«No podría haber crimen organizado en la provincia de Buenos Aires sin la protección del poder político y sin la complicidad de personal policial.» Esta definición fue pronunciada ayer por el comisario general Salvador Baratta, durante una de las audiencias del juicio que se le sigue a Elbio Fernández , el denominado «rey del corte», en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 10 de Lomas de Zamora, que integran José Polizza, Daniel Mazzini y Susana Silvestrini. A Fernández se lo acusa de liderar una red de desguace de vehículos robados.
Baratta no es un policía más. Hasta el último 17 de febrero era el subjefe de la policía bonaerense, secundando a su actual titular, el comisario mayor Juan Carlos Pag-gi. Participa en el juicio porque fue quien desbarató el sistema organizado por Fernández.
Cuando Baratta realizó consideraciones sobre las organizaciones criminales de la provincia, los jueces le pidieron que se atenga al tema de la audiencia. Sin embargo, minutos más tarde le preguntaron cómo funcionan los desarmaderos clandestinos. Entonces Baratta insistió en la complicidad de las autoridades. «Los galpones tienen habilitación municipal y protección de agentes de la policía», dijo. Después aclaró: «No hablo de la policía como institución sino de algunos de sus integrantes».
El caso que se ventila en Lomas de Zamora es un ejemplo de esas deformaciones. Los numerosos galpones del «rey del corte» habían sido allanados en 2002, pero las actividades clandestinas continuaron. Cuando los policías volvieron a entrar allí ocho años más tarde encontraron 50.000 autopartes. Una de las vecinas del desarmadero afirmó en el juicio que «Fernández alardeaba con que a él nadie lo tocaba».
El viernes pasado, cinco días antes de que Baratta declarara en la causa, el ministro de Seguridad, Ricardo Casal, lo pasó a retiro con gran difusión mediática. El motivo explícito fue que el comisario integra la lista de concejales del Frente para la Victoria de Lanús. Al fiscal Jorge Bettini Sansoni ayer le pareció una imprudencia la publicación del retiro porque no sólo desguarnecía a Baratta, sino que podría intimidar a otros policías que deben atestiguar en el juicio.
La declaración de Baratta se inscribe en un cuadro de tensiones políticas. El crimen de Candela Rodríguez ha puesto en evidencia, otra vez, que hay sectores de la policía que amparan a las mafias. Esta contaminación le vuelve a abrir una puerta al gobierno nacional para forzar a Daniel Scioli a realizar un cambio drástico en su gestión de Seguridad. Una de las formas en que se ejerce esa presión es la intervención de facto de la Gendarmería Nacional en el conurbano bonaerense.
Otra es la impugnación sistemática a la gestión de Scioli y su ministro Casal por parte de organizaciones no gubernamentales ligadas a Cristina Kirchner. Van desde el Acuerdo para la Seguridad Democrática, que lideran Carlos Arslanian y Marcelo Saín, hasta del Centro de Estudios Legales y Sociales, de Horacio Verbitsky, pasando por la Comisión Provincial de la Memoria, expresada por Alejandro Mosquera. Algunos asesores de estos expertos asistieron ayer a la audiencia de Lomas de Zamora. Es obvio que, como sospechan en la gobernación bonaerense, conocían de antemano la denuncia del comisario general.
La incursión de Baratta en el juicio del «rey del corte» forma parte de este duelo. Si faltaba un indicio, bastó con que dijera lo siguiente: «Cuando el ministro era Arslanian, realizamos muchos procedimientos exitosos sobre las bandas de crímenes organizados. Recuerdo que desarmamos una de jefes de plantas verificadoras de vehículos y personal de calle de varias comisarías. Pero cuando se fue Arslanian las investigaciones terminaron en un cajón». Arslanian es uno de los inspiradores de la gestión de Nilda Garré, con quien comparte varios asesores.
Los principales contradictores de esta polémica, Cristina Kirchner y Daniel Scioli, conviven en la misma boleta electoral. Por lo tanto, la Presidenta intentará ocultar este conflicto hasta el próximo 23. Aun así, el candidato a vicegobernador, Gabriel Mariotto, ha realizado críticas muy delicadas a la policía por su actuación en el caso Candela, distanciándose de su compañero de fórmula. La investigación de ese crimen sigue dando dolores de cabeza al gobernador. Todavía se desconoce el móvil del asesinato. Y el principal sospechoso de su autoría intelectual, Héctor «el Topo» Moreyra, resultó ser un informante habitual del comisario general Roberto Castronuovo, jefe de Investigaciones de la bonaerense y, por lo tanto, responsable principal de la pesquisa.
Scioli ya no está seguro de que después de los comicios alcance con movimientos cosméticos para resistir el reformismo de la Presidenta. Desde Olivos han puesto en la mira a Casal y a un par de empresas de tecnología y medios de comunicación. También a un subsecretario del ministro, el diputado provincial Guido Lorenzino. Es el nexo político con la policía, sobre todo en el conurbano. El protagonismo de Lorenzino está incomodando a Casal, quien explicó a varios amigos que ese funcionario depende del jefe de Gabinete de Scioli, el poderoso Alberto Pérez. Por lo visto, los adversarios de Casal no se agotan en el kirchnerismo..
Baratta no es un policía más. Hasta el último 17 de febrero era el subjefe de la policía bonaerense, secundando a su actual titular, el comisario mayor Juan Carlos Pag-gi. Participa en el juicio porque fue quien desbarató el sistema organizado por Fernández.
Cuando Baratta realizó consideraciones sobre las organizaciones criminales de la provincia, los jueces le pidieron que se atenga al tema de la audiencia. Sin embargo, minutos más tarde le preguntaron cómo funcionan los desarmaderos clandestinos. Entonces Baratta insistió en la complicidad de las autoridades. «Los galpones tienen habilitación municipal y protección de agentes de la policía», dijo. Después aclaró: «No hablo de la policía como institución sino de algunos de sus integrantes».
El caso que se ventila en Lomas de Zamora es un ejemplo de esas deformaciones. Los numerosos galpones del «rey del corte» habían sido allanados en 2002, pero las actividades clandestinas continuaron. Cuando los policías volvieron a entrar allí ocho años más tarde encontraron 50.000 autopartes. Una de las vecinas del desarmadero afirmó en el juicio que «Fernández alardeaba con que a él nadie lo tocaba».
El viernes pasado, cinco días antes de que Baratta declarara en la causa, el ministro de Seguridad, Ricardo Casal, lo pasó a retiro con gran difusión mediática. El motivo explícito fue que el comisario integra la lista de concejales del Frente para la Victoria de Lanús. Al fiscal Jorge Bettini Sansoni ayer le pareció una imprudencia la publicación del retiro porque no sólo desguarnecía a Baratta, sino que podría intimidar a otros policías que deben atestiguar en el juicio.
La declaración de Baratta se inscribe en un cuadro de tensiones políticas. El crimen de Candela Rodríguez ha puesto en evidencia, otra vez, que hay sectores de la policía que amparan a las mafias. Esta contaminación le vuelve a abrir una puerta al gobierno nacional para forzar a Daniel Scioli a realizar un cambio drástico en su gestión de Seguridad. Una de las formas en que se ejerce esa presión es la intervención de facto de la Gendarmería Nacional en el conurbano bonaerense.
Otra es la impugnación sistemática a la gestión de Scioli y su ministro Casal por parte de organizaciones no gubernamentales ligadas a Cristina Kirchner. Van desde el Acuerdo para la Seguridad Democrática, que lideran Carlos Arslanian y Marcelo Saín, hasta del Centro de Estudios Legales y Sociales, de Horacio Verbitsky, pasando por la Comisión Provincial de la Memoria, expresada por Alejandro Mosquera. Algunos asesores de estos expertos asistieron ayer a la audiencia de Lomas de Zamora. Es obvio que, como sospechan en la gobernación bonaerense, conocían de antemano la denuncia del comisario general.
La incursión de Baratta en el juicio del «rey del corte» forma parte de este duelo. Si faltaba un indicio, bastó con que dijera lo siguiente: «Cuando el ministro era Arslanian, realizamos muchos procedimientos exitosos sobre las bandas de crímenes organizados. Recuerdo que desarmamos una de jefes de plantas verificadoras de vehículos y personal de calle de varias comisarías. Pero cuando se fue Arslanian las investigaciones terminaron en un cajón». Arslanian es uno de los inspiradores de la gestión de Nilda Garré, con quien comparte varios asesores.
Los principales contradictores de esta polémica, Cristina Kirchner y Daniel Scioli, conviven en la misma boleta electoral. Por lo tanto, la Presidenta intentará ocultar este conflicto hasta el próximo 23. Aun así, el candidato a vicegobernador, Gabriel Mariotto, ha realizado críticas muy delicadas a la policía por su actuación en el caso Candela, distanciándose de su compañero de fórmula. La investigación de ese crimen sigue dando dolores de cabeza al gobernador. Todavía se desconoce el móvil del asesinato. Y el principal sospechoso de su autoría intelectual, Héctor «el Topo» Moreyra, resultó ser un informante habitual del comisario general Roberto Castronuovo, jefe de Investigaciones de la bonaerense y, por lo tanto, responsable principal de la pesquisa.
Scioli ya no está seguro de que después de los comicios alcance con movimientos cosméticos para resistir el reformismo de la Presidenta. Desde Olivos han puesto en la mira a Casal y a un par de empresas de tecnología y medios de comunicación. También a un subsecretario del ministro, el diputado provincial Guido Lorenzino. Es el nexo político con la policía, sobre todo en el conurbano. El protagonismo de Lorenzino está incomodando a Casal, quien explicó a varios amigos que ese funcionario depende del jefe de Gabinete de Scioli, el poderoso Alberto Pérez. Por lo visto, los adversarios de Casal no se agotan en el kirchnerismo..
