respetan el principio de igualdad”. En ese sentido, describió el mecanismo: “Asocian [a las víctimas] compulsivamente a una mutual que está autorizada a usar el código de descuento directamente del recibo de sueldos o de la caja de ahorro, asegurándose esa ganancia. Luego están los estudios jurídicos que aseguran el cobro, y esas firmas a su vez aparecen operando en el sistema financiero formal”. A partir de la denuncia de Raúl y posterior investigación, se presentó la denuncia penal por usura de las firmas que habían intervenido.
La política criminal articulada entre la Procelac y los ATAJOS, en este caso, apunta a que las víctimas tengan un lugar al que recurrir y sentirse acompañadas al momento de reclamar. “Que hagan la denuncia, ahora hay muchos lugares donde hacerlo, porque así como yo debe haber mucha gente”, aconsejó Raúl.
