Las primeras reacciones dan algo de oxígeno a la posición argentina en su batalla judicial con los llamados «fondos buitres», luego de que la justicia neoyorquina les reclamara que respondan «por escrito» a la propuesta de pago formulada por el Gobierno el viernes pasado.
«Esto es importante porque, en cierto modo, altera la carga de la prueba y la deposita sobre los demandantes», explicó a LA NACION el economista Eugenio Díaz Bonilla, del International Food Policy Research Institute (Ifpri), con sede en esta ciudad, y ex representante argentino ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
«Ahora son ellos los que tienen que explicar que, no obstante estar ganando bastante dinero -y no perdiéndolo-, están dispuestos a hacerles daño a la Argentina, al Bank of New York (BoNY), a los bonistas que entraron en el canje, a la plaza de Nueva York y a la Corte. Me parece que los demandantes están ahora obligados a expedirse sobre algo sobre lo que tal vez no quieran».
Tal como indicó LA NACION en su edición de ayer, la Corte de Apelaciones pidió a los «buitres» una respuesta por escrito sobre la propuesta de pago que formuló la Argentina, y les dio plazo hasta el próximo 22 para hacerlo.
Pese a que ese giro entraba dentro de las posibilidades que se reservó el tribunal -y a que se da por seguro que los buitres rechazarán la oferta-, las primeras reacciones registran cierta expectativa favorable a la posición del país. «La decisión de la Corte es un giro positivo. En cierto modo, le da alguna credibilidad a la propuesta de pago argentina», sostuvo la consultora Bulltick Capital Market en su informe al respecto.
Como contracara, aún se mantiene incierta la posibilidad de que la Corte consulte también a los llamados «terceros afectados» para requerirles similar opinión. La posibilidad de esas nuevas consultas «permitiría, cuando menos, ganar tiempo» a la Argentina, dijeron fuentes familiarizadas con el proceso por el que los fondos especulativos obtuvieron una sentencia, por ahora en suspenso, para que se les paguen no menos de 1300 millones de dólares.
La expectativa era que, de ser consultadas, esas «terceras partes» volverían a argumentar en favor de la posición argentina, como ya lo hicieron durante la audiencia pública del pasado 27 de febrero. En aquella ocasión, y desde perspectivas distintas, tanto los bonistas que sí aceptaron los canjes ofrecidos por el Gobierno como el BoNY, que es el agente por el que perciben sus dividendos, argumentaron a favor de que se rechace el fallo condenatorio a la Argentina.
Los tres jueces de la Corte de Apelaciones dejaron abierta la puerta para consultarlos nuevamente, una vez que la Argentina presentara el detalle de la «oferta de pago», así como su compromiso a cumplirla, su cronograma y garantías. «Desde ya, si les piden opinión a los fondos litigantes, estos la rechazarán», anticipó el abogado Eugenio Bruno, experto en litigios financieros internacionales del Estudio Garrido.
Fijarán esa posición de rechazo a pesar de que algunos holdouts -a los que no identificó- «están dando señales de fatiga y ánimo de considerar la propuesta» de pago argentina, matizó. En sentido contrario, el letrado opinó que, «a los fines de un fallo favorable», sería «necesario» que los jueces pidieran un escrito al BoNY para que «explique cómo funciona el fideicomiso vigente que protege» los fondos girados por el Gobierno del embargo que quiere aplicarles el juez Thomas Griesa y que, al menos por ahora, está en suspenso.
Para que ese embargo no llegue a ser operativo, la Argentina necesita que el BoNY quede al margen del esquema de embargo dispuesto por Griesa en su primer fallo. Pero esa posibilidad pareció tambalearse en la audiencia pública. «Es necesario revertir esa imagen negativa», sostuvo Bruno, al justificar la necesidad de una nueva argumentación del agente de la entidad financiera.
Otra de las posibilidades que se manejaron es que, también antes de producir sentencia, la Cámara se tome tiempo para hacer una consulta sobre la presentación argentina con el propio Griesa. «Sería razonable», dijo el abogado Mark Paterson, que viene siguiendo el caso en la Escuela de Negocios Wharton.
Pero las opiniones en este punto son disímiles. «No veo la necesidad de una nueva consulta con el juez de primera instancia cuando, desde el momento en que asumió el caso, la Cámara tomó el derecho de modificar la fórmula de pago», dijo el abogado Richard Samp, de la Washington Legal Foundation, al ser consultado por LA NACION.
No está claro cuándo la Cámara producirá fallo. En rigor, a partir de ahora podría hacerlo en cualquier momento. Pero la coincidencia es que lo hará en un plazo «de dos a tres meses», período que podría extenderse en el caso de que operen las nuevas consultas en las que confían cerca del Gobierno.
El fallo de la Corte podría demorar hasta tres meses
Tiempo para responder
Los fondos buitres tienen hasta el 22 de este mes para contestar, por escrito, qué piensan de la propuesta argentina
Optimismo
Analistas juzgan alentador que la justicia les haya dado ese plazo, en lugar de rechazar directamente la oferta del Gobierno
El objetivo
El país necesita que no se incluya en un eventual embargo al Bank of New York .
«Esto es importante porque, en cierto modo, altera la carga de la prueba y la deposita sobre los demandantes», explicó a LA NACION el economista Eugenio Díaz Bonilla, del International Food Policy Research Institute (Ifpri), con sede en esta ciudad, y ex representante argentino ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
«Ahora son ellos los que tienen que explicar que, no obstante estar ganando bastante dinero -y no perdiéndolo-, están dispuestos a hacerles daño a la Argentina, al Bank of New York (BoNY), a los bonistas que entraron en el canje, a la plaza de Nueva York y a la Corte. Me parece que los demandantes están ahora obligados a expedirse sobre algo sobre lo que tal vez no quieran».
Tal como indicó LA NACION en su edición de ayer, la Corte de Apelaciones pidió a los «buitres» una respuesta por escrito sobre la propuesta de pago que formuló la Argentina, y les dio plazo hasta el próximo 22 para hacerlo.
Pese a que ese giro entraba dentro de las posibilidades que se reservó el tribunal -y a que se da por seguro que los buitres rechazarán la oferta-, las primeras reacciones registran cierta expectativa favorable a la posición del país. «La decisión de la Corte es un giro positivo. En cierto modo, le da alguna credibilidad a la propuesta de pago argentina», sostuvo la consultora Bulltick Capital Market en su informe al respecto.
Como contracara, aún se mantiene incierta la posibilidad de que la Corte consulte también a los llamados «terceros afectados» para requerirles similar opinión. La posibilidad de esas nuevas consultas «permitiría, cuando menos, ganar tiempo» a la Argentina, dijeron fuentes familiarizadas con el proceso por el que los fondos especulativos obtuvieron una sentencia, por ahora en suspenso, para que se les paguen no menos de 1300 millones de dólares.
La expectativa era que, de ser consultadas, esas «terceras partes» volverían a argumentar en favor de la posición argentina, como ya lo hicieron durante la audiencia pública del pasado 27 de febrero. En aquella ocasión, y desde perspectivas distintas, tanto los bonistas que sí aceptaron los canjes ofrecidos por el Gobierno como el BoNY, que es el agente por el que perciben sus dividendos, argumentaron a favor de que se rechace el fallo condenatorio a la Argentina.
Los tres jueces de la Corte de Apelaciones dejaron abierta la puerta para consultarlos nuevamente, una vez que la Argentina presentara el detalle de la «oferta de pago», así como su compromiso a cumplirla, su cronograma y garantías. «Desde ya, si les piden opinión a los fondos litigantes, estos la rechazarán», anticipó el abogado Eugenio Bruno, experto en litigios financieros internacionales del Estudio Garrido.
Fijarán esa posición de rechazo a pesar de que algunos holdouts -a los que no identificó- «están dando señales de fatiga y ánimo de considerar la propuesta» de pago argentina, matizó. En sentido contrario, el letrado opinó que, «a los fines de un fallo favorable», sería «necesario» que los jueces pidieran un escrito al BoNY para que «explique cómo funciona el fideicomiso vigente que protege» los fondos girados por el Gobierno del embargo que quiere aplicarles el juez Thomas Griesa y que, al menos por ahora, está en suspenso.
Para que ese embargo no llegue a ser operativo, la Argentina necesita que el BoNY quede al margen del esquema de embargo dispuesto por Griesa en su primer fallo. Pero esa posibilidad pareció tambalearse en la audiencia pública. «Es necesario revertir esa imagen negativa», sostuvo Bruno, al justificar la necesidad de una nueva argumentación del agente de la entidad financiera.
Otra de las posibilidades que se manejaron es que, también antes de producir sentencia, la Cámara se tome tiempo para hacer una consulta sobre la presentación argentina con el propio Griesa. «Sería razonable», dijo el abogado Mark Paterson, que viene siguiendo el caso en la Escuela de Negocios Wharton.
Pero las opiniones en este punto son disímiles. «No veo la necesidad de una nueva consulta con el juez de primera instancia cuando, desde el momento en que asumió el caso, la Cámara tomó el derecho de modificar la fórmula de pago», dijo el abogado Richard Samp, de la Washington Legal Foundation, al ser consultado por LA NACION.
No está claro cuándo la Cámara producirá fallo. En rigor, a partir de ahora podría hacerlo en cualquier momento. Pero la coincidencia es que lo hará en un plazo «de dos a tres meses», período que podría extenderse en el caso de que operen las nuevas consultas en las que confían cerca del Gobierno.
El fallo de la Corte podría demorar hasta tres meses
Tiempo para responder
Los fondos buitres tienen hasta el 22 de este mes para contestar, por escrito, qué piensan de la propuesta argentina
Optimismo
Analistas juzgan alentador que la justicia les haya dado ese plazo, en lugar de rechazar directamente la oferta del Gobierno
El objetivo
El país necesita que no se incluya en un eventual embargo al Bank of New York .
